(El País, 31-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Europea ha puesto en marcha el proceso de licitación para seleccionar las siete primeras gigafactorías de inteligencia artificial (IA) que se construirán en la Unión Europea. La iniciativa contempla una movilización de hasta 30.000 millones de euros, de los que alrededor de 5.000 millones procederán de fondos comunitarios, en buena parte vinculados al próximo marco financiero plurianual (2028-2034), y otros 5.000 millones serán aportados por los Estados miembros que alberguen los proyectos. Los 20.000 millones restantes deberán ser financiados por inversión privada.
España figura entre los países candidatos con un proyecto respaldado por Portugal y concebido con una doble implantación: la sede principal se localizaría en Móra la Nova (Tarragona), mientras que otra parte de la infraestructura se desarrollaría en San Fernando de Henares (Madrid).
La creación de estas gigafactorías forma parte de la estrategia comunitaria para reforzar la competitividad europea en inteligencia artificial y reducir la distancia que separa a la Unión Europea de Estados Unidos y China, líderes mundiales en este ámbito. Uno de los principales obstáculos identificados por Bruselas es el menor volumen de inversión. Un informe reciente de la OCDE refleja que, durante 2025, cerca del 75% del capital riesgo destinado a empresas de inteligencia artificial se concentró en Estados Unidos, con unos 170.000 millones de euros, mientras que la Unión Europea captó únicamente alrededor del 6%, equivalente a unos 14.000 millones de euros.
El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 12 de noviembre y la Comisión Europea prevé anunciar los proyectos seleccionados a comienzos de 2027. Desde las administraciones españolas se ha reiterado la confianza en las posibilidades de la candidatura nacional. El consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, defendió que la propuesta aspira a convertir las Terres de l'Ebre en un referente europeo en inteligencia artificial gracias a la colaboración entre el Gobierno de España y la Generalitat.
Para respaldar esta iniciativa, el Ejecutivo español aprobó hace unas semanas una aportación pública de 719 millones de euros. El proyecto cuenta además con el compromiso inversor de Banco Santander, ACS y Telefónica, que asumirían conjuntamente el 47% del capital, con una participación idéntica del 15,67% para cada compañía. A ellas se suma Multiverse Computing, que aportará otro 4%. La participación pública se articulará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controlará el 48% del capital, mientras que la Generalitat dispondrá del 1% restante.
La inversión prevista para el desarrollo de la gigafactoría asciende a 5.000 millones de euros y se ejecutará en dos fases. La primera requerirá una capacidad eléctrica de 50 megavatios, ya garantizada, mientras que la segunda elevará esa demanda hasta los 125 megavatios. La instalación principal se ubicará en Móra la Nova, una localidad tarraconense situada junto al río Ebro. Sus promotores sostienen que la elección responde a criterios técnicos y estratégicos, y no únicamente a su ubicación geográfica. Además, estiman que el complejo podría generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo y aseguran que el proyecto podría desarrollarse incluso si finalmente no obtiene financiación europea.
La competencia será elevada. Francia concurrirá con el consorcio AION, que prevé una inversión cercana a los 9.000 millones de euros. Alemania también presentará candidatura, mientras que Polonia y Lituania optarán conjuntamente a albergar otra de las instalaciones. No obstante, el listado definitivo de aspirantes no se conocerá hasta el cierre del plazo de inscripción en noviembre.
La Comisión Europea estima que los proyectos seleccionados deberán entrar en funcionamiento aproximadamente un año y medio después de su adjudicación, lo que sitúa su puesta en marcha hacia mediados de 2028.
Estas gigafactorías estarán especializadas en el desarrollo de semiconductores de última generación, procesadores avanzados, plataformas de inteligencia artificial, infraestructuras de computación en la nube y grandes centros de datos. Para garantizar el suministro de componentes estratégicos, la Unión Europea ya ha firmado cartas de intenciones con fabricantes tecnológicos como Nvidia, AMD y Qualcomm.
La viabilidad de las futuras instalaciones estará respaldada por la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), que se comprometerá a contratar capacidad de procesamiento en estas infraestructuras junto a 18 Estados miembros, entre ellos España. EuroHPC es el organismo público-privado responsable de coordinar la red europea de supercomputación, de la que ya forma parte el Barcelona Supercomputing Center, uno de los principales centros de cálculo avanzado del continente.