Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.
Gestión, concesión y transmisión de Expendedurías de Tabacos (estancos) y Loterias.
Intervención en situaciones de ajustes laborales y financieras, (ERE,s , Concurso de Acreedores).
La economía española mantuvo su crecimiento durante el segundo trimestre de 2026. Según el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 0,7% entre abril y junio, una décima más que en el primer trimestre del año. En términos interanuales, la actividad económica creció un 2,7%.
El avance del PIB estuvo impulsado principalmente por la fortaleza de la demanda interna, el dinamismo de la inversión y el buen comportamiento del sector industrial, aunque el ritmo de expansión continúa moderándose respecto a los primeros compases del ejercicio.
El consumo de los hogares registró un incremento del 0,7% respecto al trimestre anterior y del 3,2% en comparación con el mismo periodo de 2025. La inversión también mantuvo una evolución positiva, con un aumento del 0,4% trimestral y del 5,1% interanual. Entre sus componentes destacaron las inversiones en productos de propiedad intelectual, que crecieron un 7,7% en tasa anual, y la construcción, con un avance del 5,2%.
El ministro de Economía y Empresa, Carlos Cuerpo, valoró los datos como una muestra de la fortaleza de la economía española. A su juicio, el crecimiento sigue sustentándose en la inversión y en el buen comportamiento de la industria, cuya evolución durante el trimestre superó la media del conjunto de la economía.
El titular de Economía también subrayó la contribución del consumo de los hogares, respaldado por la fortaleza del mercado laboral, con un mayor nivel de empleo y una mejora en su calidad. En este sentido, destacó que la creación de empleo se mantiene por encima del medio millón de puestos de trabajo en términos anuales por sexto trimestre consecutivo.
Con los datos disponibles hasta el cierre del primer semestre de 2026, el crecimiento acumulado de la economía española alcanza ya el 2,2%, una evolución que, según el Gobierno, refuerza las expectativas de cumplir la previsión oficial de crecimiento del 2,6% para el conjunto del año.
El Gobierno continúa sin reunir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar una de las principales reformas fiscales comprometidas con la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación: la equiparación de la tributación del diésel con la de la gasolina. A falta de apenas un mes para que expire el plazo fijado para cumplir los compromisos asumidos con Bruselas, la iniciativa permanece bloqueada por la falta de consenso en el Congreso, según reconocen fuentes del Ejecutivo.
El retraso ya tuvo consecuencias económicas el pasado año. La Comisión Europea redujo en 1.100 millones de euros el quinto desembolso del fondo de recuperación destinado a España, que ascendía a 24.137 millones, al considerar incumplidos varios hitos pactados. De esa cantidad, 475 millones estaban vinculados a reformas fiscales. Aunque una parte de esos recursos ha podido recuperarse con la aprobación del sexto pago, alrededor de 200 millones siguen retenidos al no haberse aprobado la reforma del impuesto sobre el diésel. Tampoco se ha desbloqueado la financiación relacionada con la reducción de la elevada temporalidad en el empleo público, si bien el Ejecutivo ha presentado alegaciones ante las instituciones europeas sobre este asunto.
La equiparación fiscal entre el gasóleo y la gasolina no es una iniciativa nueva. El Ejecutivo ya trató de incorporarla a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, cuando disponía de una mayoría parlamentaria más sólida, pero finalmente retiró la propuesta ante el rechazo de algunos de sus socios, especialmente el PNV. En 2024 y 2025 volvió a impulsar la medida, esta vez vinculándola al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea, aunque nuevamente fracasó por la oposición de varios grupos que respaldan la investidura, entre ellos PNV, Podemos y Junts.
La situación política y económica actual complica aún más su aprobación. La pérdida de cohesión del bloque parlamentario que sostiene al Gobierno, unida al desgaste provocado por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ha reducido el margen de maniobra del Ejecutivo. A ello se suma el impacto de la crisis en Oriente Próximo, que ha elevado los precios de la energía y ha impulsado la inflación, haciendo políticamente más difícil aprobar un incremento de la fiscalidad sobre los carburantes. De hecho, en lugar de elevar los denominados impuestos verdes, España ha optado temporalmente por reducir la carga fiscal sobre los combustibles para amortiguar el efecto del encarecimiento energético.
La diferencia fiscal entre el diésel y la gasolina tiene su origen en las políticas energéticas aplicadas durante las décadas de 1980 y 1990, cuando numerosos países europeos promovieron el uso del gasóleo por considerarlo un combustible más eficiente y con menores emisiones de dióxido de carbono. Además, era el carburante predominante para el transporte profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo se comprobó que los motores diésel generan mayores emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas contaminantes, lo que llevó a revisar las ventajas medioambientales que inicialmente justificaban ese tratamiento fiscal favorable. En la actualidad, la diferencia impositiva ronda los diez céntimos por litro.
La reforma forma parte de los compromisos adquiridos por España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, creado para impulsar la recuperación económica tras la pandemia mediante un amplio programa de inversiones y reformas. España, junto con Italia, ha sido uno de los principales beneficiarios de este instrumento, con una asignación superior a los 160.000 millones de euros entre transferencias y préstamos. No obstante, la ejecución de este volumen de recursos ha resultado especialmente compleja debido a los ajustados plazos establecidos por las instituciones europeas.
El calendario comunitario fija el 31 de agosto como fecha límite para completar las reformas e inversiones comprometidas y el 30 de septiembre como plazo máximo para solicitar los fondos pendientes. Ante las dificultades de ejecución, varios Estados miembros han renunciado a parte de las ayudas previstas, mientras que la Comisión Europea ha introducido cierta flexibilidad para facilitar la adaptación de los planes nacionales y acelerar los desembolsos.
España también ha recurrido a esa flexibilidad. El Gobierno decidió renunciar al 75% de los préstamos inicialmente asignados y ha modificado en varias ocasiones los hitos y objetivos del Plan de Recuperación para facilitar su cumplimiento. La principal revisión llegó en 2023 mediante una amplia adenda que reprogramó buena parte de las actuaciones pendientes, seguida de nuevas modificaciones destinadas a simplificar la gestión y asegurar la recepción de los fondos europeos.
La última actualización fue aprobada esta semana por el Consejo de Ministros y está orientada a facilitar el cobro del séptimo y último desembolso del mecanismo, valorado en torno a 25.000 millones de euros. La nueva adenda revisa la redacción de 121 hitos y objetivos, además de 101 medidas, con el propósito de simplificar los procesos de verificación y certificación exigidos por la Comisión Europea. Desde el Gobierno señalan que varias reformas continúan siendo objeto de negociación con Bruselas para desbloquear los recursos pendientes, aunque será finalmente la Comisión Europea quien deba decidir si acepta las modificaciones planteadas y autoriza los pagos restantes.
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