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(El Economista, 11-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El sector turístico español prevé un récord de gasto en Semana Santa

Tanto el Gobierno como el sector turístico español anticipan una Semana Santa histórica con un récord de gasto. Según las proyecciones de Turespaña para marzo y abril, que abarcan la Semana Santa y la Pascua, se espera que España reciba 14,5 millones de turistas, dos millones más que en el mismo período del año pasado. En detalle, se prevé la llegada de casi seis millones de turistas en marzo (en comparación con los 5,2 millones del año anterior) y 8,6 millones en abril (1,4 millones más que en el mismo mes del año pasado). En cuanto al gasto previsto por parte de los visitantes, el sector espera un aumento significativo, con un total de casi 19.000 millones de euros durante ambos meses, alrededor de 3.700 millones más que en el mismo período de 2023. Además, se han programado 4,38 millones de asientos en vuelos internacionales directos para la Semana Santa y la Pascua, lo que supone un aumento del 5,2% en comparación con el mismo período de 2023. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de este año tanto la cifra de turistas internacionales como el gasto en destino superaron los números del mismo mes de 2023. En enero, España recibió 4,8 millones de turistas internacionales, un 15,3% más que en el mismo mes del año anterior, y estos turistas gastaron casi un 25,5% más, alcanzando los 6.550 millones de euros. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, también destacó en la feria ITB 2024 de Berlín que se espera una Semana Santa histórica, con un récord de gasto por parte de los turistas que visitarán España. Hereu enfatizó la fortaleza turística del país y su posición destacada en Europa en términos de sostenibilidad social y digitalización del turismo. Además, destacó el apoyo del Gobierno a la industria turística y la previsión de mantener el crecimiento en los próximos años. "Sin embargo, más allá de la Semana Santa y el optimismo en términos cuantitativos", señaló Hereu, "es crucial seguir impulsando y cuidando el sector turístico con políticas que lo hagan más sostenible, mejoren las condiciones laborales y lo hagan atractivo para los visitantes durante todo el año". Hereu también destacó la importancia del mercado turístico alemán para España, siendo Alemania el tercer mercado emisor de turistas hacia el país. En 2023, España recibió 10,8 millones de turistas alemanes, un 10,6% más que en 2022, y en enero de 2024 llegaron 551.305 visitantes alemanes, un 14,9% más en comparación con el mismo mes del año anterior.

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(El Economista, 11-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los emprendedores gastaron 132 millones extra en notarios durante 2023

En el entorno empresarial de España, donde cada paso es crucial en el camino hacia el éxito, los emprendedores se enfrentan a un desafío considerable: los costos y la complejidad vinculados a los trámites notariales. Un informe reciente de la firma de gestión Entre Trámites, basado en datos del Centro General del Notariado y la OCDE, ha arrojado luz sobre la magnitud de este desafío. Durante el año 2022, los emprendedores del país destinaron un total adicional de 132 millones de euros entre honorarios notariales y el tiempo invertido, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia y la accesibilidad de los procesos empresariales en España. Para comprender plenamente las implicaciones de esta cifra, es necesario sumergirse en los detalles detrás de estos números y analizar cómo impactan a los emprendedores. El informe proporciona un panorama de los trámites empresariales relacionados con los notarios en España, destacando que de los 72 tipos de trámites correspondientes a las entidades con personalidad jurídica, 45 podrían haber sido eliminados sin afectar la integridad o validez de los procesos empresariales. De los 737.535 procedimientos realizados en 2022, el 94,1% podría haberse eliminado, según el informe. Imaginemos el impacto potencial que el ahorro de estos trámites innecesarios tendría en la economía y en la vida de los emprendedores. Eliminar estos trámites habría generado un ahorro de 89,8 millones de euros en costos directos para los emprendedores, además de evitar la pérdida de 844.590 horas en colas y procesos burocráticos. Este ahorro no solo tendría un impacto positivo en el flujo de efectivo de las nuevas empresas, sino que también liberaría un recurso invaluable: el tiempo, que los emprendedores podrían dedicar a impulsar la innovación y el crecimiento en sus negocios. Sin embargo, los costos adicionales asociados con los servicios notariales no se limitan únicamente a los honorarios directos. Según la OCDE, el costo promedio de una hora de trabajo en España es de 50,40 euros. Considerando este factor, los 132 millones de euros adicionales gastados en notarios en 2022 representan un aumento significativo en los costos laborales para los emprendedores, afectando aún más la rentabilidad y la competitividad de sus empresas. Para comprender mejor la carga financiera que estos trámites representan para los emprendedores, es importante analizar algunos de los procedimientos más costosos. Por ejemplo, la constitución de sociedades limitadas es un proceso común pero costoso. En 2022, se realizaron 97.983 actas de constitución de sociedades limitadas, con un costo medio de 426,89 euros por acta. Esto resultó en un gasto total de 41.827.857 euros, además del tiempo adicional invertido, estimado en 119.219 horas. El nombramiento de miembros del órgano de administración, consejeros delegados y liquidadores es otro procedimiento costoso. En 2022, se realizaron 223.871 actas de nombramiento, con un costo medio de 54,09 euros por acta. Esto resultó en un gasto total de 12.109.427 euros, además del tiempo adicional invertido, estimado en 272.392 horas. Otro ejemplo es el proceso de disolución de sociedades mercantiles. En 2022, se realizaron 28.761 actas de disolución, con un costo medio de 305,94 euros por acta. Esto resultó en un gasto total de 8.799.003 euros, además del tiempo adicional invertido, estimado en 34.994 horas. Estos casos ilustran claramente la carga financiera y de tiempo que los emprendedores enfrentan al realizar trámites notariales en España. La comparación con otros países europeos resalta aún más la necesidad de reformas en el sistema de trámites empresariales en España, destacando la importancia de la digitalización para simplificar y agilizar los procesos, reduciendo así los costos y el tiempo asociados con los trámites empresariales.

