(El País, 19-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España mantiene desde hace varios años un crecimiento económico muy superior al de la mayoría de sus socios europeos, una tendencia que previsiblemente continuará durante 2026, 2027 y 2028. Desde la recuperación posterior a la pandemia, la economía española ha registrado avances que han llegado a duplicar, triplicar e incluso multiplicar por seis los de la eurozona, como ocurrió en 2023. Sin embargo, este dinamismo también presenta riesgos. El más importante, según el último informe de previsiones económicas de la Comisión Europea, es la insuficiente oferta de vivienda.

Los economistas del Ejecutivo comunitario advierten de que la falta de viviendas en relación con el aumento de los hogares seguirá presionando al alza los precios y podría dificultar tanto la movilidad laboral como la incorporación de nuevos trabajadores. Esta situación afecta especialmente a los jóvenes que necesitan trasladarse a las grandes ciudades, donde se concentra buena parte de la actividad económica. Los colectivos con menos recursos y otros grupos vulnerables son los que sufren con mayor intensidad estas dificultades.

La respuesta pasa, en buena medida, por aumentar la construcción de viviendas, aunque también existen obstáculos para acelerar la edificación. La Comisión señala que el incremento de los costes de construcción puede frenar todavía más la inversión residencial. El encarecimiento de los materiales y de la mano de obra, agravado por la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo, dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos.

A estas dificultades se suman otros problemas habituales del sector inmobiliario español, como la escasez de trabajadores cualificados, los prolongados plazos para transformar el suelo en terrenos aptos para construir y la lentitud en la concesión de licencias. También influye el encarecimiento de la financiación tras las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo para contener la inflación. A ello se añaden unas condiciones regulatorias que, desde la crisis financiera de 2008, han complicado el acceso al crédito para promotores y constructores.

La combinación de estos factores ha agravado el problema de acceso a la vivienda, que se encuentra entre las principales preocupaciones sociales y políticas del país y ha estado presente tanto en el adelanto electoral del 29 de noviembre como en las movilizaciones de la huelga general del pasado miércoles. No es la primera vez que Bruselas alerta de esta situación. En junio, al presentar sus recomendaciones para la elaboración de los presupuestos, ya advirtió de que el precio de la vivienda estaba dificultando la movilidad laboral en España y podía terminar afectando a la competitividad de su economía.

Las dificultades para acceder a una vivienda no son exclusivas de España y afectan a numerosos países de la Unión Europea. La importancia del problema ha llevado a que, por primera vez en esta legislatura, exista un comisario europeo específico para esta materia, el socialdemócrata danés Dan Jorgensen. Sin embargo, España presenta una particularidad respecto a otros Estados miembros: dispone de un parque de vivienda pública y asequible mucho más reducido. Según los cálculos del Ministerio de Vivienda, las viviendas sociales representan el 3,4% del total, frente a una media europea del 8%.

Esta escasez traslada buena parte de la presión al mercado del alquiler. Para quienes no pueden asumir la compra de una vivienda, en gran medida por la falta de oferta, el arrendamiento se convierte en la principal alternativa. Sin embargo, este mercado también registra una disponibilidad limitada de inmuebles, lo que ha contribuido a elevar los precios.

El informe de la Comisión Europea también advierte de que el encarecimiento sostenido de la vivienda está agravando los problemas de acceso y repercute en el consumo de los hogares, al contrarrestar parte de los efectos positivos derivados del aumento de su patrimonio. Además, el incremento de los precios está dando mayor relevancia a las cuestiones de cohesión social en determinadas zonas urbanas. El mayor esfuerzo económico que deben realizar muchas familias para pagar una vivienda reduce los recursos disponibles para otros gastos y amplía las diferencias entre quienes tienen una propiedad y quienes no.

Pese a estas advertencias, España es el único país en el que el documento de previsiones, de 252 páginas, identifica la vivienda como el principal riesgo para la economía. La Comisión, no obstante, espera que el mercado laboral mantenga una evolución positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que en los últimos años. Sus estimaciones apuntan a un aumento del empleo del 2,3% en 2026 y del 1,8% en 2027, mientras que las horas trabajadas avanzarán a un ritmo más contenido. También prevé que la tasa de paro continúe descendiendo hasta situarse en el 9,4%.

La evolución del empleo será determinante para mantener el crecimiento económico en los próximos años. Bruselas considera que la expansión de la actividad estará sustentada principalmente por la demanda interna, especialmente por el consumo de los hogares y, en menor medida, por la inversión. La creación de puestos de trabajo, aunque avance de forma más moderada, junto con la inmigración, permitirá sostener el gasto de los consumidores. Este comportamiento irá acompañado de una nueva reducción de la tasa de ahorro de las familias.

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