(El Economista, 22-09-2025) | Laboral
El Ministerio de Seguridad Social tiene sobre la mesa varias negociaciones clave en el arranque del nuevo curso político: la reforma de la incapacidad temporal, la jubilación reversible, el complemento por brecha de género en las pensiones y la revisión de las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Esta última es la más apremiante, ya que las actuales cuotas solo están definidas hasta 2025 y el Ejecutivo debe acordar los nuevos tramos antes del 1 de enero de 2026. En otras palabras, dispone de apenas tres meses para fijar las cuotas que regirán durante los próximos tres años.
Así lo recoge el real decreto que regula el sistema de cotización, en el que se establece que "antes del 1 de enero de 2026 el Gobierno determinará el calendario de aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, el cual contemplará el despliegue de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización a lo largo del siguiente período, con un máximo de seis años". Aunque legalmente podrían aprobarse tablas con carácter retroactivo más adelante, fuentes del diálogo social advierten de que esta alternativa complicaría su puesta en práctica. El mandato legal prevé que la implantación del RETA sea gradual, con revisiones cada tres años y una duración máxima de nueve.
La ministra Elma Saiz celebró el pasado lunes la primera reunión con los agentes sociales tras el parón estival, un encuentro que todas las partes valoraron como positivo. No obstante, desde ATA -la organización de autónomos vinculada a la CEOE- insistieron en que "la negociación debe ser larga". Su presidente, Lorenzo Amor, reclamó al Gobierno que prorrogue las cuotas de 2025 y recordó que el propio mandato del RETA obliga a realizar previamente una evaluación del sistema, algo que -según dijo- todavía no se ha hecho. "No vamos a aceptar abrir un nuevo capítulo de cuotas mientras no se resuelvan estas cuestiones y otras relacionadas con la acción protectora", subrayó Amor.
El Ministerio también se comprometió a simplificar y reforzar la prestación por cese de actividad, una demanda compartida por todas las asociaciones de autónomos y que ya había sido anunciada con anterioridad. UPTA se mostró más confiada en los plazos y defendió que, en estos tres meses, se puede diseñar "un sistema que tenga vocación de permanencia". Su presidente, Eduardo Abad, explicó que en la reunión se abordaron cuestiones como la modificación del cese de actividad -especialmente el motivado por pérdida de ingresos-, la sobrecotización de los autónomos en pluriactividad y la operativa de los tramos tras percibir una prestación. "Con voluntad política, seremos capaces de poner en marcha el sistema el 1 de enero de 2026 con los tramos claramente definidos", aseguró.
Por su parte, Uatae puntualizó que en la reunión el Ministerio no presentó propuestas concretas, sino que pidió a las organizaciones sus aportaciones. Estas se esperan para la próxima semana, ya que el Ministerio ha convocado nuevos encuentros quincenales con los agentes sociales.
Fuentes del departamento confirmaron tras la reunión que las asociaciones deberán enviar sus sugerencias por escrito a lo largo de estos días, antes del próximo encuentro. Las prioridades planteadas por Saiz, añadieron, pasan por reformar el cese de actividad, "reforzar la protección social" y analizar en común qué mejoras introducir en la próxima regularización.