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(Cinco Días, 08-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE mantiene los tipos de interés

El Banco Central Europeo (BCE) mantiene su disposición a priorizar el control de la inflación sobre el crecimiento económico en la zona euro. En su reunión de este jueves, presidida por Christine Lagarde, optó por mantener los tipos de interés en el 4,5%, nivel no visto desde 2001, a pesar de una disminución significativa en las previsiones de inflación y los indicios de una desaceleración económica en la primera mitad de 2024. Lagarde reconoció que la inflación ha seguido disminuyendo desde la última reunión en enero, atribuyendo esta decisión a las "presiones inflacionistas internas", especialmente relacionadas con el crecimiento salarial. La crisis inflacionaria que estalló en otoño de 2022 llevó al BCE a depender en gran medida de los datos para tomar decisiones, abandonando cualquier plan preestablecido. Esta semana, tras recibir nuevas proyecciones económicas de su equipo, confirmó que la inflación está descendiendo más rápidamente de lo esperado, en gran parte debido a la caída de los precios energéticos. Las previsiones apuntan a una inflación media del 2,3% para este año, por debajo del mandato del 2%, y del 2% para 2025, seguido del 1,9% en 2026. El aumento de los tipos de interés ha generado dificultades adicionales en el acceso al crédito, una disminución en el consumo y la inversión, aunque esto aún no se ha reflejado completamente en la economía real. Este contexto se da en medio de una economía de la zona euro que sigue rezagada en comparación con Estados Unidos y China. Aunque Lagarde reconoció la debilidad actual, también pronosticó un repunte a partir del segundo semestre del año. Los economistas del BCE proyectan un crecimiento del 0,6% para este año, dos décimas menos de lo previsto en diciembre, seguido de un crecimiento del 1,5% en 2025 y del 1,6% en 2026. El BCE sigue enfrentándose al dilema entre elegir el crecimiento económico o mantener la inflación bajo control. Lagarde destacó que el proceso de "desinflación" está en marcha, pero subrayó la necesidad de más datos para estar seguros de poder alcanzar nuevamente el objetivo del 2% de inflación. Señaló que el Consejo está atento a la evolución de la inflación vinculada a los servicios y los salarios, que mostraron signos de moderación en el último trimestre de 2023, pero siguen siendo motivo de preocupación. Por unanimidad, el Consejo decidió mantener los tipos de interés en el 4,5% y la facilidad de depósito en el 4%. Aunque los mercados no esperaban movimientos este jueves, se mantenía la esperanza de un posible recorte en la reunión de abril, especialmente después de que algunos gobernadores abogaran por ello. Sin embargo, Lagarde sugirió que no será el momento adecuado, ya que aún faltarán datos necesarios. Aunque se ha empezado a discutir sobre un posible cambio en la orientación, no se ha considerado aún un recorte de tasas. Lagarde destacó la necesidad de seguir quemando etapas antes de volver a la normalidad, señalando que están en una fase de "espera", seguida de una política restrictiva y, finalmente, un retorno a tipos de interés que favorezcan la economía. A pesar de la moderación de la inflación en Europa, el BCE aseguró que actuará de forma independiente, sin seguir necesariamente el camino de la Reserva Federal. A pesar de negar que no haya prisa para reducir los tipos de interés, Lagarde instó a los gobiernos a retirar rápidamente las ayudas lanzadas para enfrentar la crisis inflacionaria, así como a implementar el plan europeo de recuperación, llevar a cabo reformas estructurales y adaptarse a las nuevas reglas fiscales comunitarias.

