(Expansión, 18-09-2026)
La quita de deuda encalla en el Congreso por las exigencias del independentismo
La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados acordó este miércoles ampliar durante una semana más el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. La norma incorpora la condonación de deuda aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado año y prevé que el Estado asuma más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica. Es la segunda ampliación del periodo de enmiendas, cuyo plazo inicial terminó la semana pasada. La nueva extensión llevará la fecha límite hasta el próximo martes, aunque existe la posibilidad de que vuelva a prolongarse. Fuentes parlamentarias señalan que, si la mayoría de los grupos solicita a la Mesa una nueva prórroga, esta podría aprobarse. Este procedimiento ya se ha empleado en otras ocasiones para mantener paralizada temporalmente la tramitación de determinadas iniciativas legislativas. El principal punto de fricción para que la condonación llegue al Pleno se encuentra en las conversaciones entre el PSOE y Junts, formación con la que el Gobierno acordó inicialmente esta medida. El partido reclama una compensación mayor, argumentando que la deuda de Cataluña ha seguido aumentando durante el último año. Cataluña sería la segunda comunidad autónoma más beneficiada por el mecanismo previsto, con una condonación de 17.104 millones de euros, solo por detrás de Andalucía, que recibiría 18.791 millones. De acuerdo con los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la cantidad asignada a Cataluña equivaldría prácticamente a la de las comunidades consideradas infrafinanciadas cuando se calcula en términos de deuda condonada por habitante, como ocurre con la Comunidad Valenciana o Murcia. Si se analiza la quita por habitante ajustado, Andalucía y la Comunidad Valenciana encabezarían la distribución, con 2.285 euros por persona, mientras que Cataluña se situaría prácticamente en el mismo nivel, con 2.284 euros. En el extremo contrario, Madrid registraría una condonación de 1.369 euros por habitante ajustado, una cifra similar a la de Galicia, Castilla y León, Cantabria o Asturias. La propuesta contempla en conjunto la condonación de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, una cantidad que deberá ser asumida por el Estado en un escenario marcado por un margen fiscal cada vez más reducido y por la progresiva finalización de los fondos europeos que han reforzado los ingresos públicos durante los últimos años. Las discrepancias sobre el reparto de la condonación vienen de lejos. Cuando Hacienda presentó su propuesta, el secretario general de Junts, Jordi Turull, cuestionó que a Cataluña se le aplicara una quita equivalente al 20% de su deuda mientras Andalucía alcanzaba prácticamente el 50%. Ahora, la formación añade a ese argumento el incremento de la deuda catalana para reclamar una revisión de la cantidad inicialmente prevista. Pese a sus exigencias, Junts no ha cerrado la puerta a respaldar la condonación, aunque la negociación podría quedar vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica. La consejera de Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, ya señaló semanas atrás que el Ejecutivo central tendría que realizar alguna concesión a la formación independentista para conseguir su respaldo al nuevo modelo. La posición de Junts vuelve a resultar determinante para la aprobación de la quita en el Congreso, después de que PP y Vox hayan confirmado su rechazo. La negociación se produce además mientras el Gobierno afronta otros asuntos de especial relevancia parlamentaria, entre ellos la reforma de la financiación autonómica y la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. La siguiente fecha clave será el miércoles 23 de septiembre. Ese día, la Comisión tendrá que decidir si vuelve a solicitar una ampliación de una semana del plazo de enmiendas o si, por el contrario, da por cerrado este trámite y remite al Pleno las propuestas que hayan presentado los grupos parlamentarios.
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