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(El Economista, 05-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

34.400 de los 70.000 millones de ayuda europea han llegado a la economía real

El Ministerio de Economía estima que la mitad de los fondos del Plan de Recuperación ya han sido desembolsados, destinando un 38% del total asignado a pequeñas y medianas empresas (pymes), un 23% a grandes empresas, y mostrando un impacto especialmente favorable en las regiones de Madrid y Cataluña. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que se encuentra en la mitad del proceso de ejecución del Plan de Recuperación, con aproximadamente la mitad de los fondos europeos ya desplegados. De los 69.528 millones de euros asignados inicialmente a España, se han convocado 61.558 millones (aproximadamente el 88% del total), de los cuales se han adjudicado 34.395 millones, representando casi la mitad del monto inicial y el 56% de los fondos movilizados. Las pymes se han identificado como las principales beneficiarias de estos recursos. Este análisis proviene de Elisa, una herramienta pública de fiscalización de la ejecución de los fondos Next Generation lanzada por el Gobierno para mejorar la transparencia y el control. El ministro Cuerpo resaltó que esta aplicación es un avance en el esfuerzo por aumentar la transparencia en la llegada de fondos a la economía española. Según Elisa, de los 34.400 millones europeos ya adjudicados, aproximadamente 24.853 millones corresponden a inversiones realizadas por la Administración General del Estado, 7.990 millones a las comunidades autónomas, y 1.380 millones a los ayuntamientos. Esto refleja una velocidad de adjudicación mensual de alrededor de 1.100 millones y de 1.500 millones en convocatorias. En cuanto al impacto cualitativo, el 38% de los fondos adjudicados hasta ahora se han destinado a pymes, microempresas y autónomos, lo que representa alrededor de 13.000 millones de euros, incluyendo 1.300 millones del programa kit digital para la adaptación online. Además, las grandes empresas han recibido otro 23% de los fondos, mientras que fundaciones, administraciones públicas, Utes y hogares han obtenido porcentajes menores.

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(El Economista, 05-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno cambiará las tarifas de los peajes de las autopistas radiales

El Gobierno tiene previsto implementar un nuevo sistema para calcular los peajes de las autopistas, incentivando el uso de vehículos menos contaminantes. Esta medida responde a la necesidad de transponer la Directiva 2022/362 de la Unión Europea (UE) del 24 de febrero de 2022, orientada a la descarbonización del sector del transporte terrestre. En los próximos meses, el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto (RD) para incorporar esta directiva al ordenamiento jurídico español. El nuevo método para fijar los peajes no afectará a las autopistas de peaje gestionadas por empresas privadas, pero sí a las nueve vías administradas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), incluyendo las radiales de Madrid. La transposición de la Directiva implica cambios en el cálculo de los peajes, como la inclusión de los costes asociados a la contaminación para los vehículos pesados, así como la posibilidad de internalizar los costes de congestión y los costes externos. En concreto, en las autopistas gestionadas por Seitt, la modificación del cálculo de los peajes para vehículos pesados entrará en vigor a partir de marzo de 2026. Se espera que este cambio beneficie a los vehículos menos contaminantes, ya que estas autopistas tienen alternativas gratuitas en forma de autovías. El nuevo marco normativo sentará las bases para posibles cambios futuros en el cálculo de los peajes. Sin embargo, el Gobierno ha descartado la introducción del pago por uso en la red de carreteras de alta capacidad. La aprobación de este RD no implica la creación de nuevos peajes ni modificaciones en el sistema tarifario vigente en las autopistas de concesión. Para acelerar la implementación del nuevo modelo, el Ministerio de Transportes abrirá una consulta pública previa sobre el proyecto de RD para la transposición de la Directiva (UE) 2022/362, desde este viernes hasta el próximo 29 de abril. Esto permitirá que ciudadanos, organizaciones y asociaciones puedan realizar sus aportaciones al proyecto. La Directiva modificada afecta a las Directivas 1999/62/CE y 1999/37/CE, así como a la (UE) 2019/520, en relación con la aplicación de gravámenes a los vehículos por el uso de determinadas infraestructuras. Se requiere que los Estados miembros introduzcan un impuesto sobre las emisiones de CO2 en la fiscalidad de los vehículos por el uso de estas infraestructuras.