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(Expansión, 08-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Un juez admite la suspensión provisional del pago del 50% de las cuotas de un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial

Se ha abierto un nuevo episodio en el conflicto legal entre empresarios y entidades bancarias debido a los préstamos respaldados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia. La Justicia ha autorizado la suspensión provisional del pago del 50% de los préstamos a una empresa que enfrenta una situación económica urgente, lo que la llevaría al riesgo de disolución si continuara pagando las cuotas al banco. Esta medida, tomada sin dar audiencia previa a la entidad financiera, establece un precedente que podrían aprovechar miles de empresas con dificultades para cumplir con sus créditos. La decisión judicial se produjo a través de un auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 99 de Madrid, en respuesta a una solicitud dentro de una demanda presentada por una empresa del sector turístico y sus avalistas contra el BBVA. Esta demanda surge debido a un crédito avalado por el ICO firmado en mayo de 2020, durante el estado de alarma por la pandemia de Covid-19. La demanda original invoca la cláusula Rebus sic stantibus, que implica que las condiciones de un contrato deben tener en cuenta las circunstancias en las que se celebró. En este caso, la empresa y sus avalistas argumentan que no anticiparon el impacto que la crisis del Covid tendría en su negocio al momento de firmar el crédito. Por lo tanto, solicitan al juez que reconozca un desequilibrio en las obligaciones del contrato y que se ajusten las condiciones del mismo. Como medida provisional mientras se resuelve la demanda, los demandantes proponen suspender temporalmente el pago de la deuda o reducir en un 50% las cuotas mensuales del préstamo. Para respaldar su solicitud, presentaron pruebas indicando una significativa pérdida de beneficios en su negocio, lo que ha empeorado su situación financiera. El juez considera que existe un riesgo inminente debido a la demora en resolver el caso, que podría llevar al banco a iniciar un proceso de resolución del contrato. Para evitar mayores complicaciones, decide aplicar la reducción del 50% en las cuotas mensuales del préstamo como una solución equitativa que brinda alivio a la empresa sin perjudicar gravemente al banco. Esta medida se toma de manera temporal y sujeta a posibles modificaciones. El juez adopta la medida sin dar oportunidad de audiencia al banco demandado debido a la demora en el proceso judicial y para evitar que una contrademanda agrave la situación de urgencia de la empresa. Como garantía, se exige a la empresa la aportación simbólica de 50 euros, que se mantendrán como fianza hasta que se dicte sentencia. El auto señala que si la sentencia final desestima las demandas de la empresa y sus avalistas, las medidas cautelares serán revocadas y el banco podrá exigir el cumplimiento completo del contrato de préstamo.

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(Expansión, 08-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

34.000 pymes y autónomos han tenido ya problemas para hacer frente a la devolución de los préstamos ICO

"Durante la crisis sanitaria del Covid-19, muchas empresas optaron por contratar productos bancarios respaldados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), los cuales fueron promocionados por el Gobierno", recuerda Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí. Este abogado señala que los créditos fueron suscritos antes de conocer completamente el alcance y la duración de algunas medidas de contención de la pandemia, como el confinamiento o las restricciones al turismo y horarios comerciales. Estos factores, explica, tuvieron graves repercusiones para las empresas de servicios y turísticas, por lo que considera justo y razonable que sean compensadas. En este contexto, destaca que la reducción cautelar del 50% en las cuotas a devolver, establecida por un reciente auto judicial obtenido por su bufete, refleja la situación límite de la empresa. Según Navas, no aplicar esta medida cautelar pondría en riesgo la disolución de la empresa, dada la alta probabilidad de incumplimiento procesal debido a la elevada litigiosidad. Por lo tanto, considera apropiado asumir la medida cautelar sin siquiera escuchar a la otra parte. Desde su despacho, consideran que esta decisión sienta un precedente significativo para ayudar a quienes hayan contratado productos bancarios respaldados por el ICO y que vean comprometida su solvencia debido a la amortización del producto. Esta medida, según Navas, reduciría la carga financiera de estas empresas, permitiéndoles mantener su capacidad económica y viabilidad profesional mientras se resuelve el proceso principal. Hasta el momento, según los datos oficiales más recientes, 675.000 empresas han sido beneficiarias de créditos respaldados por el ICO.

