(El Economista, 18-09-2026) | Laboral
La Comisión Europea ha impulsado nuevas medidas para reforzar la lucha contra el empleo irregular y el falso trabajo autónomo entre trabajadores procedentes de países ajenos a la Unión Europea. La iniciativa parte de la preocupación por las situaciones de abuso y falta de protección que afectan a estos trabajadores y por sus posibles efectos sobre la competencia empresarial, los salarios y las condiciones laborales en el conjunto del mercado europeo.
Entre las medidas previstas se encuentra el refuerzo de las inspecciones laborales transfronterizas, tanto las realizadas de forma coordinada como las desarrolladas conjuntamente por varios países. Estas actuaciones podrán centrarse en identificar situaciones de explotación laboral, empleo no declarado y otras formas de incumplimiento que afecten especialmente a trabajadores extracomunitarios.
La participación de los Estados miembros en estas operaciones seguirá siendo voluntaria. No obstante, los gobiernos que rechacen una propuesta de inspección planteada por la Autoridad Laboral Europea (ALE) deberán explicar los motivos de su decisión.
Los análisis realizados a escala comunitaria muestran que los trabajadores procedentes de terceros países presentan una especial exposición a determinadas prácticas abusivas. Entre ellas figuran el impago o abono insuficiente de salarios, las jornadas excesivamente prolongadas, las deducciones salariales que no se ajustan a la normativa y el uso fraudulento de la figura del trabajador autónomo. Estas situaciones adquieren especial relevancia en cadenas de subcontratación vinculadas a actividades como la construcción, el transporte y la agricultura.
Para mejorar la supervisión, la propuesta amplía las funciones operativas de la Autoridad Laboral Europea. El organismo podrá prestar mayor apoyo a las autoridades nacionales en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social que afectan a trabajadores de terceros países que residan y trabajen dentro de la Unión Europea.
Las actuaciones de control contarán además con análisis de riesgo coordinados a escala europea, destinados a detectar patrones que puedan revelar la existencia de fraude o explotación laboral y facilitar así la selección de los ámbitos y empresas que requieran una mayor supervisión.
El nuevo marco también plantea establecer mecanismos administrativos de protección para evitar que la situación migratoria de los trabajadores constituya automáticamente un obstáculo para denunciar irregularidades laborales. La finalidad es que quienes sufran abusos puedan comunicar los hechos y reclamar las cantidades salariales que se les adeuden sin que esta actuación implique por sí misma un riesgo automático para su derecho a permanecer legalmente en el país.
En todo caso, las competencias de la Autoridad Laboral Europea seguirán limitadas al ámbito laboral y de Seguridad Social. El organismo no asumirá funciones relacionadas con las condiciones de entrada en los Estados miembros, la concesión de visados o la determinación de las cuotas de residencia, materias que continúan bajo responsabilidad de los gobiernos nacionales.