La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha criticado al Gobierno por no tener en cuenta ni mencionar al colectivo de autónomos que desempeñan profesiones peligrosas, penosas y con alto riesgo de accidentes laborales y siniestralidad en la reforma de la jubilación anticipada que está siendo preparada.
En este sentido, el presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha exigido al Gobierno que considere a este colectivo y establezca un catálogo donde se identifiquen claramente los autónomos que ejercen profesiones consideradas peligrosas, de modo que puedan ser incluidos en la reforma de la jubilación anticipada.
"Estos profesionales se enfrentan a situaciones especialmente peligrosas, lo que convierte el ejercicio de su actividad en un verdadero acto de equilibrio", lamenta desde UPTA. Abad ha destacado que los autónomos son también "trabajadores", y desde UPTA no permitirán que se generen nuevamente diferencias negativas entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia.
"No entendemos por qué un autónomo debe estar trabajando en un andamio a los 66 años, ni cómo un taxista de edad avanzada realiza jornadas laborales de más de 14 horas", ha enfatizado. Por ello, UPTA ha anunciado que solicitará una reunión con los ministerios competentes para abordar la reforma que el Gobierno pretende implementar en las próximas semanas.
De los 1,42 millones de trabajadores con contrato fijo discontinuo contabilizados hacia finales de 2022, apenas la mitad estaban efectivamente empleados en su trabajo principal, mientras que el resto se encontraba inactivo. Una de las incertidumbres fundamentales que plantea la última reforma laboral es la utilidad de la figura de los fijos discontinuos para trabajadores y empresas, al mantener el vínculo laboral más allá de los periodos de actividad, o si, por el contrario, constituye una "trampa de pobreza" al mantener a muchos empleados ligados a trabajos de baja intensidad.
Además, surge la pregunta de cuántos de aquellos contratados como fijos discontinuos realmente trabajan. Los expertos no son optimistas al respecto, ya que indican que uno de cada cuatro trabajadores en esta situación requiere un segundo empleo, las empresas utilizan esta modalidad para inducir la salida de empleados, y hasta medio millón de contratados no están efectivamente trabajando.
Según un estudio reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que considera los datos más recientes proporcionados por el Gobierno tras nueve meses de aplicación de la reforma, medio millón de los fijos discontinuos identificados a finales de 2022 no están trabajando. Específicamente, según este estudio, titulado "¿Cuántos son los trabajadores fijos discontinuos?", solo 731.000 trabajadores estaban activos en su empleo principal, mientras que otros 753.000 no tenían actividad. No obstante, si se excluye de este último grupo a quienes estaban empleados en otros trabajos, se evidencia que hasta 518.000 trabajadores contratados como fijos discontinuos se encontraban sin actividad laboral.
El cálculo de los fijos discontinuos inactivos ha generado controversia debido a las reticencias del Ministerio de Trabajo para divulgar estos datos, y la desconfianza en las cifras finalmente proporcionadas por Yolanda Díaz, que reportan 119.400 personas. Fedea, por otro lado, basándose en el análisis de la Muestra Continua de Vidas Laborales, multiplica esta cifra por cuatro para el año 2022. Es probable que este número haya continuado aumentando en el último año, dado el crecimiento en la adopción de este tipo de contrato, con 4,9 millones de registros hasta marzo de este año.
Según los investigadores Marcel Jansen y Florentino Felgueroso, el mantenimiento del número de contratos fijos discontinuos en años posteriores a la implementación de la medida, con cifras considerablemente superiores al incremento de la ocupación según la Encuesta de Población Activa del INE, podría indicar la baja actividad real de muchos de estos contratos. Además, el estudio señala que este tipo de contratos estaría relacionado con el notable aumento de renuncias voluntarias a empleos permanentes, que se ha multiplicado por cuatro en los últimos años. La razón radica en que muchas empresas optan por contratos fijos discontinuos en lugar de temporales debido al ahorro en cotizaciones (1,2% del salario bruto para la empresa), y mantienen a estos trabajadores en inactividad para reducir costos laborales. Esta falta de ingresos recurrentes lleva a muchos trabajadores a considerar la renuncia a sus empleos, lo cual ahorra costos de despido para las empresas.
