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(Expansión, 11-02-2021) | Sector

CGPJ, Ministerio, FGE y AECID suscriben un Protocolo para ayudar al desarrollo en justicia en los países de interés para España

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en funciones, Carlos Lesmes; el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, como presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), firmaron ayer un Protocolo General de Actuación para colaborar y actuar conjuntamente en la consecución de objetivos comunes en el desarrollo del sector de la Justicia en los países prioritarios de la Cooperación Española. Su ámbito geográfico se centrará en América Latina y el Caribe, África, Oriente Próximo y Filipinas, más concretamente en los países considerados prioritarios en el Plan Director de la Cooperación Española, ya sea por su naturaleza de países de asociación o de cooperación avanzada, así como en el marco de las estrategias regionales de la Cooperación Española, incluido el Programa Masar en el mundo árabe y el Plan Intercoonecta en América Latina y el Caribe. El objetivo es poner en marcha programas de interés compartido, acciones y proyectos conjuntos en favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, los dedicados a la gobernabilidad, la promoción y consolidación del Estado de Derecho; la provisión de acceso a la justicia para todas las personas sin discriminación de ningún tipo; y el fortalecimiento de instituciones efectivas y responsables en el ámbito de la justicia. Objetivos y metas que las instituciones firmantes identifican como comunes, en el marco de la Agenda 2030 y de la contribución de España a la consecución de los ODS para “no dejar a nadie atrás”, llegando a todas las personas en situaciones de vulnerabilidad. Las actuaciones conjuntas que se llevarán a cabo en el marco de este Protocolo se concretarán en la realización de cursos y seminarios; la movilización y el envío de personal experto y de misiones técnicas; la realización de pasantías y estancias formativas; la formación de formadores; el apoyo a la dotación de equipos, material bibliográfico y de otra índole; y el impulso a iniciativas relevantes en los ámbitos local, estatal, regional y multilateral. El Protocolo, que tendrá una duración de cuatro años, define unas directrices generales de cooperación entre los principales actores públicos de relevancia constitucional y de mayor peso en el ámbito internacional y de la cooperación para el desarrollo en el sector.

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(Cinco Días, 10-02-2021) | Sector

El ICAM lanza un programa de ‘coaching’ para abogados afectados por la crisis del Covid

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha un proyecto de coaching personalizado que contribuya a mejorar la situación anímica y laboral de los abogados que estén atravesando un bache profesional debido a la crisis del Covid-19. La iniciativa, enmarcada dentro del programa “Por un buen futuro”, surge por la grave situación de desempleo y vulnerabilidad que están sufriendo muchos profesionales de la abogacía a causa de la pandemia. En concreto, está dirigida a los colegiados inscritos en el Portal de Empleo del ICAM que se encuentren en situación de especial necesidad, bien por llevar mucho tiempo en desempleo, bien por tener dificultades económicas derivadas de las faltas de oportunidades profesionales, o bien por encontrarse en una situación de baja estima y motivación. Los beneficiarios de este servicio recibirán de manera gratuita sesiones one to one con un experto en coaching que trabajará el área motivacional y proporcionará un nuevo enfoque en la búsqueda activa de empleo. El objetivo es que adquieran las herramientas necesarias para encontrar los puestos de trabajo que más se adapten a cada perfil, identificar prioridades y definir objetivos en el momento en que más se necesita una adaptación al cambio, descubrir y saber vender puntos fuertes. así como identificar los puntos débiles y obstáculos externos e internos que limitan a las personas. También recibirán formación específica para elaborar un plan de acción personalizado orientado a aplicar las tendencias que se marcan en el uso de herramientas digitales, aprender a generar y mantener una red de contactos que le ayuden en su búsqueda, y trabajar en técnicas para superar la entrevista de trabajo.

