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Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

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(Expansión, 21-04-2026)

Los impuestos consumen el 35% de renta de los hogares

La carga fiscal efectiva media en España se sitúa entre el 31% en el País Vasco y el 38% en Baleares. En términos generales, los impuestos y las cotizaciones sociales logran reducir la desigualdad en torno a un 32%, según estimaciones de Fedea. De media, los hogares destinan 35 euros de cada 100 de su renta bruta al pago de tributos, aunque esta cifra varía según la comunidad autónoma, debido tanto a las diferencias en la presión fiscal como al nivel de ingresos. Así, mientras en el País Vasco se pagan unos 31 euros por cada 100, en Baleares se alcanza los 38. En conjunto, el 40% de los contribuyentes con mayores ingresos aporta más de lo que recibe del sistema, mientras que el 60% restante obtiene un saldo positivo. Estas conclusiones forman parte de la décima edición del Observatorio sobre el reparto de impuestos y prestaciones entre los hogares españoles, elaborado por Fedea con datos de 2023. Durante ese año, la renta bruta media de los hogares creció un 8,2%, hasta situarse en 35.068 euros, impulsada, entre otros factores, por la subida de las pensiones, que aumentaron en la misma proporción. En general, las prestaciones monetarias crecieron un 6,4%. Por su parte, la recaudación fiscal aumentó un 6,7%, por debajo del incremento del 11% registrado en 2022. Esto permitió que el tipo medio efectivo del sistema se redujera ligeramente, hasta el 35% de la renta bruta media. Este porcentaje incluye los principales tributos: el IRPF (10,5%), el Impuesto sobre Sociedades (1,2%), el de Patrimonio (0,1%), las cotizaciones sociales -tanto del trabajador (3,9%) como de la empresa (13,3%)-, el IVA (4,62%), el ITPAJD (0,5%), los impuestos especiales (sobre alcohol, hidrocarburos, tabaco y electricidad) y el impuesto sobre primas de seguros (0,81%), además del IBI aplicado a la vivienda habitual (0,6%). Sin embargo, dentro de cada impuesto también existen diferencias relevantes según el nivel de ingresos. Por ejemplo, el IRPF apenas grava un 0,9% a los hogares con menor renta, aumentando progresivamente hasta el 15,7%. No obstante, pierde progresividad en el tramo más alto, ya que el 1% más rico paga un tipo medio del 10,9%, debido al mayor peso de los dividendos -que tributan menos que los salarios- en sus ingresos. Por territorios, Baleares presenta la mayor presión fiscal efectiva (38,1%), seguida de Cataluña (35,8%) y Madrid (35,6%). En el extremo opuesto se sitúan el País Vasco (31,5%), Canarias (32,8%) y Castilla y León (32,9%). En conjunto, la acción del sector público -sumando impuestos y prestaciones- reduce la desigualdad en la distribución de la renta de los hogares en un 31,9%. La mayor parte de este efecto redistributivo proviene de las prestaciones monetarias, como pensiones o subsidios de desempleo, que explican el 72,4% de la reducción. Las prestaciones en especie, como sanidad y educación, aportan un 23,8%, mientras que los impuestos contribuyen en menor medida, con un 3,7%. Según Fedea, si se incluyeran otros gastos públicos -como los destinados a servicios generales, defensa, seguridad, medio ambiente o protección social-, la reducción total de la desigualdad podría alcanzar el 41%.

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(Expansión, 21-04-2026)

Bruselas planteará reducir el IVA de las calderas y los paneles solares

La Comisión Europea promoverá medidas como el teletrabajo y las ayudas al transporte público con el objetivo de reducir el uso de combustibles fósiles, en un contexto en el que los países europeos sufren las consecuencias del encarecimiento de la energía provocado por el conflicto en Oriente Próximo. De acuerdo con un documento al que ha accedido Financial Times, Bruselas planteará a los Estados miembros un conjunto de iniciativas orientadas a disminuir la demanda energética, aumentar la eficiencia y acelerar la transición hacia fuentes limpias. El propósito es ofrecer un alivio inmediato frente a los altos costes de la energía. Estas propuestas se inspiran en las acciones adoptadas durante la anterior crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania, y forman parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar el uso de energías renovables. Entre las recomendaciones, se plantea que las empresas faciliten al menos un día de teletrabajo a la semana cuando sea viable. También se sugiere incrementar las ayudas al transporte público y rebajar el IVA de tecnologías como bombas de calor, calderas o paneles solares. Asimismo, Bruselas prevé fijar objetivos ambiciosos de electrificación, aún pendientes de concretar, y apoyar a los países en el desarrollo de programas de acceso asequible a tecnologías limpias, como vehículos eléctricos, baterías domésticas o sistemas de calefacción eficientes. Varios responsables europeos han subrayado que estas medidas no son obligatorias, sino orientativas. Según uno de ellos, si se produce escasez energética, es importante informar a la ciudadanía sobre cómo puede reducir su consumo, sin intervenir en exceso en su vida cotidiana. Las recomendaciones para disminuir el consumo de petróleo y gas se integran en un plan más amplio para hacer frente al aumento de los precios energéticos, que incluye la electrificación del sistema y una mayor coordinación en la compra de combustibles fósiles. Otras iniciativas, como soluciones a la falta de combustible para la aviación, todavía están en fase de desarrollo. Aunque el documento no es vinculante, la Comisión prevé presentar dos propuestas legislativas para abaratar costes. Entre ellas, se contemplan cambios en las normas del mercado eléctrico para reducir el precio del transporte de la electricidad, lo que implicaría supervisar la rentabilidad de los operadores de red y revisar las tarifas aplicadas a sectores industriales intensivos en energía. También se propone modificar una directiva para garantizar que la electricidad tenga una carga fiscal inferior a la de los combustibles fósiles. Aunque una versión más ambiciosa de esta medida fue descartada en 2025, las autoridades confían en que la actual crisis reactive el debate. El documento señala además que los países podrán aplicar, si lo consideran oportuno, un tipo impositivo cero sobre la electricidad consumida por industrias con alta demanda energética. Por último, la Comisión ofrecerá apoyo a los Estados para diseñar mecanismos de control de precios y ayudas a los ingresos, así como para evaluar posibles impuestos extraordinarios a nivel nacional, sin llegar a proponer un gravamen común en toda la Unión Europea, como solicitaban algunos gobiernos.

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