(Expansión, 23-09-2026)
El papeleo hunde la competitividad de España y Europa
La Unión Europea afronta nuevas críticas por la complejidad de su marco regulatorio en un momento en el que distintos análisis advierten de la pérdida de competitividad del bloque frente a economías como Estados Unidos y China. En este contexto, varias grandes empresas estadounidenses han elevado su presión sobre Bruselas por los costes y dificultades que, a su juicio, está generando la aplicación de las normas comunitarias de transparencia fiscal. El último conflicto tiene como protagonista a la Directiva 2021/2101, conocida como normativa de información pública país por país o PCbCR. La regulación obliga a determinadas multinacionales a hacer públicos datos como los impuestos abonados, los beneficios obtenidos y el número de empleados, diferenciados por cada jurisdicción en la que desarrollan su actividad. La aplicación de esta normativa en los distintos Estados miembros ha provocado diferencias que complican su cumplimiento para los grupos internacionales. El National Foreign Trade Council (NFTC), organización empresarial estadounidense especializada en comercio exterior, ha trasladado sus críticas directamente a la Comisión Europea y ha reclamado una aplicación más homogénea de las reglas para evitar que las compañías tengan que afrontar obligaciones distintas según el país en el que operen. Uno de los principales puntos de fricción es la denominada exención por presentación múltiple, prevista en el artículo 48b(6) de la directiva. Esta disposición permite, en determinadas circunstancias, que las matrices de grupos establecidos fuera de la Unión Europea presenten un único informe en el registro mercantil de un Estado miembro y lo publiquen posteriormente en su página web en una lengua oficial de la UE. El objetivo es evitar que tengan que repetir el mismo procedimiento en cada país donde cuentan con filiales o sucursales. Sin embargo, según denuncia el NFTC, algunos Estados miembros no habrían incorporado correctamente esta posibilidad a sus respectivas legislaciones. La organización cita los casos de Italia y Dinamarca y sostiene que esta situación obliga a determinadas empresas de terceros países a realizar presentaciones adicionales por cada filial o establecimiento, multiplicando los trámites y los costes asociados al cumplimiento. Las diferencias nacionales también afectan a los plazos. La normativa europea establece con carácter general un periodo de hasta 12 meses desde el cierre del ejercicio para la presentación de la información. España, sin embargo, fijó un plazo más reducido de seis meses a través de la Ley 28/2022. Esta diferencia introduce una dificultad adicional para los grupos internacionales que deben coordinar sus obligaciones de información en distintos países. Ante esta situación, el NFTC reclama a la Comisión Europea que las empresas que hayan presentado correctamente el informe dentro del plazo general de 12 meses en otro Estado miembro no tengan que cumplir adicionalmente con el plazo más corto establecido en España. Las diferencias tampoco se limitan a los plazos. La organización empresarial estadounidense señala que algunos países exigen que la información se presente en sus propios idiomas y que, en determinados casos, pueden ser necesarias traducciones juradas. Esto añade nuevos costes y trámites para grupos que ya han elaborado y presentado la misma información en otro Estado miembro. Otro ejemplo señalado es el de Bélgica, cuya clasificación de determinadas jurisdicciones no cooperativas incluye de manera separada a los siete emiratos que integran Emiratos Árabes Unidos. Esta particularidad puede obligar a las empresas a realizar desgloses adicionales que no coinciden con el tratamiento aplicado en otros países de la Unión Europea. Para las multinacionales estadounidenses, el problema trasciende el cumplimiento de una obligación concreta. El NFTC considera que la existencia de requisitos diferentes entre Estados miembros incrementa los gastos relacionados con asesoramiento, auditoría, traducciones y adaptación de los sistemas informáticos, recursos que las empresas podrían destinar a otras áreas como inversión, innovación o creación de empleo. La controversia pone de manifiesto una de las dificultades que persisten en el mercado único europeo: la necesidad de aplicar de manera uniforme las normas comunitarias para evitar que las diferencias introducidas durante su transposición generen cargas adicionales a las empresas que operan en varios países. La reclamación del sector empresarial estadounidense se produce, además, en un momento en el que las instituciones europeas han situado la reducción de cargas administrativas y la mejora de la competitividad entre sus prioridades. Desde esta perspectiva, el debate sobre la información pública país por país refleja la tensión existente entre el objetivo de reforzar la transparencia fiscal y la necesidad de evitar que su aplicación genere obligaciones duplicadas o costes desproporcionados para las empresas internacionales.
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