Por ello, Felgueroso ha instado a implementar medidas que aumenten la frecuencia y duración de los llamamientos, como una compensación mínima durante los períodos de inactividad o la introducción de un sistema de bonus-malus que aumente las cotizaciones sociales para empresas con altas tasas de rotación y las reduzca para aquellas con tasas más bajas.
Si bien la proliferación de contratos fijos discontinuos ha aportado cierta estabilidad en los ingresos de los trabajadores al permitirles retomar su actividad en temporada alta, también ha puesto de relieve la baja intensidad de muchos empleos. Según datos recientes, aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores contratados bajo esta modalidad está pluriempleado. Estas cifras han ido en aumento de manera progresiva.
Al entrar en vigor la reforma laboral, el 16% de los trabajadores con contrato fijo discontinuo tenía un segundo empleo. Esta proporción creció hasta alcanzar el 26% a finales de año. Este incremento podría atribuirse al descubrimiento por parte de muchos trabajadores de que la baja intensidad laboral les impedía mantener un nivel de vida adecuado. Al mismo tiempo, las empresas han optado por contratar empleados con contratos fijos discontinuos para períodos en los que ya tienen un empleo.
A diferencia de la concepción tradicional de pluriempleo, que implica dos trabajos de corta duración realizados simultáneamente, la fórmula de los fijos discontinuos abre la puerta a otro tipo de pluriempleo: el estacional. Por ejemplo, una persona puede trabajar como monitor de esquí en invierno y como animador en un hotel de playa en verano. Esta creación de empleos de baja intensidad laboral no se traduce en un aumento significativo de las horas trabajadas ni de los ingresos de los empleados.
El tiempo avanza sin que se logren nuevos avances, y España se enfrenta al escenario central de un desembolso parcial en el cuarto tramo de las ayudas europeas vinculadas al cumplimiento del Plan de Recuperación. Aunque la Comisión Europea aceptó extender la evaluación del paquete de medidas por dos meses, que incluiría el pago total de 10.021 millones de euros, al Gobierno le queda apenas poco más de un mes para completar la reforma del subsidio de desempleo, todo esto en medio de un complejo calendario electoral que ya ha obligado a dejar de lado iniciativas fundamentales como los Presupuestos Generales del Estado.
"Estamos trabajando simultáneamente con la Comisión para avanzar en la evaluación positiva de los más de 60 objetivos del cuarto tramo, y a nivel nacional para aprobar la reforma del subsidio, para poder avanzar en ambos aspectos al mismo tiempo", explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el viernes pasado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ecofin en Luxemburgo. "Todavía no se ha determinado el posible desembolso parcial ni tenemos una estimación de su cantidad", agregó, subrayando que lo esencial es llevar a cabo la reforma.
En este momento, sin embargo, parece probable que Madrid y Bruselas acuerden un desembolso parcial, según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por Bloomberg. Originalmente, el cuarto tramo de fondos europeos estaba ligado a objetivos del primer semestre de 2023, pero con algunas iniciativas en suspenso debido a la disolución de las Cortes por las elecciones anticipadas, el Gobierno negoció retrasarlo al segundo semestre en una adenda. Tras la demora hasta la nueva investidura, el Ejecutivo impulsó algunas medidas pendientes a través de Real Decreto-ley, incluida la reforma del subsidio. Sin embargo, al llevar el texto al Congreso, la reforma no fue aprobada debido a la oposición de Unidas Podemos, que se separó de la coalición en un enfrentamiento interno.
El Gobierno ganó tiempo al negociar una prórroga de dos meses con la Comisión Europea, pero el plazo vence el 20 de mayo y en medio se celebrarán las elecciones vascas del 21 de abril y las catalanas del 12 de mayo. Actualmente, el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz, negocia el nuevo texto de la reforma con los agentes sociales, pero aún está por verse si logrará el necesario acuerdo con Podemos, en un momento en que ambas fuerzas compiten en las urnas regionales.
