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(Expansión, 10-04-2024) | Laboral

El Ejecutivo plantea una compatibilidad gradual de la pensión con el salario a medida que se retrase la jubilación

El trabajador relevista debe tener una base de cotización equivalente al 75% del promedio de los últimos seis meses de cotización del jubilado parcial. El Gobierno está proponiendo a la patronal y a los sindicatos que los pensionistas que decidan permanecer activos durante cinco años o más después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación puedan compatibilizar completamente su pensión con su salario. Esta propuesta forma parte del nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión, presentado por el Gobierno a los agentes sociales y al que EXPANSIÓN ha tenido acceso. Hasta ahora, solo los trabajadores autónomos con empleados asalariados podían combinar los ingresos de su negocio con toda la pensión, evitando así el cierre de la actividad empresarial y la posible pérdida de empleo para los trabajadores. Con la reforma de la jubilación activa propuesta por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, esta medida se elimina para los autónomos. Además, el Gobierno plantea que la cuantía de la pensión compatible con el salario sea gradual según el tiempo que el trabajador permanezca en activo. Por lo tanto, después de un año de retraso tras la edad de jubilación, el trabajador percibirá su salario más un 30% de la pensión. Con dos años de actividad, la retribución será compatible con el 40% de la prestación. La pensión alcanzará el 50% cuando el autónomo o el asalariado cumpla tres años trabajando después de la edad de jubilación. Con cuatro años de actividad, será el 75% de la prestación, y finalmente, el trabajador podrá cobrar toda la pensión (el 100%) junto con su salario cuando lleve cinco o más años trabajando después de la edad ordinaria de jubilación. Además, el pensionista conservará los incentivos existentes por prolongar su vida laboral después de la edad de jubilación. Se añadirá un incremento adicional del 4% a la pensión por cada año de trabajo adicional después de la edad de jubilación, con una prima única de hasta 12.300 euros por año de retraso, dependiendo del tiempo cotizado. Es importante recordar que este año una persona puede jubilarse a los 65 años si ha cotizado 38 años o más. Si ha cotizado menos, la edad mínima será de 66 años y 6 meses. El Gobierno también ha decidido endurecer las condiciones para que un trabajador pueda optar por la jubilación parcial antes de la edad ordinaria de jubilación mencionada anteriormente. Se prohibirá que un trabajador a tiempo parcial concentre su jornada laboral efectiva durante un período y luego deje de trabajar una vez transcurrido este tiempo, mientras sigue percibiendo la pensión a tiempo parcial. La Seguridad Social establece que "no se concentrará la jornada". Además, se plantea revisar el período mínimo de cotización para acceder a la jubilación parcial, que actualmente es de 33 años en general. La Seguridad Social exige que al menos seis de esos 33 años de cotización sean anteriores al momento de la jubilación parcial, y al menos dos de ellos deben haber sido como asalariado, no como autónomo. El texto también sugiere a los agentes sociales que la cotización pueda variar según el género del trabajador, con el objetivo de reducir la brecha de género. Tradicionalmente, las mujeres constituyen la gran mayoría de los trabajadores a tiempo parcial, debido a la desigualdad que implica la combinación de la jornada laboral con las responsabilidades familiares, como el cuidado de los hijos. En cualquier caso, cuando la jubilación parcial se inicie después de la edad ordinaria de jubilación y se contrate a un trabajador para realizar el relevo, la cuantía de la pensión se reducirá proporcionalmente a la reducción de jornada del primer trabajador. Por último, el Gobierno propone cambios significativos en la contratación del trabajador que sustituirá al próximo jubilado. En primer lugar, la Seguridad Social exige que el nuevo trabajador tenga un contrato indefinido a tiempo completo y un salario relativamente equivalente al del trabajador que está a punto de jubilarse. La base de cotización del relevista debe ser al menos el 75% de la del jubilado parcial durante los últimos seis meses de su actividad laboral. Por supuesto, todos los períodos de cotización de los trabajadores a tiempo parcial contarán para las pensiones y prestaciones. Además, según la legislación laboral vigente, cualquier día trabajado se considera como un día cotizado para estos trabajadores, independientemente de la jornada realizada.

