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(Cinco Días, 16-12-2020) | Sector

El Constitucional ampara a un abogado condenado por injuriar a un fiscal

El Tribunal Constitucional (TC) ha concedido el amparo a un letrado que fue condenado a una multa de 750 euros por injuriar al fiscal de una causa en la que ejercía la defensa. Según concluye el tribunal de garantías, el castigo fue excesivo. En el ámbito de su labor profesional, los defensores tienen un margen más amplio para criticar y, en estos casos, la respuesta penal debe ser excepcional. De esta forma, el fallo anula la sentencia de la Audiencia Provincial (AP) de Málaga que confirmó la condena al letrado, justificada, en su opinión, por incurrir en “descalificaciones” y “graves manifestaciones” que ponían en duda la “probidad y ética” del funcionario, desbordando los “límites aceptables a la crítica”. Según relata la resolución, el rifirrafe se produjo en el marco de una causa penal por simulación de un delito de hurto. En concreto, se acusaba al implicado de fingir el robo de una motocicleta para eludir su responsabilidad penal por otros hechos. El letrado se quejó de que no se hubiese admitido como prueba la aparición de distintas piezas de la moto en una página web de venta de segunda mano. El fiscal, por su parte, tildó de “fuera de lugar” e “impropios” los calificativos del abogado sobre la labor instructora de la magistrada. Asimismo, consideró “patético” el tono empleado por la defensa en el recurso. La sentencia “no sería tan injusta”, resumió, “cuando ha devenido firme”. El letrado contrarrestó calificando los comentarios del fiscal de “insidiosos y malintencionados”, y le reprochó su desinterés, acusándole de no haberse leído el recurso. En su escrito insinuaba que “posiblemente” se despistó al dedicar su tiempo a la lectura “del periódico y de alguna revista de contenido inconfesable”. Además, consideraba "simplista" el argumento sobre la justicia de la sentencia. De la misma forma se podía decir absurdamente, reaccionó, que holocausto del pueblo judío no habría sido tan injusto “porque algo habrían hecho”. El TC analiza las expresiones vertidas por el abogado y considera que, en su conjunto, no son merecedoras de una sanción penal. En este sentido, distingue un primer grupo de manifestaciones, como cuando se censura “el poco interés” del fiscal o se afirma que “no se ha leído el recurso”, en la que no aprecia insulto. Por más que resulte "sin duda rechazable y fuera de contexto" la referencia hecha al holocausto del pueblo judío en la segunda guerra mundial. Por el contrario, sí considera despreciativas, “y desde luego innecesarias”, otras expresiones, como los adjetivos “insidioso”, “malintencionado” y especialmente la referencia a la lectura por parte del fiscal de “alguna revista de contenido inconfesable”. Sin embargo, hay elementos que hacen pensar a los magistrados que la condena penal es desproporcionada. Entre ellos, "el carácter deliberadamente equívoco y ambiguo de las expresiones empleadas". En este sentido, a pesar de que "no es cuestionable que en la consideración social la afirmación de que un funcionario público se ocupa con la lectura de determinadas revistas conlleva connotaciones peyorativas" el actor se cuidó de especificar a qué clase de publicación en concreto se refería. Además, ningún tercero ajeno al proceso tuvo conocimiento de los escritos, y la pena de multa impuesta podía, en caso de impago de dos cuotas, ser sustituida por la de privación de libertad.

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(Expansión, 15-12-2020) | Sector

La Comisión de Ética del CGPJ pide moderación a los jueces que colaboran en medios de comunicación