De no completarse la reforma a tiempo, la Comisión Europea aprobará un desembolso parcial basado en los compromisos cumplidos, aplicando descuentos por cada objetivo incumplido según una ecuación interna. En el caso español, el coste de cada objetivo podría oscilar entre 274 y 4.100 millones de euros.
Posteriormente, España tendría seis meses adicionales para cumplir con las medidas pendientes y acceder al resto del pago, tras lo cual la Comisión emitiría un último aviso y cerca de dos meses más antes de declarar la pérdida definitiva de los fondos en juego.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado el proceso de desarrollo del nuevo marco regulatorio que permitirá la compatibilidad entre el cobro de la pensión y la salida gradual del mercado laboral. El departamento liderado por Elma Saiz ha presentado un primer borrador que ha generado descontento entre patronal y sindicatos, especialmente por la propuesta de reformar la jubilación parcial anticipada de los trabajadores de la industria, particularmente los del sector automotriz.
El texto plantea recortes en las pensiones al aplicar coeficientes reductores por la jubilación anticipada, además de afectar al cálculo de la base reguladora. La propuesta del Ministerio orienta esta modalidad hacia una menor flexibilidad, particularmente en el sector manufacturero, que tiene su propia normativa en cuanto a jubilación anticipada.
Las modificaciones propuestas incluyen la aplicación de coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión, así como la falta de recalculo de la pensión al alcanzar la jubilación plena, lo que no considera toda la base de cotización del trabajador y afecta negativamente a la base reguladora calculada para la futura prestación, tal como ocurría antes de 2011.
Además, la reforma propone que los trabajadores no puedan acceder a esta modalidad antes de los 62 años, en lugar de los 61 años como era anteriormente, limitando también las opciones de reducción de jornada a un máximo del 50% durante las anticipaciones de 36 meses.
El Gobierno también contempla la posibilidad de que a partir de los 62 años, las profesiones penosas, duras o tóxicas puedan acogerse a un nuevo abanico de jubilaciones anticipadas que se están preparando. Las fuentes sindicales muestran su rechazo a esta propuesta, calificándola como un "ataque frontal" que carece de sensibilidad para mantener y rejuvenecer las plantillas, especialmente en el sector manufacturero como las fábricas de automóviles.
El objetivo principal de esta reforma de las pensiones es generalizar la salida progresiva del mercado laboral, mejorar la continuidad laboral y la calidad de vida laboral en los años previos a la jubilación, y evitar la pérdida prematura de la fuerza laboral. Sin embargo, los miembros del diálogo social perciben este primer borrador como un intento de desincentivar la jubilación anticipada mediante un endurecimiento de las condiciones, lo que, según expertos consultados, resta flexibilidad a este colectivo.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su compromiso con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente fijado en 1.134 euros al mes por catorce pagas, y ha anunciado que convocará a los agentes sociales en el mes de septiembre para abordar este tema. De manera contundente, ha afirmado que el SMI subirá "con o sin acuerdo" social.
Durante su intervención en la Comisión de Trabajo del Senado para presentar las líneas generales de su Departamento, la vicepresidenta ha denunciado que, a pesar de haber aumentado un 54% desde que gobierna Pedro Sánchez, la cuantía actual del SMI "no permite vivir dignamente". "Con 1.134 euros al mes no se puede vivir ni en Madrid, ni en Vigo, ni en Coruña, ni en Murcia, ni en Cartagena, ni en Andalucía, ni en ningún lugar. No es viable. Por lo tanto, la estrategia del Ministerio de Trabajo es continuar incrementando el salario mínimo, buscando un acuerdo social. (...) Vamos a seguir haciéndolo, con o sin acuerdo", ha subrayado Díaz.
Refiriéndose a la mediana salarial en España, que se sitúa en 1.545 euros mensuales, Díaz también ha señalado que con esta cifra "no se puede vivir dignamente". "Hay ingenieros y profesionales que reciben estos salarios. Queda mucho por hacer para mejorar nuestro país y alcanzar niveles de dignidad equiparables a las economías europeas más sólidas, no de baja calidad", ha dicho Díaz, añadiendo que aumentar los salarios en España "es un deber moral". Contrarrestando los pronósticos de "hecatombe" en el empleo que algunos sectores preveían con el aumento del SMI, Díaz ha afirmado que España "lidera la creación de empleo en Europa".