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(El Economista, 10-04-2024) | Laboral

España perderá casi 600.000 autónomos en los próximos 5 años

La jubilación del 'baby boom' está generando la próxima gran ola de salidas masivas de trabajadores en España, planteando desafíos significativos tanto para el mercado laboral como para las finanzas de la Seguridad Social. Los autónomos no serán ajenos a esta tendencia, ya que aproximadamente 600.000 trabajadores autónomos (según el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE) estarán listos para jubilarse en los próximos cinco años, al menos por edad. De acuerdo con el último Informe Trimestral de ATA, se estima que para el año 2029, el 16% del total de la fuerza laboral por cuenta propia habrá alcanzado los 65 años. Este retiro masivo que se vislumbra en el medio y largo plazo parece ser manejable para el colectivo en su conjunto, según afirman desde las asociaciones patronales del sector. Sin embargo, existe la amenaza de que pueda generar problemas estructurales en sectores de gran importancia como el transporte, la construcción y la agricultura, donde es difícil encontrar un relevo generacional adecuado. Las asociaciones de autónomos insisten en que las bajas que se producen en el Régimen Especial de Cotización de Autónomos (RETA) se compensan con nuevas incorporaciones de emprendedores más jóvenes. El análisis demográfico muestra que todos los grupos de edad de autónomos, excepto aquellos de 40 a 45 años que han experimentado un ligero descenso del 0,2%, han experimentado un aumento en el número de miembros. Además, los autónomos tienden a prolongar su vida laboral más que los asalariados. La mayoría (al menos el 80%) de las jubilaciones entre los trabajadores por cuenta propia ocurren a la edad ordinaria, aproximadamente 50.000 al año. Esta tendencia se ha mantenido constante durante al menos una década y es más alta que la proporción entre los asalariados. Al 31 de marzo de 2024, en España hay 180.732 autónomos mayores de 64 años, lo que representa un aumento de 4.863 autónomos de esta edad en comparación con el inicio del año. Los autónomos jóvenes hasta los 19 años aumentaron en 643, lo que equivale a un crecimiento relativo del 7,8%. Este incremento porcentual es el más notable dentro de todo el colectivo, elevando el número total de emprendedores menores de 20 años a 8.883. En ciertos sectores se observan mayores dificultades debido a la falta de relevo generacional. Por ejemplo, aproximadamente un tercio de los transportistas tiene más de 55 años (la mitad supera los 50 años), lo que indica una situación crítica dada la naturaleza físicamente exigente de la profesión. Lo mismo ocurre en la construcción, donde la edad media supera los 45 años y hay poco interés entre los jóvenes. En profesiones con una alta carga física, como la albañilería, la edad media roza los 50 años. Según la patronal del sector, CNC, los trabajadores mayores de 60 años ya representan el 7% del total. En la agricultura, más del 15% de la plantilla tiene más de 55 años, una proporción que supera la media nacional y que pone en riesgo el relevo generacional en una profesión que es físicamente demandante, económicamente ajustada y con escaso interés entre los jóvenes.

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(La Vanguardia, 10-04-2024) | Laboral

Garamendi propone pagar la nómina total a los trabajadores y que ingresen ellos sus cotizaciones

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha propuesto que los trabajadores deberían recibir su salario mensual completo y ser ellos quienes ingresen directamente ante la Seguridad Social sus cotizaciones, con el fin de que tomen conciencia del verdadero coste laboral asociado a su empleo. En declaraciones a la prensa durante su participación en el IV Encuentro del Comercio de CEOE, Garamendi afirmó: "Yo creo que lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real total y que cada trabajador fuera el que organizara sus relaciones con la Seguridad Social porque es la forma de que se viera realmente cuánto es el coste real de los salarios en España." El dirigente empresarial explicó que la idea consistiría en que los trabajadores recibieran íntegramente las cotizaciones sociales que los empleadores deben abonar por ellos, y que sean los propios trabajadores -similar a como sucede con el Impuesto sobre la Renta- quienes declaren dichas cotizaciones ante la Seguridad Social y Hacienda. "Que en la nómina te llegue todo el dinero y seas tú, como en el impuesto sobre la renta, el que declares ante Hacienda, a la Seguridad Social, porque claro llega un momento que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo," enfatizó Garamendi. Estas reflexiones del líder empresarial surgieron en el contexto de ser preguntado sobre la mesa de diálogo social de las pensiones, reiterando su negativa y argumentando que algunas medidas planteadas representan un coste adicional "sobre los costes ya normales" que enfrentan las empresas.

