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(Cinco Días, 08-07-2025)

Bruselas desbloquea 24.137 millones de euros para España de los fondos europeos pero recorta 1.100 por el retraso en la reforma fiscal verde

España ha recibido este lunes un nuevo desembolso de 24.137 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation EU. Sin embargo, la cifra final ha sido inferior a la solicitada, ya que la Comisión Europea ha recortado alrededor de 1.100 millones de euros debido al incumplimiento de algunos compromisos de reforma asumidos por el Gobierno español. En concreto, Bruselas ha descontado 626 millones por no haber compensado adecuadamente a los funcionarios interinos, unos 460 millones por no haber implementado el incremento fiscal al diésel, y unos 40 millones relacionados con la digitalización de administraciones autonómicas y locales, según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Estos recortes forman parte del propio funcionamiento del mecanismo de los fondos europeos, los cuales están condicionados al cumplimiento de ciertos objetivos y reformas previamente pactadas. Para acceder a estas ayudas sin precedentes destinadas a la recuperación económica tras la pandemia, los países deben realizar inversiones y reformas estructurales. Bruselas mantiene una evaluación constante -tanto técnica como política- sobre el avance de estos compromisos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez solicitó el quinto tramo de fondos europeos en diciembre de 2024, a la espera de la validación por parte de Bruselas. Según la Comisión, la colaboración con las autoridades españolas ha sido estrecha, y finalmente se ha autorizado el desembolso más cuantioso hasta la fecha: unos 8.000 millones en subvenciones y unos 16.000 millones en forma de préstamos. El Ministerio de Hacienda confirmó que el desembolso bruto asciende a 24.137 millones de euros, correspondientes a la evaluación favorable de 41 objetivos y 28 hitos del plan de recuperación. La cifra neta, excluyendo anticipos ya recibidos, es de 22.926 millones, repartidos en 6.991 millones en subvenciones y 15.935 millones en préstamos, según detalló el departamento que encabeza María Jesús Montero. Aunque la reducción en el importe era previsible, no significa que el dinero perdido esté fuera de alcance de forma definitiva. De hecho, los fondos bloqueados quedan congelados y los Estados tienen hasta seis meses para corregir los incumplimientos y cumplir con los compromisos. Ya ha habido precedentes: en el caso del cuarto pago, se retuvieron 158 millones por no haber implementado completamente el programa de los "agentes del cambio", que finalmente se ha validado ahora, desbloqueando esos fondos. Uno de los incumplimientos más destacados ha sido la falta de compensación adecuada a los funcionarios interinos, lo que deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que determinó que la reforma adoptada por España era insuficiente. Aunque inicialmente se consideró cumplido el objetivo y se desembolsaron los fondos, la Comisión ha tenido que corregir su posición y suspender esa parte del pago en los tramos siguientes. El segundo incumplimiento es la no equiparación tributaria entre el diésel y la gasolina. Esta medida, incluida en varias versiones del plan de recuperación y en el marco de la consolidación fiscal, no ha podido salir adelante por falta de apoyos parlamentarios. Ya fue rechazada en los Presupuestos de 2021, en parte por la negativa del PNV, y volvió a fracasar en diciembre pasado cuando se intentó incluir en un nuevo paquete fiscal. Respecto al hito sobre digitalización de entidades locales y regionales, Hacienda asegura que en su mayoría está cumplido, aunque la Comisión ha pedido más tiempo para completar su evaluación. Durante las negociaciones sobre este quinto tramo, también surgieron tensiones en torno a la reforma de las pensiones. Bruselas cuestionó la metodología establecida por el Gobierno para que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) analizara la sostenibilidad del sistema. Esto hizo que la Comisión considerara invalidar la reforma, aunque finalmente España se comprometió a rehacer ese análisis, y el buen comportamiento económico previsto sugiere que no será necesario aplicar ajustes significativos. Con este nuevo desembolso, España ha recibido ya alrededor de 55.000 millones de euros en subvenciones, lo que representa cerca del 70% del total previsto, situándose a la cabeza de Europa, por delante de Italia y Francia. A esta cifra se suman los 16.000 millones en préstamos, alcanzando en total los 71.000 millones, aún lejos de los 163.014 millones que le corresponden en total.

