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(Expansión, 25-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

CEOE pide que la regulación de la IA no trabe su desarrollo

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) planteó ayer la importancia de consolidar la competitividad del mercado único, promover las inversiones y respaldar a las empresas durante la próxima legislatura europea. Estas propuestas fueron presentadas por la patronal en el documento titulado "Fortalecer, agilizar, impulsar", el cual recoge las recomendaciones empresariales para los partidos que participarán en las elecciones comunitarias de junio. La CEOE insta, por ejemplo, a garantizar que la regulación de la Inteligencia Artificial no frene su desarrollo. "Desde la CEOE estamos convencidos de que el periodo 2024-2029 representa una oportunidad para que la Unión Europea priorice la competitividad y el crecimiento económico en el centro de sus políticas", afirmó Antonio Garamendi durante la presentación del documento junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Garamendi destacó que mejorar la competitividad de las empresas y economías es crucial para enfrentar los desafíos internos y externos actuales, y para avanzar hacia una Unión Europea social y ambientalmente ambiciosa. Por su parte, el ministro Albares valoró que las propuestas de la CEOE contribuyen a fortalecer el mercado único y aportan contenido al debate de los próximos meses. Entre las demandas de la patronal española se destaca la necesidad de asegurar que la regulación de la Inteligencia Artificial, en la que la UE busca liderar, promueva la inversión y el desarrollo ético y seguro de esta tecnología. La CEOE también destaca la importancia de regular el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral bajo principios éticos y de control humano. Además, la CEOE enfatiza la importancia de establecer un marco regulatorio que favorezca la competitividad mediante una legislación más eficiente, incluyendo la reducción de las cargas administrativas en un 25%. Por último, la CEOE solicita medidas para digitalizar la economía, proteger la competitividad durante la transición medioambiental, impulsar la innovación, fortalecer el diálogo social a nivel europeo y promover la colaboración entre los decisores políticos españoles y los agentes sociales.

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(El Confidencial, 25-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España se pronunciará sobre si los gastos hipotecarios deben devolverse con intereses

Los costos relacionados con hipotecas han emergido como el punto álgido en las disputas entre entidades bancarias y clientes. Una sentencia de la Unión Europea ha forzado a los bancos a reembolsar los costos asociados con la formalización de préstamos, aunque este proceso no está exento de dificultades y división de opiniones. En particular, el Banco de España ha admitido una reclamación contra CaixaBank, el único banco que ha estado reembolsando automáticamente los costos hipotecarios. Sin embargo, CaixaBank está reintegrando estos gastos sin incluir los intereses legales, que actualmente se sitúan en el 4,08%. La reclamación fue presentada por la asociación de consumidores Asufin, la cual señala que en ciertos casos, los intereses de demora pueden aumentar considerablemente el monto total a reembolsar. CaixaBank argumenta que está actuando de acuerdo con la legislación vigente al momento de la firma del contrato, respaldado por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo. En concreto, CaixaBank se hace cargo de los honorarios registrales por la inscripción de la garantía hipotecaria, los gastos de gestoría, la mitad de los honorarios notariales por la escritura hipotecaria, y los costos de tasación. En cambio, el prestatario debe asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y los gastos asociados a la cancelación de la hipoteca. Cuando los clientes presentan sus facturas y contratos a CaixaBank, el banco procede a reembolsar estos gastos, ofreciendo la posibilidad de reducir deudas pendientes si las hubiera. Sin embargo, en algunos casos, esto se hace sin incluir los intereses de demora, lo cual ha motivado la reclamación de Asufin ante el Banco de España. Aunque CaixaBank ha establecido acuerdos rápidos con juzgados en varias ciudades, incluyendo Barcelona, Pamplona, Burgos, Valladolid, Palencia y Murcia, en donde se incluyen los intereses, la disputa sobre la inclusión de estos intereses continúa. La decisión del servicio de reclamaciones del Banco de España no es definitiva, ya que cabe la posibilidad de apelación ante la justicia. No obstante, los procesos judiciales tienden a coincidir con el dictamen del Banco de España. En este contexto, se discute si los reembolsos de costos hipotecarios deben incluir intereses. Aunque persiste cierta confusión en las reclamaciones por este motivo, los principales bancos reconocen que están enfrentando un gran número de solicitudes. Algunos bancos rechazan las reclamaciones apelando a una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que considera que los clientes podrían haber reclamado cuando se establecieron los juzgados especializados en 2017. En Barcelona, el plazo de prescripción es de 10 años, permitiendo continuar con reclamaciones, mientras que en el resto de España es de cinco años, criterio que algunas entidades utilizan para rechazar solicitudes. Otros bancos rechazan o estudian las reclamaciones caso por caso. Por ejemplo, Santander y BBVA rechazan las reclamaciones, argumentando la prescripción de la acción de restitución. Sabadell, Abanca y Unicaja analizan cada caso individualmente, mientras que Kutxabank ha optado por aceptar las reclamaciones pero pospone los reembolsos hasta que el Tribunal Supremo clarifique los plazos.