La Comisión de Ética Judicial ha establecido que la intervención de los jueces y juezas en los medios de comunicación para explicar o comentar resoluciones judiciales debe guiarse por la prudencia y moderación a la que se refieren los Principios de Ética judicial, con el fin último de salvaguardar la imagen de neutralidad que debe proyectar el Poder Judicial. La Comisión es un órgano independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) compuesto por seis miembros de la Carrera Judicial -elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles- y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho. Hace estas consideraciones al analizar una consulta sobre la participación de los miembros de la Carrera Judicial en los medios de comunicación como "comentaristas" o "tertulianos" cuando el objeto de debate son resoluciones judiciales. Las cuestiones a la que se alude en la consulta afectan a varios principios éticos, siendo el principal el ejercicio moderado y prudente del derecho a la libertad de expresión por los jueces y juezas para salvaguardar su independencia y apariencia de imparcialidad y para mantener la confianza en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales, según informa la Comisión en un comunicado. También, el deber de asumir una actitud proactiva en favor de la transparencia y la función pedagógica de los integrantes de la Carrera Judicial mediante la explicación de la ley y los principios procesales, con los que el primero de los principios citados debe conjugarse. El dictamen parte de la premisa de que los jueces y juezas, como cualquier otro ciudadano, gozan del derecho a la libertad de expresión. Los límites al ejercicio de ese derecho vienen impuestos precisamente por su condición de miembros del Poder Judicial, circunstancia que les impone un "deber de autocontención, prudencia y moderación para no faltar a la lealtad debida al Poder al que sirven ni afectar a las exigencias derivadas de los principios de independencia integridad en el cumplimiento de sus funciones. La Comisión distingue dos situaciones diferentes, que se producen según los comentarios del juez o jueza se refieran a asuntos propios o a resoluciones dictadas por otros órganos judiciales. En el primero de los casos, el riesgo de afectar a la propia apariencia de imparcialidad es muy alto, por lo que resulta desaconsejable que un miembro de la Carrera Judicial emita comentarios u opiniones sobre sus propias resoluciones, máxime si la finalidad es responder o defenderse de críticas vertidas por terceros. En ese escenario, el deber de transparencia contenido en los Principios de Ética Judicial puede satisfacerse mediante la difusión a través de los gabinetes de prensa, sin que el juez se exponga a que se cuestionen su independencia y apariencia de imparcialidad y se menoscabe la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales, según la Comisión. Sólo cuando los asuntos propios ya estén definitivamente juzgados y hayan perdido actualidad, la participación del juez o jueza en programas con formato de documental encajaría más fácilmente en su función pedagógica, quedando minimizado el riesgo de perder su imagen de neutralidad. El segundo de los supuestos se da cuando el objeto de análisis son resoluciones dictadas por otros órganos judiciales. En este caso, la Comisión considera admisibles todos aquellos comentarios que ayudan a explicar, divulgar o contextualizar dichas decisiones judiciales, indicando cuáles son las normas procesales que entran en juego o informando sobre las exigencias de un Estado de Derecho y el funcionamiento de la Administración de Justicia. "Informar -señala el dictamen- es contribuir a una legítima y elogiable labor pedagógica alentada por la ética".

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(Cinco Días, 15-12-2020) | Sector

