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(El Economista, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno pide a los propietarios que pongan en el mercado vivienda de alquiler asequible

El Gobierno ha instado este jueves a los propietarios particulares de viviendas a contribuir al mercado del alquiler ofreciendo más inmuebles en condiciones asequibles. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a los propietarios para asegurarles que el Gobierno trabajará para proporcionar certezas, seguridad jurídica y garantías que les permitan poner más viviendas en alquiler a precios asequibles, es decir, aquellos que representen menos del 30% de los ingresos del hogar. Rodríguez ha destacado que el Gobierno ya ha implementado medidas para fomentar que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler, como la ley de vivienda que ofrece beneficios fiscales de hasta el 90%. Sin embargo, reconoce la necesidad de "fortalecer las garantías". También ha valorado otras medidas y recursos destinados a las comunidades, como un programa que incluso garantiza los ingresos percibidos por los propietarios a través del alquiler. La ministra ha animado a los propietarios particulares a ofrecer alquileres asequibles a los inquilinos, ya que el Gobierno considera que España enfrenta una "emergencia social" en materia de vivienda. Ha señalado que hay trabajadores con buenos salarios y empleos estables que destinan entre el 60% y el 80% de sus ingresos al alquiler o se ven obligados a vivir con compañeros de piso, sin poder disfrutar de su propia vida. Además, Rodríguez propuso limitar la presencia de pisos turísticos en zonas con altos precios de alquiler y compra de viviendas. Estos alquileres turísticos pueden ser muy rentables económicamente, especialmente en zonas céntricas de grandes ciudades y municipios turísticos, donde el mercado inmobiliario está tenso y el alquiler representa una gran parte de los ingresos familiares. Por último, anunció que la próxima semana se llevará a cabo una reunión de trabajo para abordar los usos no residenciales de las viviendas, tanto turísticos como temporales. Rodríguez destacó que algunos aprovechan contratos temporales de alquiler no regulados por la ley de vivienda para eludir la normativa que controla los alquileres residenciales.

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(El Periódico, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Una cesta de la compra que hace cinco años salía por 100 euros, ahora ronda ya los 150

Un conjunto de productos básicos que costaba alrededor de 20 euros en 2019, ahora se eleva casi a 30 euros, lo que representa un incremento del 47% en este período, según el análisis de la empresa de mercado Kantar. La inflación ha afectado especialmente al mercado en los últimos dos años, con un aumento destacado en los precios de los alimentos, aunque esta tendencia se ha visto en todas las categorías. Este aumento de precios ha provocado cambios significativos en los hábitos de compra. Uno de ellos es el creciente interés por las marcas de distribuidor, conocidas como 'marca blanca'. Según Mayte González, directora de compras y medios de Kantar Worldpanel, estas marcas ahora tienen una participación mucho mayor en el mercado, ocupando casi la mitad del mismo. En el caso de Mercadona, la principal cadena en España, la cuota de marca de distribuidor ha aumentado del 64% al 74,5%, mientras que en Carrefour ha pasado del 22,6% al 31,3%, y en Lidl ha alcanzado casi el 82%. Solo en El Corte Inglés y Aldi la marca blanca tiene igual o menos peso que en 2019. Aunque la marca de distribuidor ha ganado popularidad, las cestas de compra exclusivamente de 'marca blanca' son poco comunes, representando solo una de cada diez, frente al tercio llenado solo con marcas de fabricante. Sin embargo, el uso de marcas de distribuidor está en aumento. Otra tendencia destacada es el aumento del protagonismo de las promociones y ofertas en las decisiones de compra. Estas han escalado un puesto como motivo principal para elegir productos en el supermercado y ahora representan algo más del 34% de las compras, habiendo ganado casi un punto desde 2019. Aunque la mayoría de las ofertas están asociadas con marcas de terceros, las cadenas están aplicando más promociones a sus propios productos, marcando un cambio en comparación con años anteriores. Mayte González también ha señalado que la decisión de compra en el supermercado no está vinculada directamente al precio en el 80% de las categorías, sino más bien a otros factores como el envase, formato y uso del producto en el hogar. Finalmente, Kantar recomienda a los distribuidores aprovechar las tarjetas de fidelización, ya que los clientes que las utilizan gastan el doble en comparación con aquellos que no tienen tarjeta, lo que beneficia tanto al consumidor como al establecimiento.