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(El Periódico, 25-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña interviene por decreto el alquiler de temporada y de habitaciones en plena precampaña

La Generalitat de Cataluña ha anunciado medidas correctivas para abordar los problemas surgidos del fracaso del límite de alquiler. A menos de tres semanas de las elecciones autonómicas del 12 de mayo, el Gobierno autonómico ha aprobado intervenir de manera urgente no solo en el mercado de alquiler de viviendas, una medida que ya había colocado a la comunidad en una situación legal excepcional respecto al resto de España, sino también en los mercados de habitaciones y alquileres de temporada. El Ejecutivo de Pere Aragonès ha reconocido nuevamente que el límite al alquiler ha causado un aumento de precios en otras modalidades, algo que los activistas pro-vivienda, a quienes intentan satisfacer estas normativas, negaban. El sector inmobiliario considera estas medidas contraproducentes y populistas. Ante este escenario, el Consell Executiu ha aprobado un nuevo decreto ley este miércoles para regular las deficiencias identificadas en la legislación previa, que sigue siendo efectiva. Tras la reunión del Govern, la consellera Ester Capella ha afirmado que la norma busca controlar los puntos por los cuales las viviendas que deben ser de uso permanente están siendo desviadas. Según Capella, esta iniciativa se basa en datos del Incasòl y ha confirmado la existencia de una "proliferación de alquileres mal llamados temporales", como habían alertado las empresas del sector. También ha mencionado una proliferación de alquileres de habitaciones y ha advertido contra el alquiler de habitaciones por partes para eludir el control de precios. Capella no ha proporcionado detalles sobre si existen motivos económicos adicionales, más allá de la prisa preelectoral, que justifiquen la necesidad de regular rápidamente y con el Parlament disuelto. El marco legal actual ya prohíbe que un apartamento se alquile como temporada (hasta 11 meses) cuando en realidad es una vivienda habitual. Lo que cambiará es que se establecerá la obligación de especificar la causa de esa temporalidad en todos los contratos, y se presumirá a favor del arrendamiento permanente si un contrato de media estancia no indica una causa específica. En cuanto al alquiler por habitaciones, que actualmente se rige por el Código Civil del siglo XIX, también se impondrán restricciones, pero solo en Cataluña, lo que podría llevar a una fuga de la oferta hacia otros territorios. Capella ha indicado que en las zonas consideradas "mercado residencial tensionado" por el Govern, la suma de los alquileres de habitaciones en un mismo piso no podrá superar la renta máxima establecida para el apartamento en su totalidad.

