(Cinco Días, 12-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La gran cantidad de liquidez que se inyectó en las empresas españolas durante la pandemia sigue teniendo consecuencias, especialmente en los procesos de reestructuración empresarial. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió más de 140.000 millones de euros en préstamos con aval público, de los cuales aún permanecen vigentes unos 33.000 millones -32.850 millones a cierre de septiembre, según el Banco de España- que deberán devolverse, en su mayoría, antes de 2028.
Este respaldo del ICO, que cubre entre el 70% y el 80% del importe concedido por los bancos, se ha convertido en un obstáculo para las entidades financieras, los fondos y los asesores involucrados. La razón es que cualquier modificación de las condiciones -como ampliar plazos más allá de 2028 o aplicar quitas- requiere la autorización expresa de la Agencia Tributaria (AEAT), lo que retrasa y complica los acuerdos.
Aunque el PIB español ha crecido más de un 36% desde la caída de 2020, los expertos alertan de un aumento notable de los procesos de reestructuración, que ya superan los 500 casos y continúan al alza. Estas operaciones afectan sobre todo a empresas que no han podido devolver los préstamos. "La deuda que sigue viva se concentra principalmente en compañías más frágiles", explican Davinia Sánchez y Malena Vila, de Kepler-Karst, quienes destacan que "el impacto real de la pandemia ya no se mide por el crédito concedido, sino por la capacidad de las empresas más afectadas para reembolsarlo".
Sergio Masip, socio de Reestructuraciones en EY-Parthenon, prevé una "aceleración" de los procesos conforme se acerque el plazo de vencimiento en 2028. En la misma línea, el abogado Antonio Almendros, experto en insolvencias, apunta que se está produciendo un "repunte de reestructuraciones" motivado por la necesidad de anticiparse a la devolución de la financiación avalada por el ICO.
El principal cuello de botella, coinciden las fuentes, está en la obtención de las autorizaciones necesarias. El procedimiento para ampliar plazos o aplicar quitas exige la aprobación de la AEAT, pero las restricciones legales que impiden extender los vencimientos más allá de 2028 dificultan los acuerdos. "El mayor problema es el límite temporal -explica Masip-, ya que cualquier decisión que implique una quita o una conversión del crédito en préstamo participativo necesita el visto bueno de la AEAT". En el mismo sentido, Yago Fernández, de Alvarez & Marsal (A&M), confirma que "las limitaciones normativas frenan muchos procesos".
Un abogado especializado en reestructuraciones añade que en muchos casos "la AEAT está denegando las solicitudes", lo que lleva a algunos bancos a votar en contra de los planes de reestructuración para no arriesgar la validez del aval público. Desde Kepler-Karst señalan que ha habido algunos casos puntuales de ampliación de plazos o quitas parciales, pero subrayan que "son excepcionales y no existe una interpretación uniforme entre expedientes". Mikel Ortega, de A&M, confirma que "la denegación de solicitudes dificulta cumplir los plazos de los planes de reestructuración y pone en riesgo la viabilidad de las empresas a corto plazo".
Por su parte, la Agencia Tributaria defiende que, en muchos casos, las entidades no aportan una justificación suficiente para prolongar el crédito más allá del límite legal, y recuerda que conceder excepciones podría vulnerar los principios de igualdad y justicia frente a otros deudores públicos.
Ante este escenario, los despachos están buscando alternativas. Masip explica que se están diseñando planes de reestructuración con distintas clases de crédito que, con el apoyo mayoritario de los acreedores, permiten "arrastrar la parte avalada por el ICO sin perder la garantía". Víctor Pedrosa, de A&M, añade que estas medidas solo son posibles mediante planes no consensuales en los que otros acreedores -comerciales, financieros sin aval ICO o subordinados- impongan nuevas condiciones, siempre cumpliendo los requisitos de la Ley Concursal.
Finalmente, otro abogado de un gran despacho señala la importancia de que los bancos puedan "emitir votos diferenciados" en los planes de reestructuración, tratando de manera distinta la parte del préstamo avalada por el ICO y la no avalada, sin poner en peligro la validez del respaldo público.