(Expansión, 21-10-2025) | Fiscal
La Comisión Europea ha revisado y fortalecido su acuerdo de cooperación fiscal con Suiza dentro de su estrategia contra el fraude y la evasión tributaria, incorporando por primera vez controles sobre el dinero digital. Los tiempos han cambiado, y aquellos territorios europeos que antaño eran vistos como paraísos fiscales hoy se consideran, en el mejor de los casos, refugios financieros. Ya no destacan por su opacidad, sino por las ventajas competitivas de sus sistemas impositivos y su respeto por la privacidad, que ha dejado de ser sinónimo de secretismo bancario. De hecho, estos países han incrementado progresivamente su colaboración con Bruselas para mejorar la transparencia y combatir el fraude fiscal, en el marco de acuerdos que se revisan y refuerzan de manera periódica.
En este contexto, el pasado 13 de octubre la Comisión Europea actualizó y amplió sus acuerdos fiscales con los microestados de Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino. Ayer fue el turno de Suiza, un país con cerca de nueve millones de habitantes que, aunque no es un microestado, mantiene una relación especial y prioritaria con la Unión Europea.
Bruselas firmó así un nuevo protocolo que "refuerza el acuerdo de cooperación fiscal con Suiza", según explicó la Comisión, calificándolo como "un avance significativo en la lucha contra el fraude y la evasión fiscales". En un escenario marcado por la rápida evolución tecnológica, el acuerdo amplía el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, endurece las normas de diligencia debida y de presentación de informes, y extiende la supervisión a los activos digitales, como el dinero electrónico y las criptomonedas. La medida llega en un momento en el que, como afirmó recientemente la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, "el futuro de las finanzas será, sin duda, digital", y las criptodivisas continuarán ganando influencia.
Cabe recordar que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, está promoviendo una legislación favorable al desarrollo de las stablecoins y otros criptoactivos -con la aprobación en mayo de la llamada Genius Act-, lo que ha incrementado la presión sobre la eurozona. De hecho, los ministros de Economía y Finanzas europeos reconocieron el 10 de octubre que "los acontecimientos en otras regiones del mundo han acelerado la necesidad del euro digital", según resumió el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe.
Además del componente vinculado a los activos digitales, el nuevo protocolo entre la UE y Suiza establece un marco renovado de colaboración en la gestión y cobro de créditos relacionados con el IVA, y compromete a ambas partes a explorar mecanismos de asistencia mutua para el cobro de otros impuestos, según informó Bruselas.
Con las modificaciones introducidas tanto en el acuerdo con Suiza como en los firmados la semana anterior con Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino, la Comisión busca acercar la normativa de estos territorios a la Directiva comunitaria sobre cooperación administrativa y a los estándares de la OCDE. Esta última aprobó en 2014 un Estándar Común de Información fiscal que la UE adoptó al año siguiente.
El giro de Suiza hacia una mayor transparencia fiscal se produjo tras la presión internacional derivada de la crisis financiera de 2008. En 2014, una ley estadounidense obligó a los bancos suizos a comunicar a la Hacienda de EE. UU. las cuentas de ciudadanos norteamericanos, bajo amenaza de fuertes sanciones. Fue el principio del fin del legendario secreto bancario suizo.
En Europa, la adaptación llegó algo después, pero fue inevitable. Suiza aceptó las nuevas reglas internacionales sobre el intercambio automático de información y firmó con la UE su adhesión al estándar de la OCDE. Desde enero de 2017 comenzó a recopilar datos de los residentes fiscales de los países socios, y en enero de 2018 tuvo lugar el primer gran intercambio de información.
Continuando en esa línea, en junio de 2023 la población suiza aprobó por amplia mayoría -más del 78%- una reforma constitucional para aplicar el impuesto mínimo global de sociedades del 15% propuesto por la OCDE y el G20, destinado a grandes corporaciones con presencia internacional y facturación superior a 750 millones de euros anuales.
No obstante, este proyecto se ha visto debilitado por la postura del Gobierno de Donald Trump, que logró en el marco del G7 que dicha tasa no se aplicara a las multinacionales estadounidenses. Según explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la medida pretendía "revertir los compromisos imprudentes de la Administración Biden" y "proteger la capacidad de Estados Unidos para definir políticas fiscales que favorezcan a sus empresas y trabajadores".