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(La Vanguardia, 05-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV reprende a la banca por aplicar normas ESG de forma confusa

El regulador del mercado reprende a los bancos y otras empresas de asesoramiento por no indagar sobre las preferencias de sostenibilidad de sus clientes, tal como lo exige la normativa al comercializar productos de inversión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras una supervisión detallada del cumplimiento de la normativa sobre preferencias de sostenibilidad por parte de las entidades que ofrecen servicios de inversión, ha identificado este incumplimiento. La reciente normativa europea establece que estas entidades deben consultar a sus clientes sobre sus preferencias en sostenibilidad al invertir. Además, deben integrar esas preferencias al evaluar la idoneidad de los productos financieros que asesoran o incluyen en las carteras de sus clientes. Estas obligaciones se aplican al asesoramiento y la gestión de carteras, pero no a la venta de productos sin asesoramiento. La CNMV informó ayer que, según su análisis, las entidades en España, especialmente los bancos que lideran la comercialización de productos de inversión, no están cumpliendo con lo esperado. El organismo dirigido por Rodrigo Buenaventura reconoce que las entidades están consultando "en mayor o menor medida" a los clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad, pero deben mejorar los procedimientos de recopilación de información. Aunque el grado de detalle varía entre las entidades, según la CNMV, el porcentaje de clientes a los que se les ha solicitado esta información es bajo y, en algunos casos, las preguntas sobre sostenibilidad llegan a los clientes de manera confusa. Se ha instado a todas las entidades a ajustar sus procedimientos y a obtener información de todos sus clientes cuando brindan asesoramiento y gestión de carteras. En cuanto a buenas prácticas, la CNMV destaca que algunas entidades están proporcionando ejemplos ilustrativos en cada pregunta para facilitar la comprensión del inversor minorista. Otras están elaborando anexos a la documentación precontractual con explicaciones sobre conceptos relacionados con la sostenibilidad. Por otro lado, en relación con las preferencias de sostenibilidad de los inversores españoles, la CNMV ha concluido que el porcentaje de clientes que muestran interés en invertir de manera sostenible es pequeño, alrededor del 23% en promedio. La CNMV y Esma iniciarán una nueva campaña de supervisión para verificar la implementación de estas recomendaciones.

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(El Periódico, 05-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña tiene "considerables" problemas de gestión

El Círculo de Economía, un importante foro de debate que reúne a líderes empresariales, académicos y directivos catalanes, ha expresado su preocupación ante la situación política en Cataluña, especialmente tras la decisión del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de adelantar las elecciones y fijarlas para el próximo 12 de mayo. En una conferencia de prensa, el presidente del Círculo y exdirectivo del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, manifestó que el adelanto electoral "no es una buena noticia" en un momento en que la administración autonómica enfrenta "importantes" desafíos de gestión. Entre estos desafíos mencionó la severa sequía, los retrasos en la implementación de energías renovables y el bajo rendimiento académico de los estudiantes catalanes en comparación con otras comunidades autónomas. Guardiola subrayó la necesidad de reformas estructurales que requieren consenso político, pero lamentó que en los últimos años se haya dedicado demasiado tiempo y esfuerzo a cuestiones identitarias en lugar de abordar los problemas reales. El Círculo también expresó preocupación por la polarización, la confrontación y la degradación del debate político a nivel nacional, señalando que Cataluña y España están avanzando hacia una situación cada vez más complicada si no se producen cambios significativos. En este contexto, el Círculo anunció que su próxima jornada anual, que se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo en Barcelona, se centrará en estrategias para impulsar la productividad y el bienestar en tiempos de cambio. El evento contará con la participación del Rey Felipe VI, así como de destacados expertos nacionales e internacionales en política, economía y geopolítica. Entre los invitados destacados se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros. El evento también abordará el crecimiento y los desafíos de las empresas familiares globalizadas, así como la situación geopolítica mundial, incluida la escalada de la guerra en la Franja de Gaza.

