(El País, 27-09-2024) | Laboral
La Comisión Europea ha comunicado este jueves que ha iniciado un "procedimiento de infracción" contra España por no cumplir con la directiva comunitaria que exige retribuir las dos últimas semanas del permiso parental. Esta normativa debía ser incorporada a las legislaciones nacionales de los Estados miembro antes de agosto pasado, de acuerdo con la directiva sobre conciliación, que establece requisitos mínimos para promover la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y garantizar un trato equitativo en el trabajo.
La directiva europea, según explica la Comisión, entró en vigor en julio de 2019, pero se otorgó un plazo a los gobiernos para adaptarse. La mayoría de sus disposiciones se postergaron hasta agosto de 2022, mientras que la obligación de pagar las dos últimas semanas del permiso parental se fijó para dos años después.
De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, España no ha cumplido con el plazo para comunicar la transposición completa de este último elemento, motivo por el cual Bruselas ha iniciado el procedimiento sancionador. Este proceso comienza con el envío de una carta de emplazamiento, que constituye el primer paso formal. A partir de ahora, el Gobierno español dispone de dos meses para responder o tomar las medidas necesarias. Si la situación no se corrige en ese plazo, la Comisión podría emitir un dictamen motivado, lo que abriría un nuevo periodo de diálogo antes de decidir si se procede a la tercera y última fase, que implicaría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En agosto pasado, cuando venció el plazo para cumplir con la obligación de retribuir las dos últimas semanas del permiso parental, el Ministerio de Trabajo y Economía Social declaró que Bruselas podría multar a España con al menos 7 millones de euros por el incumplimiento, una cantidad que aumentaría si persistía la falta. Sin embargo, el anuncio del Ejecutivo comunitario de este jueves marca el primer paso del expediente sancionador. Para que se imponga una sanción económica, el caso tendría que llegar al TJUE, que es el órgano competente para dictar este tipo de medidas.