(Expansión, 20-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente complementario contra España al detectar deficiencias en la transposición de la directiva comunitaria destinada a proteger los fondos de la Unión Europea frente al fraude y la malversación. Bruselas considera que esta normativa constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia europea contra el fraude, ya que establece un marco común para proteger el presupuesto comunitario mediante la armonización de las definiciones de los delitos, las sanciones y las reglas de competencia relacionadas con las infracciones que afectan a los intereses financieros de la UE. Además, proporciona la base jurídica para determinar las competencias de la Fiscalía Europea.

En concreto, la Comisión ha detectado dos nuevas deficiencias en la legislación española. Por un lado, considera que la regulación no recoge de forma suficiente la tipificación del delito de malversación de fondos europeos y, por otro, señala que la pena máxima prevista para esta conducta es inferior a la exigida por la normativa comunitaria.

El plazo para incorporar la directiva al ordenamiento jurídico nacional finalizó el 6 de julio de 2019. Ya en diciembre de 2021, Bruselas remitió a España una primera carta de emplazamiento en la que advertía de determinados problemas en su transposición, relacionados entonces con la definición del delito de corrupción. Ahora, la Comisión vuelve a instar al Gobierno a corregir las deficiencias mediante el envío de una carta de emplazamiento complementaria. España dispone de dos meses para presentar sus observaciones, formular alegaciones o acreditar que ha subsanado los incumplimientos señalados.

Si la respuesta no resulta satisfactoria, el procedimiento de infracción continuará con la emisión de un dictamen motivado. En este documento, la Comisión expondrá las razones por las que considera que España incumple la legislación europea y establecerá un nuevo plazo para corregir la situación antes de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La intervención del tribunal sería el siguiente paso si persisten las discrepancias. En ese caso, la Justicia europea tendría que pronunciarse sobre el incumplimiento de las obligaciones comunitarias por parte de España. Si el fallo fuera contrario al Gobierno y este no adaptase posteriormente su legislación, la Comisión podría volver a recurrir al TJUE para solicitar la imposición de sanciones económicas.

España se enfrentaría entonces a una multa mínima cercana a los ocho millones de euros en concepto de sanción única. No obstante, cuando se trata de incumplimientos prolongados, como la falta de transposición o la incorporación deficiente de una directiva, es habitual que se plantee una penalización periódica. En este supuesto, la multa mínima prevista para España sería de 8.508,4 euros diarios. La cuantía definitiva dependería de factores como la gravedad de la infracción y el tiempo durante el que se haya mantenido el incumplimiento de la normativa europea.

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