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(Expansión, 12-03-2024)   | Laboral

Abogados y procuradores exigen a la Seguridad Social que los incluya ya como autónomos

Los abogados y procuradores afectados por los planes de pensiones de las mutualidades profesionales expresaron su fuerte descontento con la propuesta presentada la semana pasada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Esta propuesta sugiere que a partir de 2027, todos los nuevos profesionales deberán cotizar en el régimen de trabajadores autónomos. Los afectados protestan porque desean integrarse en la Seguridad Social ahora mismo, buscando así garantizar pensiones dignas para el futuro y el acceso a la sanidad pública. Muchos profesionales se han dado cuenta de que después de años de cotizaciones a las mutualidades profesionales de sus colegios, les espera una pensión muy reducida. Además, no tienen acceso a la sanidad pública, ya que están cubiertos por un sistema privado. En muchos casos, estiman que recibirán pensiones de apenas 500 euros al mes después de haber cotizado durante años a la mutualidad de su colegio. Por estas razones, solicitaron ayuda al Gobierno para poder integrarse en la Seguridad Social, como lo hacen los asalariados, los autónomos y los funcionarios que ingresaron en la administración desde 2011. Además, rechazaron la propuesta de Saiz de cubrir también a aquellos que eran mutualistas de estos colegios profesionales antes de 1996, solo si se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Los profesionales quieren que la Seguridad Social extienda la cobertura a todos los abogados y procuradores. Consideran que la obligatoriedad de ingresar en el régimen de autónomos a partir de 2027 hace que los nuevos colegiados corran el riesgo de ser captados por las mutualidades como una alternativa a la Seguridad Social, a pesar de los problemas que esto les ocasionará en términos de prestaciones. Los profesionales argumentan que las mutualidades deberían garantizar obligatoriamente las coberturas, independientemente de las cuotas de los colegiados. Además, lamentan que el Ministerio exija un aumento de las cuotas del 80% al 100% de la escala general del Régimen de Autónomos, sin garantizar las prestaciones, lo cual consideran una máxima desprotección por parte del Estado y un trato desigual respecto a otros ciudadanos. Exigen al Gobierno que resuelva de manera urgente su incorporación al régimen de autónomos y acusan a Altermutua y a las mutualidades de abogados y procuradores de su situación. Manifiestan su disposición a tomar todas las medidas legales y de presión necesarias contra el Gobierno para lograr sus reivindicaciones. Los abogados y procuradores responden así a la propuesta de Saiz, expresada la semana pasada en el Senado, para abordar la situación en la que se encuentran muchos de ellos, después de haber contribuido durante años a la mutualidad de su colegio profesional, con pocas esperanzas de recibir una pensión digna y otras prestaciones de la Seguridad Social. La ministra les ofrece un incremento gradual de las cotizaciones sociales, desde el 80% hasta el 100% de la base mínima de cotización como autónomos, teniendo en cuenta sus ingresos, al igual que para todos los autónomos. Además, propone el encuadramiento obligatorio, a partir de 2027, en el régimen de la Seguridad Social, permitiendo a quienes ya estén en la mutualidad permanecer en ella si así lo desean. También se contempla el reconocimiento por parte de la Seguridad Social de los mutualistas anteriores a 1996 en situación de vulnerabilidad, con la opción de convertir el capital acumulado en períodos de cotización realizados en la base mínima de autónomos y transferir dicho capital a la Tesorería de la Seguridad Social.

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(El País, 12-03-2024)   | Laboral

La Unión Europea aprueba "in extremis" la "ley rider" a pesar de la oposición de Alemania y Francia