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(Expansión, 09-04-2024) | Laboral

Escrivá promueve una función pública flexible, operativa y con movilidad

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, impulsa una profunda renovación en la Función Pública con el propósito de modernizar la administración central del Estado. Esta iniciativa implica enfrentar la inercia histórica del funcionariado y la capacidad de adaptar la administración a los cambios en la prestación de servicios a los ciudadanos y a los avances tecnológicos. Entre las medidas propuestas, el ministro planea reestructurar sectores específicos de la administración, si las circunstancias tecnológicas, la búsqueda de productividad y las necesidades del servicio así lo requieren. Todo esto se llevará a cabo mediante negociaciones colectivas con los sindicatos. Por tanto, el Ministerio está preparando una orden que incluye "planes de reestructuración de sectores específicos". Dicha orden contempla las siguientes medidas: Criterios de reestructuración del sector: Se plantea una reestructuración cuando cambios tecnológicos, modificaciones en la prestación de servicios, la aparición de nuevos perfiles competenciales u otras circunstancias comprometan significativamente la eficacia en la prestación de servicios o el cumplimiento de objetivos estratégicos en un sector que afecte a uno o varios departamentos ministeriales u organismos públicos. Implementación de planes de reestructuración: Estos planes serán aprobados mediante negociación colectiva, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las directrices de la política de personal y la planificación general de recursos humanos, incluyendo limitaciones o incentivos a la movilidad. Gestión de la movilidad de funcionarios: Se proponen cambios en la gestión de recursos humanos para introducir flexibilidad en la administración, permitiendo modificaciones en los puestos de trabajo, movilidad del personal, formación e incorporación de nuevos empleados. Iniciativa y aprobación de planes: La iniciativa para elaborar planes de reestructuración corresponderá a los departamentos ministeriales, organismos y entidades afectadas, o al Ministerio de la Función Pública. Los planes serán aprobados por el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública. Áreas funcionales: Se agruparán puestos de trabajo que realicen actividades similares para cumplir objetivos específicos de la organización, permitiendo un enfoque común en competencias profesionales y flexibilidad en condiciones de trabajo y retribución. Eliminación de topes de sustitución: Se busca suprimir la tasa de reposición de funcionarios, con revisión permanente de puestos de trabajo para suprimirlos si no se cubren en tres años, evitando la proliferación de interinos en plazas permanentes. Estas medidas buscan transformar la gestión de recursos humanos en la Función Pública para adaptarse eficazmente a los desafíos tecnológicos y organizativos del siglo XXI.

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(Expansión, 09-04-2024) | Laboral

Endurecimiento de la jubilación parcial

El Gobierno está planificando una reforma más estricta del régimen de jubilación parcial con el objetivo de desalentar la retirada temprana de los trabajadores del mercado laboral y garantizar la estabilidad financiera del sistema de pensiones. Ayer se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para modificar el sistema de jubilación parcial, donde se presentaron las líneas generales de la reforma. Entre ellas se destacan la intención de evitar las salidas anticipadas del mercado laboral, asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones y fortalecer la calidad del empleo para quienes releven a los jubilados parciales. Esto implica que el trabajador relevista, al no trabajar o jubilarse definitivamente, deberá cumplir con ciertos requisitos. El Gobierno no ha proporcionado detalles específicos, pero insinúa que endurecerá las condiciones de acceso a la jubilación parcial. Por ejemplo, actualmente, para contar con un relevo joven, los trabajadores mayores deben tener un mínimo de 33 años de cotización y al menos 6 años de antigüedad en la empresa. Además, al expresar el deseo de "preservar el equilibrio financiero", el Gobierno busca que tanto las empresas como los trabajadores aumenten su período de cotización y que el salario del trabajador en jubilación parcial sea equiparado o se acerque al del relevista. Ambos realizan el mismo trabajo. La ministra también mencionó la importancia de garantizar una compatibilidad efectiva entre el trabajo y la pensión, preservando la calidad del empleo de los relevistas y equilibrando el coste para el sistema de pensiones. Carlos Bravo de CCOO afirmó que las propuestas presentadas "no recuperan la regulación anterior ni la adaptan de manera favorable". Por su parte, Cristina Estévez de UGT consideró que la propuesta gubernamental "recorta derechos y está muy lejos de las expectativas sindicales". Además, el Gobierno planea extender la compatibilidad entre la pensión y el trabajo a partir de la edad ordinaria de jubilación para favorecer una salida progresiva del mercado laboral y permitir una prolongación de las carreras profesionales. También se comprometió a restablecer el coeficiente de parcialidad multiplicador del 1,5% para los trabajadores fijos discontinuos cercanos a la jubilación, quienes enfrentan dificultades para retirarse debido a la eliminación de este coeficiente en el pasado. Esta medida beneficiará especialmente a los trabajadores fijos discontinuos que trabajan por temporadas.

