(El Confidencial, 30-07-2026) | Fiscal
La ausencia de un auténtico mercado único de capitales en la Unión Europea continúa generando importantes obstáculos para la inversión transfronteriza. Según denuncia el informe Much More Than a Market, elaborado por Enrico Letta y adoptado por la Comisión Europea como referencia para futuras reformas, los rendimientos obtenidos por dividendos, intereses y cánones siguen soportando, en muchos casos, una doble tributación: primero en el país donde se genera la renta y después en el Estado de residencia del inversor.
Aunque la normativa comunitaria contempla mecanismos para evitar esa doble imposición, los procedimientos necesarios para recuperar los importes retenidos implican una elevada carga administrativa. La Comisión Europea estima que este sistema supone un coste de unos 5.170 millones de euros al año para los más de 11 millones de inversores europeos, lo que equivale a una media cercana a los 500 euros anuales en trámites burocráticos por cada inversión.
El funcionamiento actual obliga a las entidades que abonan dividendos, intereses o regalías a practicar una retención fiscal en el país donde se encuentra la inversión. Posteriormente, cuando esos rendimientos se declaran en el país de residencia fiscal del inversor, vuelven a tributar, aunque posteriormente puedan solicitarse mecanismos de compensación o devolución para evitar la doble imposición.
Por ejemplo, un inversor español que perciba dividendos procedentes de Francia debe afrontar inicialmente la retención aplicada por la Hacienda francesa y, posteriormente, tributar también en España conforme a la normativa nacional. Aunque los convenios fiscales permiten recuperar parte de esa tributación, el proceso exige realizar trámites adicionales que incrementan los costes administrativos.
Los expertos de Tax Foundation, Alex Mengden y Michael Christl, explican que estas retenciones en origen buscan evitar la evasión fiscal y garantizar que los contribuyentes tributen correctamente por las rentas obtenidas en otros países. Sin embargo, advierten de que incluso los sistemas coordinados mediante convenios internacionales pueden generar duplicidades y una burocracia considerable cuando los procedimientos de devolución son lentos, complejos o están limitados por los propios tratados fiscales.
En la misma línea, Airam González, socio de Precios de Transferencia de Russell Bedford España, señala que el sistema obliga primero a pagar el impuesto y, solo después, si se cumplen determinados requisitos, permite solicitar la devolución correspondiente. Esa gestión adicional es precisamente uno de los principales costes que soportan los inversores con carteras internacionales.
Según Tax Foundation, esta complejidad administrativa puede desincentivar la inversión transfronteriza, llevando a muchos inversores a concentrar sus activos en un número reducido de países o a optar por inversiones con menor rentabilidad para evitar los costes asociados a estos procedimientos.
Con el objetivo de reducir estas barreras, la Comisión Europea presentó a finales de junio el paquete de simplificación fiscal Omnibus XI: Taxation. La propuesta incluye modificaciones en varias normas sobre fiscalidad directa y persigue facilitar las inversiones entre los Estados miembros mediante la reducción de trámites y una mayor armonización de las reglas fiscales.
Las estimaciones de Bruselas apuntan a que estas reformas podrían incrementar un 0,07% el volumen de capital invertido en la Unión Europea, elevar el PIB comunitario en torno a un 0,17%, favorecer la creación de empleo y generar un ahorro anual cercano a los 1.970 millones de euros en costes administrativos para las empresas.
Entre las medidas planteadas figura la modificación de seis directivas fiscales y la armonización de diversas normas de cooperación administrativa. Además, el paquete propone convertir en obligatorio para todos los Estados miembros el límite del 30% del EBITDA en determinadas reglas fiscales, evitando que cada país establezca restricciones más severas y ampliando algunas de las excepciones actualmente existentes. La propuesta deberá ser aprobada por unanimidad en el Consejo de la Unión Europea, un requisito que previsiblemente obligará a introducir cambios para acomodar los intereses de los distintos Estados miembros.
Para Airam González, este paquete constituye un paso previo hacia el verdadero mercado único de capitales que persigue la Unión Europea. A su juicio, avanzar en la armonización fiscal permitiría reducir cargas burocráticas, facilitar la circulación de capitales y reforzar la integración económica del mercado europeo.
Desde Tax Foundation consideran que, aunque algunas de estas medidas podrían tener un impacto negativo sobre la recaudación a corto plazo, los efectos positivos sobre la inversión, el crecimiento económico y la actividad empresarial acabarían compensando esas pérdidas. Por ello, defienden que la Unión Europea aproveche esta reforma para avanzar lo máximo posible en la simplificación de la normativa fiscal, ya que cualquier modificación futura volverá a exigir el consenso unánime de todos los Estados miembros.