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(Cinco Días, 07-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE abre la puerta al debate sobre la rebaja de tipos

La próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE) marcará el inicio de las discusiones sobre la reducción de las tasas de interés. Aunque no se anticipan recortes en esta sesión, el BCE ajustará a la baja sus previsiones para reflejar una inflación del 2% en promedio para 2025. Este paso indicaría que el banco central está en camino de cumplir su objetivo de estabilidad de precios, que implica alcanzar un crecimiento del 2% en el mediano plazo. Esto permitiría ajustar su política monetaria desde los actuales niveles restrictivos, con una tasa de interés del 4,5%, la más alta desde 2001. Sin embargo, las opiniones divergen en cuanto a cuándo iniciar el proceso de reducción de tasas. Algunos miembros del Consejo de Gobierno abogan por ser pacientes y esperar a que los datos confirmen que la inflación se ha estabilizado, mientras que otros advierten sobre los costos de mantener una política monetaria demasiado restrictiva y desean acelerar el proceso de reducción de tasas. Algunos de los banqueros centrales más influyentes, como Isabel Schnabel del Comité Ejecutivo, recuerdan el aumento de la inflación en la década de 1970, que obligó a los bancos centrales a volver a una política restrictiva tras recortar las tasas prematuramente. El BCE busca evitar este escenario para no comprometer su credibilidad. Sin embargo, no todos comparten esta postura. Mario Centeno, gobernador del Banco de Portugal, y Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia, representan el ala más flexible del banco central y sugieren que podría ser el momento de ajustar la política monetaria. Este debate cobrará más fuerza con las proyecciones de marzo, que proporcionarán datos más sólidos. Por el momento, el consenso parece inclinarse hacia la cautela. Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha pedido paciencia, y varios miembros han insistido en la necesidad de estar seguros antes de iniciar un ciclo de reducción de tasas. Los inversores muestran cautela respecto a posibles recortes de tasas. Según los futuros sobre el precio del dinero en Europa, hay solo un 15% de probabilidad de que el BCE actúe en abril, mientras que el 65% apuesta por junio. Algunos países como Grecia, Lituania, Letonia y Eslovaquia ven a junio como el momento adecuado para reducir las tasas. En resumen, el BCE enfrenta el desafío de encontrar el momento adecuado para ajustar su política monetaria, considerando los riesgos de actuar demasiado pronto o demasiado tarde. La postura predominante es la de la prudencia, pero el debate sigue abierto y dependerá de la evolución de los datos económicos en los próximos meses.

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(Expansión, 07-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed sigue firme: los tipos bajarán, pero no todavía

La Reserva Federal está preparada para reducir las tasas de interés este año, pero solo lo hará una vez esté seguro de que la inflación sigue disminuyendo y no se mantiene por encima del 2%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró su postura ante los congresistas de Estados Unidos, enfatizando que bajar la restricción de la política monetaria demasiado pronto o demasiado rápido podría revertir el progreso en la inflación y requerir medidas aún más restrictivas. Aunque se reconoce que mantener las tasas altas está afectando a la economía, Powell afirmó que no alterará su plan y que los recortes de tasas se realizarán en 2024, pero no se ha establecido un momento específico. Powell destacó que los tipos no disminuirán hasta que haya pruebas claras de que la inflación se está desacelerando de manera sostenible. Admitió la delicada situación a la que se enfrenta la Fed: mantener las tasas altas durante demasiado tiempo podría provocar una recesión, mientras que recortarlas demasiado pronto podría elevar la inflación por encima del 2%, lo cual sería aún peor. Sus declaraciones reflejan lo que ya había mencionado anteriormente, disminuyendo las expectativas de recortes en la próxima reunión de la Fed. A pesar de esto, Powell señaló que no se ha tomado ninguna decisión definitiva. "Si la economía evoluciona en términos generales como se espera, probablemente será apropiado comenzar a reducir los tipos en algún momento este año". Eso fue todo lo que los congresistas consiguieron sacar a Powell, que no entró a valorar ni fechas ni el alcance de los recortes. Actualmente, el precio del dinero en EEUU se encuentra en la franja situada entre el 5,25% y el 5,5%. Insistió en que actuarán "de forma responsable". Por otro lado, Powell expresó confianza en la solidez del sistema bancario de Estados Unidos, aunque no proporcionó detalles sobre posibles cambios en las normas de capital de los bancos. La Fed está considerando modificaciones importantes en este ámbito, habiendo escuchado las opiniones del sector financiero.