Ya hay más de 10.000 sentencias sobre el Covid

La crisis sanitaria por el Covid-19 ha tenido un impacto transversal en la economía y en la vida de los particulares, generando multitud de conflictos que han terminado judicializándose. Asuntos como los ERTE o los despidos por la crisis, la gestión de la pandemia, las sanciones impuestas por infringir la normativa aprobada para el estado de alarma o los procedimientos para declarar en concurso negocios arruinados en 2020, entre otros, inundan ya los tribunales españoles. Según las cifras de la base de datos La Ley Digital, de Wolters Kluwer, son ya 10.704 las sentencias y autos de todos los ámbitos jurisdiccionales que incluyen el término Covid. Además de los conflictos vinculados con la crisis sanitaria, hay que tener en cuenta que muchas de estas resoluciones recogen el impacto del decreto del primer estado de alarma (que paralizó los plazos procesales y redujo la actividad de los juzgados a cuestiones urgentes) así como del real decreto ley de medidas procesales y administrativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia. Esta última norma dictó la reapertura de los juzgados en el mes de junio y vino acompañada, por otro lado, de una batería de medidas para hacer frente al colapso judicial que se avecinaba. Para evitar disfunciones y proteger situaciones vulnerables, se consideró necesario dar prioridad a determinados asuntos, entre ellos, los procesos por despido. A pesar de que los ceses motivados por la pandemia fueron prohibidos por el Decreto Ley 9/2020, desde el 14 de marzo y hasta finales de junio, durante esos meses se produjo un incesante goteo de extinciones contractuales que, en numerosas ocasiones, han llegado a los tribunales y han dado lugar a sentencias contradictorias. Así, mientras que para algunos juzgados los ceses que se saltaron la prohibición resultaron ser simplemente improcedentes, para otros, sin embargo, fueron directamente nulos por contravenir la legislación vigente. Ahora tendrá que ser el Supremo el que unifique doctrina y establezca un criterio general para estos supuestos. También se ha generado una considerable controversia jurídica alrededor de los ERTE y, en concreto, sobre la posibilidad de que puedan transformarse en despidos colectivos (ERE) debido al recrudecimiento de la crisis. En este sentido, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias ha aclarado que el empresario que quiera hacer un recorte de plantilla tras suspender contratos o reducir jornadas deberá demostrar un empeoramiento efectivo de la situación económica del negocio. De lo contrario, el ERE será nulo de pleno derecho. En total, según consta en la base de datos de La Ley Digital, ya se han dictado al menos 1.866 resoluciones laborales que mencionan el coronavirus (17,43% del total). Un dato que sitúa al orden social como la tercera jurisdicción más activa en lo que va de pandemia. Son, en cambio, los tribunales civiles los que han resuelto más litigios en los últimos meses. Casi la mitad de las resoluciones, un total de 5.281, corresponden, según la base de datos, a pleitos de origen privado. Los problemas de ámbito familiar se cuelan entre las causas más conflictivas. Situaciones como la negativa de algunos progenitores a que los menores se trasladasen a casa de sus exparejas para pasar con ellas las horas o días asignados generaron tanto caos durante el confinamiento que tuvo que ponerse en marcha un procedimiento especial y rápido en el Decreto Ley 16/2020 para, entre otras cuestiones, compensar este tiempo perdido. Pero el tema estrella en el campo de los asuntos civiles, según los datos extraídos de laleydigital.es, han sido los problemas derivados del impago del alquiler. Especialmente en el caso de los locales de negocios. A finales de abril se publicó un decreto ley que les permitía solicitar un aplazamiento de pago, pero el casero solo venía obligado si era un “gran tenedor”. Por otro lado, los inquilinos han tratado de acogerse a la cláusula rebus sic stantibus para hacer valer el cambio radical e imprevisible de las circunstancias. Algunos jueces la han utilizado para ajustar la renta a la bajada de ventas o prohibir el desahucio de los locales cerrados por la crisis. Asimismo, los efectos de la pandemia han alcanzado de lleno a las empresas. Los juzgados de lo mercantil están preparándose para una previsible oleada de concursos de compañías arruinadas por el Covid. Hay que contar con que el Gobierno ha ampliado el plazo para presentar voluntariamente la solicitud de quiebra hasta el 14 de marzo. En el ámbito de la relación de los ciudadanos con las Administraciones, la mayoría de conflictos se han relacionado con el cuestionamiento o el incumplimiento de las medidas para frenar el virus. Se han impugnado casi todas las decisiones sobre la pandemia, incluido el decreto de alarma. Así lo demuestra el segundo lugar que ocupa esta jurisdicción en el ranking de resoluciones que mencionan el Covid. Las infracciones del confinamiento han dado lugar a una retahíla de sanciones, aunque algunas de estas multas han sido finalmente anuladas, como, por ejemplo, la de una mujer de Vigo que salió a comprar con su hijo, recién operado, en el mismo vehículo.