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(El País, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Eurocámara ratifica la reforma del mercado eléctrico

La reforma del mercado eléctrico, acordada por la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea a finales de diciembre del año pasado, ha recibido este jueves el respaldo definitivo del Parlamento Europeo, coincidiendo con una fuerte caída de los precios en el mercado mayorista español. Esto representa una paradoja en un cambio impulsado por España debido al incremento descontrolado de los precios de la electricidad a mediados de 2021, con el objetivo de proteger a los consumidores frente a la volatilidad de los precios de la luz y, al mismo tiempo, promover el despliegue acelerado de las energías renovables. La norma, que consta de un reglamento y una directiva, ha sido ratificada por una amplia mayoría en la cámara (433 votos a favor, 140 en contra y 15 abstenciones, y 473 votos a favor, 80 en contra y 27 abstenciones, respectivamente), aunque aún debe recibir el respaldo formal del Consejo para convertirse en ley. El texto aprobado no modifica el modelo de formación de precios marginal, que sigue considerando la tecnología más cara (actualmente el gas) como referencia, pero deja abierta la posibilidad de revisarlo dentro de tres años. Este sistema marginalista fue diseñado para impulsar el desarrollo de las renovables cuando los sistemas eléctricos dependían principalmente de tecnologías fósiles, asegurando así que todas las tecnologías reciban una compensación basada en el precio más alto para fomentar la inversión en energías limpias. En un contexto dominado por las renovables (España generó más del 50% con estas tecnologías el año pasado), la lógica marginalista pierde relevancia, por lo que es probable que se requiera una nueva reforma cuando las renovables se generalicen en toda Europa o si los precios de mercado muestran frecuentemente escenarios similares a las últimas semanas en España, con muchas horas de precios cero e incluso negativos. El cambio principal implica promover los mercados a plazo para aumentar su liquidez. Esta es la estrategia acordada para reducir la volatilidad de los precios, facilitando el uso de dos instrumentos: los acuerdos de compra de energía (PPA), entre generadores y consumidores, y los "contratos por diferencias" (CFD), que son contratos entre el productor de energía y un gobierno para apoyar las inversiones en generación eléctrica. De esta manera, si el precio de mercado es inferior al acordado en el contrato, el gobierno compensará al productor, y si es superior, el productor reembolsará al gobierno, evitando ganancias excesivas. Además, se permitirá el uso de estos contratos (CFD) en todas las inversiones en nueva producción de electricidad, ya sea a partir de energía renovable o nuclear. Este fue un punto clave durante las negociaciones entre marzo y diciembre del año pasado, marcadas por las discrepancias entre Francia, que quería favorecer a sus centrales nucleares, y Alemania, que buscaba proteger su industria. La propuesta española de obligar a las tecnologías existentes (como la nuclear e hidráulica) a suscribir CFD fue rechazada por las compañías y la Comisión Europea. La futura ley del mercado eléctrico incluye medidas para proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, garantizando el acceso a contratos de precio fijo o dinámico y proporcionando información relevante sobre las opciones de suscripción. Además, establece un mecanismo para declarar una crisis de precios de la electricidad bajo ciertas condiciones, preparando una respuesta en caso de repuntes similares a los ocurridos hace dos años. En resumen, esta reforma representa un avance hacia una democratización de la energía, creando un diseño de mercado que aborda las deficiencias expuestas por la crisis energética.