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(Cinco Días, 10-02-2021) | Sector

Los notarios temen un aluvión de renuncias a herencias en 2021

La pandemia del coronavirus ha disparado la mortalidad en España, provocado importantes retrasos en la tramitación de documentos y causado una recesión económica sin precedentes en tiempos de paz. Un cocktail que, según temen los notarios, se traducirá en un aluvión de renuncias a herencias durante 2021, que podría batir récords, ante el miedo de los beneficiarios a recibir más deudas y obligaciones tributarias que bienes en el marco de la crisis abierta por el Covid-19. “Cuando hay crisis económicas, hay más renuncias de herencias. Y desde 2007 a 2019 han ido aumentando”, ilustra Concepción Barrio, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid. Así, mientras que la cifra de aceptación de herencias apenas ha oscilado entre 260.000 y 320.000 al año, el número de rechazos a las mismas se ha multiplicado por cuatro en dicho periodo desde las 11.000 de 2017 a las 47.421 de 2019, según los datos del Consejo General del Notariado. La cifra no ha parado de crecer año a año, y llegó a subir un 24% solo en 2013. “El factor decisivo es, lógicamente, el principio de sucesión universal”, explica Ignacio Gomá Lanzón, notario de Madrid, por el que “los sucesores de una persona reciben el activo y también el pasivo, es decir, sus deudas”, a las que deben hacer frente con “el patrimonio propio”. “Ello combinado con una crisis económica de la envergadura de la de 2007-2008 ha hecho que, en ocasiones, recibir herencias sea recibir deudas”, agrega. Entran en cocotal juego aquí dos factores fundamentales: las propias deudas que lega finado, habitualmente más abultadas cuanto mayor es el calado de una crisis económica, y de otra, el pago del impuesto de Sucesiones y –cuando hay inmuebles de por medio– el de la plusvalía municipal. Una factura tributaria que el beneficiario tiene seis meses para liquidar desde el fallecimiento de quien lega y que puede resultar prohibitiva para herederos sin liquidez. “Puede ocurrir que en la herencia haya un piso de mucho valor, pero si no hay dinero líquido no puedes pagar el impuesto”, ilustra la vicedecana de Madrid que matiza que, aunque regiones como la suya aplican fuertes bonificaciones entre familiares directos, esta ventaja fiscal no se da en todos los casos ni en otras regiones. La pandemia ha causado, además, un exceso de mortalidad de algo más de 80.000 personas entre marzo y diciembre de 2020, periodo en el que se registraron 391.400 fallecimientos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a ello, el número de renuncias a herencias se redujo un 6,4% interanual en el ejercicio, su primer descenso desde 2007. En realidad, la bajada se dio en todo tipo de documentos notariales, con caídas del 3,8% en la firma de testamentos (pese al incremento del interés por esta figura constatado en las notarías por la emergencia sanitaria) hasta los 616.561; y descensos del 7% en las aceptaciones de herencias, a 297.948. La explicación es que “en los meses de confinamiento domiciliario estricto se priorizaron operaciones urgentes, y las que no lo eran quedaron pospuestas, unido a que las comunidades autónomas adoptaron medidas para ampliar los plazos de liquidación de impuestos, lo que permite suponer que muchos herederos han dejado para más adelante la decisión de aceptar o repudiar la herencia”, aclara Teresa Barea, decana de los notarios andaluces y portavoz nacional del ramo. “En 2021 se va a producir un incremento de renuncias”, expone Barrio, aunque deja en el aire que la cifra bata el récord de 2019 ante la posibilidad de que un nuevo confinamiento total vuelva a paralizar las operaciones. “Este año seguramente aflore en los números ese incremento de mortalidad” de la pandemia, así como “todas las operaciones que se han pospuesto en 2020”, por lo que “si parece que en 2021 vamos a tener un importante número” de renuncias a herencias, concuerda Barea.

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(Cinco Días, 05-02-2021) | Sector