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(Expansión, 12-12-2020) | Sector

La Abogacía envía al Gobierno su decálogo para la protección de los derechos humanos en pandemia

El Consejo General de la Abogacía (CGAE) ha remitido a los poderes públicos -Gobierno, Casa Real, Cortes Generales, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas- un decálogo que ha elaborado para la protección de los Derechos Humanos en tiempos de pandemia con la intención de que lo tengan en cuenta a la hora de gestionar crisis sanitarias como la actual. Según explica la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, "los riesgos y daños que comportan las eventualidades pandémicas, como hemos podido comprobar, pueden afectar drásticamente a la agenda de las autoridades, exigiéndoles además algo tan complejo como recalcular el valor que cada derecho individual tiene en una nueva escala de valores del interés público". Por ello, y ante la perspectiva de que el número de enfermedades infecciosas pueda crecer en el futuro, la Abogacía ha considerado oportuno "ofrecer a las autoridades públicas una carta de navegación", estimando que "el marco de los Derechos Humanos es el punto de anclaje correcto para el complejo ejercicio político que implica la recolocación temporal de bienes jurídicos fundamentales en una grave pandemia". El decálogo analiza la regulación legal de la gestión de pandemias; la protección de grupos vulnerables como personas mayores, población penitenciaria o migrantes; el acceso a medicamentos y vacunas; las características del modelo sanitario; la aplicación de tecnología; el funcionamiento de la justicia; el mantenimiento de la actividad económica y empresarial; el derecho a la información y la libertad de expresión; y el enfoque sobre la seguridad nacional o la cooperación internacional y la protección del medio ambiente. En el ámbito normativo, recomienda elaborar una "ley de pandemias que permita realizar un enfoque integral y coordinado de las competencias y los poderes en el Estado autonómico, de tal manera que se logre una mayor eficiencia en la gestión". En este sentido, defiende que "la gestión de la pandemia debiera realizarse desde el principio de subsidiariedad", de modo que si afecta a varias comunidades o al conjunto del territorio sea el Estado quien asuma el liderazgo, explica Europa Press. Asimismo, sostiene que "la reacción a la pandemia debe basarse en criterios científico-técnicos, lo que exige crear un órgano técnico, que debiera estar regulado en la ley de pandemias, con independencia de que en las decisiones políticas se realice la debida ponderación de todos los intereses en presencia".

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(Expansión, 10-12-2020) | Sector

El comisario europeo de Justicia insta a "todos" los partidos a evitar politización del CGPJ

La Comisión también hará "un seguimiento" en torno al sistema de elección del fiscal general y a la regulación de las comunicaciones con el Ejecutivo que traiga el nuevo modelo procesal planteado por el Gobierno. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha instado a "todos" los partidos a "poner de su parte" y "participar" en las decisiones que conduzcan a evitar "cualquier tipo de influencia política" en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de una reforma o mediante su renovación. Consciente del actual "bloqueo" en la renovación del CGPJ tras dos años en funciones, el comisario belga ha llamado este miércoles a "todos los grupos" a "participar y diseñar juntos las posibles reformas" que huyan de politizaciones en el nombramiento de los miembros de un "organismo muy importante" en el sistema judicial. "A todos los partidos, a todos los grupos: es importante que ustedes participen en las decisiones", ha pedido Reynders durante la presentación del "Informe 2020 sobre el Estado de Derecho", en el que la situación del CGPJ figura como "un desafío" que la Comisión vigilará "de cerca". El comisario belga ha hecho este llamamiento ante el cruce de acusaciones entre el PP y los partidos que conforman el Gobierno (PSOE y Podemos) en un momento en el que el Ejecutivo asegura que el acuerdo con los "populares" para renovar el CGPJ está "hecho", mientras que la formación de Pablo Casado lo niega. Reynders ha admitido que es un asunto "muy politizado en España" y que es "una preocupación" para la Comisión; por eso, ha urgido a todos los partidos a resolverlo "quizá mediante una reforma o mediante el propio nombramiento" de lo vocales, y ha recordado que las reformas de los sistemas judiciales deben realizarse consultando a "todas las instancias interesadas, incluida la Comisión de Venecia". Aunque ha recordado que hay una nueva propuesta del PSOE y de Unidas Podemos que aboga por limitar las competencias del CGPJ estando en funciones, no ha querido abordarla dado que la Comisión solo evalúa la situación "una vez se adopten decisiones". Sin embargo, ha lanzado una advertencia: "Es muy importante que se evite cualquier tipo de influencia política en el nombramiento de los miembros", destaca Efe. La Comisión también hará "un seguimiento" en torno al sistema de elección del fiscal general y a la regulación de las comunicaciones con el Ejecutivo que traiga el nuevo modelo procesal planteado por el Gobierno, un asunto "capital en España y en todos los países". Aunque el informe señala que España ha reforzado su marco de actuación contra la corrupción, también demuestra el "alto nivel de corrupción percibida", y pone de relieve la "inquietud sobre el impacto de la legislación sobre seguridad ciudadana, libertad de información y de expresión".