Los Veintisiete han aprobado la 'Ley Rider' europea este lunes en el último momento gracias al cambio de postura de Estonia y Grecia, lo que ha permitido que la directiva salga adelante a pesar de la abstención de Alemania y el voto en contra de Francia. Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales han ratificado el acuerdo provisional alcanzado el 8 de febrero con los negociadores del Parlamento Europeo sobre la directiva que regula el trabajo en plataformas, tras dos intentos fallidos anteriores. El objetivo de esta ley es clarificar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, con el fin de corregir la práctica de empleo ficticio por cuenta propia y garantizar unas mejores condiciones laborales. La presidencia belga del Consejo presentó una nueva propuesta de compromiso que reducía la ambición del acuerdo inicial para abordar las preocupaciones de los Estados miembros. Este documento fue calificado por el ministro belga responsable del ámbito empresarial, David Clarinval, como "el texto de la última oportunidad", asegurando que incluía "concesiones importantes" para superar las objeciones de los 14 Estados miembros que expresaron reservas. Sin embargo, este lunes, todos los países de la UE, excepto Alemania y Francia, votaron a favor de la directiva. La presidencia belga del Consejo agradeció las "sorpresas de última hora" que supuso el cambio de posición de Estonia y Grecia, que hicieron un "esfuerzo" en favor del "mejor interés de los trabajadores" al respaldar la norma en un espíritu de compromiso. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Hubertus Heil, explicó durante la sesión pública en la que se debatió la ley que debía abstenerse en la votación debido a que uno de los socios de coalición de su gobierno, el Partido Democrático Liberal, no podía respaldar el texto, algo que lamentó profundamente antes de desearle "lo mejor" al expediente. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reiteró que el acuerdo del 8 de febrero "no es perfecto" y "no entusiasma" a España, ya que podría resultar en una protección "desigual" para los trabajadores. No obstante, lo apoyó para situarse del lado de "la Europa que avanza" frente a "la que bloquea". Una vez completados los pasos formales de la adopción, los Estados miembros tendrán dos años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional. Los aspectos principales del compromiso giran en torno a una presunción legal que ayudará a determinar adecuadamente la situación laboral de las personas que trabajan en plataformas digitales. Según el acuerdo, los Estados miembros establecerán una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, activada cuando existan indicios de control y dirección, y se determinará de acuerdo con la legislación nacional y los convenios colectivos, considerando la jurisprudencia de la UE. Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar una clasificación incorrecta, mientras que corresponderá a la plataforma digital demostrar que no existe relación laboral. El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones en su contratación, condiciones laborales e ingresos, entre otros aspectos. También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para el tratamiento de ciertos datos personales de los trabajadores de plataformas, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico. Asimismo, se garantiza la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, con derecho a explicación y revisión. 

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(El Economista, 12-03-2024)   | Laboral

El Gobierno planea la "operación retorno" de 1,7 millones de españoles en el extranjero

La Seguridad Social está desarrollando un Plan Estratégico dirigido a españoles que viven en el extranjero y personas que han retornado, con el objetivo principal de atraer y facilitar el regreso de casi 1,7 millones de individuos en edad laboral (entre 16 y 64 años) y con nacionalidad española que residen fuera del país. El Ministerio pondrá un enfoque especial en profesionales de la salud, educación, así como en el ámbito social y cultural. Esta iniciativa se suma a la Ley de Extranjería y a medidas específicas por situaciones de emergencia, como los conflictos en Ucrania o Gaza. El Ministerio, bajo la dirección de Elma Saiz, aumentará el presupuesto destinado a prestaciones para estos retornados, especialmente en ayudas asistenciales en el extranjero y convenios en materia de salud. El objetivo es recuperar la inversión española en capital humano, algunos de los cuales ya están capacitados como mano de obra calificada y han emigrado debido a diversas crisis, en lo que se conoce como "fuga de cerebros": la pérdida de talento humano cualificado. La estructura organizativa del Ministerio se ha expandido en el área de Migraciones: desde la secretaría de Estado, liderada por Pilar Cancela, se ha creado una dirección general específica, la de Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, dirigida por María Elena Bernardo Llorente. Esta última, proveniente de su cargo como subdelegada del Gobierno en Madrid, ha desarrollado su carrera en empleo y políticas territoriales, y su nombramiento en diciembre marcó el inicio del proyecto. Esta área del Ministerio busca cumplir con la aspiración de facilitar el retorno de españoles que se vieron obligados a emigrar debido a diversas crisis. El Gobierno está trabajando en un Plan Estratégico de Retorno que incluirá medidas socio-laborales para facilitar la reintegración de los españoles retornados, aumentando los recursos destinados a estas políticas y a la inserción profesional de los nacionales que regresan. El proyecto está en sus inicios y se está desarrollando internamente y en colaboración con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales. Todavía no se conoce la posible implicación de los servicios públicos de empleo regionales u otras áreas ministeriales, como Trabajo, Derechos Sociales o Vivienda, en cuanto a subsidios o ayudas públicas básicas relacionadas con el empleo, las familias o la vivienda, que podrían incentivar el retorno de los españoles que viven en el extranjero. Tampoco se sabe si se está trabajando conjuntamente con sindicatos y representantes empresariales en este proyecto. Entre los objetivos de este proyecto incipiente se encuentra el impulso del Programa Jóvenes Emprendedores en el Exterior, con actividades dirigidas al emprendimiento y la creación de empleo, así como la formación especializada de los jóvenes emigrantes. Desde el Ministerio de Seguridad Social se defiende que esta medida contribuirá a crear valor en el extranjero y a fortalecer el talento de la juventud española, favoreciendo así las oportunidades de retorno con proyectos consolidados. La atracción de mano de obra española de regreso, especialmente trabajadores en edad laboral formados en el sistema educativo español, plantea desafíos. "El país receptor de ese capital humano no ha asumido el costo de formación que sí lo hizo España u otro país. El retorno de ese capital humano, ahora con una mayor experiencia, nos llevaría a recuperar la inversión realizada en su formación", señala Damàs Basté, profesor de EAE Business School y experto en gestión del talento en procesos de cambio. 