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(El Economista, 25-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Parlamento Europeo aprueba la Directiva de Debida Diligencia

El Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Empresarial (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, también conocida como CSDDD o CS3D), una medida de gran relevancia que establece multas y sanciones para las grandes empresas que violen los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de valor, abordando cuestiones como la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural. Esta aprobación por parte de los eurodiputados llega después de que el Consejo Europeo diera su visto bueno el pasado 15 de marzo, tras ajustes que redujeron la aplicación inicial de la norma a menos empresas. Según Alberto Andreu, profesor de la Universidad de Navarra, esta Directiva será un desafío importante para las empresas europeas, ya que les exige extender sus estándares de sostenibilidad, especialmente en derechos humanos y medio ambiente, a toda su cadena de valor. Andreu advierte sobre el considerable costo de implementación de esta medida. Antonio Vives, socio de la consultora de sostenibilidad Cumpetere, explica que la versión aprobada de la Directiva afectará a un tercio de las empresas originalmente contempladas, reduciéndolas de 16.400 a 5.500, representando solo el 0,05% de las compañías de la UE. Sin embargo, Vives destaca que este pequeño porcentaje no refleja el impacto que estas empresas tienen, especialmente en los derechos humanos en proveedores de países en desarrollo. Además, la normativa excluye empresas con actividades de alto riesgo que están por debajo de ciertos límites de tamaño. Las grandes compañías afectadas por esta norma trasladarán los requisitos a sus socios y proveedores. A pesar de la reducción del alcance de la norma, Antonio Vives subraya que introduce responsabilidades para las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente, convirtiendo prácticas voluntarias en obligatorias a través de su incorporación en leyes nacionales. La aprobación de esta Directiva representa un hito significativo según Giulia Borsa, de EcoVadis, al convertir recomendaciones en obligaciones para las empresas. Aunque lamenta la dilución de la norma al afectar a un número reducido de empresas, Borsa destaca que esto tendrá un impacto indirecto en muchas más organizaciones a lo largo de las cadenas de suministro globales, debido a la cascada de requisitos desde las grandes empresas incluidas en el alcance de la Directiva hacia sus socios y proveedores.

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(El Mundo, 25-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Airef limita a 19.000 millones el impacto en PIB de la ayuda de la UE

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que los fondos inyectados a la economía real, según la Contabilidad Nacional, reducirán en aproximadamente 10.000 millones de euros el volumen adjudicado al finalizar 2023. Según el Observatorio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Airef, hasta la fecha se han comprometido alrededor de 19.000 millones de euros en ayudas europeas a la economía española. Esta cifra contrasta con los 28.948 millones oficialmente asignados en subvenciones y licitaciones durante 2021, 2022 y 2023. La ejecución real de estos fondos, medida en términos de Contabilidad Nacional, se estima en 18.900 millones de euros para estos tres años, lo que supone una diferencia de 10.000 millones con respecto al volumen asignado. Cristina Herrero, presidenta de la Airef, destacó la importancia de disponer de datos en términos de Contabilidad Nacional para comprender mejor el impacto económico de los fondos del Plan de Recuperación. Aunque la diferencia entre los fondos asignados y desembolsados puede atribuirse a un desfase temporal debido a la adjudicación previa, se estima que el impacto real se sitúa entre ambos valores. En cuanto a la distribución de los fondos, el Sector Público Institucional Estatal ha convocado 13.653 millones de euros, la Administración General del Estado 8.428 millones, las comunidades autónomas 7.562 millones y los ayuntamientos 2.419 millones. En términos de ejecución por componentes, destaca el avance en inversiones ferroviarias, con un 89% completado de los 6.665 millones asignados al plan de movilidad sostenible a larga distancia. Por otro lado, el componente más cuantioso, la rehabilitación y regeneración urbana con 6.817 millones, presenta un avance del 18% en la ejecución de los fondos adjudicados. En total, la Airef ha registrado 538.603 beneficiarios únicos de fondos europeos, con un enfoque particular en las ayudas digitales dirigidas a pymes y autónomos, beneficiando a seis de cada diez receptores de fondos.

