(El Periódico, 05-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Europea presentó este miércoles la Ley de Aceleración Industrial (IAA), una iniciativa largamente esperada con la que busca introducir criterios de prioridad europea en ámbitos como las licitaciones y las subvenciones públicas, con el fin de frenar la pérdida de peso industrial en la UE. Según los cálculos de Bruselas, varios sectores estratégicos podrían destruir hasta 750.000 empleos en la próxima década si no se actúa. La meta fijada es que la manufactura alcance el 20% del PIB comunitario, frente al 14,3% actual y más del 17% que representaba a comienzos de siglo.
La propuesta llega tras meses de tensiones internas entre departamentos de la propia Comisión y también entre Estados miembros, divididos sobre cómo abordar la seguridad económica. La filosofía central es evitar que los fondos públicos terminen beneficiando a competidores que amenacen la competitividad europea, con especial atención a China. No obstante, el texto deberá negociarse ahora entre el Parlamento Europeo y el Consejo, por lo que se prevén cambios relevantes. Se trata, además, de un planteamiento poco habitual para la Comisión, al introducir un mayor grado de intervención económica.
El documento detalla qué industrias se consideran estratégicas, regula las inversiones extranjeras directas (FDI) y define el concepto de "hecho en Europa". Aunque inicialmente se contemplaba un enfoque más ambicioso bajo la idea de "Buy European", el texto final suaviza varios aspectos tras el choque entre quienes defendían una preferencia estricta y los países preocupados por un posible cierre del mercado europeo.
Entre los ajustes introducidos destaca la reducción del listado de sectores críticos. Finalmente, la protección se limita al acero, aluminio, cemento, tecnologías vinculadas a la descarbonización -como baterías, electrolizadores, bombas de calor, energía solar fotovoltaica y eólica- y componentes de automoción. Otros ámbitos que figuraban en borradores previos, como la bioquímica o los plásticos, quedan fuera. Esto implica una menor cobertura tanto en preferencias europeas como en medidas de agilización administrativa o acceso prioritario a infraestructuras energéticas.
En cuanto al sello "hecho en Europa", Bruselas opta por un criterio amplio. Se considerarán equivalentes los productos procedentes de países con acuerdos comerciales con la UE, miembros de la Unión Aduanera o adheridos al Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. La Comisión, no obstante, se reserva la posibilidad de excluir a determinados países si no garantizan reciprocidad, si existe una dependencia excesiva o si concurren otras razones justificadas.
El acero no tendrá una preferencia general, aunque sí deberá cumplir requisitos de bajas emisiones en contratación pública y en ayudas para construcción e infraestructuras. En automoción, el acero sí deberá ajustarse tanto al criterio europeo como al de bajo carbono. Para el cemento y el aluminio se introduce preferencia europea en todos los ámbitos, además de las exigencias climáticas. En tecnologías limpias, los requisitos de contenido europeo se incrementarán progresivamente durante tres años e incluirán futuras centrales nucleares.
El sector del automóvil recibe un tratamiento específico: mientras que en otras tecnologías la preferencia europea se aplicará como mínimo al 45% del presupuesto nacional, en automoción alcanzará el 100% en licitaciones, ayudas o subvenciones. El objetivo es que no solo el ensamblaje, sino también los componentes de mayor valor añadido -como las baterías- se fabriquen en territorio comunitario.
Estas exigencias contemplan excepciones si no existen suficientes proveedores, si se producen retrasos significativos o si el sobrecoste supera ciertos umbrales: un 25% en contratación pública y un 30% en ayudas. Por ejemplo, si un panel solar fabricado en Europa resulta un 34% más caro que su alternativa extranjera, podría eliminarse el requisito de origen.
La propuesta también endurece el control sobre inversiones extranjeras directas superiores a 100 millones de euros cuando procedan de países que concentren más del 40% de la producción mundial en sectores como baterías, vehículos eléctricos, energía fotovoltaica o materias primas críticas. En estos casos, las empresas inversoras deberán cumplir al menos cuatro de seis condiciones: no superar el 49% del capital de la firma europea; crear una empresa conjunta con socios comunitarios; transferir tecnología y patentes hasta permitir autonomía productiva; destinar al menos el 1% de sus ingresos brutos a I+D en la UE; y garantizar que el 30% de los insumos utilizados en bienes vendidos en Europa procedan de compañías europeas. Además, será obligatorio que al menos la mitad de la plantilla, en todos los niveles, esté formada por trabajadores europeos.