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(La Razón, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La mitad de las facturas en España se pagan con un retraso de más de dos meses

Las empresas continúan enfrentando desafíos debido a la inflación y los altos tipos de interés. Según CEYME, el Período Medio de Pago (PMP) en 2023 fue de 81,8 días, aún superando el límite legal máximo de 60 días. Además, el coste financiero para las empresas derivado de la deuda comercial ascendió a 2.600 millones de euros en el último trimestre de 2023. En España, la mitad de las facturas se pagan con retraso, con un promedio de casi 80 días, que es 20 días más del plazo legal establecido, según el último Observatorio de Morosidad de CEPYME del último trimestre de 2023. Esta persistente morosidad afecta especialmente a las pymes y representa un coste financiero significativo, un 50% más que en el último trimestre de 2022. La deuda comercial de todas las pymes alcanzó aproximadamente los 177.000 millones de euros, con 67.800 millones correspondientes a medianas empresas y 109.200 millones a pequeñas empresas. Esta situación resulta especialmente difícil para las pymes debido a sus limitados recursos financieros y capacidad de negociación, sumado al incremento de costes energéticos, suministros y laborales, así como los efectos de la inflación. El Período Medio de Pago (PMP) se ve influenciado por factores como la inflación, que, a pesar de su descenso, sigue siendo alta, y los altos tipos de interés que se mantienen en el 4,5%. Además, el euríbor se situó en el 4,04% en el segundo semestre de 2023, su valor más alto desde 2008. En el cuarto trimestre de 2023, el PMP fue de 80,2 días, un ligero descenso del 0,2% con respecto al trimestre anterior; cerrando el año en 81,8 días, según datos de la Confederación. Esta cifra sigue estando muy por encima del límite legal de 60 días. A pesar de una reducción generalizada, el índice aumentó en ocho comunidades autónomas, especialmente en Murcia, Madrid y Galicia, donde el período de pago ya alcanza los 90 días. Por sectores, el PMP solo aumentó en el sector servicios en el cuarto trimestre de 2023, aunque en todos los sectores sigue siendo superior al período legal. En el sector agroalimentario, es el único sector que muestra cinco caídas interanuales consecutivas, situándose en 75 días, casi 3 días menos que el año anterior.

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(La Vanguardia, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de variación anual del IPC del mes de marzo se situó en el 3,2%, cuatro décimas por encima de la registrada en febrero

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de marzo fue del 3,2%. Esta tasa fue cuatro décimas superior a la registrada el mes anterior. Los grupos que más destacaron por su influencia en el aumento de la tasa anual fueron: Vivienda, cuya tasa anual aumentó 4,2 puntos, hasta el 1,5%. Este comportamiento fue debido a la subida de los precios de la electricidad, frente a la bajada en marzo del año pasado. Ocio y cultura, con una tasa anual del 3,8%, un punto por encima de la del mes anterior. Esta subida se debió, principalmente, a los precios de los paquetes turísticos, que subieron más que en marzo de 2023. Transporte, que aumentó su variación medio punto, hasta el 2,9%. Esta subida fue consecuencia del aumento de los precios de carburantes y lubricantes para vehículos personales, que disminuyeron en el mismo mes de 2023. Por su parte, entre los grupos con influencia positiva destacó: Alimentos y bebidas no alcohólicas, que situó su tasa en el 4,3%, un punto por debajo de la del mes pasado. Este descenso se debió, en su mayor parte, a la bajada de los precios de legumbres y hortalizas y otros productos alimenticios, que aumentaron en el mismo mes de 2023. También influyó la subida de los precios de la carne, menor que en marzo de 2023. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó dos décimas, hasta el 3,3%. En marzo la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,8%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron: Vivienda, con una variación del 2,2% y una repercusión de 0,273 a causa de la subida de la electricidad. Ocio y cultura, con una variación mensual del 1,8%, debida al aumento de los precios de los paquetes turísticos. Este grupo repercutió 0,152 en el IPC general. Hoteles, cafés y restaurantes, que presentó una variación del 0,9%, debida a la subida de los precios de la restauración y los servicios de alojamiento. Este grupo repercutió 0,125 en el IPC general. Vestido y calzado, con una variación mensual del 2,4%, consecuencia del comienzo de la temporada de primavera-verano. Este grupo repercutió 0,083 en el IPC general. Transporte, que presentó una variación del 0,5%, debida, principalmente, a la subida de los precios de carburantes y lubricantes para vehículos personales. Este grupo repercutió 0,074 en el IPC general. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en marzo. Extremadura presentó la más elevada (3,6%) y La Rioja la más baja (3,0%). En el mes de marzo la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,3%, cuatro décimas más que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 1,4%.