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(El País, 24-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España calcula que faltan 600.000 viviendas

España enfrentará un déficit de 600,000 viviendas para el año 2025. Según el Banco de España, se necesitarían 1,5 millones de viviendas destinadas al alquiler social. Para lograr este objetivo, en los próximos diez años sería necesario aumentar en más del 150% la producción anual promedio de viviendas en España de los últimos años. Este déficit de vivienda es especialmente acusado en las comunidades autónomas donde se concentra el crecimiento poblacional y la actividad turística. Además, existen alrededor de cuatro millones de viviendas vacías o desocupadas en España, de las cuales solo 400.000 se encuentran en las grandes ciudades (con más de 250.000 habitantes), aunque se desconoce su estado y si pudieran contribuir a mitigar el problema de escasez. El esfuerzo para comprar una vivienda ya representa el 40% de la renta bruta disponible de un hogar promedio, un aumento de aproximadamente ocho puntos porcentuales desde finales de 2021. Además, se necesitarían siete años de renta actual para cubrir el precio de una vivienda. De las 27 millones de viviendas en España, 19 millones son residencias principales, mientras que el resto están vacías, son segundas residencias o se utilizan para alquiler turístico. La Asociación de Expertos Inmobiliarios también señala un déficit acumulado de viviendas, explicando que se necesitarían construir 190.000 viviendas al año, pero solo se están completando alrededor de 90.000. El presidente Óscar Martínez Solozábal sugiere que las soluciones pasan por construir más viviendas y dirigir las casas vacías hacia el alquiler. "Es la única forma de aumentar la oferta y reducir la demanda", señala Solozábal, pero para lograrlo, "se necesitarían cambios en la ley de arrendamientos y mayor seguridad jurídica para que los propietarios estén dispuestos a poner sus casas en alquiler". Los precios de la vivienda han aumentado de manera sostenida desde 2014, entre un 7% y un 8% hasta 2022, principalmente debido a la escasez de oferta. Este crecimiento ha sido más notable en viviendas nuevas, en áreas urbanas y turísticas grandes, y en zonas con menos suelo disponible. Los bancos han mantenido estándares de crédito prudentes al otorgar préstamos, por lo que la exposición crediticia es relativamente baja. Los riesgos no han aumentado desde la pandemia y se encuentran en niveles cercanos al equilibrio. En 2022, las compras de viviendas por parte de extranjeros alcanzaron niveles históricos máximos con 134.000 unidades, pero se redujeron a 125.000 en 2023, representando un 19,3% del total, aunque esto contrasta con el 7,1% registrado en 2007. El esfuerzo requerido para alquilar una vivienda es superior al de nuestros vecinos europeos. El mercado de alquiler ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, con alrededor de 3,6 millones de viviendas, donde reside el 18, 7% de los hogares. Los problemas de acceso a la vivienda han aumentado, especialmente entre hogares con menores ingresos, incluidos jóvenes e inmigrantes, debido a la escasa capacidad de ahorro y a los bajos ingresos. Los jóvenes son el grupo más vulnerable y enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda debido a las condiciones menos favorables en el mercado laboral. La edad de emancipación se ha elevado a los 34 años. Solo el 12% de los jóvenes alquila vivienda en España, en comparación con el 52% en Alemania o el 35% en Francia. Estos problemas de acceso a la vivienda podrían afectar al crecimiento económico, según el Banco de España. Las recomendaciones del supervisor incluyen fomentar el alquiler social, la rehabilitación de viviendas, la colaboración público-privada y mejorar la certidumbre regulatoria y la seguridad jurídica. Se estima que el alquiler vacacional comprende alrededor de 340.000 viviendas, aproximadamente el 10% del mercado de alquiler, con una distribución geográfica muy variada. El alquiler social representa una proporción muy pequeña en España, con solo 300.000 unidades, equivalentes al 1,5% de las viviendas principales.