Además, ha defendido que el aumento del SMI, que beneficia a unos 2,5 millones de personas no amparadas por la negociación colectiva, ha contribuido a reducir la brecha salarial de género en un 25% y a "acortar" la distancia entre los trabajadores mejor remunerados y aquellos que perciben salarios más bajos. Por otro lado, la vicepresidenta ha destacado la necesidad de subir el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM) como medida crucial para combatir la desigualdad, mencionando que durante el Gobierno de coalición se ha incrementado un 11,3%. Sin embargo, ha subrayado la urgencia de un aumento inmediato debido a la crisis del coste de la vida en España.
Respecto a la negociación con los agentes sociales para reducir la jornada laboral a 38,5 horas semanales este año y a 37,5 horas en 2025, Díaz ha expresado el deseo del Ministerio de Trabajo de alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo. Finalmente, sobre el cese de actividad para los autónomos, Díaz ha señalado la necesidad de reformas para facilitar el acceso a este beneficio, reconociendo las dificultades actuales para obtenerlo. En resumen, la ministra ha defendido los efectos positivos de la reforma laboral, resaltando la reducción de la tasa de temporalidad y la mejora en las condiciones laborales en España.
El jueves, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmó un acuerdo con CSIF y UGT, los sindicatos representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia, para aumentar los salarios entre 165 euros y 250 euros al mes, dependiendo del cuerpo al que pertenecen.
Para el personal del cuerpo de Gestión y Técnicos de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), el incremento será de 195 euros al mes; para el cuerpo de Tramitación y Ayudantes de Laboratorio INTCF, de 180 euros al mes; para los del cuerpo de Auxilio Judicial, de 165 euros al mes y, por último, para médicos forenses y facultativos INTCF, de 250 euros al mes.
Este aumento salarial afecta a unos 12.000 trabajadores del ámbito no transferido (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC).
Además, CSIF informó en un comunicado que el incremento se aplicará progresivamente: a partir de la nómina de mayo se recibirá el 50% con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año, y el 1 de enero de 2025 se abonará el 100% del acuerdo. De esta manera, en tan solo ocho meses se completará el aumento en las nóminas de los funcionarios.
Por otra parte, el Ministerio de Justicia también anunció que en un plazo de tres meses se llevará a cabo la convocatoria de la mesa delegada para mejorar las condiciones laborales en temas como la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación y la protección de la salud en el trabajo.
Estos acuerdos son resultado de las negociaciones iniciadas entre la Administración y los sindicatos el 10 de enero. Cabe recordar que los trabajadores de la Administración de Justicia iniciaron una huelga indefinida el 22 de mayo del año pasado para exigir mejoras salariales, la cual fue suspendida después de 45 días debido al adelanto electoral.
El Gobierno está preparando la reforma del sistema de pensiones desde la legislatura anterior para hacer frente a la jubilación de las generaciones más grandes en la historia de España, las nacidas entre 1955 y 1977. Durante los años centrales de la década de los 60, nacieron aproximadamente 700.000 niños al año, cifra que hoy día no alcanza los 330.000. Además, ahora hay más fallecimientos que nacimientos.
En este contexto, el Ejecutivo está dialogando con la patronal y los sindicatos sobre nuevas medidas para modificar el sistema de pensiones, bajo el título genérico de un Nuevo marco regulador de la compatibilidad entre trabajo y pensión, como informó EXPANSIÓN ayer. El objetivo principal es buscar nuevas opciones, con incentivos, para mantener en actividad, de forma voluntaria, a los trabajadores después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Este año, una persona puede retirarse con pensión completa al cumplir los 65 años, siempre que tenga cotizados 38 años o más. Para periodos de cotización inferiores, se requiere cumplir 66 años y 6 meses. En 2027, la edad mínima de jubilación alcanzará los 67 años.