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(Cinco Días, 08-12-2020) | Sector

La mitad de las asesorías jurídicas prevé recortar su gasto en abogados

El Covid ha dado una nueva vuelta de tuerca al más por menos, principio que desde hace años rige la actividad de las asesorías jurídicas internas de las empresas. Y es que la pandemia no solo ha multiplicado la carga de trabajo de los departamentos legales, sino que, además, ha ajustado aún más sus presupuestos. Una circunstancia que, a su vez, empuja a la baja los honorarios que perciben los despachos de abogados. Según el informe Chief Legal Officer Survey 2020, de la consultora Altman Weil, el 40% de las asesorías jurídicas admite que ha sufrido recortes presupuestarios este año. Una cifra que, en 2021, se elevará al 44%. De cumplirse este pronóstico, apunta el estudio, será la primera vez en diez años que son más las compañías que reducen sus partidas destinadas al área legal que las que lo incrementan. Entre las medidas que los directores legales adoptarán para reducir el gasto (manteniendo o incrementando su capacidad productiva) destacan tres: la mejora de la eficiencia de los procesos internos (mencionada por el 68%), la renegociación a la baja de las tarifas de los bufetes (el 66%) o la asunción por los propios abogados de la asesoría corporativa de trabajo que antes se externalizaba (el 55%). Otras opciones que se contemplan, aunque de forma no mayoritaria, son el traslado de algunos asuntos a despachos más baratos (el 35%), la digitalización de algunos procesos internos (el 29%) o la sustitución, para algunas tareas, de bufetes por proveedores alternativos de servicios legales (los conocidos como ALSP, que lo menciona el 24% de los encuestados). La pandemia no solo está obligando a ajustarse el cinturón a las áreas legales, también impactará en los bufetes. Las compañías no solo van a remitirles menos trabajo, sino que también quieren que este les salga más barato. De hecho, el próximo ejercicio cerca de la mitad tienen como objetivo reducir su factura en abogados. Como detalla el documento, a iniciativa de la firma o a petición del propio director legal (uno de cada tres consultados reconoce que ha pedido una revisión a la baja de los honorarios), son muchos los bufetes que ya han aplicado una rebaja en su precio por hora. La media de este descuento es del 10%, pero también hay un importante número de firmas que han reducido sus tarifas entre el 11% y el 15% (dos de cada diez). Algunos incluso superan ese porcentaje. En todo caso, según las respuestas ofrecidas, el ajuste de gasto interno ha sido superior al aplicado a los letrados externos. La encuesta también pone cifras a la sobrecarga de trabajo que ha impuesto el virus a estos departamentos. Según ocho de cada diez in house, el Covid ha incrementado sus tareas. De entre ellos, para el 52% lo ha hecho de forma moderada y para el 25% de manera relevante. De este modo, a lo largo del presente año, los jefes de las asesorías jurídicas han tenido que dedicar un 15% de su tiempo a asuntos relacionados con la pandemia, lo que la convierte en la tercera materia que más atención les ha exigido, solo por detrás de su participación en la estrategia corporativa (que les ha demandado una cuarta parte de sus horas de trabajo) y el asesoramiento legal (casi una quinta parte). La encuesta también revela que una de cada diez áreas jurídicas ha recortado plantilla en los últimos meses, un ajuste que se ha producido principalmente entre el personal administrativo y de apoyo, y no tanto entre los letrados. Por último, Altman Weil examina las iniciativas que los despachos han puesto en marcha durante la pandemia y, de entre las mismas, cuáles han resultado más útiles para los abogados internos. En este punto se observa cierta falta de sintonía entre letrados y clientes. Así, mientras los primeros han potenciado aquellas acciones que les ayudaban a generar negocio (alertas, newsletters, formaciones o webinarios), los clientes han puntuado con mejor nota las que les han permitido aliviar sus problemas presupuestarios por la vía de reducir el coste del asesoramiento o renegociar los honorarios.

