(El Economista, 21-05-2024) | Laboral
La Administración reasignará a los funcionarios a diferentes puestos de trabajo para optimizar áreas o sectores que se vuelvan menos eficientes o productivos debido a los avances en digitalización. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, bajo la dirección de José Luis Escrivá, ha aprobado una Orden ministerial para iniciar por primera vez planes de reestructuración dentro de la Administración pública.
Estos planes complementan la reforma de la Administración pública que el Ejecutivo aprobó en diciembre pasado. Esta reforma busca simplificar y digitalizar los procesos y procedimientos administrativos como parte de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, necesarios para obtener los fondos europeos.
La Orden ministerial establece de manera general la facultad del Ejecutivo para implementar planes de reestructuración en sectores específicos "cuando un cambio tecnológico, una modificación en la forma de prestación de los servicios, la aparición de nuevos perfiles competenciales u otras circunstancias comprometan significativamente la prestación eficaz de los servicios".
La normativa indica que si estos cambios comprometen la prestación del servicio o la competencia de uno o varios departamentos ministeriales, o entidades públicas vinculadas o dependientes, "se podrán aprobar, previa negociación colectiva, planes de reestructuración para el sector en cuestión". La consecuencia directa de esta reestructuración para los funcionarios será el traslado a otros puestos de trabajo, según informa CSIF, el sindicato con mayor representatividad entre los funcionarios.
Según la orden, la Administración tendrá la potestad de reasignar a los empleados públicos a otros puestos de trabajo, impulsar planes de movilidad y ofrecer formación para que se adapten a las nuevas formas de operar. Asimismo, podrá retirar a los funcionarios de sus puestos actuales para reasignarlos, y contratar personal con perfiles más adecuados.
"La iniciativa para la elaboración de los planes de reestructuración corresponderá a los departamentos ministeriales, los organismos y entidades afectados o a este ministerio -el de Función Pública-", señala la Orden ministerial. Desde CSIF, señalan que se negaron a apoyar esta orden ministerial porque la Administración dirigida por Escrivá no especificó en qué consistirán los cambios de puesto de trabajo ni cómo estos planes afectarán al personal.
La reforma de la Administración Pública aprobada en diciembre, que reemplazó a la Ley de Función Pública que se tramitaba en el Congreso y decayó con el adelanto electoral, introdujo como principal novedad la evaluación anual de los funcionarios con el objetivo de medir y mejorar su productividad. Estas evaluaciones medirán el desempeño de los empleados públicos y, si obtienen una valoración negativa, podrían perder su puesto de trabajo, aunque no su condición de funcionarios.