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(Expansión, 18-07-2025)

La Audiencia Nacional eleva ante el Tribunal Constitucional el llamado "impuesto a las pérdidas" empresariales

La Audiencia Nacional ha puesto en entredicho la constitucionalidad de una medida adoptada por el Ministerio de Hacienda en 2016, mediante un decreto, que impide a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas derivadas de la venta de filiales. Esta decisión coincide con la imputación del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por su presunta implicación en una trama de favores a compañías del sector gasista a cambio de beneficios económicos (ver página siguiente). A la vez, se reabre el debate judicial sobre una de las muchas subidas de impuestos aprobadas por decreto durante el mandato de Mariano Rajoy. Según un auto al que ha accedido EXPANSIÓN, la Audiencia Nacional ha decidido remitir al Tribunal Constitucional el análisis de la conocida como "tasa a las pérdidas", que prohibía a las compañías descontar de su base imponible las pérdidas ocasionadas por la venta de sus participaciones en otras empresas. Esta norma fue introducida por Montoro en el Real Decreto-ley 3/2016, parte del cual ya fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2024, generando un desfase recaudatorio estimado en 5.000 millones de euros. En su fallo, el Tribunal consideró que los decretos-ley no son el instrumento adecuado para realizar cambios profundos en el Impuesto de Sociedades, por lo que anuló tres medidas concretas: la limitación a la compensación de bases imponibles negativas, las restricciones a la deducción por doble imposición y la obligación de incluir automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones deducidos anteriormente. Para paliar la pérdida de ingresos, el Gobierno reincorporó estas medidas en la reforma fiscal de finales del año pasado. Sin embargo, como la empresa que presentó el recurso inicial no se veía afectada por otras medidas del decreto, como el veto a deducir pérdidas por venta de filiales, los jueces no las evaluaron en su momento. La medida en cuestión reformó la Ley del Impuesto de Sociedades y, desde el 1 de enero de 2017, estableció que "no se integrarán en la base imponible las rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones en entidades". Con ello, se pretendía aumentar la recaudación del Estado limitando una ventaja fiscal importante para las empresas que se desprendieran de filiales con pérdidas. Sin embargo, ahora la sección segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha resuelto plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta disposición, alegando una posible infracción de los límites materiales para modificar aspectos esenciales del Impuesto de Sociedades (artículo 86.1 de la Constitución Española), así como una posible vulneración del principio de contribución según la capacidad económica (artículo 31.1). En otras palabras, vuelve a cuestionarse si el Gobierno puede alterar de forma sustancial este impuesto a través de un decreto-ley, reservado en teoría para situaciones de urgencia, y abre la posibilidad de que también se examine el contenido de la medida. "Es una excelente noticia, ya que corrobora las dudas de constitucionalidad que muchos de nuestros clientes tenían sobre la prohibición de deducir las pérdidas por la venta de filiales", afirma Jordi de Juan, abogado de Crowe y representante de la empresa que ha logrado que la Audiencia Nacional eleve el caso al Constitucional. De Juan se muestra confiado en que el Constitucional podría anular esta medida por razones de forma, como ya ocurrió con otras del mismo decreto. Sin embargo, la firma también aspira a que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, especialmente porque esta restricción se incluyó más adelante en una ley ordinaria, a partir de 2021. Aunque el auto de la Audiencia se centra en el posible defecto formal por el uso inadecuado del decreto-ley, Crowe tiene la intención de plantear ante el Tribunal Constitucional el debate de fondo: si es constitucional, desde la perspectiva del principio de capacidad económica, que se impida a las empresas deducir las pérdidas sufridas al deshacerse de participaciones en filiales, con independencia del instrumento legal utilizado para regularlo. "Ampliar el alcance de la cuestión de inconstitucionalidad no solo es procedente desde el punto de vista procesal, sino también muy oportuno", añade De Juan, recordando que desde 2021 esta medida restrictiva se incluyó en una ley ordinaria. Por tanto, si el Tribunal no se pronuncia también sobre el fondo, el debate podría continuar, incluso si se declara la inconstitucionalidad por razones formales. El abogado recuerda otros precedentes de medidas fiscales inicialmente anuladas por el Constitucional, como el aumento de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, que posteriormente fueron reincorporadas mediante leyes ordinarias.

