(La Razón, 19-02-2026) | Laboral
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la puesta en marcha de una "macroconvocatoria" para cubrir 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, que se llevará a cabo conjuntamente entre el ministerio y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles, el ministro destacó que se trata de la mayor oferta de plazas judiciales desde el inicio de la democracia. En respuesta a la diputada de ERC Pilar Vallugera, explicó que 375 puestos se cubrirán por turno libre mediante oposición, convocados por el ministerio, mientras que los 125 restantes corresponderán al denominado cuarto turno, reservado a juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia, cuya convocatoria dependerá del CGPJ.
Bolaños subrayó que, por primera vez, se alcanza el porcentaje del 25% de plazas destinadas a ese cuarto turno, y calificó el anuncio como muy relevante tanto para la carrera judicial y los opositores como para la ciudadanía. El ministro también resaltó la consolidación de las becas Seré, una ayuda económica equivalente al salario mínimo que pretende facilitar el acceso a las oposiciones a las carreras judicial, fiscal y a la Abogacía del Estado independientemente de los recursos económicos familiares. Asimismo, señaló que ya están operativos en todo el país los tribunales de instancia, que sustituyen a los antiguos juzgados unipersonales, considerados responsables de numerosos problemas estructurales del sistema judicial.
Según explicó, estas reformas beneficiarán a los profesionales del ámbito jurídico al multiplicar las oportunidades de acceso a la judicatura. También afirmó que contribuirán a ofrecer un servicio público de justicia más cercano, ágil y con una carga de trabajo más equilibrada, lo que permitiría reducir los tiempos de resolución de los procedimientos.
Por su parte, la diputada de ERC reclamó explicaciones sobre el proceso extraordinario de estabilización de más de mil jueces y fiscales sustitutos anunciado el pasado mes de junio, al considerar que es competencia directa del ministerio. Denunció además la situación de numerosos trabajadores interinos de la Administración de Justicia que, tras décadas desempeñando sus funciones, podrían perder su empleo, mencionando casos de personas de más de 50 años afectadas por las listas publicadas recientemente. A su juicio, la falta de estabilidad laboral perjudica tanto a los funcionarios como al funcionamiento del sistema judicial. Tras pedir que se acelere el proceso de estabilización, el ministro respondió brevemente que este ya está en marcha.
Por otro lado, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad proponer que se oferten 375 nuevas plazas de juez para el turno libre, ante la necesidad urgente de cubrir alrededor de 260 vacantes estructurales. En un comunicado difundido este miércoles, el órgano señaló que el elevado número de plazas vacantes, actuales y previstas, obliga a un esfuerzo sostenido en el tiempo y no puede resolverse con una única convocatoria.
El Consejo considera imprescindible aumentar significativamente la oferta respecto a convocatorias anteriores, que incluían 120 plazas, sin perjuicio de las correspondientes a la carrera fiscal. Además, encargó a la Comisión de Escuela Judicial la elaboración de una propuesta legislativa destinada a acortar los plazos de incorporación de los nuevos jueces, y solicitó al Servicio de Personal Judicial un informe sobre las vacantes que deberían cubrirse mediante el cuarto turno para preparar una nueva convocatoria.
Tras conocerse el acuerdo, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia valoró positivamente la iniciativa. Su portavoz, Edmundo Rodríguez Achútegui, señaló que permitirá paliar el déficit de efectivos que desde hace tiempo vienen denunciando instituciones y profesionales del sector. Según explicó, la carrera judicial se ha reducido debido a las jubilaciones y resulta insuficiente para atender el aumento de litigios y la carga de trabajo existente, lo que repercute negativamente tanto en la calidad del servicio como en la salud laboral de los profesionales y en la rapidez de las resoluciones judiciales.