(Cinco Días, 21-09-2026)
El Gobierno abre la puerta a prorrogar el escudo anticrisis ante el repunte de la inflación
El Gobierno y los representantes de empresarios y sindicatos se han reunido este jueves para evaluar la evolución de la economía y abordar las medidas que podrían adoptarse una vez que finalice, el próximo 30 de septiembre, el actual escudo anticrisis puesto en marcha para amortiguar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. Ante un contexto que ha empeorado en los últimos meses, el Ejecutivo se ha mostrado partidario de mantener algún tipo de apoyo más allá de esa fecha, aunque todavía no ha definido si prolongará el paquete actual o diseñará nuevas medidas, ni tampoco cuál sería su alcance. Durante la reunión, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que el Ejecutivo trabajará en las actuaciones necesarias para seguir respaldando a las familias frente al incremento de los precios. También apuntó que se prestará una atención especial a las actividades que están sufriendo con mayor intensidad el encarecimiento de la energía, especialmente el transporte y el sector agroalimentario, debido al impacto que sus costes tienen sobre el conjunto de la cadena económica. El escenario de precios complica la situación. El petróleo se aproxima a los 100 dólares por barril en un contexto geopolítico que continúa prolongándose y extendiéndose a otras zonas. La inflación alcanzó en agosto el 4,3%, su nivel más elevado desde 2023, principalmente por el encarecimiento de los carburantes. Al mismo tiempo, el gas ha experimentado fuertes aumentos y comienza a repercutir en el precio de la electricidad, que desde el episodio de calor registrado en julio se mantiene en niveles superiores a los 100 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. En la reunión celebrada en el Ministerio de Economía participaron, junto a Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Por parte de las organizaciones empresariales y sindicales acudieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Los dos paquetes de ayudas aprobados hasta ahora, el primero en marzo y el segundo en julio, fueron concebidos inicialmente con una duración de tres meses, un formato que previsiblemente continuará debido a la dificultad de anticipar la evolución del escenario internacional. Yolanda Díaz trasladó durante el encuentro varias propuestas para hacer frente al aumento de los costes. Entre ellas figura la extensión de las medidas del anterior decreto que están próximas a expirar, junto con la creación de un impuesto temporal sobre el sector del refino, la limitación de los precios del alquiler y actuaciones dirigidas a preservar el poder adquisitivo y contener el coste de la cesta de la compra. También planteó recuperar un mecanismo similar a la excepción ibérica para proteger a los consumidores frente a incrementos extraordinarios del precio del gas. CC OO coincidió en reclamar medidas sobre los precios de la energía y los carburantes para limitar su impacto sobre la inflación y los hogares. Su secretario general, Unai Sordo, defendió igualmente la recuperación de la excepción ibérica y propuso una prestación de al menos 300 euros dirigida a las personas con ingresos inferiores a la media, una ayuda que, según sus planteamientos, podría llegar a unos 10 millones de beneficiarios. El sindicato también ha pedido a CEOE y Cepyme que participen en la negociación de un acuerdo estatal de convenios que contribuya a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sordo considera además necesario disponer de información procedente del Observatorio de Márgenes Empresariales para utilizarla como referencia en las negociaciones que posteriormente se desarrollen en cada sector y empresa. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó una revisión del salario mínimo interprofesional al considerar que la inflación ha reducido su poder adquisitivo. Según sus declaraciones, los precios han aumentado a un ritmo muy superior al incremento del 3,1% aplicado al salario mínimo a comienzos de año. Álvarez también defendió la aplicación de la reforma anunciada para evitar que las subidas del salario mínimo puedan quedar absorbidas o compensadas por otros conceptos salariales, de modo que el incremento llegue íntegramente a las nóminas. Las organizaciones empresariales también consideran necesario prolongar las medidas de apoyo debido al deterioro de las condiciones económicas. CEOE y Cepyme han planteado que las ayudas se orienten especialmente hacia los sectores y consumidores más expuestos al encarecimiento energético, con especial atención a las industrias electrointensivas y gasintensivas. Las patronales han reclamado además medidas sobre los costes estructurales de la energía, incluida la fiscalidad aplicada a la electricidad, el gas y los carburantes, así como un tratamiento específico para los combustibles renovables. El Ministerio de Economía mantiene el seguimiento de la evolución de la actividad y de los precios en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica. Durante la próxima semana están previstas nuevas reuniones con diferentes sectores económicos para actualizar el diagnóstico y determinar qué colectivos o actividades podrían necesitar medidas adicionales de apoyo. El primer paquete anticrisis aprobado en marzo incluía reducciones fiscales generalizadas sobre el IVA y sobre determinados impuestos vinculados a la electricidad, el gas y los carburantes, con un coste inicialmente estimado en unos 5.000 millones de euros. El segundo paquete, aprobado en julio cuando todavía existían expectativas de una mejora del escenario, mantuvo parte de las ayudas a los carburantes mediante una retirada gradual de los descuentos y supuso un coste aproximado de 1.800 millones. El margen presupuestario constituye uno de los principales condicionantes para decidir cómo prolongar las ayudas. Las instituciones europeas han mostrado reticencias ante las rebajas fiscales generalizadas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que el espacio fiscal disponible se encuentra prácticamente agotado, lo que limita la capacidad del Gobierno para aprobar nuevas medidas de amplio alcance.
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