(Expansión, 08-10-2026) | Fiscal
La Comisión Europea vuelve a estudiar la posibilidad de crear un impuesto dirigido a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, aunque esta vez plantea diseñarlo de forma más amplia para evitar que se perciba como una medida específicamente dirigida contra compañías de Estados Unidos y reducir así el riesgo de nuevas tensiones comerciales con la Administración de Donald Trump.
La propuesta pretende recuperar el debate sobre un nuevo recurso tributario para las arcas comunitarias, pero bajo la fórmula de un gravamen aplicable a las grandes empresas con independencia de su sector o nacionalidad. De esta manera, compañías como Alphabet, Meta o Amazon quedarían incluidas, pero también algunas grandes corporaciones europeas, lo que permitiría presentar la medida como un impuesto general y no como una tasa específica contra las tecnológicas estadounidenses.
Los detalles todavía no están definidos, pero la iniciativa podría tomar como referencia el impuesto conocido como tasa Core que Bruselas planteó el pasado año dentro de la preparación del nuevo Marco Financiero Plurianual para 2028-2034. Aquella propuesta contemplaba una contribución fija para las empresas con una facturación superior a 100 millones de euros y pretendía aportar unos 6.000 millones de euros anuales a las arcas europeas.
El planteamiento generó un importante rechazo entre varios Estados miembros, que consideraban que el umbral era demasiado bajo y podía afectar a numerosas empresas de tamaño medio. A su juicio, el gravamen podía perjudicar la competitividad de compañías europeas frente a competidores internacionales simplemente por desarrollar su actividad dentro de la Unión.
Para transformar aquella propuesta en un impuesto centrado en las mayores corporaciones, Bruselas tendría que elevar considerablemente el umbral de facturación. De este modo, el nuevo tributo afectaría únicamente a las empresas de mayor tamaño, manteniendo como elemento diferencial respecto a una tasa exclusivamente tecnológica el hecho de que podría aplicarse a compañías de cualquier sector.
También está por determinar cómo se calcularía el impuesto. La Comisión tendría que decidir si mantiene la fórmula de una cantidad fija por empresa o si establece un porcentaje vinculado a su volumen de facturación. La elección de uno u otro sistema podría tener consecuencias diferentes para los Estados miembros y para los distintos sectores económicos.
El diseño del gravamen será especialmente relevante porque la creación de nuevos recursos propios de la Unión Europea requiere el respaldo unánime de los Estados miembros. Las diferencias entre las capitales han bloqueado en anteriores ocasiones iniciativas fiscales comunitarias o han obligado a reducir considerablemente sus planteamientos iniciales.
Por ahora, la propuesta se encuentra en una fase preliminar. La Comisión pretende recuperar el debate sobre nuevas fuentes de ingresos en el marco de las negociaciones del próximo presupuesto europeo, que será uno de los asuntos que abordarán los líderes comunitarios en la cumbre del Consejo Europeo prevista para los días 15 y 16 de octubre.
Las negociaciones sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 se presentan especialmente complicadas. El presupuesto, que actualmente se sitúa en torno a los dos billones de euros para los próximos siete años, enfrenta a los países que reclaman una reducción sustancial del gasto con aquellos que consideran necesario aumentar los recursos para afrontar los principales retos de la Unión. El grupo de países frugales, integrado por Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca, reclama recortes de cientos de miles de millones de euros, mientras que los denominados países amigos de la cohesión, entre ellos España, defienden un presupuesto más ambicioso.
En este escenario, la Comisión considera que la creación de nuevos impuestos europeos podría facilitar un acuerdo. El objetivo sería generar ingresos adicionales que permitan mantener o ampliar el gasto comunitario sin que todo el esfuerzo recaiga sobre las aportaciones directas de los Estados miembros. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido precisamente la necesidad de actuar también sobre los ingresos para mantener las prioridades y el nivel de ambición de la Unión Europea.