El salario medio en un despacho de abogados va de los 23.180 euros brutos al año

Esto es lo que cobra un profesional en un bufete nacional frente a los 34.142 euros que paga una firma internacional de media. Dentro de esa franja se encuentran los 23.333 euros que cobra un abogado que trabaja en un despacho de los denominados boutique, aquellos que cuentan con una plantilla de entre 20 y 50 empleados, a los 34.142 euros que ganan los que prestan sus servicios en alguna de las big four, esto es, en Deloitte, PwC, EY y KPMG. Todos estos datos aparecen en el análisis comparativo de las retribuciones en los despachos de abogados realizado por la firma de búsqueda de profesionales Signium, en colaboración con el IE Law School que, en su decimosexta edición, ha analizado tanto los despachos nacionales e internacionales como las divisiones de fiscal y legal de las cuatro grandes consultoras y auditoras, con más de 50 profesionales en ejercicio, lo que supone analizar las retribuciones que afectan a más de 7.000 profesionales en España. Por categorías, los que mejor retribuyen a los becarios son los despachos nacionales, con un sueldo de 14.936 euros en 2020, lo que supuso un aumento del 8% con respecto al año anterior, mientras que las firmas internacionales los retribuyeron con 14.768 euros, un 5,4% más que en el ejercicio anterior, mientras que en las cuatro grandes consultoras el salario se congeló el pasado año en 13.533 euros. También son estas compañías las que menos retribuyen a los júnior, aquellos que cuentan con entre uno y tres años de experiencia, que percibieron un salario de 33.808 euros, mientras que los despachos internacionales compensaron a esta categoría con 38.716 euros, mientras que los bufetes nacionales pagaron 37.086 euros brutos anuales. Los asociados, con entre cuatro y seis años de trayectoria, cobraron entre 48.825 euros en las big four, un 0,79% menos que en 2019, 57.361 euros en los despachos nacionales, un 0,10% menos, y 63.616 euros, un 1,1% menos en los internacionales. El sueldo de los sénior, con un bagaje de entre siete y nueve años, también descendió un 0,98% en las consultoras cobrando de media 75.469 euros, un 0.87%, con 84.548 euros, en las firmas nacionales, mientras que en las internacionales se incrementó un 2,08%, hasta los 100.113 euros. En 2020, los directores, con al menos una década de experiencia, del área de fiscalidad y legal de alguna de las cuatro consultoras anteriormente citadas tuvieron una reducción salarial de media del 1,59%, con una retribución anual bruta de 128.885 euros; mientras que en los despachos internacionales la bajada fue del 0,62%, quedándose el salario en los 146.599 euros. Los despachos nacionales incrementaron ligeramente, un 0,30%, la retribución de los directivos, que percibieron 124.587 euros. De media, el estudio recoge en el caso de los júnior un fijo de 35.912 euros y un variable de 1.666 euros; en los asociados, 53.206 euros a lo que se añade un bono de 6.531 euros; en los sénior, 78.029 euros y 13.908 en función de los resultados, y en los directores, 111.938 euros de sueldo fijo y 25.177 euros, según los objetivos. El citado estudio recoge los resultados comparativos de la retribución dineraria, pero también incluye elementos de la retribución en especie, como tique restaurante, cheque guardería, seguro médico, seguro de vida, móvil, clases de idiomas o aparcamiento... En el informe también se destaca que el teletrabajo, debido a la pandemia, ha dejado de plantearse como beneficio social, y ha pasado a formar parte de la operativa diaria. Además, se observa una adaptación a las nuevas circunstancias ofreciendo soluciones como, por ejemplo, actividades para hijos en días no lectivos, servicios de apoyo a la vida familiar (ayuda con gestiones o trámites administrativos, o la posibilidad de disfrutar de la tarde libre el día del cumpleaños, incluyendo los aniversarios de los hijos. El informe también concluye que las big four siguen siendo las más innovadoras en términos de beneficios no dinerarios (voluntariado corporativo, bonus de retención de talento, fisioterapia, servicio médico digital...).

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(Cinco Días, 04-02-2021) | Sector

