(Expansión, 26-09-2025) | Laboral
A petición del Gobierno y tras consultar con los agentes sociales, la OCDE elaborará un informe con recomendaciones sobre el sistema de bajas laborales en España. Mientras las mutuas y las empresas ponen el acento en el fuerte incremento de costes, los sindicatos subrayan la sobrecarga de los servicios de salud y el envejecimiento de la población activa.
El auge del absentismo, disparado tras la pandemia, se ha convertido en una preocupación central para el Ejecutivo. En el Ministerio de Seguridad Social, que dirige Elma Saiz, se ha intensificado en los últimos meses la atención sobre este asunto, que no solo supone un gasto creciente para las arcas públicas y las empresas, sino que también genera dificultades organizativas y un impacto negativo en la productividad y la competitividad.
En este contexto, técnicos de la OCDE visitaron España la semana pasada para analizar la situación, en el marco de un estudio comparativo internacional. El proyecto, al que se ha sumado el Ministerio de Seguridad Social, culminará en dos años con un informe que incluirá conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la incapacidad temporal. No obstante, dichas propuestas no tendrán carácter vinculante. Fuentes oficiales explican a Expansión que se trata de un Instrumento de Apoyo Técnico (TSI), un programa de la Comisión Europea que proporciona asistencia para la puesta en marcha de reformas estructurales. En este caso, la iniciativa se realiza de forma conjunta entre Bruselas y la OCDE, con el objetivo de abordar el absentismo y plantear posibles soluciones.
La magnitud del problema en España queda reflejada en los datos. Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), el absentismo costará este año cerca de 33.000 millones de euros, un 12,6% más que en 2023 y un 223% superior a lo registrado hace diez años. De esa cantidad, unos 16.000 millones recaerán directamente sobre las empresas, que asumen el pago de prestaciones durante parte de la baja, mejoras económicas desde el primer día y las cotizaciones sociales.
Durante su visita, los expertos de la OCDE se reunieron con representantes de los ministerios de Seguridad Social, Trabajo y Sanidad, además de organizaciones empresariales, sindicatos, mutuas, el sector educativo, los servicios autonómicos de salud y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El análisis se centra en la comparación de marcos legales y medidas de incapacidad temporal en países de la UE y la OCDE, así como en la evolución reciente del fenómeno en España, con especial atención al papel de las mutuas en el diagnóstico y tratamiento de patologías traumatológicas.
El Gobierno también expuso su última propuesta en materia de bajas largas: permitir una reincorporación parcial tras más de 180 días de incapacidad. La medida contemplaría un periodo de transición de hasta un mes, con una jornada reducida al 50%, salario proporcional y mantenimiento de la mitad de la prestación por incapacidad temporal.
No obstante, las organizaciones empresariales y las mutuas expresaron a los técnicos su preocupación por el avance del absentismo y advirtieron de sus efectos sobre la competitividad. Según AMAT, la tasa actual equivale a que 1,7 millones de personas no acuden cada día a su puesto de trabajo. Además, mostraron sus reservas sobre el modelo de reincorporación progresiva: a su juicio, carece de sentido si el trabajador ya cuenta con el alta médica, por lo que su impacto real sobre el absentismo sería prácticamente nulo.
Tanto mutuas como empresarios reclaman medidas urgentes y sugieren que se permita a estas entidades gestionar íntegramente el proceso de la baja -incluyendo diagnóstico, tratamiento y alta-, competencia que hoy corresponde al sistema público de salud. En sus encuentros con la OCDE, aportaron informes que anticipan 9,2 millones de bajas en 2025, con un coste económico y organizativo de gran envergadura para el tejido productivo español.