(Expansión, 28-07-2026)
La reforma de la financiación autonómica, en el aire: las CCAA piden aplazar la votación del miércoles
Trece comunidades autónomas de régimen común han solicitado al Ministerio de Hacienda el aplazamiento, al menos hasta septiembre, de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este miércoles, en la que el Gobierno pretende abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. La petición se ha formalizado mediante una carta remitida al ministro de Hacienda, Arcadi España, apenas dos días antes de la convocatoria. El escrito está suscrito por los responsables de Economía y Hacienda de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, así como de Ceuta y Melilla. Se trata de todas las comunidades de régimen común afectadas por la reforma, con la excepción de Cataluña y Canarias. Esta última ha anunciado que respaldará finalmente la propuesta del Ejecutivo. Tampoco figuran entre los firmantes Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, aunque ambas han manifestado igualmente sus reservas respecto al modelo planteado por el Gobierno. Las comunidades firmantes consideran que la propuesta presentada por el Ministerio el pasado 6 de julio ha sido negociada únicamente con una parte de los territorios, sin contar con el resto de administraciones autonómicas. Por ello, sostienen que no resulta adecuado intentar aprobar una reforma de esta trascendencia mediante un calendario que, a su juicio, impide un análisis riguroso de la documentación. Según exponen en la carta, tras la reunión del comité técnico del CPFF celebrada el 14 de julio, Hacienda no remitió la documentación completa hasta el 24 de julio, dejando únicamente tres días hábiles para estudiar un expediente que incorpora modificaciones relevantes sobre elementos estructurales del futuro sistema de financiación. Las comunidades también cuestionan la oportunidad de impulsar una reforma de este alcance en ausencia de un marco presupuestario estatal plenamente definido. Recuerdan que el Congreso rechazó recientemente la senda de estabilidad y los objetivos de déficit planteados por el Gobierno, y que tampoco existen unos nuevos Presupuestos Generales del Estado aprobados. A juicio de los gobiernos autonómicos, abordar una reforma que determinará los recursos destinados a financiar servicios públicos esenciales sin disponer previamente de un marco presupuestario consolidado resta seguridad jurídica y rigor al proceso negociador. Los firmantes subrayan que no se oponen a revisar el sistema de financiación autonómica. Al contrario, consideran necesaria su reforma, pero defienden que esta debe desarrollarse con la participación de todas las comunidades autónomas, con acceso a toda la información relevante y disponiendo del tiempo suficiente para analizar una propuesta de gran complejidad antes de adoptar cualquier decisión.
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