(El Economista, 16-02-2026)
Las facturas impagadas del Estado suben un 4,5% y suman 6.400 millones de euros
Los retrasos en sus pagos por parte del Estado, y del conjunto de las Administraciones Públicas, constituye un problema que nunca ha desaparecido en España y que, incluso, muestra un preocupante auge en los ejercicios más recientes. El registro más escrupuloso de estas obligaciones contraídas y no subsanadas -elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda- muestra cómo cerraron el año 2024 con un montante acumulado cercano a los 6.400 millones de euros, tras elevarse un 4,5%. El incremento con respecto a 2020, es del 41%, un ejercicio clave para hacer la comparativa ya que, a partir de ese año, el monto de las facturas en el cajón, adeudadas a empresas y ciudadanos particulares, nunca ha bajado de los 6.000 millones, una cota inédita en la serie histórica anterior. Pese que el Gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones que las demoras en el pago del sector público son un problema del pasado, las estadísticas más escrupulosas reflejan una realidad diferente. La exhaustividad del recuento del IGAE proviene del hecho de que está contenido en una rúbrica elaborada ex profeso para que las facturas en el cajón no volvieran a quedar soterradas. Se trata de la llamada Cuenta 413 en la que se identifican las deudas en vigor de la Administración con los "acreedores por operaciones ya devengadas". En términos más sencillos, este capítulo computa los gastos que no se imputaron a los Presupuestos del año en curso y quedan pendientes para recogerse en las Cuentas del siguiente ejercicio. Esta práctica se va acumulando en el tiempo, hasta el punto de que el cómputo más reciente todavía recoge obligaciones de pago que se remontan cuatro años atrás y que todavía están por subsanarse. El 88% de ellas se generó en el ejercicio 2024. En particular, 162,22 millones de euros son gastos devengados en el ejercicio 2020 y anteriores; 50,67, proceden del ejercicio 2021; 345,62 millones, de 2022; 166,03 de 2023. Volviendo al último ejercicio cerrado, las obligaciones de pago pendientes, y transferidas al futuro, corresponden en más de un 35% del total al Ministerio de Transportes. Le sigue su homólogo de Educación y Formación Profesional, con más de 1.100 millones, el equivalente al 19%. Y cierra el Top 3 Transición Ecológica con un 11,5%. En lo que respecta al número uno del ránking, Transportes, el IGAE revela un cajón de sastre de compromisos de desembolsos pendientes. Dentro de las transferencias tanto corrientes como de capital "destacan las que se realizan a entidades dependientes del Ministerio (Correos y Renfe) o las compensaciones que tiene que hacer el Estado derivadas de rebajas o supresiones de peajes". Pero también hay referencias a aspectos que afectan directamente al bolsillo de los consumidores, como las subvenciones a familias por las bonificaciones al tráfico aéreo y marítimo de residentes no peninsulares entre la península y las islas. Las normas de la contabilidad pública no dejan dudas sobre el modo de considerar estos recursos. No en vano "toda rúbrica que no está expresamente imputada de ese modo está pendiente de pago", explica a elEconomista.es un destacado experto en política presupuestaria. Pese a su relevancia, la historia de la Cuenta 413 es todavía reducida, ya que no se remonta más allá de los comienzos de la década pasada, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se vio abocado a la creación de un instrumento fiable para la UE que siguiera el rastro de este tipo de partidas. En esa época, se generó una gran polémica entre Madrid y Bruselas ante el hecho de que el déficit público real español superaba con creces el 7% del PIB que reconocía el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, si se sumaban las obligaciones de pago que el sector público contrajo con miles de pymes y ciudadanos, sin que se reconocieran oficialmente. Tras las elecciones de 2011, que dieron el triunfo al PP de Mariano Rajoy, fue necesario recurrir a un instrumento contable como la Cuenta 413 para que esta ocultación no volviera a ser posible. El objetivo se cumplió con creces a ojos de las autoridades españolas y comunitarias, dado que la estadística muestra cómo, entre 2013 y 2018 la cuenta de acreedores por operaciones no devengadas se mantuvo en el entorno de los 3.000 millones de euros anuales, la mitad de su volumen actual. Volviendo al presente, no es sencillo identificar las causas que actúan como motor del aumento de los retrasos, dada la heterogeneidad de los organismos en cuyos escritorios se acumulan las facturas. Varios expertos consultados apuntan incluso la posibilidad de que ministerios y otras instituciones del Estado estén asumiendo pagos futuros que corresponderían a las comunidades autónomas. En otras palabras, una política así equivaldría en la práctica a crear un "FLA encubierto", en tiempos en los que los Gobiernos regionales afrontan tensiones de tesorería, a las que contribuye el hecho de que las entregas a cuenta del Estado a esos Ejecutivos, derivadas del actual -y pendiente de reforma- sistema de financiación suelen sufrir también retrasos. La situación se ha agudizado en los últimos años, debido a las continuas prórrogas de los Presupuestos Generales, ininterrumpidas desde 2024, que dejan a numerosos Ejecutivos autonómicos, e incluso grandes ayuntamientos, a verse privados de una guía a la hora de afrontar la elaboración de sus propias Cuentas.
LEER MÁS