(El Confidencial, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Europea ha dado a conocer su propuesta para implantar un marco administrativo y jurídico común para empresas en los 27 Estados miembros, conocido como "régimen 28". Esta iniciativa, aún sujeta a cambios durante su tramitación, plantea un modelo simplificado que permitiría crear una empresa en 48 horas, con un coste máximo de 100 euros y sin exigencia de capital mínimo. Bruselas estima que, tras su entrada en vigor, podrían constituirse unas 300.000 sociedades bajo el formato "EU Inc." en la próxima década, dando respuesta a las recomendaciones de competitividad formuladas por Enrico Letta y Mario Draghi.
La propuesta no supone la creación de un sistema completamente paneuropeo. Las empresas seguirán teniendo que adaptarse a los procedimientos nacionales cuando operen en otros países, aunque estos trámites se verán considerablemente simplificados. Hasta ahora, la normativa comunitaria en materia societaria estaba orientada principalmente a grandes corporaciones, dejando fuera a pymes, startups y proyectos innovadores, que son precisamente los principales beneficiarios de este nuevo enfoque. Aunque el tejido empresarial ha acogido positivamente la iniciativa, algunas voces consideran que carece de ambición suficiente para impulsar a las empresas más innovadoras.
El cambio más relevante es la introducción de una nueva forma jurídica común: la "EU Inc.", que convivirá con figuras nacionales como la SL española o la GmbH alemana. Actualmente, una empresa constituida en un país debe afrontar numerosos trámites adicionales para operar en otro Estado miembro -traducciones, registros y procedimientos administrativos-. Con esta nueva figura, una empresa registrada en un país podrá expandirse a otros con menos obstáculos y mayor rapidez. No obstante, cada Estado incorporará esta figura a su propio ordenamiento, sin sustituir su normativa nacional.
Aun así, aspectos clave como el derecho laboral, la fiscalidad o la participación de los trabajadores seguirán regulándose por la legislación del país donde la empresa esté establecida. La Comisión reconoce que las barreras al crecimiento empresarial en Europa son múltiples y que esta propuesta aborda únicamente una de ellas: la fragmentación del derecho societario, dejando otras cuestiones para futuras iniciativas.
El objetivo principal es impulsar la competitividad y facilitar la inversión en la UE. Para ello, la propuesta introduce medidas como la eliminación de trámites presenciales, la digitalización de procesos financieros, la simplificación en la transmisión de participaciones y la supresión de la obligatoriedad de intermediarios en determinadas operaciones. Además, abre la puerta a que los Estados permitan a estas sociedades acceder a los mercados bursátiles.
Durante su diseño, Bruselas optó por un enfoque intermedio: no limitar el uso de esta figura a un tipo concreto de empresa, pero tampoco armonizar aspectos sensibles que podrían generar rechazo entre los Estados miembros. Se busca así un alto grado de uniformidad en un ámbito reducido, evitando bloqueos políticos.
Algunos expertos valoran positivamente la iniciativa por su potencial para reducir la dispersión normativa y facilitar el acceso a financiación en toda la UE. Sin embargo, también existen críticas. Desde el ámbito empresarial innovador se señala que la propuesta no logra establecer un verdadero estándar único europeo, mientras que los sindicatos advierten del riesgo de posibles efectos en materia de dumping social.
En cualquier caso, la propuesta dista de otros modelos más ambiciosos planteados en el ámbito académico, que abogan por una autoridad central europea, tribunales específicos y una regulación completamente unificada. Frente a ello, la Comisión ha optado por una solución más pragmática y gradual, centrada en reducir barreras sin alterar profundamente los equilibrios nacionales.