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(Expansión, 18-07-2025)

La gran patronal censura el cupo catalán y la falta de negociación con todas las regiones

Ni por su contenido ni por la forma en que se ha alcanzado, la financiación especial acordada entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña convence al grueso del tejido empresarial español. Las principales organizaciones patronales critican duramente lo que consideran una decisión de tinte político, adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para asegurar el respaldo de partidos independentistas catalanes -en este caso, Esquerra Republicana-. Advierten, además, de los posibles efectos negativos que esta medida tendría tanto sobre la economía nacional como sobre los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas. Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden de las declaraciones recogidas por EXPANSIÓN de parte de los representantes de las principales patronales, tras conocerse el acuerdo que servirá como base para un nuevo modelo de financiación que el Gobierno pretende aplicar también al conjunto del país. Una de las críticas fundamentales se centra en la naturaleza bilateral del acuerdo. "Este no es un asunto que deba resolverse entre dos partes, sino que debe abordarse en conjunto por todas las comunidades autónomas", afirma Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien reclama una mesa de negociación multilateral para reformar el sistema de financiación autonómica. En la misma línea se manifiesta Lorenzo Amor, presidente de la organización de autónomos ATA, quien considera especialmente grave que las negociaciones se hayan llevado a cabo en secreto y sin contar con la participación del resto de regiones. Garamendi hace además un llamado al respeto por la Constitución, recordando que establece la igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia. "Un acuerdo de esta envergadura debería ser sometido a referéndum. Los ciudadanos merecen poder opinar", subraya, evocando el "espíritu de 1978", cuando se crearon los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Desde las organizaciones empresariales de ámbito estatal se alerta también de que esta financiación especial para Cataluña podría erosionar gravemente el principio de igualdad. "Un cambio de este tipo afecta al concepto mismo de Estado y al trato igualitario entre los españoles", advierte Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, que señala la ruptura del principio de solidaridad entre territorios. Amor coincide: "Rompe la igualdad y genera desequilibrios", mientras Garamendi recalca que "pluralidad no debe confundirse con privilegios". En lo económico, los empresarios destacan dos riesgos principales: por un lado, la inseguridad jurídica que podría derivarse de la aplicación de este modelo, con consecuencias negativas para la inversión y el crecimiento; y por otro, el posible recorte de la competencia fiscal entre comunidades autónomas. "Lo más preocupante es que se busque limitar la capacidad de algunas regiones para aliviar la presión fiscal sobre sus ciudadanos y aplicar impuestos más bajos", señala Amor. Respecto a la inseguridad jurídica, De Miguel señala que el nuevo modelo socava la solidaridad territorial y daña la imagen del país ante los inversores internacionales. Garamendi, por su parte, recuerda que la inseguridad normativa es ya una de las principales inquietudes del sector empresarial, agravada por otras iniciativas del Gobierno como la reducción de la jornada laboral o la baja calidad de la legislación aprobada. Desde el Consejo General de Economistas, su presidente, Miguel Ángel Vázquez Taín, expresa una postura de cautela ante la propuesta. "Si se particulariza demasiado, se pierde la visión general del sistema. Sin conocer aún los detalles del modelo, lo vemos con cierta preocupación. Habrá que esperar a su desarrollo para hacer un análisis más preciso, pero de momento predomina la inquietud", comenta. Finalmente, Amor remata la crítica apuntando directamente al trasfondo político del acuerdo: "El verdadero problema es el oportunismo. El Gobierno está débil y hay actores que lo están aprovechando para presionarlo. Sánchez está dispuesto a pactar lo que sea con tal de seguir unos meses más en el poder", concluye.

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