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(Expansión, 03-12-2020) | Sector

Las asociaciones judiciales afirman que la última propuesta de PSOE evidencia el "juego político" con el CGPJ

La mayoría de las asociaciones judiciales han lamentado la proposición de ley presentada este miércoles en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos para impedir que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado pueda hacer nombramientos, subrayando que este último movimiento deja en evidencia el "juego político" al que está sometido el órgano de gobierno de los jueces. Con la nueva propuesta, PSOE y Unidas Podemos persiguen que el CGPJ no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial una vez expirado su mandato, de modo que sus competencias se limiten a trámites ordinarios. Los dos partidos ya presentaron en octubre otra proposición de ley que contemplaba reducir las funciones de un CGPJ caducado, así como rebajar la mayoría por la que se elige a los doce vocales del turno judicial, que pasaría de tres quintos a mayoría absoluta. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, se ha mostrado en contra de la nueva propuesta por considerar que redunda en el desprestigio del CGPJ a ojos de la ciudadanía. "Los partidos lo meten en su juego político cada día más", ha dicho la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, en declaraciones a Europa Press. Del Barco ha reclamado a los partidos que se alejen de la "realidad política" y acuerden de una vez por todas la renovación del CGPJ, que suma ya dos años de interinidad. "No podemos hacer depender el CGPJ de unos presupuestos o de unas elecciones", ha sostenido, subrayando la importancia de que el órgano de gobierno de los jueces funcione correctamente. En la misma línea se ha expresado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, para quien "lo más preocupante de esta segunda iniciativa es que deja bien a las claras que la idea central del sistema actual es que los partidos nombran a los vocales para que éstos a su vez nombren a los jueces por afinidades ideológicas". "Si no es así, ¿dónde está el problema?", ha cuestionado. Así, para Fernández Vaquero "es otro ejemplo más de que este órgano clave de la justicia española está cada vez más politizado por unos partidos que llevan décadas abusando de un sistema que les permite repartírselo por intereses exclusivamente partidistas, lo que supone una reiterada y flagrante vulneración de la independencia judicial y de la separación de poderes". Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), también se ha mostrado "muy crítica" con la nueva propuesta, llamando igualmente la atención sobre el hecho de que "contradice" la tesis que han venido defendiendo los partidos todos estos años de que, si bien la forma de designar a estos doce vocales es política porque lo hace el Parlamento, una vez en sus puestos desempeñan su labor de forma independiente. "Entonces, no tiene ninguna lógica limitar sus funciones", ha apuntado. Además, las tres asociaciones han estado de acuerdo en que la fórmula utilizada por PSOE y Unidas Podemos para lanzar esta iniciativa, una proposición de ley, es una maniobra para evitar los informes que habrían sido obligatorios de haber optado por la vía del anteproyecto de ley. "Es evitar que te pongan la cara colorada", ha ilustrado Fernández Vaquero. En cualquier caso, la portavoz de la APM ha señalado que la situación que vive el CGPJ pone de manifiesto la "incapacidad" de las formaciones políticas para cumplir su obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial, ante lo cual ha vuelto a reclamar un cambio de modelo para que sean los propios jueces quienes designen a los doce vocales procedentes del turno judicial. Fernández Vaquero ha advertido asimismo de que "estamos asistiendo a la descomposición absoluta del sistema de elección de los vocales del CGPJ". "No queda más remedio que amputar el órgano", ha sentenciado, explicando que esta solución quirúrgica pasa por que sea la carrera judicial quien designe a estos doce vocales. De hecho, ha abogado por cambiar el modelo antes de renovar el CGPJ. "El problema no es el bloqueo, es la politización, por lo que llegar a un acuerdo ahora no sirve para nada. Cualquier CGPJ que nazca del acuerdo político a la antigua usanza nacerá muerto, es solo alargar la agonía", ha aseverado. Rodríguez ha coincidido en que "todo esto viene a demostrar que el sistema vigente no funciona" porque se basa en un reparto político de los sillones del CGPJ, exigiendo también que el modelo español se ajuste a los estándares europeos, es decir, que los jueces decidan la composición de su órgano de gobierno.