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(Cinco Días, 11-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se enquista en Estados Unidos y aleja las bajadas de tipos de interés

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos confirmó este miércoles que requiere una disminución más persistente de la inflación antes de considerar una reducción en las tasas de interés, las cuales actualmente se sitúan en un rango del 5,25% al 5,5%, su nivel más alto desde 2001. Esto se desprende de las actas publicadas sobre su última reunión, realizada los días 19 y 20 de marzo, durante la cual los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) coincidieron en que mantener el rango actual contribuiría al objetivo de mantener la inflación por debajo del 2%. En esa reunión, según el documento, los participantes expresaron su incertidumbre acerca de la persistencia de una inflación elevada y resaltaron que los datos recientes no habían aumentado su confianza en una disminución sostenida de la inflación para alcanzar esa meta. Las actas se publicaron el mismo día en que se informó que la tasa de inflación en Estados Unidos volvió a aumentar en marzo. Este incremento interanual de tres décimas, alcanzando el 3,5%, confirmó la visión de la Fed de que no será fácil controlarla. El presidente estadounidense, Joe Biden, también comentó sobre este nuevo aumento de precios reconociendo que podría retrasar la deseada reducción de las tasas de interés. Las actas de la Fed destacan que los avances en la reducción de la inflación son desiguales. Los miembros indicaron que están "muy atentos" a los riesgos inflacionarios, pero reconocieron que ya habían anticipado cierta volatilidad en los datos mensuales de inflación. El Comité sigue confiando en que se alcanzará el objetivo del 2% a medio plazo, pero advierte que una inflación elevada sigue afectando negativamente a los hogares, especialmente a aquellos que no pueden costear bienes básicos como alimentos, vivienda o transporte. En línea con lo anticipado en marzo, el Comité consideró apropiado adoptar una política menos restrictiva en algún momento del año si la economía progresa según lo previsto, y enfatizó la importancia de analizar detenidamente la información entrante para determinar si la inflación se aproxima de manera sostenible al porcentaje previsto. El presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó recientemente que la Fed no esperará a alcanzar el 2% para reducir las tasas si la economía avanza como se espera, pero también dejó claro que no actuará con premura. La próxima reunión del regulador está programada para llevarse a cabo entre el 30 de abril y el 1 de mayo.

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(Expansión, 11-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno tramita una reforma que cambiará el paradigma de las acciones colectivas