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(Cinco Días, 04-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Hernández de Cos afirma que los tipos empezarán a bajar en junio

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha declarado hoy que su escenario principal contempla que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca los tipos de interés por primera vez en junio. Durante un coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, agregó que la curva de tipos pronosticada por los mercados, que anticipa una reducción a partir de junio, es un punto de partida sólido: "Me parece una referencia válida". De Cos señaló que esta proyección está sujeta a que la información que reciba el BCE "sea coherente" con las previsiones macroeconómicas que la respaldan. "La semana próxima tendremos una discusión en la que compartiremos todas nuestras perspectivas sobre lo ocurrido desde la última reunión y veremos cuál es la conclusión", señaló Hernández de Cos en Barcelona. Estos comentarios llegan poco después de que Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea, confirmara que la inflación en la eurozona continúa su tendencia a la baja, situándose en un 2,4% interanual. Esto representa un leve pero significativo descenso con respecto al 2,6% registrado en febrero. El nuevo dato está por debajo de las previsiones de los analistas, que esperaban un 2,5%. Hernández de Cos mencionó que las previsiones del banco central anticipan que la inflación en la Eurozona esté alrededor del 2,3% este año, un 2% en 2025 y un 1,9% en 2026, cumpliendo así con el objetivo de un aumento de precios del 2% a medio plazo. "Las proyecciones macroeconómicas nos hacen ser optimistas sobre la capacidad y el logro, ahora sí, del objetivo de inflación del BCE", agregó. Además, el gobernador del Banco de España subrayó la necesidad de una consolidación fiscal en España, que considera "absolutamente necesaria". Hernández de Cos evitó hacer referencias directas al aumento de precios en España. Con una inflación del 3,2%, según los datos publicados por el INE la semana pasada, el país se sitúa por encima de la media de la zona euro y también experimenta un aumento de precios mayor que las otras grandes economías europeas, aunque se mantiene en el rango intermedio de la tabla total de inflación. El aumento de precios en España se debe principalmente al incremento del IVA de la electricidad del 10% al 21%. Por ahora, los comentarios de Hernández de Cos coinciden con los analistas, quienes consideran poco probable que el primer recorte llegue en abril, como apuntan algunos operadores. "No hay consenso en el Consejo de Gobierno del BCE para comenzar en abril y su comunicación apunta a junio", señaló Mariano Cena, economista sénior de Barclays para Europa, en una entrevista con Cinco Días esta semana. Respecto a la mejora de las previsiones de crecimiento económico de España en 2024 hasta el 1,9%, De Cos explicó que está respaldada por el crecimiento previsto en la economía europea. Afirmó que "la economía española ha sorprendido positivamente en los últimos trimestres" y que "ha crecido más de lo esperado a principios de 2023". Además, señaló que la caída de la inflación está generando un aumento de las rentas reales y que se espera que las condiciones de financiación sean menos restrictivas debido a la potencial reducción de los tipos de interés. Sin embargo, considera preocupantes la reducción de la inversión privada, que aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, y la baja productividad. Por lo tanto, destacó la necesidad de reformas estructurales que fomenten la inversión privada y dinamicen la actividad económica. En relación con la crisis del mercado inmobiliario, Hernández de Cos culpó a la escasez de oferta como la causa principal de esta situación. Insistió en que es un problema que debe ser abordado "de manera seria y temprana", aunque advirtió que "cualquier medida que no estimule la oferta no resolverá el problema". Respecto al papel de las entidades financieras para dinamizar el sector, mencionó que los bancos están otorgando créditos en condiciones muy prudentes.

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(Cinco Días, 04-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo anula la obligación de esperar 30 minutos entre la contratación de los VTC y su prestación efectiva

Las restricciones a las empresas que ofrecen servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) parecen estar llegando a su fin. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia nº 398/2021 de 23 de noviembre, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la cual anula varios artículos del decreto regulador de los VTC impulsado por el Gobierno vasco. Esta decisión representa una victoria más para un sector principalmente liderado por Uber y Cabify. Específicamente, la Sala considera contraproducente para el principio de libertad de empresa, reconocido en el artículo 38 de la Constitución Española, la exigencia de un intervalo de 30 minutos para solicitar el servicio de alquiler de vehículos con conductor. Esto se basa en que dificulta de manera excepcional el acceso al mercado para las VTC. La sentencia establece que esta exigencia "constituye una limitación muy notable para el ejercicio de esta actividad empresarial", ya que los clientes buscan estos servicios de forma inmediata y al mejor precio posible. Además, la sentencia valida la posibilidad de que los usuarios conozcan la ubicación de los vehículos disponibles antes de contratarlos, ya que esto "beneficia a los consumidores" y protege el interés público según las reglas de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Esta sentencia confirma la doctrina previamente establecida por el Tribunal Supremo en una resolución del 13 de febrero sobre un caso similar presentado por Uber BV, lo que elimina las restricciones impuestas a las VTC en el País Vasco. Estas limitaciones, que también se adoptaron en otras comunidades autónomas como Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Baleares, quedan anuladas por segunda vez por el Tribunal Supremo. Por otro lado, comunidades autónomas como Andalucía y la Comunidad de Madrid, alineadas con la competencia entre modalidades de transporte, no han establecido esta restricción en sus regulaciones sobre VTC. José Manuel Berzal, presidente de la patronal UNAUTO-VTC, destacó que esta sentencia confirma su postura y desmonta las restricciones establecidas por algunas comunidades, mientras que Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval-VTC, expresó su confianza en que las administraciones revisen sus normativas para eliminar estas limitaciones y respetar el derecho constitucional reconocido por la Justicia.

