(Expansión, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros ha aprobado un procedimiento extraordinario para regularizar a inmigrantes en situación irregular sin haberlo pactado con la Unión Europea ni someterlo al Congreso. Los sindicatos policiales alertan de una posible saturación en las oficinas a partir del lunes y advierten del riesgo de un "efecto llamada".
Tras varios retrasos y después de introducir algunos cambios sugeridos por el Consejo de Estado, el Ejecutivo ha dado luz verde al Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería. Esta norma permitirá iniciar un proceso excepcional de regularización. Desde mañana podrá solicitarse el permiso de residencia y trabajo -con una duración inicial de un año- por vía telemática, mientras que las citas presenciales comenzarán a gestionarse desde el lunes 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes finalizará el 30 de junio, y la Administración dispondrá de tres meses para resolverlas, un margen que, según la Policía Nacional, podría provocar un colapso en las oficinas de Extranjería y Fronteras.
Podrán acogerse a esta medida los inmigrantes que acrediten, mediante documentación, haber residido en España al menos cinco meses y encontrarse en el país antes del 1 de enero. Además, deberán cumplir alguna de estas condiciones: haber trabajado legalmente, tener cargas familiares (como hijos menores o dependientes), o encontrarse en situación de vulnerabilidad.
El texto definitivo incorpora algunas recomendaciones del Consejo de Estado, como una mayor protección para menores -que recibirán permisos de cinco años- y la exigencia de no tener antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público, la seguridad o la salud.
La iniciativa ha generado una fuerte reacción política. La portavoz del Gobierno y ministra Elma Saiz defendió que la medida refuerza los derechos y mejora el país. En cambio, la oposición critica que no se haya tramitado en el Parlamento. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la califica de irresponsable e insostenible, mientras que Vox anuncia un recurso ante el Tribunal Supremo. También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedirá la suspensión cautelar de la medida hasta que se resuelva su legalidad.
A nivel europeo, la regularización tampoco ha sido consensuada. Aunque desde Bruselas se reconoce que estas decisiones competen a los Estados, se insiste en que deben evitarse efectos negativos sobre la seguridad y el control migratorio en el espacio común.
Entre los argumentos del presidente Pedro Sánchez figura la necesidad de incorporar más trabajadores al sistema para hacer frente al envejecimiento de la población y al aumento del gasto en pensiones. En este sentido, desde el ámbito empresarial valoran positivamente la medida ante la falta de mano de obra en diversos sectores, aunque muestran dudas sobre su aplicación práctica y critican la ausencia de debate parlamentario.
Expertos en pensiones consideran que la regularización podría aumentar temporalmente el número de cotizantes, pero advierten de que su impacto sería limitado a largo plazo. Por su parte, los sindicatos policiales insisten en los riesgos operativos: temen una sobrecarga inmediata de los servicios, dificultades para comprobar antecedentes y la posibilidad de que la medida incentive la inmigración irregular, al ser utilizada por redes criminales como reclamo.
El alcance final de la regularización es incierto. Las estimaciones apuntan a que cerca de 490.000 personas podrían acogerse, aunque otras proyecciones elevan la cifra hasta casi 840.000, dependiendo de los criterios utilizados.