(El Economista, 29-09-2025) | Laboral
Tras el rechazo en el Congreso a la reducción de la jornada laboral, las patronales comenzaron a calcular las consecuencias que podría tener el plan alternativo anunciado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: endurecer las exigencias sobre el registro horario. Esta obligación existe desde 2019, pero el hecho de que ahora se plantee hacerlo más estricto y digitalizado ha sido interpretado por CEOE y otras organizaciones como una pérdida adicional de flexibilidad interna. Por ello, reclaman que cualquier cambio venga acompañado de una revisión del límite legal de horas extraordinarias.
La primera en alzar la voz fue la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que advirtió en un comunicado que reforzar el control horario "solo agravaría las rigideces ya existentes". La CNC pone el foco en el artículo del Estatuto de los Trabajadores que fija en 80 el máximo de horas extra anuales no compensadas con descansos. Consideran que este tope dificulta atender la demanda de obra nueva y cumplir los plazos de contratos públicos, en un contexto de falta de mano de obra. Por ello, piden al Gobierno que se permita superar esa cifra mediante la negociación colectiva. Según su presidente, Pedro Fernández Alén, sería positivo también para los empleados que quieran aumentar sus ingresos, siempre que se garantice que esas horas se hagan de forma voluntaria y correctamente remuneradas.
Esta posición es compartida por otras organizaciones empresariales de la CEOE, que reclaman mayor flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo justo cuando los convenios tienden a acortar la jornada y persiste la incógnita de si se intentará de nuevo una reducción por ley. De hecho, la posibilidad de ampliar las 80 horas ya se abordó en las conversaciones del año pasado entre CEOE, Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. Entonces, UGT se mostró dispuesto a modificar esa restricción si se aseguraba la voluntariedad y un pago superior al de la hora ordinaria.
El transporte por carretera también ha trasladado esta demanda. El vicepresidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), Ramón Valdivia, considera imprescindible elevar el límite de horas extra si finalmente se aprueba una reducción de jornada. Propone situarlo entre 180 y 195 horas para garantizar el funcionamiento del sector y cubrir las rutas, recordando que, además, el transporte ya tiene limitaciones específicas como las horas de conducción.
La CEOE podría incluir esta petición en sus alegaciones al real decreto sobre el registro horario, aunque el Gobierno ha cerrado la puerta a medidas compensatorias de este tipo y da por cerrado el texto. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya dejó claro hace un año que no se contempla ampliar las horas extra, calificándolas como "una lacra, muchas veces impagadas".
En paralelo, la patronal liderada por Antonio Garamendi insiste en que el nuevo sistema de control horario supondrá un reto para las pymes, que representan la mayoría del tejido empresarial. Señalan el aumento de costes que podría implicar, aunque sin concretar cifras, mientras que Cepyme llegó a estimar en 48.000 millones de euros el coste global de la frustrada ley de reducción de jornada, que incluía esta reforma.
Otro obstáculo que destacan es la falta de infraestructura tecnológica para que todos los empleados puedan fichar de manera digital, dado que en algunos sectores hay problemas de conectividad o falta de competencias digitales. Trabajo, sin embargo, asegura que el sistema será sencillo, mediante una app o un terminal en el puesto de trabajo.
Aun así, el principal temor de la patronal reside en la seguridad de los datos. Les preocupa que el acceso remoto de la Inspección de Trabajo pueda poner en riesgo información sensible, y dudan de la fiabilidad de las aplicaciones que desarrollen las empresas si no se impone una herramienta oficial. También recelan de que los representantes de los trabajadores tengan acceso directo a los registros horarios, como establecía la ley rechazada en el Congreso, que obligaba a garantizar ese acceso incluso por vía telemática.