(Expansión, 13-03-2026)
El Gobierno baraja rebajas fiscales a la luz pero busca alternativas a la bonificación sobre el litro de carburante
El Gobierno está preparando un plan para hacer frente a las consecuencias económicas que el conflicto en Oriente Próximo puede tener en España. Este plan incluirá medidas fiscales destinadas a frenar el aumento de los precios de la energía, así como acciones concretas para reducir el impacto del encarecimiento de los carburantes, prestando especial atención a sectores como el agrícola y el transporte. También contempla recuperar parte del llamado escudo social y activar mecanismos para proteger el empleo. Así lo explicó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras reunirse con empresarios y sindicatos para analizar posibles medidas, que el Ejecutivo pretende aprobar "en los próximos días" con la mayor rapidez posible, aunque no precisó si será en el Consejo de Ministros del próximo martes. Durante su intervención, Cuerpo quiso transmitir un mensaje de calma a la población y aseguró que la situación actual está lejos de la vivida en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania. Según indicó, España llega a este momento con una mayor preparación en materia de seguridad energética, gracias a su apuesta por las energías renovables, la electrificación de la economía, la diversificación de fuentes de suministro y el desarrollo de infraestructuras como redes de transporte energético, refinerías o plantas de regasificación. El ministro detalló que el plan del Gobierno se estructurará en cuatro grandes bloques. El primero incluirá medidas fiscales dirigidas a reducir el coste de la electricidad y de la energía, siguiendo el modelo de algunas decisiones adoptadas durante la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, cuando se rebajaron impuestos relacionados con la electricidad. El segundo bloque estará enfocado en mitigar el impacto del aumento del precio de los combustibles, especialmente del diésel, en sectores como el agrícola, el transporte por carretera y la logística, que son los más afectados. En este sentido, Cuerpo señaló que, tras consultar con agentes sociales y sectores implicados, se ha descartado repetir la bonificación general de 20 céntimos por litro aplicada en 2022. En su lugar, el Gobierno estudia fórmulas alternativas que permitan que las ayudas se reflejen de forma más efectiva en los precios finales y garanticen condiciones de competencia. Además, el Ministerio de Economía reforzará la vigilancia de los precios en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para comprobar la eficacia de las medidas, se empleará inteligencia artificial que permitirá supervisar los precios aplicados en las cerca de 12.600 estaciones de servicio del país. El tercer bloque del plan contempla recuperar algunas medidas del escudo social que quedaron paralizadas tras ser rechazadas en el Parlamento, como la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables o el mantenimiento del bono social eléctrico. También se prevé activar mecanismos de protección laboral, entre ellos los ERTE, para proteger el empleo en caso de que la situación económica se complique. Por último, el Ejecutivo quiere seguir impulsando su estrategia a largo plazo basada en el desarrollo de energías renovables, la transición ecológica y la electrificación de la economía, que el ministro considera una herramienta clave para reducir el impacto de futuras crisis energéticas. Cuerpo insistió en que la prioridad actual es cerrar cuanto antes un paquete de medidas que responda a las dificultades que ya están experimentando ciudadanos y empresas, incorporando las propuestas de sectores económicos, agentes sociales y grupos parlamentarios para lograr el mayor consenso posible. En un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Irán y sus posibles efectos en la economía mundial, el ministro subrayó que las decisiones deben adoptarse con rigor, responsabilidad y suficiente flexibilidad para adaptarse a cómo evolucione la situación.
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