El descenso de actividad en un bufete no justifica un ERTE de fuerza mayor

El descenso de actividad a causa del Covid en un despacho de abogados no es motivo suficiente para justificar un ERTE por fuerza mayor. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en una sentencia en la que recuerda que las tareas que realiza el bufete no se circunscriben únicamente al ámbito procesal (juicios), sino que también abarca labores de asesoramiento o negociación, entre otras. El tribunal recuerda que, para ejecutar un expediente de regulación temporal por fuerza mayor, la normativa exige la cancelación total de la actividad de la empresa. Un escenario que, no obstante, no se da en este caso. En primer lugar, "porque un despacho puede realizar funciones que van más allá de la actuación procesal", razona. Y segundo, porque la suspensión de plazos procesales establecida en un real decreto de marzo preveía determinadas excepciones. Los magistrados consideran que el bufete podría haber abierto un ERTE, pero basado en causas objetivas (económicas, técnicas organizativas o productivas). Estos últimos no suelen estar bonificados con exenciones en las cuotas de la Seguridad Social o lo están en menor medida. Según recoge el fallo, a finales de marzo la entidad solicitó a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid la suspensión de contratos de cuatro trabajadoras y la reducción de la jornada de una quinta. Al no obtener respuesta en los siguientes cinco días, la petición fue aprobada por silencio positivo. Sin embargo, en abril, la administración comunicó que no se daban las causas de fuerza mayor exigidas por la ley. Ahora, el TSJ confirma este dictamen y, si bien reconoce que la pandemia generó un descenso en la actividad de la firma, esta no se encuadra con los requisitos que se exigen para poder ejecutar un ERTE de fuerza mayor, que es la suspensión o cancelación total de la actividad. Asimismo, si bien reconoce que las restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas, afectan al desplazamiento de los clientes al despacho, señala que la consulta jurídica y la aportación de documentos "puede realizarse de muchas formas que no necesitan la presencia física en la oficina". La fuerza mayor, por tanto, no estaría justificada en este caso. Sobre todo, agrega el TSJ, teniendo en cuenta que la catarata de disposiciones normativas derivadas de la pandemia que afectan a todos los campos jurídicos "puede incrementar notablemente la labor del abogado en el asesoramiento extraprocesal".

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(Cinco Días, 02-02-2021) | Sector

La abogacía protesta por las aglomeraciones en los juzgados

La pandemia no da tregua. La tercera ola está dejando tras de sí cifras récord de contagiados y víctimas. Mientras que las autoridades han cerrado bares y comercios para intentar frenarla, la Justicia no para por su carácter de servicio público esencial. Ya hay letrados que dicen tener miedo a contraer el virus en el juzgado. Es precisamente lo que le ocurrió a Raquel, nombre ficticio de una abogada que enfermó cuatro días después de acudir a una gestión donde estuvo al lado de un hombre mayor que no dejaba de toser. “Se mareaba y se quitó la mascarilla, probablemente porque le costaba respirar”, relata. Aunque no puede probarlo, está segura de que cogió el coronavirus en el juzgado, “porque me tocó estar al lado del señor que estaba esperando su turno, como todos, y nadie tomó medidas de ningún tipo al entrar”. Este episodio, ocurrido a finales de octubre, pone en entredicho las medidas de seguridad existentes en los pasillos de espera de algunos tribunales. Recientemente, algunos abogados manifestaban en Twitter su malestar por esta situación. Sin embargo, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) solo tiene registradas cinco incidencias por la acumulación de personas en estos corredores desde el 1 de diciembre. Maia Román, presidenta de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ), calificaba en un tuit de “vergonzosa” la imagen de las aglomeraciones en los pasillos por los retrasos en las vistas. “Creo que se han relajado las medidas y se está volviendo a la antigua normalidad”. Según explica, con la desescalada, en el mes de mayo, sí se aumentaron las cautelas, como la de espaciar más las citaciones. Sin embargo, quizá porque los juzgados se están intentando poner al día, continúa, "ahora hay mayor acumulación”, lo que genera situaciones de riesgo en las salas de espera. Román lamenta que, a pesar de la inversión en tecnología, no se celebren apenas juicios telemáticos “cuando estamos peor que nunca”. Una letrada le contestaba en redes: “En Zaragoza yo he hecho todos presenciales, solo me han suspendido uno por la nieve”. Mientras, otra compañera afirmaba que ella había renunciado a las guardias y que iba a empezar a pedir celebrar las vistas por videoconferencia. De hecho, el uso de la tecnología fue anunciado como una de las medidas estrella para reactivar la actividad judicial tras el parón del primer estado de alarma. La Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia, aprobada en el pasado mes de septiembre, da preferencia a la celebración telemática de las actuaciones judiciales hasta el 21 de junio. En cambio, parece que los telejuicios no están despegando o, al menos, no se están celebrando en todas las comunidades por igual. Según el juez de Santander Luis Acayro Sánchez, pionero en esta materia, “en octubre ya estábamos haciendo más del 80 % de los juicios online, y ahora, con la tercera ola, se han incrementado prácticamente hasta el 90 %”. Si las partes están de acuerdo, “evitamos suspensiones, desplazamientos, riesgo de contagio y, además, nos permite seguir el funcionamiento con total normalidad”. El debate está servido. Muchos letrados se han quejado de que se les ha denegado la comparecencia telemática, pero, institucionalmente, se descarta que sea la panacea. Para Lourdes Carballo, presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía, esta fórmula debe ser utilizada solo cuando “no corra riesgo la calidad del juicio, garantizándose que será absolutamente justo”. Por otro lado, agrega la decana de Vigo, tendría que estar regulado por ley y, además, aún falta que los abogados puedan acceder al expediente judicial de forma electrónica en todos los territorios.