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(Expansión, 02-12-2020) | Sector

El Gobierno aprueba la creación de 33 nuevos juzgados para reactivar la actividad judicial

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 33 nuevos juzgados para reactivar la actividad judicial tras la pandemia de coronavirus, como parte de los cien que se comprometió a crear en el plazo de tres años, un tercio de los cuales antes de que acabara 2020. Las nuevas unidades son 30 juzgados y tres plazas de magistrado: una en la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional; otra, en la sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz (con sede en Algeciras); y una tercera, en la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid. El Ministerio de Justicia ha explicado en un comunicado que se ha tenido en cuenta los órdenes jurisdiccionales que se pueden ver más afectados por la crisis sanitaria. Así, de los 30 nuevos juzgados, 15 serán de lo social; 13, de lo mercantil; habrá un nuevo juzgado de primera instancia en Burgos; y otro de primera instancia e instrucción, en Toledo. El departamento de Juan Carlos Campo cumple de esta forma con lo estipulado en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales, concursales, organizativas y tecnológicas, que preveía la creación de cien nuevas unidades judiciales en tres años, un tercio de ellas antes de final de año. La previsión es que para el próximo 1 de enero la mitad de estas unidades esté en funcionamiento, "contribuyendo a adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis provocada por el Covid-19 y mejorar la optimización de los recursos disponibles", de acuerdo con la nota. Campo ya había avanzado en su intervención parlamentaria de este martes para defender la partida de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Consejo de Ministros daría luz verde a estas 33 unidades judiciales.

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(El País, 01-12-2020) | Sector

La renovación del CGPJ bloqueada: Campo dice que hay acuerdo y el PP lo niega

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el viernes cumple dos años en funciones, sigue bloqueada ante el aparentemente imposible pacto entre el Gobierno y el PP, que este lunes ha negado que exista un acuerdo que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado por hecho. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Campo ha señalado que "solo falta hacer público" el acuerdo de renovación. "Es poco lo que nos separa y mucho lo que nos une", ha asegurado con un optimismo que el PP ha dejado claro que no comparte. El líder de los populares, Pablo Casado, entrevistado en Antena 3, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del bloqueo en las negociaciones, al considerar que el PSOE prefiere pactar con Bildu o ERC. "Ha elegido socios", ha recalcado. "No es verdad lo que ha dicho el ministro de Justicia", ha añadido la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, recordando las condiciones de su partido para renovar el órgano de gobierno de los jueces: que Podemos quede fuera de las negociaciones y que se avance en la independencia del poder judicial. El ministro de Justicia ha estimado que no es legítimo vetar a nadie como vocal, porque "no hay nadie con carné de autenticidad", y el líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avisado: Si el PP no quiere que su partido esté representado en el CGPJ, "no quedará más remedio que cambiar la ley" y rebajar las mayorías parlamentarias exigidas para elegir a los vocales. El grupo socialista y Unidas Podemos registraron en octubre en el Congreso una polémica proposición de ley con ese objetivo y, después de que el Consejo de Europa y la Comisión Europea advirtieran de que vigilarían de cerca la reforma para evitar una politización del Consejo, Sánchez se ofreció a dejarla en suspenso para favorecer la negociación con el PP. Pero la propuesta sigue en el registro de la Cámara Baja a la espera de ser tramitada. "Lo que no podrá pretender el PP es que no se vaya a renovar la cúpula del CGPJ, porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques", ha señalado Iglesias en una entrevista en La Sexta. El PP lleva semanas exigiendo que esa iniciativa se retire, pero el PSOE y Podemos solo la tienen congelada. En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz adjunto del grupo socialista, Rafael Simancas, no ha querido fijar un plazo concreto para reactivarla, ya que, dice, siguen esperando a que el PP actúe con sensatez y responsabilidad constitucional. Si no se cambia la ley, sus votos son necesarios, pues la normativa vigente exige que los vocales del GGPJ cuenten con el respaldo de tres quintos de las cámaras. Los actuales vocales lo obtuvieron en 2013, con el PP en la Moncloa y el PSOE en la oposición, y el pacto para renovarlos estaba cerrado al cumplirse los cinco años de mandato que marca la Constitución, en 2018, con Pedro Sánchez ya al frente del Ejecutivo. El magistrado del Supremo Manuel Marchena era la persona elegida para sustituir a Carlos Lesmes al frente del Consejo, pero presentó su dimisión, reivindicando su independencia, después de que se filtrase un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, defendiendo su elección porque, decía, se podría controlar "por detrás" la sala segunda del alto tribunal. Desde entonces no ha sido posible un acuerdo. Para el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, sería "muy mala noticia" para España que lo hubiera, ya que supondría desoír el grito del pueblo español" de que los miembros de este órgano los deben elegir los jueces.

