(Expansión, 16-09-2026)
Alerta en el turismo: Bruselas pone en peligro el IVA reducido
La posibilidad de elevar el IVA aplicado a la hostelería y la restauración desde el actual 10% hasta el tipo general del 21% ha reabierto el debate sobre cómo compatibilizar las necesidades de recaudación con la competitividad de uno de los principales sectores de la economía española. La propuesta planteada por la Comisión Europea busca ampliar las bases imponibles y reducir las diferencias entre tipos, pero distintos análisis, entre ellos los elaborados por el Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation, advierten de que una subida de esta magnitud podría repercutir sobre la actividad, el empleo y la recaudación efectiva. El turismo tiene un peso determinante en la economía española. En 2024 generó más de 200.000 millones de euros, equivalentes al 12,6% del PIB, y sostuvo alrededor de 2,77 millones de puestos de trabajo, el 12,3% del empleo total. Además, representa una de las principales fuentes de ingresos exteriores del país, con un superávit turístico superior a los 68.400 millones de euros en la balanza de pagos. En 2025, España recibió 96,8 millones de visitantes internacionales, que realizaron un gasto superior a 134.700 millones de euros. Por ello, cualquier modificación de la fiscalidad que afecte a esta actividad puede tener consecuencias que trasciendan la recaudación obtenida directamente mediante el impuesto. Uno de los argumentos utilizados para mantener el tipo reducido es que el turismo internacional puede considerarse una exportación de servicios, aunque el consumo se produzca físicamente dentro de España. Desde esta perspectiva, aplicar un IVA inferior permitiría reducir parcialmente la desventaja frente a las exportaciones de bienes, que tributan conforme al principio de imposición en destino. En sentido contrario, quienes defienden una mayor armonización consideran que la reducción de tipos introduce distorsiones y que una base imponible más amplia permitiría simplificar el sistema tributario. La estimación de Bruselas apunta a que elevar el IVA podría proporcionar unos ingresos adicionales próximos al 0,4% del PIB, alrededor de 7.000 millones de euros anuales. Sin embargo, los análisis que cuestionan esta previsión señalan que el aumento de precios podría provocar una respuesta significativa de los consumidores. Algunos estudios sitúan la elasticidad de la demanda turística internacional hacia España en torno a -1,9, lo que refleja una elevada sensibilidad ante las variaciones de precios. Además, el encarecimiento relativo de España podría favorecer el desplazamiento de parte de la demanda hacia destinos competidores como Portugal, Italia, Grecia o Turquía. El impacto también podría trasladarse a las empresas. La restauración está formada mayoritariamente por pymes y autónomos y opera habitualmente con márgenes reducidos, por lo que asumir un incremento de once puntos de IVA sin modificar los precios podría resultar difícil para numerosos negocios. Si el aumento se trasladara al consumidor, una eventual reducción de la demanda afectaría a la facturación y podría terminar repercutiendo sobre el empleo, las cotizaciones sociales y la recaudación por IRPF, además de incrementar potencialmente el gasto público asociado a las prestaciones por desempleo. La experiencia de otros países europeos también forma parte del debate. Portugal elevó en 2012 el IVA de la restauración del 13% al 23%, una medida que posteriormente fue parcialmente revertida en 2016 después de un periodo marcado por dificultades para el sector y pérdida de empleo. Alemania, por su parte, ha mantenido un tipo reducido del 7% para los servicios de restauración. Estos precedentes alimentan la discusión sobre hasta qué punto una subida intensa de la imposición indirecta puede generar ingresos adicionales sin reducir al mismo tiempo la actividad económica que constituye su base imponible. En este contexto, la discusión sobre el IVA turístico plantea una disyuntiva entre el objetivo de incrementar la recaudación y la necesidad de preservar la posición competitiva de España como destino internacional. El resultado dependerá no solo del incremento nominal del impuesto, sino también de la capacidad de empresas y consumidores para absorberlo, de la evolución de los precios y de la respuesta de los turistas ante las alternativas disponibles en otros mercados.
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