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(Expansión, 29-01-2021) | Sector

El Congreso aprueba mantener la tramitación urgente de la reforma del Poder Judicial

La reforma legal planteada por el PSOE y Unidas Podemos para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda realizar nombramientos estando en funciones ha superado un nuevo trámite en el Congreso este jueves, el mismo día en el que el órgano de gobierno de los jueces ha designado siete nuevos cargos judiciales. Sigue así el pulso entre ambas instituciones y la presión de los grupos que apoyan al Gobierno para que el PP se siente a negociar la renovación del CGPJ, que lleva ya más de dos años en funciones, aunque los populares han insistido en el Congreso en que no habrá pacto si Podemos participa. En una sesión extraordinaria, el pleno ha rechazado con amplias mayorías las cuatro enmiendas a la totalidad planteadas por el PP, Vox, Ciudadanos y JxCat al recorte de competencias del CGPJ, que ha decidido seguir su hoja de ruta y ha aprobado también con amplio consenso los nuevos nombramientos judiciales. En el pleno, PP, Vox y Ciudadanos han defendido que sean los jueces quienes elijan a la mayoría de los vocales del CGPJ, los doce de extracción judicial, pero la mayoría de la Cámara defiende la elección a través del Parlamento, como marca la ley vigente. Y los populares han sido objeto además de las críticas de numerosos portavoces, que les han recordado que no hicieron esa reforma cuando tenían mayoría parlamentaria y que durante 35 años se han repartido "los cromos" del CGPJ con el PSOE. El portavoz del PSOE, Francisco Aranda, ha subrayado la necesidad de limitar las competencias del CGPJ cuando está en funciones, como ocurre con el poder ejecutivo y el legislativo, y ha acusado al PP de "contribuir al desprestigio de la arquitectura institucional" con su bloqueo a la renovación del CGPJ. Su único interés, ha afirmado, es "erosionar al Gobierno y politizar la justicia". "No aceptan la alternancia democrática, se creen que el poder es suyo y cuando pierden las elecciones se atrincheran en el CGPJ", ha recriminado a los populares el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, tras tachar de "ilegítimos" los nombramientos que está haciendo el actual CGPJ. Frente a ellos, el portavoz del PP, Carlos Rojas, ha pedido la retirada de la reforma, al considerarla "una temeridad absoluta y un error histórico del PSOE", y ha advertido al Gobierno de que perderá el "pulso" que está echando al Poder Judicial y a la Unión Europea, que ha pedido que al menos la mitad de los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces. Rojas ha tachado además de "tropelía parlamentaria" recurrir al trámite de urgencia sin escuchar al CGPJ, un reproche que también han dirigido al PSOE grupos que han rechazado las enmiendas de hoy, como el PNV. Desde Vox, Javier Ortega Smith ha visto en el recorte de competencias del CGPJ "un apretón de tuercas más al poder judicial" por parte del Gobierno y una "aberración" para controlar ese órgano y sus nombramientos. En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado al PSOE y Podemos de atentar contra la independencia del poder judicial "con premeditación y alevosía", solo porque el actual CGPJ "les es incómodo" y quieren que nombre "a los suyos". Muy crítico ha sido también el diputado de JxCat Jaume Alonso Cuevillas, quien ha acusado a los grupos mayoritarios de haber utilizado "de forma impúdica" durante años al CGPJ y ha acusado al PSOE y a Podemos de plantear una reforma menor sin atacar "la raíz del problema", que es el sistema de elección de los vocales. Superadas las cuatro votaciones de las enmiendas a la totalidad, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial seguirá adelante en la Cámara Baja con la presentación de enmiendas parciales.

