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(El País, 05-11-2026)

La Airef empeora su previsión de déficit y lo sitúa en el 2,8% del PIB este año

La economía española continúa mostrando una notable fortaleza, aunque el deterioro del escenario internacional y el aumento de los compromisos de gasto están complicando las cuentas públicas. En este contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elevado en dos décimas su previsión de déficit para este año, hasta el 2,8% del PIB, respecto a la estimación publicada en julio. El organismo advierte, además, de que España incumplirá ya en 2026 los objetivos presupuestarios acordados con Bruselas. Su presidenta, Inés Olóndriz, ha señalado que la política fiscal está siendo expansiva y procíclica, en contra de las recomendaciones de las autoridades europeas. La Airef ha revisado sus previsiones económicas y presupuestarias hasta 2031 y ha evaluado tanto el plan fiscal plurianual como el cumplimiento de las reglas de gasto nacionales y comunitarias. Sus cálculos apuntan a que el gasto primario neto, uno de los principales indicadores del nuevo marco fiscal europeo, aumentará un 7,3% este ejercicio. Esta cifra supera ampliamente el 3,5% comprometido en el plan fiscal estructural y también el 4,7% contemplado en el informe de seguimiento de primavera. Según Olóndriz, el incremento responde tanto a medidas temporales como al aumento del gasto estructural. El organismo considera que tampoco se alcanzarán los objetivos previstos para los siguientes ejercicios, ni en el cómputo anual ni en el acumulado. La desviación se producirá incluso teniendo en cuenta la flexibilidad concedida por las autoridades europeas para excluir del cálculo determinados gastos en defensa y medidas de seguridad energética, con un margen de tres décimas del PIB al año y seis décimas en el conjunto del periodo. Frente a su estimación anterior, en la que situaba el incumplimiento en el límite permitido, la Airef prevé ahora que se rebasará el máximo autorizado ya en 2026. No obstante, la institución no ha podido cuantificar el alcance exacto de la desviación. Entre las incógnitas pendientes figuran si el Gobierno solicitará activar la cláusula de escape para las medidas energéticas y si el Ejecutivo que resulte de las elecciones del 29 de noviembre optará por presentar un nuevo plan fiscal estructural a medio plazo. La Airef advierte de que un incumplimiento mayor del previsto podría marcar un cambio en la trayectoria de reducción de la deuda pública, que al término del horizonte analizado calcula que se situará en el 95,4% del PIB. Olóndriz ha vuelto a poner el acento en las dificultades que genera la ausencia de planificación presupuestaria. Desde 2023, el Gobierno mantiene prorrogados los Presupuestos y tampoco ha presentado un plan presupuestario, documentos que la presidenta considera fundamentales para organizar la política fiscal y facilitar el debate parlamentario. A esta situación se añade la falta de una senda de estabilidad y las sucesivas modificaciones presupuestarias, que dificultan el análisis de las cuentas públicas. El aumento previsto del déficit se produce a pesar de la mejora de los ingresos y responde, principalmente, a las medidas temporales aprobadas en los últimos meses para hacer frente a la crisis energética. El Gobierno cifra su coste en unos 12.000 millones de euros, mientras que la Airef calcula que elevarán el déficit en alrededor de 9.000 millones. También influyen los efectos de los desastres climáticos y la emergencia migratoria en Ceuta. Sin el impacto de estas medidas de protección, el déficit se reduciría al 1,9% del PIB. A estas partidas se suman otras presiones de carácter estructural, como el gasto en pensiones y defensa y el encarecimiento de los intereses de la deuda. Aunque la retirada de las medidas temporales permitiría reducir el déficit al 2,6% el próximo año, a partir de 2028 volvería a situarse cerca del 3%. En cuanto a la deuda pública, la Airef prevé que continúe descendiendo gracias al dinamismo de la actividad económica. El organismo ha revisado una décima al alza sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027, hasta el 2,6% y el 2,2%, respectivamente. Esta mejora responde al comportamiento más favorable de los indicadores económicos durante el último trimestre, especialmente de la demanda interna. El consumo de los hogares está impulsando esta evolución, apoyado en un mercado laboral que también se ha visto favorecido por el aumento de la población. Sin embargo, la fortaleza de la economía coincide con una aceleración de los precios. La inflación alcanzó el 4,9% en octubre, pese a las medidas adoptadas para contener el encarecimiento de la energía. De cara a los próximos años, la Airef anticipa una moderación progresiva del crecimiento, que se situaría en el 1,7% tanto en 2030 como en 2031. Esta desaceleración se producirá en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y las incertidumbres de los mercados financieros, especialmente las relacionadas con las elevadas inversiones en tecnología. Olóndriz ha advertido de que será necesario seguir de cerca la evolución de ambos factores.