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(El Economista, 12-03-2024)   | Laboral

Las ETTs sacan tajada de la reforma laboral y firman el 94% de los fijos discontinuos

Las agencias de empleo temporal han encontrado una manera de mitigar el impacto de la reforma laboral en una de las modalidades contractuales impulsadas por la propia normativa: los contratos fijos discontinuos. A pesar de los esfuerzos de la Inspección de Trabajo, su uso sigue aumentando, y en diciembre de 2023, el 94% de estos contratos fueron firmados por una ETT. Este aumento sorprendente, que supera en 20 puntos el ratio alcanzado en noviembre (que fue del 74%), parece estar relacionado con la temporada navideña, que tradicionalmente impulsa la actividad de las ETT. Sin embargo, este fenómeno no se explica únicamente por la campaña navideña, ya que el aumento en la contratación para estas fechas comienza antes de diciembre. En diciembre, las ETT formalizaron un total de 140,999 contratos fijos discontinuos, cifra que está por debajo de los 144,551 registrados en octubre y los 146,798 de noviembre. Lo más relevante para entender esta situación es el declive en la firma de contratos fijos discontinuos por parte de otras empresas. El total fue de 149,845, lo que representa una disminución del 15.8% en comparación con el cierre de 2022. Mientras que los contratos firmados por las ETT aumentaron un 50.3% interanual (alcanzando los mencionados 140,999), los firmados por el resto de las empresas se desplomaron un 89%, pasando de 84,051 a 8,846. Es decir, no es solo que las empresas de trabajo temporal estén firmando más contratos de este tipo: es que las demás han dejado de hacerlo. La propia normativa levantó la restricción histórica que prohibía a las ETT firmar este tipo de contratos. La idea era compensar la eliminación de los temporales por obra y servicio. Mientras que estos representaban el 32% de los contratos por obra y servicio al cierre de 2023, los fijos discontinuos representan el 45%. Antes del cambio legal, los fijos discontinuos estaban vinculados a actividades estacionales pero recurrentes, lo que permitía que los contratos se suspendieran hasta que las empresas necesitaran nuevamente a los trabajadores. Sin embargo, con el cambio legal, esta fórmula se flexibilizó, lo que no solo abrió la puerta a las ETT, sino que también les permitió emplear a trabajadores en puestos mucho más volátiles. Esto no significa que las ETT hayan salido ilesas. El total de contratos de puesta a disposición ha disminuido un 19.5% en comparación con diciembre de 2021. Esto se debe no solo a la mencionada eliminación de los contratos por obra y servicio, sino también a la disminución del 41.7% en los contratos eventuales por circunstancias de la producción, que antes de la reforma representaban el 66% del total gestionado por las ETT y hoy solo el 48%. Es importante tener en cuenta que estos datos solo llegan hasta diciembre de 2023. Aún no sabemos si esta tendencia se ha mantenido en el comienzo de 2024. En los dos primeros meses del año, la firma de contratos fijos discontinuos ha experimentado un ligero repunte, pero aún no podemos determinar qué porcentaje corresponde a contratos de puesta a disposición de una ETT. En cualquier caso, las cifras del año pasado son sorprendentes en un año marcado por las críticas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien denunció la proliferación de contratos fijos discontinuos por parte de las ETT. Sin embargo, estas críticas no parecen haber afectado significativamente a la contratación de fijos discontinuos por parte del resto de las empresas, que cada vez están menos interesadas en esta modalidad contractual. Esto también contribuye a comprender por qué esta modalidad tiene un menor peso en el empleo y por qué los puestos que se firman bajo esta modalidad tienen una rotación comparable a la de los temporales: los más estables se reducen, ya sea porque se convierten en contratos indefinidos ordinarios o porque las empresas apuestan cada vez menos por esta vía para crear empleos de calidad. 