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(El Economista, 09-04-2024) | Laboral

El Gobierno iguala el coeficiente de cotización de los fijos discontinuos periódicos y los temporales

Los sindicatos han logrado persuadir a la Seguridad Social para mejorar el acceso a la jubilación de los trabajadores fijos discontinuos con actividad intermitente o por temporadas, como los del sector de la hostelería o agrícola. El Gobierno se ha comprometido a reinstaurar el coeficiente de parcialidad del 1,5 para estos trabajadores, lo que significa que cada día cotizado contará como uno y medio, similar a como se aplica para los trabajadores temporales, según han informado los sindicatos UGT y CCOO. Los sindicatos presentaron esta propuesta al Ministerio de Seguridad Social argumentando que algunos sectores laborales tienen actividad intermitente o estacional. Por ejemplo, los trabajadores hosteleros durante las temporadas turísticas o los jornaleros agrícolas durante la época de recolección. Una de las principales barreras es el requisito mínimo de 15 años cotizados para acceder a la pensión contributiva de jubilación. "El Gobierno ha entendido nuestra posición y reivindicación, y se ha comprometido a reformar la Ley General de Seguridad Social para restablecer el coeficiente del 1,5. Aún falta conocer los detalles de esta regulación y sus efectos, pero el Gobierno ha presentado una propuesta hoy aceptando nuestra solicitud", explicó Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. De esta manera, se resolverá el vacío legal en el que quedaron estos trabajadores. El equipo negociador del Ministerio también ha presentado una primera propuesta sobre jubilación parcial con contrato de relevo, una fórmula que ya está establecida en el sector industrial y automovilístico y que permite la salida gradual del mercado laboral mientras un trabajador más joven se prepara para ocupar el mismo puesto. Este marco legal permite recibir salario y pensión bajo ciertas condiciones. "Hemos visto algún avance en la jubilación parcial anticipada, con una propuesta presentada hoy por primera vez por el Ministerio. Sin embargo, está muy lejos de nuestras expectativas y consideramos que recorta derechos. Es una oportunidad perdida para rejuvenecer las plantillas y permitir una salida flexible y gradual del mercado laboral", comentó Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT tras la reunión. La central sindical preparará un documento con sus propuestas para la próxima reunión. A pesar de ello, consideró que la propuesta está "muy lejos" de las expectativas sindicales y "recorta derechos", no solo en la industria manufacturera, donde existe un contrato de relevo garantizado, sino en otros sectores. "No recupera la regulación del año 2011 ni elementos de adaptación. Contiene algunos elementos interesantes pero otros que disminuyen directamente los derechos de acceso que no compartimos", subrayó Estévez. Durante la reunión, los sindicatos también han pedido al Ministerio que regule la cotización de las prácticas no laborales, las becas y periodos cotizados anteriores a esta norma, para que las personas tengan derecho a recuperarlos a través de un convenio especial. "El Gobierno nos ha informado que la orden ministerial está próxima, pero le hemos pedido que la mesa, dado que este es un resultado directo de acuerdos previos de diálogo social, debe conocer el texto y abordarlo", explicó Bravo.

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(El Economista, 09-04-2024) | Laboral

Baleares, Murcia, Extremadura, Aragón y Valencia lideran la brecha entre paro "efectivo" y registrado

El enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición respecto a las estadísticas de empleo se ha intensificado en los últimos meses debido al incumplimiento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de su compromiso de publicar las cifras de fijos discontinuos inactivos registrados en los servicios públicos de empleo. Mientras que los 'populares' continúan denunciando una opacidad que distorsiona las cifras de desempleo, el Ministerio de Trabajo ahora afirma que estas cifras deben ser proporcionadas por las comunidades autónomas. Este cambio responde al hecho de que las regiones gobernadas por el PP son las que ahora muestran un mayor número de parados 'efectivos'. El concepto de 'paro efectivo' fue acuñado por el investigador Florentino Felgueroso en el contexto del Observatorio del Mercado de Trabajo, que cada trimestre publican Fedea y BBVA Research. Esta métrica suma al paro registrado los demandantes de empleo con relación laboral, incluyendo a los fijos discontinuos que, durante los periodos de inactividad, se inscriben en las oficinas de empleo. La diferencia porcentual entre ambos datos representa el supuesto desempleo real no reflejado en las estadísticas convencionales. Las regiones con mayor brecha entre paro efectivo y registrado son Baleares, donde hay más demandantes con relación laboral que parados, con una diferencia del 161%, seguida de Murcia (41,3% de diferencia), Extremadura (33,1%), Aragón (30,2%) y Valencia (29,2%). En el extremo opuesto se encuentran Madrid (9,9%) y Canarias (8,1%), también gobernadas por el PP. Es importante destacar que la mayoría del mapa político español está ahora bajo control del PP, mientras que regiones como Baleares, Valencia, Extremadura y Aragón fueron consideradas 'feudos' del PSOE liderado por Pedro Sánchez entre 2015 y 2023. Este cambio político explica el giro de postura de Yolanda Díaz, desafiando directamente a los 'populares' a revelar los datos que cuestionan en las regiones que gobiernan. Esto es posible debido a que los servicios públicos autonómicos son responsables de registrar y clasificar las demandas de empleo. Es importante tener en cuenta que la métrica del 'paro efectivo' es polémica y tiene carácter orientativo, ya que los demandantes con relación laboral incluyen a personas con empleo y fijos discontinuos que sí están trabajando. Además, esta métrica no coincide con otras referencias, como los fijos discontinuos que cobran el paro o los microdatos de la EPA. A pesar de las diferencias, el Gobierno se ha mostrado reacio a aceptar el análisis de Fedea y, hace más de un año, se comprometió a publicar los datos completos, aunque solo lo hizo parcialmente en una respuesta parlamentaria filtrada en febrero de 2023. Esta respuesta reveló que, a finales del año anterior, había 443.078 fijos discontinuos inactivos excluidos del paro registrado, en comparación con los 622.184 demandantes con relación laboral registrados en ese mes. Estos datos indican que el aumento en los demandantes con relación laboral se debe principalmente a los fijos discontinuos inactivos, aunque no todos ellos estén en esa situación. Aunque esta fue la única cifra oficial proporcionada por el Ministerio de Trabajo utilizando sus propias bases de datos, posteriormente se retractaron de la validez de este análisis. La última vez que Yolanda Díaz abordó este tema fue en el Senado hace algunas semanas, proporcionando datos de la EPA que generaron confusión al no coincidir con las cifras de fijos discontinuos perceptores de prestación de paro recogidas por el SEPE.

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(El Periódico, 09-04-2024) | Laboral

El Gobierno incrementará su fiscalización a la acción de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social

Organismos privados que reciben financiamiento público y gestionan servicios como la atención en accidentes laborales o las prestaciones por incapacidad temporal, entre otros, están en el centro de atención. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, anunció el lunes en la comisión del Pacto de Toledo que encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un informe de evaluación sobre la gestión de estas entidades. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está abordando con la patronal y los sindicatos una nueva reforma del sistema de pensiones y protección social. Una de las áreas clave de esta reforma es revisar el papel de las mutuas colaboradoras. Los agentes sociales ya acordaron bilateralmente aumentar la participación de estas entidades en el tratamiento de trabajadores con baja por accidentes traumatológicos que no ocurrieron durante su jornada laboral, con el objetivo de acelerar su recuperación. Por ejemplo, si un empleado se lesiona un pie un domingo jugando al fútbol y no puede ir a trabajar, dado que no se trata de un accidente laboral, debe esperar para ser atendido en el sistema de salud pública, lo que puede retrasar su tratamiento debido a las largas listas de espera. El acuerdo entre patronal y sindicatos pretendía permitir que la mutua interviniera en el tratamiento, como realizar una radiografía en sus instalaciones, para acelerar la recuperación y facilitar que el empleado regrese al trabajo más rápidamente. Ahora, la Seguridad Social busca integrar esta filosofía en su operativa diaria y encontrar un equilibrio entre aprovechar estos recursos privados (aunque financiados públicamente) y no otorgar demasiadas competencias a las mutuas para influir o determinar altas y bajas médicas de forma inadecuada. Los sindicatos se muestran cautelosos al respecto, ya que temen que estas entidades busquen acelerar la recuperación a costa de conceder altas médicas de manera imprudente. Además de estas modificaciones, la ministra se comprometió a "emprender una reforma integral del sector, desde su estructura hasta su régimen económico-financiero, y fomentar la colaboración con entidades públicas y privadas, basándose en un informe de evaluación que queremos encargar a la Airef desde el Ministerio".