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(Expansión, 23-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Entre 2019 y 2023, el gasto no financiero creció en todas las CCAA

En los últimos años, el gasto público en España ha experimentado un notable incremento debido a diversas crisis y shocks, como la pandemia de Covid-19, la guerra en Ucrania, la tormenta energética y la inflación. Aunque el enfoque ha estado principalmente en las cifras abultadas de la Administración Central, resultado de los escudos sociales implementados por el Gobierno para enfrentar estas adversidades, las Comunidades Autónomas (CCAA) también han visto aumentar significativamente sus niveles de gasto. Un informe reciente de Fedea, publicado ayer, revela que, aunque el aumento ha sido generalizado, Cataluña y País Vasco fueron las dos autonomías con mayor gasto público no financiero por habitante en 2023, con incrementos del 12,8% y 11,4% respectivamente en comparación con 2019. Aunque Cataluña y País Vasco encabezaron la lista en términos absolutos, en términos porcentuales el mayor aumento correspondió a Canarias, donde el gasto se elevó casi un 18% entre 2019 y 2023 (aunque partiendo de niveles más bajos). Le siguieron Cataluña, con un 12,8%, y Andalucía, con un 12,5%. En circunstancias normales, este incremento del gasto, que en promedio fue del 10,9% entre las CCAA, podría considerarse un indicador razonable del nivel de prestación de servicios por parte de las administraciones regionales. Sin embargo, durante los años de pandemia, estas cifras "serán menos representativas" debido a las "necesidades extraordinarias" que hubo que atender, según Fedea. En conjunto, el déficit de las CCAA se situó en el 0,91% del PIB al cierre de 2023. Aunque esta cifra mejora ligeramente el 1,12% registrado en 2022, triplica el objetivo de referencia del 0,3% establecido por el Gobierno. Fedea advierte que "las CCAA nuevamente incumplieron claramente el objetivo presupuestario", aunque señala que los datos están distorsionados por "factores atípicos" relacionados con la escalada inflacionaria debido a la guerra en Ucrania. Sin estos factores atípicos, estima que el déficit de las CCAA se habría situado en el 0,65%, aún más del doble de la referencia. A pesar de que el Gobierno central absorbió la mayor parte del impacto, manteniendo las entregas a cuenta calculadas con previsiones anteriores a la crisis y proporcionando recursos adicionales a las autonomías mediante transferencias extraordinarias no reembolsables, parte de este aumento del gasto parece ser estructural. "Tan preocupante como la persistencia del déficit depurado es el comportamiento en los últimos años de los gastos e ingresos subyacentes, que no parecen regresar a sus niveles pre-pandémicos a pesar de la rápida recuperación del PIB en ese período", destaca el informe. El futuro es incierto: "Aunque no se puede descartar una corrección gradual, los datos actuales indican un efecto escalonado sobre el gasto debido a factores no relacionados con la pandemia, que podría ser persistente, así como una tendencia continua al alza en la presión fiscal para aumentar los ingresos." Después de Cataluña y País Vasco, las regiones con mayor gasto per cápita en 2023 fueron Murcia (junto con Cataluña y la Comunidad Valenciana, las más endeudadas), Baleares, Aragón y Asturias. La diferencia clave entre estas regiones radica en que, a pesar del elevado gasto, País Vasco cumplió con el objetivo de déficit, presentando un desfase del 0,08%, mientras que en Cataluña fue del 1,31%, más del cuádruple; en Valencia del 2,45%, ocho veces más, y en Murcia del 2,32%, también casi ocho veces superior. Madrid, donde el gasto per cápita creció un 10,2%, registró un déficit del 0,74%. Por otro lado, cinco CCAA cerraron 2023 con superávit, destacando Navarra, con un saldo positivo del 1,43%.