La clave de esta propuesta reside en que la Seguridad Social pospondrá el desembolso de la totalidad o parte de la prestación mientras continúe recibiendo las cotizaciones de los trabajadores, no de las empresas, que solo deberán abonar la contribución por accidentes y enfermedades profesionales. Las empresas, lógicamente, gozan de una bonificación total en la cotización patronal. En este escenario, el Gobierno está considerando las siguientes medidas:
Compatibilidad del salario con la pensión para trabajadores activos después de la jubilación ordinaria: El Gobierno ofrece una opción para aquellos trabajadores que opten por esta alternativa, con el fin de mejorar la pensión futura o los ingresos totales. Consiste en combinar el salario o los ingresos como autónomo con la pensión. Dependiendo del tiempo trabajado después de la edad ordinaria de jubilación, el beneficiario podría recibir el salario y la pensión completa.
Fórmula para hacer compatibles ambos ingresos: Con un año adicional de trabajo después de la jubilación, el trabajador podría recibir el salario más el 30% de la pensión. Después de dos años, la cantidad de la pensión compatible aumentaría al 40%. Tras tres años, el trabajador podría combinar su salario con el 50% de la pensión, y el 75% después de cuatro años. Finalmente, con cinco años o más de trabajo después de la jubilación, el salario sería compatible con toda la pensión.
Mantenimiento del complemento por demora de la jubilación: Sí, además de la propuesta para combinar salario y pensión, la Seguridad Social mantendrá los siguientes incentivos: un aumento adicional del 4% en la pensión por cada año de demora después de la edad de jubilación, una prima única basada en los años de contribución realizados antes de la jubilación definitiva, o una combinación de ambos incentivos. Desde que se implementó la reforma en 2022, el número de jubilaciones demoradas ha aumentado del 4% al 10%.
Reforma de la jubilación parcial anticipada con trabajador de relevo: El Gobierno propone endurecer esta opción para prevenir el abuso por parte de empresas y trabajadores, lo que podría aumentar el gasto adicional de la Seguridad Social.
Estas medidas buscan adaptar el sistema de pensiones a las necesidades demográficas y laborales actuales, incentivando la prolongación de la vida laboral y la compatibilidad entre trabajo y pensión.
Fedea ha alertado sobre las implicaciones que tendrá la reforma de las pensiones acordada con Bruselas en las cuentas públicas de España. Según esta entidad, el gasto en pensiones aumentará progresivamente hasta alcanzar el 17,8% en 2050, lo que supone 2,5 puntos porcentuales por encima de las previsiones del Gobierno. Este incremento gradual del gasto llevará al déficit del sistema público de pensiones a ampliarse hasta 6,3 puntos en los próximos 25 años, lo que requerirá que el Estado destine el 50% de los ingresos tributarios netos para cubrir esta brecha en 2050, excluyendo las aportaciones regionales y locales. Según los cálculos de Ángel de la Fuente, director de Fedea, este esfuerzo será del 40% durante las próximas dos décadas.
La reforma, aprobada por el Congreso en marzo de 2023, contempla un aumento gradual de las bases máximas de cotización, establece una cuota de solidaridad para mantener la masa salarial por encima de la base máxima, exenta de cotización, y establece un Mecanismo de Equidad Intergeneracional que prevé incrementos adicionales en las cotizaciones sociales o ajustes en el gasto en caso de desviaciones en el gasto en pensiones, lo cual podría ocurrir antes de lo previsto.
La Comisión Europea ya ha mostrado preocupación al respecto. A finales del año pasado, revisó a la baja las previsiones económicas en las que se basa la reforma, estimando un crecimiento medio del 1,2% entre 2022 y 2050, por debajo del 2% anual proyectado por el Gobierno español. Además, se espera un informe sobre envejecimiento que Bruselas publicará próximamente, lo que podría precipitar la adopción de medidas correctivas ante un aumento del gasto en pensiones mayor al calculado por el Ministerio de la Seguridad Social.