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(Expansión, 27-01-2021) | Sector

Bruselas pide al Gobierno que evite la politización del Consejo General del Poder Judicial

La Comisión Europea ha respondido a Ciudadanos que el Gobierno de coalición debe evitar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea "vulnerable a la politización", en relación a la intención del Ejecutivo de reformar el órgano de gobierno de los jueces. Además, apunta la recomendación de que, al menos la mitad de los miembros del CGPJ, sean jueces elegidos por sus propios compañeros. En respuesta a una carta de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua en la que denunció en octubre el riesgo para el Estado de Derecho que suponía la reforma del CGPJ que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, la vicepresidenta de Valores de la Comisión, Vera Jourova, ha reiterado que Bruselas ha pedido a las autoridades españolas que garanticen que el CGPJ no es percibido como "vulnerable a la politización". En la misiva, Jourova recuerda que cualquier futura reforma debe tener en cuenta los estándares europeos en aras de la independencia judicial. Y reitera que cualquier reforma se haga contando con la oposición y actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia. Además, desliza la recomendación de que, al menos la mitad de los miembros del CGPJ, sean jueces elegidos por sus propios compañeros. La Comisión Europea señala que está al tanto de los últimos acontecimientos en España e indica que está siguiendo el caso, después de que el Gobierno descartara la propuesta inicial y haya optado por limitar la reforma a reducir las competencias del CGPJ cuando se encuentre en funciones. En este sentido, Bruselas recalca que, en términos generales, estará en contacto con las autoridades españolas para hacer seguimiento de las conclusiones sobre Estado de Derecho indicadas en el informe comunitario del pasado otoño, que apremiaba a renovar el CGPJ y pedía que, en todo caso, no se viera como vulnerable a la politización. "Puede estar segura de que la Comisión continúa comprometida con la defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial en todos los estados miembros y continuará la situación de cerca", concluye la carta de la comisaria checa. La respuesta por escrito de Jourova coincide con la videoconferencia que mantuvo con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sobre este mismo tema este lunes. Fuentes comunitarias aseguran que la vicepresidenta escuchó atentamente las peticiones de Ciudadanos y subrayó que la Comisión sigue de cerca la nominación de los miembros del CGPJ, algo que ya mencionó el informe comunitario sobre Estado de Derecho, en su capítulo sobre España. Desde que Sánchez anunció hace meses su intención de reformar el CGPJ para designar a sus miembros sin contar con el PP, el Ejecutivo europeo ha seguido de cerca el tema y ha lanzado varios avisos, apuntando a que cualquier reforma judicial debe pactarse con los actores políticos relevantes y la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos legales y constitucionales. Más recientemente, la última iniciativa para limitar los cambios a las competencias en funciones del CGPJ ha sido igualmente respondida por el Gobierno europeo, quien ha insistido a España que cualquier nueva reforma debe consultarse con la oposición.

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(El Periódico, 22-01-2021) | Sector

El CGPJ pide que reconsidere su decisión de acelerar la reforma del órgano de los jueces

