(Cinco Días, 01-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La crisis energética global derivada del conflicto en Oriente Próximo está afectando sobre todo al precio y al abastecimiento del petróleo. En este contexto, la Comisión Europea ha instado a los países miembros a considerar medidas orientadas al ahorro de combustibles y a evitar aquellas que puedan fomentar su consumo. Así lo recoge una carta enviada el lunes por el comisario de Energía, Dan Jorgensen, a los Estados miembros, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento se remitió justo antes de la reunión informal celebrada por videoconferencia entre Jorgensen y los ministros de Energía, en la que analizaron la situación tras el bloqueo del estrecho de Ormuz y el conflicto en Irán.
Aunque la misiva hace referencia general al ahorro energético, también alude a las recomendaciones publicadas el 18 de marzo por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Entre ellas se incluyen propuestas como reducir los límites de velocidad en al menos 10 km/h, fomentar el uso del transporte público, impulsar el teletrabajo o priorizar los trenes de alta velocidad y los servicios nocturnos frente a los vuelos.
Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Bruselas y varios países han subrayado que esta crisis es distinta de la causada por la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento, el principal problema fue la escasez de gas natural, dado que Rusia era el principal proveedor. Ahora, el foco está en el petróleo, no tanto por una falta de suministro, sino por el fuerte incremento de los precios. El barril de Brent, referencia en Europa, ha superado los 119 dólares, más de un 60% por encima de su valor previo al inicio de los ataques en Irán. Jorgensen ha insistido en que el suministro energético en la Unión Europea está garantizado, aunque advierte de la necesidad de prepararse ante posibles alteraciones prolongadas en el comercio internacional de energía.
Así, la petición de Bruselas no responde al temor de desabastecimiento, sino a la intención de reducir la demanda para aliviar la presión en los mercados, tensionados por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado consumidos a nivel mundial. Esta estrategia también se alinea con propuestas recientes como la reducción del nivel obligatorio de reservas de gas del 90% al 80% para noviembre, con el objetivo de disminuir las compras y relajar los mercados. A ello se suma la liberación de parte de las reservas estratégicas de crudo de los países de la AIE.
En su carta, Jorgensen pide a los gobiernos que eviten adoptar medidas que incrementen el consumo, como las rebajas fiscales sobre los combustibles, ya que podrían incentivar su uso al abaratar los precios. Tanto él como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han señalado que la fiscalidad energética puede diseñarse para promover la electrificación y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, algunos países, como España, Portugal o Grecia, han optado por reducir los impuestos sobre gasolinas y diésel.
La Comisión también sugiere limitar la libre circulación de productos petrolíferos y desincentivar la actividad de las refinerías dentro de la UE. Además, insta a los Estados a considerar los efectos transfronterizos de sus decisiones y a coordinarse con países vecinos. Un ejemplo de ello se observa en la frontera entre España y Portugal, donde las diferencias fiscales han generado un flujo de conductores que cruzan para repostar más barato.
Aunque los líderes europeos pidieron a la Comisión un conjunto de medidas coordinadas para hacer frente a esta crisis, varios países ya han actuado por su cuenta, en ocasiones sin seguir las directrices comunitarias. Desde Bruselas se insiste en evitar políticas que estimulen el consumo y en priorizar ayudas selectivas, además de vigilar el impacto de estas decisiones en las finanzas públicas.