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(Cinco Días, 11-03-2023) | Laboral

Los costes laborales suben un 5,8% a cierre de 2023

El coste por hora trabajada registró un incremento del 5,8% en el último trimestre del año pasado en comparación con el mismo período de 2022, marcando su mayor aumento desde la llegada del Covid en el segundo trimestre de 2020. Este aumento, observado en el periodo de octubre a diciembre, amplió en cuatro décimas la tendencia experimentada en el trimestre anterior, marcando así diez trimestres consecutivos de aumentos interanuales, según datos preliminares del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. El cuarto trimestre de 2023 registró el segundo aumento interanual más pronunciado desde el inicio de la pandemia, siendo superado solo por el segundo trimestre de 2023, que alcanzó el 6,5%. Por categorías, el coste salarial aumentó un 4,8% en el último trimestre del año pasado en comparación con el mismo período de 2022, mientras que otros costes aumentaron un 9%. Excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, el coste laboral creció un 6,2% interanual en el último trimestre de 2023. Al eliminar los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada aumentó un 5,3% en el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior, lo que representa una tasa cuatro décimas inferior a la del trimestre anterior. Con este aumento, también se registran diez trimestres consecutivos de tasas positivas en la serie ajustada. En cuanto a la tasa trimestral (cuarto trimestre de 2023 respecto al tercer trimestre del mismo año), el coste laboral por hora trabajada aumentó un 1,1% en la serie ajustada por efectos estacionales y de calendario, dos décimas más que en el trimestre anterior. Este aumento marca también diez trimestres consecutivos de aumentos trimestrales. Excluyendo el ajuste estacional y de calendario, el coste laboral aumentó un 4,1% entre octubre y diciembre, principalmente debido al mayor peso de los pagos extraordinarios en comparación con el trimestre anterior.

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(Expansión, 11-03-2024) | Laboral