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado, por 16 votos a favor y cinco en contra, solicitar a la Mesa del Congreso de los Diputados que reconsidere su decisión de tramitar de forma urgente la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer un CGPJ en funciones, al tiempo que ha vuelto a instar a las fuerzas parlamentarias a renovar el órgano de gobierno de los jueces "a la mayor brevedad". "El pleno del Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones", reza la resolución. Además, ha vuelto a señalar su "preocupación" y "actitud expectante" ante lo que considera que está "en el trasfondo de este asunto", esto es, "la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo". Por ello, los vocales han reiterado su llamamiento a "las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales para que acuerden su renovación a la mayor brevedad". El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha aprobado el siguiente acuerdo: "1. El Consejo General del Poder Judicial ha tenido conocimiento de que la Mesa del Congreso de los Diputados acordó, en su reunión de 13 de enero, tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones y habilitó lo que quedaba del mes de enero para acelerar aún más dicha tramitación. 2. El Consejo General del Poder Judicial lamenta profundamente que el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados haya hecho caso omiso de la solicitud que le dirigió mediante el acuerdo adoptado en su sesión del Pleno de 17 de diciembre de 2020 para que la citada proposición se sometiera a los informes de este Consejo, de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia/Consejo de Europa) y diera audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta; en particular, a las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia. 3. Tales peticiones, fruto de un amplísimo consenso en el seno del Consejo, no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial, como uno de los elementos estructurantes y definitorios del Estado de Derecho por el que este Consejo ha de velar por mandato estricto del artículo 122 de la Constitución. 4. Su desatención por la Mesa del Congreso de los Diputados, sin ofrecer razón alguna, preocupa especialmente al Consejo General del Poder Judicial. Y no, precisamente, porque entienda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación de la negativa a acceder a lo solicitado. Lo que verdaderamente importa a este Pleno es que la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial. Además, orilla la opinión de las asociaciones y entidades representativas del mundo judicial, así como de las instituciones que tienen competencias en materia de justicia, obviando, como se ha dicho, cualquier explicación al respecto. 5. Por estos motivos, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones -eliminándola durante la situación de prórroga del mandato- que el artículo 122 CE le reserva con carácter exclusivo para garantizar la independencia de jueces y magistrados, al no ser la decisión adoptada el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes. 6. La falta de audiencia, no sólo desconoce el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos de todo Estado de Derecho, basados en el principio de separación de poderes según se han definido en el Derecho de la Unión Europea y en los dictámenes de la Comisión de Venecia. 7. La decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados tampoco da oportunidad al Consejo General del Poder Judicial de informar sobre cómo puede incidir la norma proyectada en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia por la falta de cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo o la falta de cobertura o renovación de las presidencias de Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas. 8. Por último, este Consejo General del Poder Judicial no puede dejar de insistir en su preocupación y en la actitud expectante sobre la evolución de los acontecimientos a la que ya nos referimos en nuestros Acuerdos de 30 de octubre y 17 de diciembre de 2020 y, en la medida que en el trasfondo de este asunto está la excesiva prolongación de la prórroga del mandato de este Consejo, también tenemos nuevamente que instar a las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales para que acuerden su renovación a la mayor brevedad; a que antepongan el cumplimiento de ese deber constitucional, que a todas ellas concierne, a la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones. Esa es la única vía para la formación y consolidación de un amplio consenso que libere a esta institución de su constante cuestionamiento y le dote de una estabilidad que redunde en beneficio de la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial".

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(Cinco Días, 16-01-2021) | Sector

Los funcionarios de Justicia aumentaron un 27% sus horas de teletrabajo por ´´Filomena´´

El Ministerio de Justicia ha informado este viernes, en relación con las horas de teletrabajo realizadas durante los días más duros de la borrasca Filomena -los pasados 11 y 12 de enero-, que éstas aumentaron un 27% en comparación con otro lunes y martes de una semana laboral ordinaria, por ejemplo, 23 y 24 noviembre de 2020. En cuanto al número de videollamadas realizadas, el 11 de enero se contabilizaron 586; y el día 12, un total de 687. Ello supone un aumento significativo en relación a las 181 realizadas del 4 de enero y a las 211 del 7 de enero. Estos datos han sido aportados coincidiendo con una reunión mantenida este viernes por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, vía telemática, con las gerencias territoriales de las comunidades autónomas de Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Melilla, Ceuta y Órganos Centrales. En el encuentro, Campo ha agradecido la labor realizada por las Gerencias Territoriales: "Insisto en trasladaros el agradecimiento de todo el equipo de Justicia, sois parte de él", les ha transmitido. En la reunión, a la que también han acudido el subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno Sánchez, y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, Campo ha señalado "la cogobernanza como el leitmotiv que nos ha reunido desde el minuto uno". Por otro lado, desde el Ministerio de Justicia se ha hecho balance del funcionamiento del Servicio Público de Justicia durante la borrasca Filomena. El Ministerio de Justicia ha garantizado el funcionamiento del Servicio Público de Justicia en todo el territorio. El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, remitió dos comunicados; uno el pasado domingo 10, y otro el martes 12 de enero de 2021, para informar que aquellos funcionarios que dispusieran de medios para la realización de teletrabajo no acudieran a sus centros habituales y realizaran su jornada a través de esa modalidad. Del mismo modo, el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno Sánchez, envió sendos comunicados a los empleados públicos del Ministerio de Justicia estableciendo el régimen de trabajo durante el temporal.

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