Se está llevando a cabo un cambio de gran importancia en relación con las acciones colectivas y los fraudes masivos. El proyecto de reforma del Gobierno, a diferencia del sistema elegido por la mayoría de países europeos, complicará la posibilidad de litigar por cuenta propia y requerirá que los afectados por fraudes masivos manifiesten expresamente su deseo de no participar en el proceso colectivo para poder litigar individualmente. De no hacerlo dentro de los plazos establecidos por el juez en cada caso, no podrán hacer valer sus derechos de forma individual en casos que involucren a una gran cantidad de afectados, como ocurrió en los casos de Forum y Afinsa, Viajes Marsans o las Cláusulas Suelo. La legislación que modificará completamente el régimen de acciones colectivas contra fraudes masivos ya se encuentra en las Cortes. El Proyecto de Ley Orgánica de medidas para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia y para regular las acciones colectivas en defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, enviado por el Gobierno, incorpora las exigencias de la Unión Europea para la protección de los consumidores establecidas en la Directiva 2020/1828. El Gobierno asegura que "representará un paso importante en la protección y defensa de los consumidores y usuarios, estableciendo un procedimiento único para abordar las demandas colectivas". Sin embargo, el modelo seleccionado se aparta de la transposición adoptada por la mayoría de los países. "El elemento central del modelo propuesto (sistema opt-out) implica que, en términos generales y a menos que el juez decida lo contrario en casos donde la cantidad reclamada supere los 3.000 euros por beneficiario, el resultado de estas acciones se aplicará automáticamente a todos los consumidores afectados, a menos que expresen su deseo explícito de no participar en el proceso colectivo", señalan Manuel García-Villarrubia y Miguel Ángel Cepero, abogados de Uría Menéndez. "Una vez que el proceso colectivo esté en marcha, los consumidores no podrán hacer valer sus derechos de forma individual sin ser consultados", añaden los dos expertos. En caso de ser aprobada, García-Villarrubia y Cepero consideran que será un cambio "radical" en la dinámica y funcionamiento de las acciones colectivas. Como destacan, la otra opción, elegida por la mayoría de los países, requiere contar previamente con el consentimiento expreso de los consumidores, de modo que el proceso colectivo solo afectará a aquellos que hayan manifestado su deseo de participar, conocido como sistema opt-in. "Este sistema parece más respetuoso con la voluntad de consumidores cada vez más informados y conscientes de sus derechos", opinan Manuel García-Villarrubia y Miguel Ángel Cepero. El texto también promueve el uso de métodos alternativos o adecuados de solución de controversias (MASC). La ley exigirá que se haya intentado resolver el conflicto a través de uno de estos métodos antes de presentar una demanda en asuntos civiles y mercantiles, con reglas específicas sobre costas para fomentar un acuerdo extrajudicial. "La forma en que se ha planteado puede que no sea la más adecuada, ya que existen dudas sobre si realmente logrará el objetivo de aliviar la carga de los tribunales. No es sencillo lograrlo mediante una normativa que obligue a las partes a negociar si quieren recurrir posteriormente a los tribunales. Además, la esencia de los MASC es precisamente su carácter voluntario", subrayan Manuel García-Villarrubia y Miguel Ángel Cepero. La legitimación para iniciar acciones colectivas corresponderá a las asociaciones inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones y Usuarios o en registros autonómicos, el Ministerio Fiscal, la Dirección General de Consumo, los órganos autonómicos y locales competentes, y las entidades habilitadas designadas en otros Estados miembros. En lo que respecta al cumplimiento y ejecución de una sentencia favorable en acciones resarcitorias colectivas, el Proyecto de Ley introduce una novedad relevante respecto al Anteproyecto inicial. La tarea de distribuir el importe establecido en la sentencia entre los consumidores será asignada a un liquidador y no a la entidad demandante, como se contemplaba en el Anteproyecto. Este liquidador será un profesional experto en contabilidad con al menos diez años de experiencia, seleccionado por acuerdo de las partes o, en su defecto, por el colegio profesional correspondiente. El liquidador deberá contar con un seguro de responsabilidad civil vigente y estará sujeto a las normas aplicables a los administradores concursales como supletorias. En resumen, el texto busca centralizar las demandas por fraudes masivos en acciones colectivas lideradas por asociaciones que defienden los intereses de los consumidores, como Facua o Adicae. Según explica Cristina Abilleira, Asociada Principal del Área Mercantil de EJASO, la norma "busca dar visibilidad entre los consumidores a estas acciones, mediante la creación de un registro electrónico público de demandas que ejerciten este tipo de acciones, así como a través de los sitios web de las propias asociaciones de consumidores". Además, destaca que busca agilizar los procedimientos judiciales, utilizando el juicio verbal y estableciendo multas por demoras en la ejecución de sentencias, todo lo cual, en principio, beneficia a los consumidores".