60 sectores tiran del mercado laboral

El mercado laboral está experimentando una notable recuperación, tras el período de desaceleración que se observó a finales de 2022 y principios de 2023 debido a los temores sobre el corte del suministro de gas ruso y su posible impacto en una recesión invernal, la cual finalmente no se materializó. Según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre del año pasado se generaron 783.000 puestos de trabajo. Además de la impresionante cifra de nuevos empleos, es destacable que sesenta sectores distintos están contribuyendo a la creación de empleo, con las actividades sanitarias, los servicios de restauración, el comercio y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería liderando este impulso. Más allá de la velocidad de crecimiento, lo que resulta aún más alentador es la diversificación del mercado laboral y el crecimiento significativo de actividades profesionales, científicas y técnicas, que generalmente ofrecen salarios más altos. Sin embargo, el empleo público y en la hostelería también muestran una notable fortaleza. Las actividades sanitarias sobresalen como el motor principal del mercado laboral, con 100.800 nuevos empleos generados en el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior. Aunque parte de este aumento puede ser estacional, debido al repunte estacional de la gripe invernal, la mayoría refleja un crecimiento estructural, que se ha mantenido desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020. Otras áreas, como la educación y los servicios sociales, también muestran incrementos considerables en la contratación. Los servicios de restauración han generado 87.000 empleos a lo largo del año, en gran parte impulsados por la recuperación del turismo y la hostelería tras los desafíos provocados por la pandemia. A pesar de esto, los servicios de restauración aún no han alcanzado los niveles de empleo de 2019, lo que sugiere un potencial de crecimiento adicional. En tercer lugar, los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, incluyendo ensayos y análisis técnicos, han añadido 65.700 nuevos puestos de trabajo entre octubre y diciembre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior. Este subsector destaca como el principal generador de empleo dentro de las actividades profesionales, científicas y técnicas. Por su parte, la construcción tiene sus tres ramas de actividad en positivo, y las tres registran fuertes incremento a pesar de que el incremento de los tipos de interés los últimos años ha frenado sustancialmente la compra de vivienda, si bien el atasco de la oferta en las últimas décadas ha hecho que muy pocos proyectos se paralicen por las restricciones monetarias. Así, la construcción especializada (esto es, electricistas, fontaneros...) suma 47.100 nuevos empleos, seguida de la construcción de edificios (38.900 ocupados) y la ingeniería civil (22.200). Las actividades que sí se han visto muy golpeadas por el frenazo de la demanda europea, la fragmentación del comercio internacional y la pérdida de competitividad de la energía, en cambio, son las industriales, si bien pese a todo algunos subsectores siguen al alza la fabricación de otro material de transporte (23.700 ocupados más que en el cuarto trimestre de 2022), la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (11.600), productos informáticos, electrónicos y ópticos (10.400), industria textil (8.500), química (7.300), otras industrias manufactureras (7.100), reparación e instalación de maquinaria y equipo (6.800), fabricación de material y equipo eléctrico (5.700), y coquerías y refino de petróleo (5.100), si bien es cierto que las actividades intensivas en energía, como la metalurgia o el papel, están de capa caída.

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(Expansión, 11-03-2024) | Laboral

El 15% de los CEO elegidos el año pasado fueron mujeres

Las regulaciones internacionales, especialmente la Directiva europea sobre equilibrio de género en los consejos de administración, están comenzando a requerir la presencia equitativa de mujeres no solo en los órganos de dirección de las empresas, sino también en la alta gerencia. A pesar de una mayor concienciación, las estadísticas muestran que el porcentaje de mujeres ocupando cargos de primer ejecutivo o CEO aún no es significativo. Según el último Índice de Rotación de CEO de Russell Reynolds, solo el 15% de los nuevos nombramientos de CEO a nivel mundial el año pasado fueron mujeres, basado en datos de 1.822 empresas cotizadas en los principales índices bursátiles del mundo. La investigación de Russell Reynolds también ha explorado las características de liderazgo, comportamientos y motivaciones específicas de las mujeres líderes, encontrando una correlación entre la presencia femenina en los consejos de administración y la alta dirección, y un mejor rendimiento de las empresas, valoraciones más altas, un comportamiento más positivo en la evolución de las acciones y mayores dividendos. Según el estudio H1 2023 Global Leadership Monitor, las mujeres tienden a subestimar su potencial, mostrando lealtad a la organización y fuertes vínculos con su entorno laboral, factores que influyen en sus decisiones de carrera. El estudio revela una discrepancia entre cómo hombres y mujeres evalúan sus propias capacidades. Casi el 70% de los hombres creen que tienen las habilidades y experiencia para asumir el trabajo de sus superiores si fuera necesario, en comparación con solo el 50% de las mujeres. Además, las mujeres tienen más probabilidades de sentirse no preparadas para asumir el rol de sus superiores, a pesar de estar más cualificadas de lo que creen. Los hombres líderes son más propensos que las mujeres a considerar un cambio de carrera, con un 69% frente al 49%. Mientras que para ellos la promoción y el salario son los factores más influyentes, las mujeres valoran más la cultura organizacional que el salario. Las mujeres líderes priorizan la cultura, las oportunidades de crecimiento y sentirse valoradas en sus decisiones de cambio de trabajo, mientras que los hombres se centran más en elementos individuales. Este enfoque diferencial puede dificultar la retención de talento femenino para las empresas. Por lo tanto, el estudio sugiere que las empresas, además de mejorar la compensación, deben crear un entorno que fomente la promoción y retención del liderazgo femenino, así como una cultura interna que anime a la próxima generación de mujeres líderes a aspirar a puestos de alto nivel. Estimular y promover continuamente a las mujeres es crucial para que asuman más responsabilidades. El estudio concluye que los cambios necesarios no pueden ser soluciones a corto plazo, sino que requieren un compromiso firme con el cambio organizativo y cultural para combatir el síndrome del impostor. Además, es esencial que las empresas trabajen para que sus líderes superen prejuicios y promuevan una mayor paridad de género en las funciones a corto y largo plazo.