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(El País, 04-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de las casas echa el freno en el arranque del año, con un crecimiento del 2%

El precio de la vivienda continúa su ascenso imparable. Un informe elaborado por la consultora y tasadora Gesvalt muestra un incremento del 2% en el precio de las viviendas durante el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra marca la duodécima subida consecutiva, pero también es la segunda consecutiva por debajo del 3%, tras el aumento del 2,1% registrado en el trimestre previo. El precio medio del metro cuadrado de la vivienda se sitúa en 1.566 euros. Para visualizarlo, esto significa que para adquirir una vivienda con un valor y una superficie promedio de 90 metros cuadrados -cuyo precio era de 128.520 euros en 2023- actualmente se necesitaría desembolsar 140.940 euros. Sin embargo, este valor sigue estando un 26,9% por debajo de su máximo histórico registrado en el primer trimestre de 2008, durante el estallido de la burbuja inmobiliaria. Comparado con el trimestre anterior, el cuarto trimestre de 2023, el precio ha aumentado un 1,8%. Esta ruptura de la tendencia anterior, caracterizada por descensos cercanos al 1%, refuerza la percepción de estabilización en el precio de la vivienda, según la compañía tasadora. Aunque se descarta una disminución en términos interanuales (la forma habitual de medir el precio), se espera que las subidas en adelante sean más moderadas. Esta nueva moderación se atribuye principalmente al descenso en el número de transacciones de compraventa, que disminuyeron un 9,5% en toda España en 2023. El informe sugiere que esta tendencia podría continuar durante el año, con posibles fluctuaciones, aunque con variaciones más pronunciadas en ciertos territorios. Sin embargo, el aumento de precios observado al inicio del año ha sido generalizado en todas las comunidades autónomas. Aunque la intensidad de la subida varía, Canarias y Baleares lideran la clasificación, con incrementos superiores al 9%. Seis territorios en total han experimentado aumentos por encima del 4%. Por otro lado, los menores incrementos se observan en Asturias y el País Vasco, con un 0,7% y un 0,1%, respectivamente. Baleares, la región más cara, lidera la clasificación de territorios con un precio promedio más elevado por décimo trimestre consecutivo, con una media de 2.859 euros por metro cuadrado. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 2.546 euros, y el País Vasco, con 2.386 euros. Estas tres son las únicas regiones que superan los 2.000 euros de media en los registros de Gesvalt. En el otro extremo de la clasificación se encuentran Castilla-La Mancha, con 909 euros por metro cuadrado, y Extremadura, con 864 euros. Por provincias, destacan los aumentos interanuales en Santa Cruz de Tenerife (13%), Las Palmas de Gran Canaria (9,4%) y Baleares (9,1%). Por el contrario, se observan descensos en algunas áreas, como Ciudad Real (-5,5%), Ourense (-4,7%) y Gipuzkoa (-2,4%), aunque esta última se encuentra entre las provincias con precios más altos. Otras cuatro provincias (Baleares, Madrid, Málaga y Bizkaia) también tienen un precio medio por metro cuadrado superior a los 2.000 euros. El informe indica que la disminución en el número de transacciones de compraventa coincide con un mayor número de familias que optan por el mercado de alquiler, donde los precios experimentan tensiones al alza. En el último trimestre, cuatro provincias han experimentado aumentos de más del 15%: Segovia (22,6%), Santa Cruz de Tenerife (20,3%), Cuenca (18,4%) y Lleida (15,2%). Por el contrario, Jaén muestra una ligera contracción (-0,4%).