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(El Economista, 11-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo tumba el veto a publicitar el juego

El Tribunal Supremo ha invalidado cinco artículos del Real Decreto de noviembre de 2020 que restringían la publicidad de los juegos de azar y apuestas en medios como la televisión, radio e internet, así como la promoción mediante famosos, entre otros aspectos. En su sentencia del 2 de abril, el Alto Tribunal determinó que este Real Decreto carecía de base legal debido a que la Ley del Juego no estableció criterios para fundamentar estas restricciones publicitarias. A pesar de que el Gobierno modificó la Ley del Juego en noviembre de 2022 con la intención de respaldar el Real Decreto, el Tribunal Supremo finalmente lo ha anulado parcialmente. Esto implica que, si el Gobierno desea mantener la prohibición de la publicidad en el ámbito del juego, deberá crear una nueva normativa al respecto. Es importante recordar que el Supremo elevó una cuestión de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto al Tribunal Constitucional. Después de esto, el Gobierno modificó la Ley del Juego en noviembre de 2022 introduciendo el artículo 7 bis para establecer un marco legal para el desarrollo reglamentario y salvar la normativa. La Corte Constitucional, tras estos cambios, declaró la pérdida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Supremo especifica en su fallo que debe juzgar la legalidad del Real Decreto con la normativa vigente en su entrada en vigor. Esta sentencia del Supremo abre la puerta a la anulación de las sanciones impuestas por la Administración a los operadores de juego desde la entrada en vigor del Real Decreto hasta su anulación parcial. Los abogados Fernando Belbel y Álvaro Arroyo, de PwC Tax & Legal, sugieren que, ante la falta de mención explícita del Supremo sobre las sanciones, será necesario solicitar su anulación. Los expertos señalan que existen diversas situaciones. Por un lado, consideran que todos los expedientes en curso, sobre los que no hay resolución definitiva, deberían archivarse automáticamente. Por otro lado, opinan que las sanciones impugnadas y no firmes también deberían ser revocadas en base a esta sentencia. Finalmente, indican que las sanciones firmes deberían ser revisadas de oficio por el Estado y, en caso de omisión, se debe solicitar esta revisión. Además, los abogados mencionan la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial al Estado por una regulación que ha sido declarada ilegal, aunque consideran que esto puede ser más complejo. Los artículos anulados incluyen el 13 apartados 1 y 3, que prohibían la publicidad de los operadores de juego para captar nuevos clientes; el 15, que vetaba el uso de famosos en la publicidad del juego; el 23 apartado 1, que restringía los anuncios de juego y apuestas en cualquier medio (televisión, radio o internet); el artículo 25, apartado 3, que limitaba la promoción del juego en plataformas de vídeo por internet no exclusivamente dedicadas al juego; y el artículo 26 apartados 2 y 3, que prohibían la publicidad en redes sociales a usuarios que ya eran jugadores.

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(El Economista, 10-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las familias duplican el ahorro en depósitos antes de la bajada de tipos

