(Cinco Días, 12-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta de Ley de Equidad Digital, una iniciativa destinada a reforzar la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales engañosas y los diseños digitales que fomentan un uso compulsivo de los servicios en línea. La normativa plantea prohibir los denominados dark patterns o patrones oscuros, facilitar la cancelación de suscripciones, exigir que los precios finales se muestren desde el inicio de la compra y limitar determinadas prácticas en los videojuegos dirigidas a menores. También contempla que Bruselas pueda investigar directamente a las empresas y sancionarlas con multas de hasta el 6% de su facturación mundial.
El comisario de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha defendido que las tarifas ocultas y las técnicas de marketing manipuladoras pueden limitar la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas. Según ha explicado, las actuales normas de protección se diseñaron antes de la expansión del comercio electrónico y necesitan adaptarse a las nuevas prácticas digitales.
La propuesta amplía el catálogo de prácticas comerciales prohibidas en cualquier circunstancia. Entre ellas figuran los mensajes engañosos que anuncian que solo queda una unidad de un producto o que otros usuarios están interesados en adquirirlo, así como los avisos que buscan generar culpabilidad cuando un consumidor rechaza una oferta, como «nos entristece que te vayas». También se prohíbe añadir automáticamente productos adicionales a la cesta de la compra.
Las empresas que comercializan suscripciones digitales deberán establecer procedimientos sencillos para darse de baja e informar claramente de las condiciones antes de las renovaciones automáticas. Además, tendrán que obtener el consentimiento expreso del usuario antes de transformar una prueba gratuita en un servicio de pago.
Otra de las medidas permitirá a los consumidores desactivar determinadas funciones diseñadas para prolongar su permanencia en las plataformas, como la reproducción automática de vídeos o las notificaciones que no estén relacionadas con su actividad en el servicio. Estas disposiciones se aplicarán a usuarios de todas las edades y complementarán las medidas específicas de protección de menores contempladas en la Ley de Infancia, presentada el pasado 17 de septiembre, y en la Ley de Servicios Digitales (DSA).
En el ámbito de los videojuegos y las aplicaciones, la Comisión plantea que las compras realizadas mediante monedas virtuales indiquen su equivalencia en dinero real. En el caso de los menores, estas divisas digitales deberán estar desactivadas por defecto. Asimismo, se propone prohibir para este colectivo las cajas de recompensa (loot boxes) y los mecanismos de pago para obtener ventajas o avanzar en el juego (pay-to-win).
La iniciativa también establece nuevas obligaciones para los influencers, que deberán identificar de forma clara las promociones por las que reciben una remuneración. No podrán anunciar productos cuya publicidad sea ilegal y las marcas y agencias tendrán que comprobar que cumplen estas exigencias.
En materia de comercio electrónico, los vendedores estarán obligados a mostrar desde el primer momento el precio total de los productos y servicios, incluidos impuestos, tasas y otros cargos. De este modo, se pretende eliminar el denominado drip pricing, una práctica que consiste en incorporar costes adicionales a medida que avanza el proceso de compra. En las colas virtuales, además, deberá informarse de la evolución del precio en tiempo real y del importe máximo que puede alcanzar. Para las entradas de espectáculos culturales y eventos deportivos con precios dinámicos, también habrá que comunicar el número de localidades disponibles y el precio máximo.
La comisaria de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, ha señalado que estas medidas buscan mejorar la transparencia para los consumidores y garantizar condiciones de competencia homogéneas para las empresas en toda la Unión Europea. Según las estimaciones de la Comisión, la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar un ahorro de hasta 13.700 millones de euros anuales para los consumidores europeos, al reducir las pérdidas económicas asociadas a prácticas comerciales abusivas.
Junto a la propuesta de Reglamento de Equidad Digital, Bruselas plantea modificar las normas de cooperación entre las autoridades nacionales de protección de los consumidores para reforzar la investigación de infracciones de gran alcance. La Comisión podría intervenir directamente en aquellos casos que afecten a consumidores de al menos dos tercios de los Estados miembros y que representen también a dos tercios de la población de la UE. Esta capacidad se limitaría a las investigaciones sobre empresas que no sean pequeñas o medianas.
Las propuestas deberán negociarse ahora en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su aprobación definitiva. Por tanto, las nuevas obligaciones todavía no están en vigor y su aplicación dependerá del resultado del proceso legislativo.