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(El Periódico, 04-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación en la eurozona baja dos décimas en marzo, hasta el 2,4%

La tasa de inflación interanual en la eurozona disminuyó dos décimas en marzo, alcanzando el 2,4%, lo que la acerca aún más al objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE), según la estimación preliminar publicada hoy por Eurostat. En cuanto a los componentes, los precios de los servicios fueron los principales contribuyentes a la inflación en la zona del euro al aumentar un 4,0% en marzo, manteniendo la misma tasa que en febrero. Por otro lado, moderaron su alza los precios de alimentos, alcohol y tabaco, que registraron un aumento del 2,7% en marzo frente al 3,9% del mes anterior, y los de los bienes industriales no energéticos, que aumentaron un 1,1% en comparación con el 1,6% en febrero. Los precios de la energía, por su parte, ralentizaron su caída y disminuyeron un 1,8% interanual en marzo, en comparación con la caída del 3,7% registrada en febrero. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los efectos de los precios de la energía y alimentos por su volatilidad y es clave para el BCE, la tasa se redujo en tres décimas en marzo, hasta el 2,9%, fortaleciendo los argumentos para una posible reducción de los tipos de interés por parte del banco central. Entre las principales economías de la eurozona, la tasa de inflación interanual disminuyó seis décimas en Alemania, hasta el 2,3%, y ocho décimas en Francia, hasta el 2,4%, mientras que aumentó en España, del 2,9% al 3,2%, según el índice armonizado elaborado por Eurostat. Italia vio un aumento del 0,8% al 1,3%, y Países Bajos del 2,7% al 3,1%. La tasa de inflación aumentó también en marzo en Croacia, hasta el 4,9%, la más alta de la eurozona, así como en Bélgica (3,8%), Grecia (3,4%), Letonia (1,0%) y Portugal (2,6%), mientras que se mantuvo estable en Luxemburgo, en el 3,2%, Austria (4,2%) y Eslovenia (3,4%). Por otro lado, disminuyó en Estonia hasta el 4,1%, Irlanda (1,7%), Chipre (1,6%), Malta (2,7%), Eslovaquia (2,5%), Finlandia (0,7%) y Lituania, que registró la inflación más baja de la eurozona en el 0,3%. Estos datos reflejan que la tasa de inflación interanual en la eurozona ha experimentado tres meses consecutivos de descenso tras un repunte en diciembre pasado, y la inflación subyacente continúa su tendencia a la baja, lo que podría dar confianza al BCE para comenzar a recortar los tipos de interés. Sin embargo, la institución continuará evaluando los datos entrantes para determinar su política futura.

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(El Economista, 03-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Ley de Vivienda deja sin sancionar a los caseros que no limiten el alquiler

La nueva Ley de Vivienda ha dejado prácticamente sin efecto una de sus medidas más destacadas: el límite de precios del alquiler en áreas con tensiones habitacionales. Sorprendentemente, la normativa no contempla ningún régimen de sanciones para desalentar a los propietarios, ya sean particulares o empresas, de infringir los límites de alquiler establecidos por el Ministerio de Vivienda a través de su índice de precios. Este índice, implementado desde el 15 de marzo pasado, proporciona un rango de precios dentro del cual el arrendador puede fijar el alquiler en función de diversas características del inmueble, como ubicación, tamaño, presencia de ascensor, conserje o eficiencia energética. Hasta ahora, solo Cataluña ha implementado este índice, aunque otras comunidades autónomas como Asturias o Navarra están considerando sumarse. Sin embargo, la ausencia de sanciones para los propietarios que no respeten este límite de precios crea una situación de incertidumbre tanto para la administración a la hora de actuar como para los propios inquilinos. Roger Pla, socio del departamento de Derecho Inmobiliario de Roca Junyent, explica que si la administración no aclara estas dudas, habrá que esperar a que los tribunales resuelvan y definan la situación, un proceso que podría llevar años. Pla señala que la ley es poco clara y ambigua, generando dudas interpretativas, especialmente en lo referente a si las comunidades autónomas pueden establecer su propio régimen sancionador. Es importante recordar que el Tribunal Constitucional anuló en 2022 la ley de vivienda de Cataluña que establecía un límite a los precios del alquiler, considerando que la comunidad autónoma no tenía competencia para ello, ya que los contratos de arrendamiento se rigen por normas de derecho civil, competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, ahora que el límite de precios es establecido por el Estado y aplicado por las comunidades autónomas, estas deberían poder regular el régimen sancionador en base a esa ley estatal. Miriam Navas, abogada del bufete Navas & Cusí, sugiere que, aunque no haya un régimen sancionador específico, podrían aplicarse regímenes sancionadores de otras leyes. Sin embargo, sería necesario que un juez resolviera este vacío legal. Por otro lado, la inversión en vivienda ha disminuido considerablemente debido a la baja rentabilidad, lo que ha provocado una menor oferta de alquiler y ha llevado a muchos pequeños propietarios a poner sus propiedades en venta. En medio de la falta de claridad de la ley, también surge la pregunta de quién controlará que los propietarios no superen los límites de alquiler. Pla sugiere que este control debería ser realizado por organismos con competencias en contratos, como el Registro de la Propiedad o, en el caso de Cataluña, el Incasol (Instituto Catalán del Suelo), aunque estos organismos solo pueden aplicar la ley, que carece de sanciones. En esta situación, aunque los inquilinos puedan denunciar la situación ante la administración, se ven obligados a recurrir a los tribunales o a solicitar la rescisión del contrato por incumplimiento de la ley, arriesgándose a quedarse sin vivienda.

