(El Economista, 02-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha presentado un conjunto de 43 medidas con el objetivo de abordar las preocupaciones del sector agrario y poner fin a la rebelión en el campo. Tras el respaldo de los ministros de Agricultura de los 27 al plan de Bruselas para flexibilizar las normativas burocráticas y medioambientales para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), el Gobierno español ha tomado su propio paso para resolver los problemas del campo.
Planas ha propuesto un paquete de medidas que incluye desde la simplificación de la PAC (aunque aún debe ser aprobada por la Eurocámara) hasta el fortalecimiento del sistema de seguros agrarios, pasando por líneas de financiación e incentivos fiscales.
En cuanto a este último punto, el ministro ha prometido impulsar líneas de apoyo al sector agrario que podrían movilizar hasta 700 millones de euros en créditos a través del ICO, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) y el Ministerio de Agricultura. De esta cantidad, 200 millones serían destinados a préstamos para jóvenes agricultores y el relevo generacional, y los 500 millones restantes para créditos a agricultores y ganaderos.
En el ámbito fiscal, Planas ha anunciado una reducción del 15% en el rendimiento neto para la Declaración de la Renta por el sistema de módulos, así como adaptaciones en el cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por este sistema. También se mantendrá el tipo reducido para los hidrocarburos de uso agrícola y las deducciones en el IRPF para carburantes, combustibles y fertilizantes.
En cuanto a la capacidad inspectora, se convertirá la actual Agencia de Información y Control Alimentaria en una agencia estatal para fortalecer el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y se impulsarán controles en frontera de productos importados.
En el ámbito de los seguros agrarios, se mantendrá el apoyo a la contratación de pólizas y se espera alcanzar el máximo subvencionable permitido por la UE, que es el 75% de la prima comercial, con la contribución de las comunidades autónomas.