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(Expansión, 08-03-2024) | Laboral

Saiz reconoce que España necesita 250.000 inmigrantes al año para sostener las pensiones

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señaló en el Senado que España requiere entre 200.000 y 250.000 inmigrantes anuales para "sostener" el Estado del bienestar, especialmente en lo concerniente a las pensiones, uno de sus pilares fundamentales. Saiz compareció ante la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado para exponer la estrategia que planea implementar durante la presente legislatura. Durante su intervención, la ministra destacó la importancia de contar con ciudadanos extranjeros que ocupen puestos de trabajo y contribuyan al financiamiento del Estado del bienestar, incluyendo áreas como las pensiones, la sanidad, la dependencia y la educación. Saiz afirmó: "Según las proyecciones demográficas de las instituciones pertinentes, para mantener nuestro Estado del bienestar necesitamos entre 200.000 y 250.000 inmigrantes netos al año [considerando las entradas y salidas] hasta el año 2050". Esto implica que en los próximos veinticinco años, España requerirá la integración laboral y en la Seguridad Social de aproximadamente 6.250.000 extranjeros para financiar adecuadamente su protección social. La ministra también destacó que, a pesar de que España cuenta con niveles récord de afiliación a la Seguridad Social, con cerca de 21 millones de trabajadores, aún existen miles de puestos de trabajo sin cubrir en diversos sectores y niveles de cualificación. Enfatizó en la importancia de incrementar la empleabilidad de los españoles, al tiempo que se facilita la llegada de trabajadores extranjeros dentro de un marco de inmigración regular, ordenada y segura. Asimismo, Saiz rechazó los argumentos de la extrema derecha que sugieren que muchos inmigrantes viven de la protección social en España y la UE. Explicó que los extranjeros contribuyen al sistema mediante cotizaciones sociales, representando el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y el 1% del gasto en prestaciones. En relación a las medidas concretas, la ministra anunció que la Seguridad Social suscribirá un convenio especial con estudiantes en prácticas e investigadores para que los años de prácticas sean contabilizados como períodos cotizados. También reiteró el compromiso del Gobierno de ampliar el permiso de maternidad y paternidad, así como la implementación de permisos retribuidos para cuidados del menor. Además, Saiz informó sobre mejoras en el ámbito de protección de las mutualidades de previsión social alternativas al régimen especial de autónomos. Estas mejoras incluyen el aumento progresivo de la cobertura mínima y el establecimiento de la obligatoriedad del alta en el régimen de autónomos para nuevos profesionales colegiados a partir de 2027, entre otras medidas específicas destinadas a ciertos colectivos.

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(El País, 08-03-2024) | Laboral

