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Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

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(Expansión, 12-12-2025)

Los autónomos podrán seguir tributando en módulos en 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden del Ministerio de Hacienda que amplía, por al menos un año más, la aplicación del sistema de estimación objetiva -conocido como módulos- y del régimen simplificado del IVA para autónomos de distintos sectores, especialmente hostelería, comercio, transporte y agricultura. La norma, que estuvo recientemente en consulta pública, también mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento neto que actualmente beneficia a unos 1,1 millones de trabajadores por cuenta propia en España: 352.000 de actividades no agrícolas y 772.000 del ámbito agrario, según datos de la Agencia Tributaria. El sistema de módulos consiste en pagar una cuota fija en las declaraciones trimestrales de IRPF e IVA, en lugar de tributar según el beneficio real obtenido (ingresos menos gastos). Para muchos autónomos supone un alivio fiscal, ya que suelen abonar menos impuestos durante el año, aunque Hacienda ajusta después las cifras en la declaración anual de la Renta o en la última liquidación trimestral del IVA, presentada en enero. Si un autónomo considera que este régimen ya no le resulta ventajoso, puede renunciar a él antes del 31 de diciembre y pasar al sistema de estimación directa, tributando así según los beneficios reales de cada trimestre. Sin embargo, la orden ministerial publicada en el BOE no aclara si se prolongarán los límites de facturación que permiten acogerse a los módulos -125.000 o 250.000 euros, según se facture a empresas o a particulares-. Desde ATA recuerdan que esta decisión debe aprobarse en el Congreso mediante un real decreto antes de que concluya el primer trimestre. El año pasado, esta ampliación salió adelante en el último momento, tras un rechazo inicial al decreto ómnibus de enero. De no renovarse, los límites regresarían a los establecidos en 2015: 75.000 euros para actividades con obligación de emitir factura y 150.000 euros para el resto, salvo en agricultura, ganadería y forestal, donde se mantendrían los 250.000 euros. Fuentes del Ministerio de Hacienda, consultadas por EXPANSIÓN, no garantizan la continuidad de estos topes, aunque admiten que la intención del departamento dirigido por María Jesús Montero es prorrogarlos vía real decreto. Con esta nueva prórroga de los módulos, el Gobierno aplaza también la implantación de un régimen de IVA franquiciado para autónomos, pese a que es una exigencia de la normativa europea y que España es el único país de la UE que aún no ha incorporado. Los expertos consideran que esta situación coloca en desventaja a los autónomos españoles frente a sus homólogos europeos.

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(Expansión, 12-12-2025)

El Congreso convalida la prórroga de Verifactu hasta 2027

El Congreso de los Diputados ha aprobado el decreto con las concesiones a Junts que el Consejo de Ministros validó la semana pasada, y que contempla, entre otros puntos, ampliar un año el plazo para la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria. La Cámara Baja dio este jueves su visto bueno a la norma impulsada por el Ejecutivo para recuperar el respaldo de Junts. Entre las medidas incluidas destaca la prórroga de doce meses para que empresas y profesionales estén obligados a implantar Verifactu, el nuevo sistema de control de facturación. Con esta convalidación se fijan oficialmente las nuevas fechas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Antifraude, que incorpora importantes cambios para todas las compañías y autónomos que utilicen programas informáticos de facturación, con el fin de reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Las empresas deberán adaptar sus sistemas antes del 1 de enero de 2027, mientras que los trabajadores por cuenta propia dispondrán de un margen adicional de seis meses, hasta el 1 de julio de ese mismo año. Se trata de la segunda ampliación de plazos aprobada por el Ejecutivo -la primera se acordó en abril-, ya que la entrada en vigor estaba inicialmente prevista para junio. Con esta nueva prórroga, el Ministerio de Hacienda aproxima la aplicación de la Ley Antifraude a la futura obligatoriedad de la factura electrónica, cuyo calendario sigue sin concretarse. Cuando se publique la orden correspondiente, las compañías con una facturación superior a ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse, y las de ingresos inferiores, dos. El anuncio de esta extensión ha provocado opiniones encontradas en el ámbito empresarial. Aunque inicialmente fue bien recibida por Pimec y por la asociación de autónomos ATA, numerosas entidades han mostrado su rechazo, al considerar que responde a intereses políticos y perjudica a quienes ya habían dedicado tiempo y recursos a adaptarse a las exigencias de Verifactu. Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), explicaba recientemente que muchas empresas han tenido que priorizar la adaptación a Verifactu por encima de otros proyectos esenciales debido a la falta de tiempo y presupuesto. En la misma línea, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) subrayó que introducir cambios de tal envergadura a última hora mina la confianza en la estabilidad normativa y crea incertidumbre sobre la planificación fiscal. En un contexto económico complejo -advirtieron- la seguridad jurídica es fundamental. Las críticas también se han dejado sentir dentro del propio Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado expresó su "preocupación" por una modificación aprobada "sin el necesario contraste técnico previo", y a escasos días de la fecha que muchas empresas daban por definitiva, el 1 de enero, después de una prórroga previa de seis meses. Asimismo, Javier Hurtado, inspector adjunto en la Oficina Nacional de Control del Fraude y uno de los principales responsables del desarrollo de Verifactu, admitió haber recibido la noticia con "gran desconcierto" tras más de cuatro años de trabajo, y pidió disculpas a empresas, desarrolladores y despachos que habían confiado en que los plazos anunciados se cumplirían.

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