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(El Economista, 23-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los jueces rechazan analizar si hubo abuso en los avales ICO porque no eran para particulares

Los jueces rechazan revisar si hubo falta de transparencia y abusividad en la comercialización de los créditos respaldados por el ICO durante la pandemia, argumentando que los destinatarios de estos préstamos eran profesionales o empresas y no consumidores. Los tribunales están empezando a resolver los primeros litigios relacionados con la venta de estos créditos (se llevaron a cabo más de 1,2 millones de operaciones desde la declaración del estado de alarma), aunque existen diferentes criterios hasta que el Tribunal Supremo intervenga y establezca jurisprudencia. Dos recientes sentencias al respecto, una de la Audiencia Provincial de Barcelona del 13 de noviembre pasado y otra de la Audiencia Provincial de Valencia del 22 de diciembre de 2023, coinciden al rechazar llevar a cabo un control de transparencia sobre la comercialización de estos créditos debido a que el destinatario no es un consumidor particular, sino una empresa o profesional. En ambos casos, el banco ejecuta los préstamos respaldados por el ICO por falta de pago. No obstante, los propietarios de las empresas que recibieron el crédito apelaron argumentando que la cláusula de vencimiento anticipado era abusiva, el interés de demora excesivo y que la comisión por reclamación de las cuotas impagadas no estaba justificada. La sentencia de la Audiencia de Barcelona desestima el recurso del administrador y el representante legal de la empresa que incumplió el préstamo al afirmar que "para poder estudiar si alguna de sus cláusulas es abusiva [...] sería necesario que la parte que lo solicita fuera un consumidor, lo cual no es el caso, como reconoce la propia parte". El tribunal señala que la Ley de Condiciones Generales de la Contratación reserva los controles de transparencia y abusividad para los consumidores. En el caso de contratos con empresas y profesionales, solo se aplica el control de incorporación. Es decir, para que una cláusula de un contrato supere el control de incorporación, debe tener una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión normal y que el adherente haya tenido la oportunidad real de conocer al momento de celebrar el contrato, según determinó el Tribunal Supremo el 11 de marzo de 2020. Así, la Audiencia de Barcelona concluye que las cláusulas analizadas superan el control de transparencia y pudieron ser entendidas por los firmantes, destacando además que los requisitos de los avales del ICO fueron publicitados y, por lo tanto, se dispuso de más información al respecto. Por su parte, la Audiencia Provincial de Valencia indica que "solo los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único propósito de satisfacer las necesidades de consumo privado de un individuo, están sujetos al régimen especial establecido para proteger al consumidor considerado económicamente más débil, mientras que esta protección no se justifica en contratos cuyo objeto es una actividad profesional". Sin embargo, es importante recordar que ha habido fallos que han anulado avales del ICO por falta de información al cliente. Por ejemplo, el Juzgado número 29 de Primera Instancia de Barcelona limitó el pasado 2 de octubre la responsabilidad del cliente en estos préstamos al 20% del capital concedido en lugar del 100% porque consideró que hubo un malentendido en lo que estaba firmando.

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(El Periódico, 23-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno fichará consultoras privadas para reforzar el control de empresas públicas

El Gobierno tiene la intención de revisar el sistema utilizado para asegurar que las grandes empresas públicas cumplen con las estrategias corporativas y los objetivos asignados. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding que agrupa a las empresas públicas, busca asistencia externa para fortalecer los procesos de control sobre las actuaciones de estas compañías. SEPI, que está bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, ha lanzado un concurso público para contratar a una consultora que impulse la modernización de la gestión del sistema de planificación, seguimiento y control de las empresas participadas mayoritariamente por el Estado. El importe del contrato de servicios de consultoría para reforzar la supervisión sobre los grupos públicos asciende a más de 393.000 euros, según los términos del concurso. Entre las empresas en las que SEPI tiene una participación mayoritaria se encuentran Correos, la agencia EFE, el grupo naval Navantia, la empresa de servicios Tragsa, la red pública de mercados mayoristas Mercasa, la empresa de combustible nuclear Enusa y la de contenedores de residuos radiactivos Ensa, entre otras. El sistema de control se aplicará únicamente a las empresas en las que SEPI tiene una participación mayoritaria en el capital, por lo que otras participaciones estratégicas pero minoritarias en empresas como Telefónica o el grupo tecnológico Indra quedarán fuera de este ámbito de vigilancia. El objetivo de SEPI es reforzar el seguimiento y control de las líneas estratégicas de las compañías, así como mejorar la planificación anual de sus estrategias corporativas individuales. Esto permitirá disponer de información actualizada en todo momento sobre los resultados financieros y operativos estimados para cada ejercicio, facilitando también la elaboración de presupuestos y planes por parte de SEPI como grupo. Para lograr esta modernización del ciclo de planificación, SEPI busca contratar una consultora externa que analice los procedimientos actuales de supervisión de sus participadas, los compare con los utilizados por otros grupos empresariales públicos y privados, y proponga nuevos procedimientos, fórmulas e indicadores para recopilar la información necesaria. Además, se espera que la consultora recomiende nuevos sistemas tecnológicos que permitan implementar este nuevo sistema de control de manera eficiente. Con estas acciones, SEPI pretende mejorar la obtención de información sobre las empresas y los sectores en los que operan, incorporando soluciones tecnológicas que optimicen el modelo de trabajo actual y automatizando procesos para anticipar y realizar un mejor seguimiento de las empresas participadas mayoritariamente por SEPI. Esto, en última instancia, buscará mejorar la eficiencia en la gestión pública y aumentar la rentabilidad de las compañías públicas en sectores estratégicos.