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(Cinco Días, 28-11-2020) | Sector

La abogacía no es la primera opción para los estudiantes de Derecho

Tan solo tres de cada diez alumnos tienen claro que ejercerán la profesión al terminar el grado, preferiblemente en un gran despacho, mientras que casi un 40 % están indecisos y el 28,4 % rechazan de plano esta vía. La mayoría de los universitarios, en cambio, se decanta por opositar y convertirse en funcionario. Así lo revela la primera encuesta elaborada por El Observatorio, un think tank enfocado a talento y personas para el sector legal, que recoge la opinión de 400 estudiantes de Derecho de hasta 11 universidades. El informe, realizado durante el primer trimestre de 2020, refleja el alto grado de incertidumbre que tienen los estudiantes sobre su futuro laboral: siete de cada diez no tienen decidida cuál será su primera opción al finalizar la carrera, proporción que baja hasta el 56% en los últimos años del grado. Otra de las circunstancias que destacan sus autores, Ignacio Escobar y Emiliano Cánovas, expertos en gestión del cambio y capital humano, es la situación de la mujer. Si bien ellas son mayoría durante la etapa universitaria (representan un 65% de la muestra), esta predominancia no se ve reflejada en la composición de los puestos directivos en las firmas, que solo cuentan con un 19% de socias. Los bufetes con una socia directora al frente son apenas el 5,3%. Las salidas profesionales más populares entre los encuestados siguen siendo las más tradicionales: los grandes despachos y la función pública. El boom de las startups jurídicas, especialmente las vinculadas al uso intensivo de tecnología (las conocidas como legaltech), son desconocidas por los jóvenes o no llaman su atención. Tampoco iniciar un proyecto autónomo es una opción mayoritaria; apenas el 19,5% de los estudiantes se sienten atraídos por el emprendimiento legal. Una de las razones puede ser que los alumnos no cuenten con suficiente información a la hora de elegir sus primeros pasos laborales. Sin embargo, creen que su conocimiento en este sentido es medio. Menos de un 25% reconoce estar infra asesorado, aunque las fuentes que utilizan para guiarse son poco especializadas. Los jóvenes acuden a las páginas web de las organizaciones (61%), la familia (57%) y los profesores (48%) para orientarse. En cambio, apenas manejan otras herramientas. Siete de cada diez no consideran acudir a foros, plataformas de empleo o redes profesionales como LinkedIn. Los futuros abogados prefieren trabajar en una organización donde exista buen ambiente y se favorezca la conciliación y el desarrollo profesional, que en una entidad con un sueldo elevado. Sin embargo, casi dos tercios de los encuestados apuesta por recalar en una firma grande o mediana, en la que creen que la retribución es más atractiva que en un despacho pequeño, donde sí piensan que hay mejor ambiente. Es decir, parece que los recién licenciados no esperan encontrar un entorno laboral amable en su primera experiencia profesional.

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