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(El Economista, 05-11-2026)

La patronal iberoamericana presiona a los países para que bajen la presión fiscal

Las organizaciones empresariales iberoamericanas aprovecharon el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano para reclamar a los gobiernos de la región una reducción de la presión fiscal sobre las empresas, con el propósito de reforzar su competitividad. Durante la jornada se aprobaron dos documentos: una declaración conjunta dirigida a los responsables políticos, con sus principales reivindicaciones, y otra declaración empresarial que recoge diez compromisos del sector privado para impulsar el desarrollo de Iberoamérica. En la Declaración de Madrid, correspondiente a la XXXIV Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, las patronales solicitan a los gobiernos que impulsen iniciativas de colaboración para elaborar, a partir de datos e indicadores homogéneos, un cuadro regional de competitividad. Este instrumento permitiría comparar y evaluar factores determinantes para la actividad empresarial, como la fiscalidad, la regulación, el coste y el acceso a la financiación, las infraestructuras, la logística, la energía, la productividad, la innovación y la agilización de los trámites aduaneros. La seguridad jurídica ocupa también un lugar prioritario entre las demandas empresariales. Las organizaciones reclaman a los gobiernos que establezcan marcos normativos transparentes, estables y aplicados con criterios de imparcialidad. Asimismo, consideran imprescindible reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, ya que la incertidumbre jurídica dificulta las decisiones de inversión y la generación de empleo formal, dos elementos fundamentales para sostener el crecimiento económico y las políticas sociales. En este contexto, las patronales advierten de que la corrupción, la delincuencia organizada y la inseguridad perjudican la confianza empresarial, desincentivan las inversiones y aumentan los costes de las compañías. También reivindican un mayor reconocimiento institucional del sector privado y garantías para preservar su autonomía, la libertad de asociación y su capacidad para expresar críticas y proponer alternativas a las políticas públicas. Otra de las cuestiones destacadas es la elevada informalidad laboral, un problema estructural que continúa afectando a buena parte de los países iberoamericanos. Para combatirla, los empresarios proponen alcanzar acuerdos nacionales que reduzcan las cargas administrativas y los costes regulatorios. También plantean que cualquier nueva disposición en materia laboral vaya acompañada de una evaluación previa de sus posibles efectos sobre la productividad y el empleo. Por otra parte, el presidente de la CEOE y hasta ahora presidente pro tempore del Consejo Empresarial Iberoamericano (CEIB), Antonio Garamendi, presentó durante la clausura el documento titulado Declaración empresarial por el futuro de Iberoamérica, que recoge diez compromisos del tejido empresarial con la región. Entre sus principales objetivos figuran profundizar en la integración económica iberoamericana, estimular la inversión productiva y los intercambios comerciales entre países, facilitar la expansión internacional de las empresas y favorecer la creación de empleo formal y de calidad. Para avanzar en estas prioridades, las organizaciones consideran necesario disponer de instituciones estables, seguridad jurídica, procedimientos administrativos más sencillos y un marco regulatorio previsible que proporcione confianza a los operadores económicos. Asimismo, reclaman que la representación empresarial tenga una participación permanente en las Cumbres Iberoamericanas y que se establezcan mecanismos de seguimiento que permitan comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados. En el acto de clausura, el rey Felipe VI también destacó la importancia de preservar la confianza como uno de los principales activos para afrontar un contexto internacional marcado por la incertidumbre. El monarca advirtió de que, aunque constituye un elemento esencial para las relaciones económicas e institucionales, también es especialmente vulnerable y puede deteriorarse con facilidad. Asimismo, defendió la necesidad de estrechar las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe y felicitó a los participantes por los compromisos alcanzados durante el encuentro. No obstante, insistió en que su importancia dependerá de su aplicación efectiva y no de su formulación sobre el papel, subrayando que los acuerdos deben servir como verdadero punto de partida para actuaciones concretas y no como una meta en sí mismos.

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