La subida de tipos de interés tomó su tiempo en generar un cambio hacia los depósitos bancarios tradicionales, principalmente debido a la reticencia de la gran banca a ofrecer una remuneración atractiva en este producto. Sin embargo, la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) comenzará a reducir los tipos en verano ha acelerado las decisiones de inversión de los ahorradores, y la contratación de depósitos ha experimentado un aumento significativo en los últimos meses. A finales de febrero, los hogares tenían depositados 142.250 millones de euros en imposiciones a plazo, lo que representa un aumento de 75.832 millones con respecto al año anterior, equivalente a un incremento del 114,17%. El euríbor alcanzó su mínimo histórico en diciembre de 2021, situándose en -0,502%. Al mes siguiente, empezó a salir del terreno negativo, que había mantenido durante seis años desde febrero de 2016, ante la previsión de que el BCE comenzaría a subir los tipos (el primer aumento llegó en julio de 2022). Inmediatamente, los bancos eliminaron los recargos a las empresas por la gestión de su tesorería, siguiendo la acción del BCE que dejó de cobrar a las entidades por mantener su liquidez. Sin embargo, la remuneración de los depósitos para las familias se ha retrasado, y hasta el día de hoy aún no se ha desplegado una oferta generalizada para todos los ahorradores en la industria bancaria en su conjunto. Las propuestas más generalizadas para los clientes se encuentran principalmente en neobancos y entidades extranjeras, mientras que las estrategias en las entidades de mayor tamaño se centran en la remuneración del pasivo dirigida a clientes selectos o con el objetivo de captar nuevos usuarios y sus nóminas. Las estadísticas del Banco de España muestran que entre el mínimo del euríbor y octubre de 2022 (cuando los tipos en la eurozona alcanzaban el 2%), los depósitos de las familias cayeron en 14.167 millones de euros o un 18%, mientras que los depósitos de las empresas aumentaban. A partir de marzo del año pasado, la captación de depósitos ha aumentado considerablemente, pasando de alrededor de 1.000 millones mensuales a entre 4.000 y 5.000 millones en los hogares, y luego, en otoño, acelerando aún más con entradas mensuales de entre 6.500 y 8.900 millones que se han mantenido hasta febrero pasado. Esta aceleración en la captación de recursos coincidió con la creciente convicción en el mercado de que el BCE revertiría sus decisiones de política monetaria para apoyar las economías, un cambio que se refleja en la tendencia del euríbor.

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(El País, 10-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno cifra las "golden visa" concedidas hasta la fecha: 14.500

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha informado que España ha otorgado un total de 14.576 visados a extranjeros a cambio de inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros, conocidos como 'Golden Visa', establecidos en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Más de un tercio de estos visados, es decir 5.290, fueron concedidos solamente entre 2022 y 2023, periodo en el cual las solicitudes se incrementaron significativamente coincidiendo con el estallido de la guerra en Ucrania. "Es a partir de 2022 cuando todas las alarmas se encienden", afirmó Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se aprobó la eliminación de este mecanismo mediante la modificación de la Ley 14/2013. Según los datos proporcionados por el Gobierno, la mayoría de los visados se otorgaron a ciudadanos chinos y rusos, aunque también destacan británicos -debido al brexit-, estadounidenses, ucranianos, iraníes, venezolanos y mexicanos. La compra de inmuebles se concentró principalmente en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante y Valencia, ciudades especialmente afectadas por el aumento de los precios de la vivienda. En particular, Rodríguez mencionó el caso de Marbella, donde las compras con Golden Visa representan el 7,1%, en Barcelona el 5,3% y en algunos municipios de Baleares donde el porcentaje supera el 10%. "Esto nos permite abordar la situación en estas ciudades y para las familias que buscan vivienda como una misión imposible, vamos a mitigar y detener este tipo de especulación", enfatizó la ministra de Vivienda. Los argumentos del Gobierno para eliminar las 'Golden Visa' han sido cuestionados por parte del sector inmobiliario. Idealista ha afirmado que el anuncio es un "error de diagnóstico" y no tendrá ningún impacto en el mercado inmobiliario. Asimismo, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, calificó de "gesto demagógico" la modificación legal aprobada por el Consejo de Ministros. Bonet señaló que muchas personas adquieren estas visas para tener una segunda residencia de manera sistemática, por lo que "reducir las facilidades para que vengan me parece desproporcionado", agregó. La decisión de Rodríguez cuenta con el respaldo de sus socios de Gobierno. Sumar ha aplaudido la iniciativa, afirmando que las 'Golden Visa' son una vergüenza europea, según expresó su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Portugal decidió eliminar este tipo de visados en febrero de 2023, aunque otros países de nuestro entorno como Italia y Grecia los mantienen.

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