Fedea estima que será necesario realizar ajustes ya en 2025, una medida que también anticipan el Banco de España y la AIReF. Existe la posibilidad de que el gasto en pensiones no solo llegue antes de lo esperado, sino que también sea mayor de lo estimado. Muchas instituciones pronostican que superará el 13,3% del PIB, el umbral que activa medidas de ajuste automáticas. Según de la Fuente, estas proyecciones activarían inmediatamente la cláusula de salvaguardia, lo que implicaría un aumento de las tasas de contribución social entre 3 y 4 puntos porcentuales. Considera prudente que la Comisión Europea presione al Gobierno para revisar la reforma y aplicar "correcciones importantes" desde su aprobación.
En otro orden de ideas, Fedea critica la laxitud de la Comisión Europea al aprobar varias medidas impulsadas por el Gobierno a cambio de financiamiento comunitario. Señala especialmente la reforma de la vivienda, que busca garantizar el derecho a una vivienda digna pero que podría tener efectos negativos sobre la oferta de alquileres asequibles. Además, critica la falta de políticas fiscales de impacto en los últimos años y la necesidad de reformas en el ámbito laboral y fiscal que el Gobierno todavía no ha abordado.
En este contexto, resulta llamativo que el 40% del aumento neto de empleo en marzo corresponda a 77.694 nuevos afiliados medios con contrato fijo discontinuo, a pesar de que solo representaron el 13,7% de los contratos firmados, totalizando 158.271 contratos. Esto sugiere que solo la mitad aproximadamente de estas contrataciones se tradujeron en empleo efectivo.
La característica principal de estos empleos es que son indefinidos pero están vinculados a tareas eventuales, interrumpidos por periodos de inactividad en los que los trabajadores son dados de baja de afiliación y no perciben salario. Este tipo de contratos ha sido objeto de controversia en relación con la reforma laboral, con acusaciones hacia el Gobierno de usar esta figura para "maquillar" las cifras de desempleo. El debate entre el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas sobre la responsabilidad de publicar datos clave no parece clarificar esta cuestión.
En cuanto al empleo, la relevancia de estos contratos radica en que, al reincorporarse al trabajo, se contabilizan como nuevas afiliaciones. Los datos del SEPE indican que en marzo hubo una disminución de 73.115 personas en la categoría de demandantes con relación laboral, que incluye a estos trabajadores inactivos inscritos en los servicios públicos de empleo. Esta cifra se aproxima más al incremento de afiliaciones.
Es importante destacar las diferencias entre las estadísticas de demandantes de empleo y contratos recopiladas por el SEPE y las cifras de afiliación a la Seguridad Social. En el caso de los fijos discontinuos, surgen muchas incertidumbres sobre la estabilidad de estos empleos. ¿Cuántas de estas contrataciones son realmente nuevas y cuántas corresponden a trabajadores que vuelven a ser llamados por sus empresas? ¿Y cuál es la duración de estos períodos de actividad?
En una respuesta parlamentaria al PP hace un año, el Ministerio de Trabajo reconoció que "desconoce tanto la situación laboral de estos trabajadores durante la vigencia de sus contratos como la continuidad de su relación laboral en el tiempo". La Seguridad Social puede ofrecer información sobre la duración de altas y bajas, pero esta es limitada.
Ambos ministerios insisten en que el peso de los fijos discontinuos en el empleo es reducido. En marzo, representaron el 5,45% del total de afiliados al Régimen General, por debajo de los 900.000, frente al 73% de los indefinidos ordinarios. Sin embargo, esto revela la alta volatilidad de estos empleos si se compara con las altas y bajas de los asalariados. En marzo, representaron el 27,7% de las altas y el 23,99% de las bajas de afiliación.
El cese de un fijo discontinuo es actualmente la segunda causa individual de baja de afiliación, después del fin de un contrato temporal. Esto supera las dimisiones, despidos o ceses por no superar el período de prueba, que también están en niveles récord, especialmente entre los indefinidos. Esto plantea la cuestión de si esta precariedad es una consecuencia de la reforma laboral o una tendencia crónica del mercado laboral que la legislación no ha logrado corregir.
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