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(Expansión, 23-04-2026)

La OCDE allana el camino para que la Seguridad Social incentive la vuelta del trabajador de baja

El informe elaborado por los expertos de la OCDE y remitido al Gobierno, que incluye una comparación internacional de los sistemas de gestión de la incapacidad temporal, podría servir de apoyo a una de las iniciativas que el Ministerio de Seguridad Social ha estado desarrollando en los últimos meses: la introducción de las llamadas altas progresivas. Aunque esta idea comenzó a debatirse públicamente hace algo más de un año, fuentes del diálogo social indican que el departamento liderado por la ministra Elma Saiz mantiene su intención de impulsarla, pese a la falta de respaldo tanto de organizaciones empresariales como de sindicatos. A raíz de las advertencias de la OCDE -recogidas en un informe difundido por EXPANSIÓN- sobre el notable incremento del absentismo y las deficiencias en su gestión en comparación con otros países, el Ejecutivo podría encontrar en este análisis posibles líneas de actuación. El problema tiene un elevado coste: alrededor de 18.000 millones de euros en prestaciones por incapacidad temporal para las arcas públicas y unos 16.000 millones adicionales para las empresas. Según el estudio, en España existe una carencia de incentivos que favorezcan el regreso de los trabajadores a sus puestos tras una baja, algo que sí se observa en otros países. La OCDE considera que, aunque el sistema español es relativamente generoso -tanto por las prestaciones como por los complementos salariales que a menudo aportan las empresas-, no incorpora mecanismos que motiven al empleado a reincorporarse ni al empleador a facilitar ese retorno. Por ello, los expertos recomiendan fijarse en países que combinan sistemas de protección similares con incentivos eficaces, estructuras de gobernanza adecuadas y prácticas orientadas a promover la vuelta al trabajo. A partir del análisis de cinco países (Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suecia), la OCDE identifica medidas que han dado buenos resultados y que podrían adaptarse al caso español para frenar el aumento de las bajas. Entre ellas destaca la incapacidad temporal parcial, aplicada en países como Suecia y Bélgica, que permite reducir la jornada (por ejemplo, al 25%, 50% o 75%) para que el trabajador mantenga cierta actividad laboral mientras percibe la parte proporcional de la prestación. En Alemania y Austria se utiliza un modelo de reincorporación gradual en el que el trabajador, aunque sigue de baja, comienza con pocas horas de trabajo que se incrementan progresivamente según un plan médico. Como durante este periodo el salario lo cubre el seguro y no la empresa, se incentiva que el empleador acepte la reincorporación. En Austria, de hecho, el 75% de quienes participan en este sistema continúan empleados cinco años después. Además, Alemania obliga a las empresas a aplicar un proceso de integración laboral (OIM) cuando un empleado acumula seis semanas de baja en un año, lo que implica adaptar el puesto de trabajo -por ejemplo, mediante cambios de horario o mejoras ergonómicas- antes de que la situación empeore. En materia de control, Suecia establece revisiones obligatorias: a los 90 días se analiza la capacidad del trabajador para su empleo habitual y a los 180 días se valora si podría desempeñar cualquier otro trabajo. Por su parte, los Países Bajos imponen a las empresas la obligación de documentar todo el proceso de reincorporación, con sanciones económicas -como asumir un tercer año de baja- si no se demuestra un esfuerzo suficiente, lo que refuerza la implicación empresarial. El informe también destaca la existencia de figuras de apoyo en países como Suecia y Austria, que actúan como intermediarios entre el sistema sanitario, la empresa y la Administración, reduciendo trámites y facilitando la reincorporación. Asimismo, se proponen programas preventivos como los de Bélgica para tratar problemas como el dolor lumbar o el burnout desde sus primeras fases, mediante fisioterapia y apoyo psicológico intensivo, evitando así bajas prolongadas. En cuanto a las bajas de larga duración (más de 180 días), la Seguridad Social plantea aplicar un sistema de reincorporación progresiva una vez que el trabajador haya sido dado de alta médica. Este proceso tendría una duración máxima de 30 días y se aplicaría tanto a empleados a jornada completa como a aquellos a tiempo parcial con una dedicación superior al 80%. Durante este periodo, el trabajador desempeñaría la mitad de su jornada habitual, percibiendo el salario correspondiente a ese tiempo trabajado y una prestación equivalente al 50% por la parte de jornada no realizada.

