(La Vanguardia, 04-06-2026) | Fiscal
La Comisión Europea señala que España es el país de la Unión Europea que más utiliza las exenciones y tipos reducidos del IVA como herramienta de política fiscal. Así lo recoge el informe semestral sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas de los Estados miembros presentado este miércoles en Bruselas. El documento también advierte de que la pobreza infantil sigue siendo "un desafío importante" en un contexto marcado por elevados niveles de desigualdad. Por ello, entre sus recomendaciones para los próximos Presupuestos -si finalmente llegan a aprobarse-, Bruselas insta al Gobierno a reducir parte de los incentivos y beneficios fiscales actuales para reforzar la sostenibilidad financiera, al tiempo que reclama una redistribución del gasto social entre generaciones para combatir la pobreza infantil.
La Comisión ha dado luz verde a que España disponga de mayor margen presupuestario para incrementar el gasto en seguridad, defensa y medidas destinadas a paliar la crisis energética. Tras semanas de negociaciones, Bruselas ha aceptado una flexibilización parcial de las reglas fiscales. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que persisten desafíos relevantes para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas españolas, especialmente en el ámbito tributario.
Uno de los aspectos sobre los que pone el foco es el IVA. Según la Comisión, España es el Estado miembro que más recurre a los tipos reducidos y exenciones de este impuesto para desarrollar políticas públicas. Fuentes comunitarias explican que alrededor del 60% de los beneficios fiscales aplicados por la Agencia Tributaria están relacionados con tratamientos preferenciales del IVA.
Como ejemplo, Bruselas destaca los tipos reducidos aplicados a la hostelería y al alojamiento turístico, que generan un importante coste presupuestario pese a tener, según el análisis comunitario, un efecto redistributivo limitado. La lógica que sustenta esta valoración es que las rentas más elevadas son también las que realizan un mayor gasto en este tipo de servicios y, por tanto, serían las más afectadas por una eventual subida impositiva. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que mantener el IVA reducido del 10% en la hostelería, en lugar del tipo general del 21%, supone dejar de ingresar alrededor de 7.000 millones de euros anuales.
España mantiene ese tipo reducido como parte de una estrategia histórica de apoyo al turismo, aunque no es el único caso en el que se utiliza el IVA como herramienta coyuntural. Durante la crisis energética, el Gobierno aprobó rebajas fiscales sobre determinados productos energéticos y carburantes, medidas que Bruselas cuestionó al considerar que no estaban contempladas en la normativa comunitaria.
En contraste con el tratamiento del IVA, la Comisión subraya que la carga fiscal sobre las rentas del trabajo ha aumentado en España en los primeros años de esta década debido a que el IRPF no ha compensado plenamente el efecto de la inflación. Según los datos del informe, los impuestos sobre el trabajo representaban el 48,7% de la recaudación tributaria total en la segunda mitad de la pasada década y ahora alcanzan el 51,8%, ligeramente por encima de la media europea.
Además de pedir una revisión de las exenciones fiscales para fortalecer la sostenibilidad presupuestaria, Bruselas recomienda aumentar la oferta de vivienda, continuar aplicando las reformas vinculadas al plan europeo de recuperación, reducir cargas administrativas y afrontar de forma más decidida el problema de la pobreza infantil.
En este último punto, la Comisión plantea la necesidad de "reequilibrar el gasto social entre generaciones". Aunque el informe no menciona recortes concretos en partidas como las pensiones o los descuentos al transporte para jubilados, sí deja entrever que reforzar determinadas políticas sociales requerirá redistribuir recursos desde otras áreas del gasto público.
El análisis técnico realizado por Bruselas concluye que España cumple actualmente con la senda fiscal pactada gracias a la excepción concedida para incrementar el gasto en defensa, aprobada recientemente por la propia Comisión. Sin esa flexibilidad, el aumento del desembolso en seguridad y armamento habría provocado un incumplimiento de las reglas fiscales en 2025 equivalente a una décima del PIB, unos 1.600 millones de euros.
Aun así, la Comisión mantiene que España podría volver a desviarse de los objetivos de ajuste este año, pese a que continúen reduciéndose tanto el déficit como la deuda pública. Con las nuevas reglas fiscales europeas, el indicador clave pasa a ser el gasto público neto, que excluye partidas extraordinarias como prestaciones por desempleo o gastos derivados de catástrofes naturales, como las reparaciones por la dana en Valencia.
En cualquier caso, Bruselas prevé ampliar próximamente el margen fiscal de los Estados miembros gracias a la nueva flexibilidad anunciada para financiar durante los próximos tres años inversiones destinadas a acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esa posibilidad permitiría movilizar un gasto acumulado equivalente al 0,6% del PIB.