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(Expansión, 07-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Ministerio para Transición Ecológica da marcha atrás en la subida de la "tasa Enresa" y busca un pacto

El Ministerio para la Transición Ecológica ha retirado de manera abrupta el borrador del decreto destinado a implementar un incremento sin precedentes del 40% en la tasa Enresa. Esta tasa es abonada por las compañías propietarias de las centrales nucleares -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- al grupo estatal Enresa para financiar la gestión de residuos nucleares y el futuro desmantelamiento de dichas instalaciones. Dicha subida habría implicado un aumento adicional de aproximadamente 1.000 millones de euros para Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, quienes rechazaron enérgicamente la medida y amenazaron con presentar una serie de demandas legales en todos los niveles. El proceso comenzó en enero pasado, cuando el Ministerio de Transición Ecológica presentó un borrador de real decreto para aumentar la tasa Enresa a las empresas eléctricas. Este borrador proponía elevar la tasa de los actuales 7,98 euros por megavatio producido a 11,14 euros por megavatio, es decir, un incremento repentino del 39,5%. Considerando la producción total de las centrales nucleares antes de su cierre programado (392.273 gigavatios hora), las empresas eléctricas pasarían de pagar en los próximos años 3.130 millones de euros a 4.369 millones, lo que representa un aumento de 1.239 millones de euros. El Gobierno argumentó que el fondo administrado por Enresa para la gestión de residuos y el desmantelamiento futuro de las centrales nucleares se vería afectado debido a la cancelación definitiva del proyecto del almacén nuclear en Villar de Cañas (ATC), lo que incrementaría los costos de gestión de los desechos nucleares. Para trasladar este sobrecoste a las empresas eléctricas, el Ministerio de Transición Ecológica se apoyó en el principio de "quien contamina, paga". El borrador fue sometido a consulta el 13 de enero, con un período de alegaciones programado hasta el 2 de febrero. Sin embargo, desde el principio, las empresas eléctricas a través del Foro Nuclear, su lobby sectorial, plantearon objeciones y solicitaron aclaraciones y una ampliación del período de alegaciones. A pesar de conceder una prórroga hasta el 26 de febrero, el Gobierno no modificó el borrador, lo que provocó la reacción del Foro Nuclear. Las empresas presentaron objeciones conjuntas contra el aumento de la tasa, argumentando que este sería un incumplimiento unilateral del acuerdo alcanzado con el Gobierno en 2019 para el cierre progresivo de las centrales nucleares. Ante la presión de las empresas eléctricas, el Gobierno ha dado marcha atrás con el borrador del aumento de la tasa y ha iniciado una nueva consulta abierta hasta el 18 de marzo para elaborar otro decreto, esta vez sin cifras específicas. Las opciones para cubrir el déficit de Enresa son limitadas, incluyendo la asignación de fondos del Presupuesto del Estado, la distribución del costo entre el sistema energético o prolongar la vida útil de las centrales nucleares, algo que el Gobierno descarta por ahora.

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(El Economista, 07-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Primer fallo que anula un aval ICO del Covid por falta de información al cliente