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(Expansión, 08-04-2024) | Laboral

Trabajo prepara una ley para dar voz a las pymes en el diálogo social y contrarrestar a la CEOE

El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz tiene previsto aprobar este año una ley con el propósito de reformar la configuración de la mesa del diálogo social, buscando una mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas para contrarrestar la influencia de la CEOE presidida por Antonio Garamendi. Esta iniciativa forma parte de la Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, incluida en el plan anual normativo del Gobierno para 2024. El objetivo principal de esta ley será "desarrollar las normas de representatividad empresarial", especialmente enfocadas en otorgar una mayor representación a las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. Este enfoque ya estaba contemplado en el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, comprometiéndose a fortalecer la representatividad de las pymes y los autónomos mediante "un sistema basado en principios democráticos". Ahora, la vicepresidenta segunda da un paso adelante al incluir esta ley en el plan normativo, lo que refleja la determinación de su departamento de aprobar la normativa este mismo año, según indica Europa Press. Actualmente, las pymes están representadas en el diálogo social por Cepyme, una organización asociada a la CEOE. Sin embargo, el Gobierno parece estar considerando también la inclusión de la Confederación Nacional de Pymes y Autónomos (Conpymes). El presidente de esta patronal, José María Torres, ha argumentado que la organización debería participar en el diálogo social, dado que representa a más del 10% de los trabajadores. Desde Conpymes recuerdan que, según la Unión Europea, el diálogo social es fundamental para la resiliencia económica y social, la competitividad, la equidad y el crecimiento sostenible, y debe ser objetivo, transparente y seguir criterios preestablecidos. Consideran que actualmente las grandes empresas están sobre representadas ante el Gobierno y esperan que la inclusión de Conpymes sea aprobada por todo el arco parlamentario. Conpymes, cuyos miembros incluyen a COAG, Fenadismer y la patronal catalana de pymes Pimec, fue presentada públicamente en mayo de 2021 en un evento que contó con la participación de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Además de esta ley, el Ministerio de Trabajo está preparando otra iniciativa para permitir la presencia de los sindicatos en los consejos de administración de empresas y grupos empresariales. La propuesta de la ministra Yolanda Díaz con su "Ley de democracia en la empresa" busca promover una participación más efectiva de los trabajadores en sus respectivas empresas, en línea con el artículo 129 de la Constitución. Para ello, se está considerando emular la ley de cogestión de Alemania, con el objetivo de que las organizaciones sindicales participen en las decisiones de las altas esferas empresariales. Además de estas iniciativas, el Ministerio de Trabajo está planeando modificar el Estatuto de los Trabajadores en relación con el despido, para cumplir con la Carta Social Europea, fortalecer la causalidad en los despidos y eliminar el despido automático en caso de discapacidad sobrevenida.

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(Expansión, 08-04-2024) | Laboral

El Supremo avala la exigencia del uso de corbata a los vigilantes de seguridad

El Tribunal Supremo ha respaldado en una sentencia la decisión de las empresas de exigir el uso de corbata en verano al personal de seguridad que trabaja de cara al público en centros comerciales con aire acondicionado. La sala de lo social del TS ha determinado que esta exigencia no vulnera la dignidad de los trabajadores y la considera apropiada dadas las condiciones laborales, ya que solo se aplica a los vigilantes que prestan servicio al público en áreas del centro comercial que cuentan con aire acondicionado, excluyendo a quienes trabajan en otros lugares como almacenes, muelles o vigilancia fuera del horario de apertura. En su fallo, el alto tribunal desestima el recurso presentado por el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada contra la sentencia de la Audiencia Nacional que respaldó a Sicor Seguridad El Corte Inglés. Los magistrados destacan que la obligación de usar corbata respeta tanto el acuerdo alcanzado con otros sindicatos de la empresa como lo establecido en la Orden del Ministerio del Interior 318/11. Esta orden otorga a la empresa la competencia para decidir sobre el uniforme de los vigilantes de seguridad, considerando su adecuación a las condiciones laborales, la estación del año y otras circunstancias funcionales, laborales o personales, así como la dignidad de los trabajadores y la igualdad de género.

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