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(El Periódico, 23-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España se expone a un procedimiento sancionador por déficit excesivo

España concluyó el año 2023 con la cuarta deuda pública más alta de toda la Unión Europea (107,7% del PIB), solo detrás de Grecia, Italia y Francia, y un déficit público del 3,6% del PIB, según confirmó este lunes la oficina europea de estadística (Eurostat). Este dato, idéntico al promedio registrado en la Eurozona, supera el umbral del 3% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que anticipa que España estará entre los países sujetos a un procedimiento por déficit excesivo que abrirá Bruselas en junio. Con la irrupción de la pandemia y la guerra en Ucrania, la Comisión Europea decidió suspender las reglas de control del déficit y la deuda pública que habían estado congeladas durante cuatro años. No obstante, estas normas volverán a aplicarse este año 2024, lo que implicará la apertura de nuevos expedientes sancionadores para aquellos países que superen los límites establecidos. Además de España, otros diez países presentarán un déficit público superior al 3%: Italia (7,4%), Hungría (6,7%), Rumanía (6,6%), Francia (5,5%), Polonia (5,1%), Malta (4,9%), Eslovaquia (4,9%), Bélgica (4,4%), Chequia (3,7%) y Estonia (3,4%). El déficit español, equivalente a 53.159 millones de euros, muestra una tendencia positiva con una disminución progresiva del 10,1% en 2020 al 6,7% en 2021, el 4,7% en 2022 y finalmente el 3,6% en 2023. Asimismo, la deuda pública de España ha descendido del 120,3% en 2020 al 107,7% el año pasado, aunque sigue siendo una de las más elevadas de la UE, superada únicamente por Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). En total, 13 Estados miembros tuvieron una deuda superior al límite del 60% establecido por el pacto. Por otro lado, los países menos endeudados en 2023 fueron Estonia (19,6%), Bulgaria (23,1%), Luxemburgo (25,7%) y Dinamarca (29,3%). Los países sujetos a medidas correctivas por parte de la Comisión Europea deberán realizar un ajuste estructural del 0,5% del PIB y serán objeto de una vigilancia detallada. La confirmación de estos datos por Eurostat coincide con la votación en el Parlamento Europeo este martes sobre la nueva reforma de las reglas fiscales, el penúltimo paso antes de su aprobación final por los gobiernos europeos. Aunque las nuevas reglas no modificarán los elementos centrales del pacto, la supervisión fiscal en 2024 se basará en las recomendaciones específicas por país emitidas el año pasado y avaladas por el Eurogrupo, exigiendo a los gobiernos presentar en septiembre un plan plurianual a medio plazo que incluya una trayectoria fiscal y compromisos de reforma e inversión, sujeto a evaluación y aprobación por parte de Bruselas y el Consejo.

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