(El Economista, 28-05-2025) | Fiscal
La implantación de la nueva tasa de basuras ha generado un verdadero caos entre los más de 8.000 ayuntamientos españoles, que estaban obligados a aprobar una ordenanza municipal en el primer trimestre del año para comenzar a aplicarla desde el 10 de abril. Sin embargo, según advierten los inspectores de Hacienda local, la realidad es que cada consistorio ha actuado a su manera: algunos han aprobado la ordenanza para cobrarla de inmediato, otros han pospuesto su entrada en vigor hasta enero de 2026, algunos han decidido no aplicarla, y otros la han activado pero fijando importes por debajo de los exigidos para evitar el rechazo de los vecinos. Además, las tarifas varían significativamente de un municipio a otro.
"Si hay 8.000 ayuntamientos, hay 8.000 versiones distintas de la ordenanza", afirma Juan Ignacio Gomar, miembro de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL). La norma que regula esta tasa es la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en 2022, que obliga a todos los consistorios a establecer este nuevo tributo con el objetivo de financiar los costes de recogida, tratamiento y reciclaje de residuos, y de que los ciudadanos paguen en función de la cantidad de basura que generen. Sin embargo, la ley no especifica cómo calcular ni estructurar la tasa, lo que ha dejado a cada ayuntamiento libertad total para decidir.
Desde hace dos años, los inspectores vienen alertando de que esta tasa será fuente de numerosos conflictos judiciales, incluso más que el polémico impuesto de plusvalía municipal, debido a la falta de uniformidad y los agravios comparativos entre contribuyentes. "Ya anticipamos en su día que esto acabaría como está ahora: con miles de ordenanzas diferentes, importes dispares y métodos de cálculo incompatibles entre sí. Una situación completamente irracional", recalca Gomar.
Para ilustrar esta disparidad, el inspector menciona que en Madrid capital, la tasa para una vivienda media rondará los 100 euros, mientras que en Pozuelo de Alarcón, una localidad cercana y con mayor nivel adquisitivo, esa misma vivienda pagará más del doble. Gomar subraya que la normativa no impone criterios unificados para calcular el importe, por lo que cada consistorio se escuda en sus propios costes de gestión para justificar la cuantía.
De momento, no se han registrado recursos legales contra esta tasa, aunque eso se debe principalmente a que muchos ciudadanos aún no han recibido los recibos correspondientes. Se prevé que la mayoría lo haga después del verano o incluso en 2026. "Lo habitual es que el contribuyente abone el importe cuando lo reciba y, si no está de acuerdo, lo impugne después", explica Gomar.
En definitiva, la situación actual es de desorden generalizado y falta de claridad. "Estamos ante un panorama de anarquía y confusión. Y creo que gran parte de los ciudadanos todavía no son plenamente conscientes de lo que se les viene encima", concluye.