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(Cinco Días, 24-02-2026)

Economía relanzará el producto que permite ahorrar 5.000 euros al año y no tributar por sus ganancias

El Gobierno planea recuperar un instrumento financiero creado en 2014 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para canalizar ahorro hacia proyectos empresariales europeos bajo la marca Finance Europe. Se trata de los Sialp (seguros individuales de ahorro a largo plazo), un producto asegurador que permite a los particulares invertir hasta 5.000 euros anuales con ventajas fiscales: las ganancias quedan exentas de tributación si el dinero se mantiene al menos cinco años. Pese a estos incentivos, nunca logró consolidarse y actualmente apenas suma 3.600 millones de euros en patrimonio. La etiqueta Finance Europe fue presentada en junio de 2025 por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal y Estonia. Su finalidad es movilizar parte del ahorro que los ciudadanos de la UE mantienen en depósitos y cuentas corrientes hacia inversiones productivas dentro del territorio comunitario. Desde el Ministerio de Economía reconocen que siguen analizando qué vehículos pueden integrarse bajo este sello, aunque distintas fuentes financieras apuntan a que el plan pasa por adaptar los Sialp mediante una reforma limitada del IRPF. Confían, además, en que los cambios puedan aprobarse gracias al respaldo de varios partidos del centro y la derecha. El distintivo europeo exige que al menos el 70% del capital se invierta en Europa, un plazo mínimo de cinco años y una orientación clara hacia la financiación empresarial, especialmente en capital. También contempla incentivos fiscales para fomentar su atractivo. Según responsables del sector, Economía pretende modificar la normativa de los Sialp -conocidos también como planes Ahorro 5- para ajustarlos a estos requisitos. En la regulación actual, las aseguradoras deben garantizar como mínimo el 85% del capital invertido. Un borrador normativo plantea reducir o incluso eliminar ese porcentaje garantizado, lo que permitiría destinar una mayor parte del dinero a Bolsa. De esta forma, se cumpliría una de las condiciones clave de Finance Europe: que no exista una garantía permanente del capital, favoreciendo así la inversión productiva. El texto también prevé que una parte sustancial del patrimonio se canalice hacia activos estratégicos del Espacio Económico Europeo, aunque deja un plazo de doce meses para concretar los criterios de inversión y los activos elegibles. Este producto ya cumple dos de los principios exigidos por la etiqueta europea: el compromiso de permanencia mínima de cinco años y la exención fiscal de los rendimientos si se respeta ese plazo. Aunque el límite actual de aportación es de 5.000 euros anuales, el sector asegurador aspira a que se eleve hasta 8.000. El potencial para atraer ahorro es significativo, pero el producto no tuvo éxito en el pasado debido a su baja rentabilidad y a la escasa promoción por parte de las entidades financieras. La obligación de garantizar la mayor parte del capital obligaba a invertir en activos conservadores, como deuda a corto plazo, lo que reducía el rendimiento. El planteamiento de Finance Europe es precisamente el contrario: redirigir el ahorro hacia la renta variable. Si desaparece la garantía y aumenta la exposición a Bolsa, el potencial de rentabilidad crecería notablemente. Se estima que existen alrededor de 10 billones de euros en instrumentos de escasa remuneración que podrían orientarse hacia activos más rentables y estratégicos para la UE. Jorge Ferrer, socio cofundador de finReg360, considera positivo fomentar el ahorro a largo plazo, aunque cree que tanto el marco actual como la reforma prevista deberían ser más ambiciosos si realmente se quiere impulsar la inversión. También destaca que aprovechar estructuras ya existentes, como los Sialp, para iniciativas como Finance Europe o la futura cuenta básica resulta una vía eficiente para acortar plazos y reducir costes. En cualquier caso, esta propuesta no sustituye a la cuenta única de ahorro e inversión promovida por la Comisión Europea, sino que la complementa. El Ministerio seguirá adelante con la tramitación de esa nueva figura, cuyo periodo de consultas ya se ha cerrado con aportaciones de bancos, fondos, neobancos y firmas de capital riesgo. La principal ventaja de los Sialp es su rápida adaptación, frente a la cuenta única, que debe desarrollarse desde cero.

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(El Economista, 24-02-2026)

La Hacienda autonómica de la Comunidad de Madrid pedirá perdón a los contribuyentes que le ganen en los tribunales

La Comunidad de Madrid está elaborando una ley que obligará a su Hacienda autonómica a pedir disculpas a los contribuyentes que ganen un litigio fiscal en los tribunales cuando una sentencia reconozca que se vulneraron sus derechos. Asimismo, la Administración deberá agradecer la colaboración prestada durante una inspección si finalmente el ciudadano no resulta regularizado ni sancionado. El Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso trabaja en el Anteproyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, que regulará las relaciones entre la Hacienda madrileña y los ciudadanos -tanto particulares como empresas- en materia tributaria. La iniciativa surge en un contexto de crecientes críticas hacia la Agencia Tributaria estatal por su supuesta presión recaudatoria, reflejada en los elevados ingresos fiscales de los últimos años. Incluso el despacho internacional Amsterdam & Partners ha denunciado al fisco español ante la OCDE y la ONU por presuntas prácticas persecutorias y por los incentivos que reciben los inspectores. A finales del pasado año también se creó la asociación "Movimiento de contribuyentes en acción", destinada a proteger los derechos de empresas, autónomos y particulares frente a la Administración tributaria. La norma madrileña contempla la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente -similar a la existente a nivel estatal- donde los ciudadanos podrán presentar quejas y sugerencias. Este organismo también tendrá capacidad para proponer mejoras en el sistema tributario autonómico y cambios normativos, y elaborará un informe anual con su actividad y recomendaciones. Además, el proyecto prevé la puesta en marcha de un órgano autonómico equivalente a una Dirección General de Tributos. Tanto empresas como particulares podrán plantearle consultas sobre cómo tributar en casos concretos y recibirán respuestas con carácter vinculante. La Comunidad de Madrid habilitará igualmente un portal digital específico para gestiones fiscales, donde los usuarios dispondrán de una "carpeta tributaria" para consultar el estado de sus expedientes, efectuar pagos y realizar trámites. También se reforzará la atención al contribuyente, tanto presencial como telemática, con asistencia para confeccionar autoliquidaciones, presentarlas o solicitar aplazamientos. Por otro lado, cuando un inmueble carezca de valor de referencia o no pueda certificarse por el Catastro, la Administración autonómica realizará una valoración previa para que los ciudadanos sepan de antemano cuánto deberán abonar por impuestos como Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones y Donaciones. La futura ley también obligará a simplificar el lenguaje administrativo en formularios y comunicaciones para hacerlo más comprensible. Según el Ejecutivo regional, el objetivo es fortalecer la posición de los contribuyentes, garantizar sus derechos y deberes, reducir cargas burocráticas y costes indirectos, y crear un clima de confianza que favorezca el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

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