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(El Periódico, 03-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El ahorro de los hogares se disparó en 2023 gracias al empleo y la moderación de la inflación

La tasa de ahorro de los hogares experimentó un fuerte aumento en 2023, luego de haberse reducido a la mitad en 2022 debido a la espiral inflacionaria. La moderación en el incremento de los precios y la solidez del empleo permitieron a las familias recuperar su capacidad de ahorro, al tiempo que aumentaban su gasto y su capacidad de autofinanciamiento. En consecuencia, la tasa de ahorro de las familias se elevó el año pasado al 11,7% de su renta disponible bruta anual, en comparación con el 7,6% de 2022. Aunque inferior a las tasas de 2021 (13,7%) y 2020 (17,4%), años en los que los hogares acumularon ahorro de manera excepcional debido a las restricciones por la pandemia, supera a la de 2019, el año previo al COVID-19 (8,19%). Según las estadísticas de las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales publicadas por el INE este martes, la renta disponible de las familias aumentó un 11% el año pasado, alcanzando los 923.560 millones de euros. Este incremento se debió principalmente al aumento de los salarios (8,8%), en un contexto de crecimiento del empleo y de los sueldos, así como a los mayores ingresos por prestaciones sociales (9,9%) y rentas de la propiedad (56,4%). En cuanto al consumo, los hogares destinaron 813.066 millones de euros, un 6,1% y 46.455 millones más que el año anterior. Dado que el aumento de la renta disponible bruta superó al del gasto, el ahorro se disparó un 70,6%, alcanzando los 108.139 millones de euros, 44.760 millones más que en 2022. Esta cantidad ahorrada es similar a la de 2021 (109.975 millones) y solo está por debajo de la excepcional de 2020 (133.428 millones). La estadística del INE revela que el ahorro total de las familias fue más que suficiente para financiar su inversión (64.539 millones, un 8,1% más, en vivienda o activos financieros), después de que en 2022 estuviera a punto de no hacerlo por primera vez en una década. Por lo tanto, los hogares registraron una capacidad de financiación de 42.361 millones de euros, en comparación con los apenas 2.500 millones del ejercicio anterior. Por otro lado, la economía española en su conjunto presentó una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 54.013 millones de euros el año pasado (3,7% del PIB y un 160% más que en 2022), gracias al excedente de empresas, bancos y familias, que compensaron el déficit de la administración pública. El déficit del sector público acumulado en los doce meses de 2023 se tradujo en una necesidad de financiación de 53.159 millones de euros. En cuanto a las empresas, aunque redujeron su excedente de explotación en un 3,6% y su ahorro en un 4,3% (hasta los 207.014 millones), pudieron financiar su inversión y mantener un excedente de 32.028 millones (-23,1%). Las entidades financieras, por su parte, vieron aumentar su excedente de explotación en un 65% en un contexto de altos tipos de interés, aunque su ahorro disminuyó un 14,5% (hasta los 38.276 millones). A pesar de esto, les fue suficiente para financiar su inversión y conservar un excedente de 32.783 millones.

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