Una sentencia de gran relevancia para pequeñas y medianas empresas, así como para autónomos, ha surgido debido a la mala comercialización de los créditos avalados por el ICO durante la pandemia. El Juzgado número 29 de Primera Instancia de Barcelona ha establecido, por primera vez, que la responsabilidad del cliente en estos préstamos se limita al 20% del capital concedido, en lugar del 100%, si hubo un malentendido al momento de la firma del contrato. En el caso particular del litigio, una pyme se vio involucrada y, ante una deuda de 258.000 euros, solo será responsable por el 20% de dicho monto. Según abogados consultados, al inicio de la concesión de estos préstamos, los bancos informaron a los clientes que el Estado cubriría el 80% del aval del préstamo en caso de incumplimiento, mientras que el cliente sería responsable del 20% restante. Sin embargo, con el tiempo, muchos autónomos y empresas no pudieron hacer frente al pago, y los bancos ejecutaron el aval del 100%. El ICO interviene únicamente cuando el aval al deudor es insuficiente para cubrir el impago. La sentencia, dictada el pasado 2 de octubre, a cargo de la magistrada Carolina Fons, destaca que la cliente tenía la creencia de que, al tratarse de un contrato especial debido al Covid, solo estaba garantizando el 20% del préstamo. Además, señala que no hubo negociación directa con el banco ni se proporcionó la documentación antes de la firma del contrato. En este contexto, la magistrada concluye que hubo un vicio en el consentimiento debido a la creencia errónea sobre los términos del contrato. El socio director del despacho Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, quien lideró la defensa, sugiere que durante la pandemia, la publicidad de los créditos ICO resaltaba el aval del Estado por el 80%. Por lo tanto, es comprensible que la cliente pensara que el Estado avalaba el 80% y ella el 20%. Navas también anticipa que habrá una serie de sentencias similares en toda España, ya que muchos pequeños empresarios se enfrentan a dificultades para pagar estos créditos, confiando en que el Estado se haría cargo, al menos en parte, en caso de incumplimiento. Esta sentencia representa un precedente importante y se espera que el número de demandas por mala comercialización de los ICO aumente considerablemente. Durante la pandemia, los bancos cerraron más de 1,2 millones de contratos ICO por un total de 140.700 millones de financiación, de los cuales 107.200 millones estaban avalados por el Estado. La mayoría de los clientes, 674.922, eran autónomos, y el resto, en su mayoría, pymes. Hasta la fecha de junio del año pasado, el ICO había pagado a los bancos 545 millones de euros por 48.000 créditos fallidos.

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(Cinco Días, 06-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno inicia el proceso para la creación de la ‘SEPI digital’ sin precisiones sobre su participación

El Gabinete Ministerial ha decidido este martes comenzar el proceso de manera urgente para establecer la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), también conocida como 'SEPI digital', tal como anunció el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, durante el Mobile World Congress de Barcelona la semana pasada. Sin embargo, en el comunicado de hoy no se especifica si esta nueva entidad incluirá la participación del 10% que se pretende adquirir en Telefónica. Escrivá, al ser cuestionado la semana pasada sobre cómo encajaría la gestión estatal de Telefónica dentro de la SETT, indicó que "tendría sentido", aunque también mencionó que "habrá que evaluarlo con el tiempo". No obstante, Telefónica no es la única empresa estratégica en la que el Estado tiene participación. Por ejemplo, es el principal accionista de Indra, con el 25% del capital. Aparte de su relación con empresas, se sabe que la SETT coordinará iniciativas ya existentes, como el PERTE Chip, con una dotación de 12.000 millones de euros para semiconductores y microelectrónica; el fondo NextTech, con 4.000 millones para invertir en empresas con alta innovación tecnológica; o el fondo del Hub Audiovisual, con 1.700 millones para empresas en este sector. La SETT será una entidad pública empresarial encargada de gestionar los activos y proyectos de inversión del Estado en el ámbito digital, con una inversión prevista de 20.000 millones de euros. "Con este primer paso, la nueva entidad podrá comenzar a funcionar a partir de mayo", ha declarado el Gobierno sobre esta nueva empresa pública. Uno de los principales interrogantes sobre esta nueva entidad es quién dirigirá la misma. Según Europa Press, el Gobierno está buscando un perfil con "experiencia demostrada en inversiones", que no necesariamente provenga de una entidad financiera. La intención oficial es agilizar la fuerte financiación prevista y dotar a la empresa de un marcado carácter inversor. Además, se busca "ganar operatividad" y "optimizar la eficacia" de la presencia estatal en el sector digital. En cuanto a su funcionamiento, la nueva empresa actuará con medidas financieras y de promoción relacionadas con las actividades previstas en el sector audiovisual, con el objetivo prioritario de convertir a España en un polo de atracción para la producción industrial de contenidos y mejorar la competitividad de toda la industria cultural. Por el momento, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, ha dado luz verde a la tramitación urgente del Real Decreto que regula las condiciones para la transformación de la Sociedad SEMyS en la Entidad Pública Empresarial Sociedad Española para la Transformación Tecnológica y aprueba sus estatutos. La nueva sociedad, adscrita a este ministerio, tendrá como principales funciones "impulsar y ejecutar inversiones en sectores estratégicos vinculados a la transformación digital; llevar a cabo el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip); participar en acciones relacionadas con el Fondo Next Tech y el Fondo Spain Audiovisual Hub; y financiar y apoyar proyectos tecnológicos emergentes vinculados a la digitalización, la Inteligencia Artificial y el sector audiovisual", según explica el departamento de Escrivá en un comunicado.

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