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(El Confidencial, 08-07-2025)

La Generalitat recaudará la totalidad del IRPF en Cataluña

El acuerdo que se presentará el próximo 14 de julio en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat incluirá una propuesta clave relacionada con la financiación autonómica, según han confirmado fuentes políticas involucradas en las negociaciones. Como parte del pacto, está previsto que en septiembre se registre en el Congreso una nueva proposición de ley que permita a la Generalitat asumir la gestión de la recaudación del IRPF. En 2024, este impuesto generó 129.400 millones de euros para el conjunto del Estado, de los cuales 24.852 millones procedían de Cataluña, según datos de la Agencia Tributaria. Aunque aún se están ultimando algunos detalles, el núcleo del acuerdo será un calendario político para impulsar una nueva legislación que habilite a Cataluña a ejercer esta competencia. No obstante, la ley contemplará que esta posibilidad se extienda también a otras comunidades autónomas que lo soliciten, como vía para reforzar su capacidad recaudatoria. Ahora bien, el hecho de que la Generalitat gestione estos fondos no implica que pueda quedarse con el total recaudado. En la actualidad, Cataluña, al igual que las demás comunidades de régimen común, recibe el 50% de la liquidación neta del IRPF. Por esta razón, el acuerdo global sobre el nuevo modelo de financiación no se cerrará completamente el 14 de julio. Quedará para una fase posterior la definición de cuánto dinero adicional aportará el Estado a las comunidades autónomas, con el fin de compensar el aumento del gasto social acumulado durante los años en los que el sistema ha estado desactualizado. También se aplazará la discusión sobre los criterios para distribuir esos fondos entre las distintas autonomías. Lo que sí está pactado ya es el inicio de la tramitación parlamentaria de una proposición de ley en septiembre. Esta incluirá reformas en tres normas clave: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece el marco general; la Ley de Financiación Autonómica, que regula aspectos como la cesión de tributos y los fondos de nivelación; y la Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas. El compromiso es que esta nueva legislación quede aprobada antes del 31 de diciembre de este año, según han explicado fuentes de la Generalitat implicadas en los acuerdos. Desde la Conselleria de Economía, por el momento, han preferido no hacer declaraciones. Los principales interlocutores en este acuerdo han sido Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda y persona de máxima confianza de la ministra María Jesús Montero; Alicia Romero, consellera de Economía; y Lluís Salvadó, secretario general adjunto de ERC y figura cercana a Oriol Junqueras. También ha tenido un papel relevante el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, mano derecha del president Salvador Illa, especialmente en la coordinación entre la Generalitat y ERC. Los republicanos han estado informados en todo momento de la evolución de la propuesta y le han dado su respaldo. De hecho, varias de las reuniones más importantes entre Romero y Salvadó se han celebrado en el despacho de Dalmau en el Palau de la Generalitat, según indican fuentes próximas al proceso negociador. Cabe destacar que ha sido ERC el motor principal de este pacto. Cuando hace unas semanas la ministra María Jesús Montero decidió pausar las conversaciones por temor a una respuesta negativa del PP -que ya había mostrado su oposición durante la reciente cumbre de presidentes en Barcelona-, fue ERC quien insistió con más fuerza en reactivar el diálogo y retomar las negociaciones. El mayor problema de un pacto como este es técnico. Con solo 830 trabajadores, de los cuales apenas una decena son inspectores de Hacienda, la Agencia Tributaria de Cataluña de la Generalitat no puede asumir la recaudación del IRPF de 2025, que tendría que arrancar en la primavera del año que viene. La nueva ley tendrá que instrumentar el modo en que este ente se coordina con la Agencia Tributaria central para irse haciendo cargo de manera progresiva con la gestión de un impuesto tan complejo como el IRPF. Algo que sería equivalente a, por ejemplo, el despliegue de los Mossos, y que puede tardar cinco o seis años, hasta que esta nueva competencia pueda ejercerse de manera plena.

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