(La Vanguardia, 03-09-2025)
El Gobierno aprueba la quita de deuda de 83.252 millones de deuda de quince autonomías
El Gobierno ha arrancado el nuevo curso político con un gesto de gran impacto y cargado de simbolismo. En el segundo Consejo de Ministros tras el verano se aprobó el anteproyecto de ley para la condonación parcial de la deuda autonómica, una medida de gran alcance con la que el Ejecutivo busca reforzar la alianza con sus socios catalanes, reagrupar a los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez de cara a la negociación presupuestaria y, al mismo tiempo, poner en aprietos al principal partido de la oposición. Tras los trámites habituales y la emisión de los informes pertinentes, el texto regresará al Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso de los Diputados. El plan prevé perdonar en torno a 85.000 millones de euros de deuda y está dirigido a todas las comunidades de régimen común -todas salvo País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema fiscal propio-. Entre las más favorecidas estarían Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, aunque en el Partido Popular insisten en que sus gobiernos autonómicos no solicitarán esta ayuda. En La Moncloa, sin embargo, confían en que algunas regiones terminen sumándose, ya que no todas cuentan con margen financiero para rechazar un alivio que, aunque no soluciona el problema de fondo, sí reduce la presión. Antes de llegar a ese escenario, el Ejecutivo debe superar un trámite parlamentario complejo, en un Congreso muy fragmentado donde se da por hecho el rechazo frontal de la oposición y las dudas dentro del bloque que sostiene al Gobierno, con intereses a menudo divergentes. La propuesta tiene su origen en el acuerdo entre el PSOE y ERC para asegurar la investidura en otoño de 2023. En aquel pacto se contemplaba una quita para Cataluña, con la opción de ampliarla al resto de comunidades. Durante 2024 y comienzos de 2025, el Ministerio de Hacienda diseñó la fórmula, presentada oficialmente el 24 de febrero y validada después por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pese al rechazo de las autonomías gobernadas por el PP. El volumen total a perdonar asciende a 83.252 millones, lo que supone una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. El reparto es desigual: Andalucía sería la principal beneficiada (casi 19.000 millones), seguida de Cataluña (17.000 millones), la Comunidad Valenciana (11.200 millones) y Madrid (8.600 millones). En el otro extremo, La Rioja y Cantabria apenas recibirían 448 y 809 millones, respectivamente. La metodología diseñada por Hacienda consta de tres fases. La primera se centra en el sobreendeudamiento generado entre 2009 y 2013, en plena Gran Recesión, cuando el hundimiento de los ingresos obligó a las autonomías a financiarse en condiciones muy duras. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) permitió mantener servicios básicos, pero disparó la deuda. Entre 2009 y 2013, esta creció en más de 109.000 millones. Tras ajustar esa cifra con la evolución posterior, Hacienda calcula que unos 80.000 millones corresponden a endeudamiento "excesivo" y plantea condonar el 75% (unos 60.000 millones), distribuidos según la población ajustada. La segunda fase añade 11.514 millones extra para que ninguna región quede por debajo del 19% de condonación. La tercera fase introduce dos correctivos: 11.506 millones para compensar a las comunidades infrafinanciadas y 917 millones más para las que aumentaron el IRPF entre 2010 y 2022 como muestra de esfuerzo fiscal. Así se alcanza la cifra final de 83.252 millones. La deuda no desaparece, sino que pasa a ser asumida por el Estado, lo que sanea los balances regionales y mejora su acceso a los mercados. No obstante, organismos como la Autoridad Fiscal o Fedea han advertido de los riesgos de este tipo de medidas si no van acompañadas de una estrategia de sostenibilidad presupuestaria, ya que podrían incentivar comportamientos irresponsables al confiar en futuros rescates. La condonación será de carácter voluntario: cada comunidad decidirá si la acepta o no. Cataluña ya ha confirmado que lo hará, mientras que otras autonomías beneficiadas en términos absolutos, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, avanzan su rechazo al considerar la propuesta insuficiente y un simple "parche" a su problema estructural de infrafinanciación.
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