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(El País, 23-04-2026)

Bruselas renuncia a recomendar el teletrabajo obligatorio en su lista de medidas contra la crisis energética

La Comisión Europea ha decidido finalmente no incluir la recomendación de imponer un día obligatorio de teletrabajo a la semana como medida para ahorrar energía dentro de su paquete de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo. Aunque esta propuesta aparecía en los primeros borradores del documento, no figura en la versión definitiva aprobada por el colegio de comisarios. El texto, que la presidenta Ursula von der Leyen presentará este jueves ante los líderes europeos en el Consejo Europeo informal que se celebra en Chipre, sí contempla, en cambio, la flexibilización de las normas sobre ayudas de Estado y distintas iniciativas para fomentar el uso de la electricidad frente a los combustibles fósiles, entre ellas una reducción de su carga fiscal. Según cálculos del Ejecutivo comunitario, la crisis energética ha supuesto hasta ahora un sobrecoste de 24.000 millones de euros para los ciudadanos europeos. La idea de establecer un día de teletrabajo obligatorio se recogía en anexos de varios borradores previos -uno de ellos adelantado por EL PAÍS-, pero fue descartada en la fase final. Fuentes comunitarias explican que existían reticencias a imponer una medida de carácter obligatorio, además de dudas jurídicas sobre su aplicación y la dificultad de adaptarla a sectores económicos muy diversos. El paquete energético presentado tras más de un mes de trabajo se limita finalmente a una serie de recomendaciones y mecanismos de coordinación entre Estados miembros. La medida más relevante desde el punto de vista regulatorio es la flexibilización de las ayudas públicas, cuya implementación recaerá en la vicepresidenta Teresa Ribera. Esta iniciativa responde a los criterios marcados por Bruselas para afrontar la crisis: que las medidas sean oportunas, específicas y de carácter temporal. El documento también menciona los beneficios extraordinarios que están obteniendo algunas empresas energéticas debido al alza de precios. En este sentido, se señala que los Estados miembros pueden adoptar medidas sobre estos llamados "beneficios caídos del cielo" para garantizar la equidad social. Ribera ha mostrado su disposición a colaborar con los países que opten por este tipo de medidas. Sin embargo, la Comisión no ha propuesto un mecanismo común a nivel europeo, como ocurrió en 2022, pese a la petición de países como España, Alemania, Italia, Portugal y Austria. La propia vicepresidenta ha explicado que la creación de un impuesto común exigiría unanimidad, algo difícil de lograr dadas las diferentes posiciones entre los Estados. En defensa del paquete presentado, Ribera ha subrayado que su objetivo es reforzar la coordinación europea, proteger a los colectivos más vulnerables y acelerar la transición hacia energías limpias y la electrificación. Ha insistido en que no hay alternativa al Pacto Verde si se quiere garantizar la seguridad energética y la competitividad, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento del petróleo y otros combustibles fósiles. En la misma línea, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha advertido de que Europa afronta una nueva crisis vinculada a los combustibles fósiles, que debe servir como punto de inflexión para avanzar hacia una mayor autonomía energética basada en fuentes limpias. Tanto él como Ribera defienden mantener el rumbo del Pacto Verde pese al contexto geopolítico actual. Por su parte, Ursula von der Leyen ha reiterado en varias ocasiones desde el inicio del conflicto que esta situación evidencia la necesidad de apostar por fuentes energéticas que refuercen la independencia de Europa, destacando especialmente las energías renovables y la nuclear, ambas claves también para avanzar en la descarbonización de la economía.

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