El Supremo preguntará al Tribunal Europeo cómo hacer fijos a los interinos

El Tribunal Supremo ha manifestado algunas inquietudes tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de los empleados interinos en la Administración Pública española. Anuncia que comenzará los trámites para aclarar ciertas incertidumbres surgidas después de la relevante sentencia emitida el pasado 22 de febrero. El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha decidido iniciar acciones para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el procedimiento para convertir en empleados fijos a los trabajadores públicos después del fallo del tribunal europeo, que criticó que la legislación española no desalentaba adecuadamente el abuso en la contratación temporal y sugirió hacer fijos a los empleados afectados. El Supremo explica que, tras analizar cómo aplicar el fallo del TJUE del 22 de febrero a los numerosos recursos pendientes, tiene interrogantes sobre ciertos aspectos del dictamen europeo. "El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en sesión no jurisdiccional, ha evaluado cómo aplicar la STJUE del 22 de febrero de 2024 (asuntos acumulados C-59/22, C-110/22 y C-159/22) sobre el personal indefinido no fijo a los múltiples recursos pendientes", indica la Sala en un comunicado. Las personas en esta situación pueden pasar a ser empleados indefinidos, pero no fijos. Es decir, no llegan a ser funcionarios porque en muchos casos no han pasado un proceso de oposición para obtener un puesto, ya sea porque las administraciones no han cumplido con los plazos establecidos para las convocatorias de oposiciones. "Con el objetivo de interpretar correctamente la sentencia y ante importantes dudas sobre su alcance en ciertos aspectos, la Sala ha decidido iniciar los trámites para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea". En particular, se busca resolver las dudas sobre cómo conciliar la doctrina establecida por la mencionada sentencia con las normativas relacionadas con el acceso al empleo público (incluidos los ciudadanos de los Estados miembros) y con las reglas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El 22 de febrero pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea instó a España a convertir en empleados fijos a los interinos que sufren abusos en la contratación en las administraciones. El último recuento del Gobierno central estimó que 300.000 personas se encontraban en esta situación laboral, según reportó Expansión. El tribunal europeo señaló que "la convocatoria de los procedimientos de consolidación prevista en el Derecho español no es adecuada para sancionar debidamente el uso abusivo de sucesivas relaciones laborales indefinidas no fijas [como empleados interinos] y, por lo tanto, eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión". El TJUE considera que "el Derecho español no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal, lo que puede llevar a emplear a trabajadores" de forma precaria "durante años". En todo caso, en su fallo dejó claro que es la Justicia española la encargada de modificar la jurisprudencia nacional si esta se basa en una interpretación incompatible con los objetivos de la legislación europea, en este caso, con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. Por tanto, "ante la falta de medidas adecuadas" en la legislación española para prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos renovados continuamente, "la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede ser" la solución, según la sentencia europea. El TJUE respondió con este fallo a una solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para interpretar el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, a raíz del caso de tres trabajadores de distintas entidades de la Comunidad de Madrid. Estos trabajadores estuvieron durante muchos años con contratos temporales sucesivos, por lo que el TSJM pidió al TJUE que interpretara el acuerdo marco en relación con la eficacia de las medidas destinadas a evitar el abuso de los contratos temporales en el sector público. En su sentencia, el TJUE respondió al TSJM que "un trabajador indefinido no fijo, figura de creación jurisprudencial, debe considerarse un trabajador con contrato de duración determinada a efectos del acuerdo marco", por lo que está comprendido en el ámbito de aplicación de éste. Asimismo, señaló que la expresión "utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada" contenida en el acuerdo marco comprende una situación en la que, de no haber convocado la Administración en cuestión en el plazo establecido un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, el contrato de duración determinada es prorrogado automáticamente. En este sentido, el TJUE entiende que concluir que "no existen sucesivas relaciones laborales de duración determinada a efectos del acuerdo marco por la mera razón de que un trabajador esté vinculado a la Administración mediante un único contrato indefinido no fijo" y de que se mantiene en su plaza por el "incumplimiento" de convocar en plazo un proceso selectivo, podría "comprometer el objeto, la finalidad y la efectividad de dicho acuerdo marco". "Esa interpretación restrictiva del concepto de 'sucesivas relaciones laborales de duración determinada' permitiría emplear a trabajadores de forma precaria durante años y podría llevar no solo a excluir, en la práctica, un gran número de relaciones laborales de duración determinada de la protección de los trabajadores perseguida por la normativa europea, vaciando de gran parte de su contenido el objetivo perseguido por ésta, sino también a permitir la utilización abusiva de dichas relaciones por parte de los empleadores para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal", alegaba el TJUE. En los casos examinados, dado que la Administración en cuestión no convocó en el plazo establecido un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por un trabajador indefinido no fijo, las prórrogas automáticas de dicho contrato de duración determinada pueden asimilarse a renovaciones y, por consiguiente, a la celebración de distintos contratos de duración determinada. De ello se deduce, según el TJUE, que estos tres casos "no se caracterizan por la celebración de un único contrato, sino por la celebración de contratos que efectivamente pueden calificarse de sucesivos a efectos del acuerdo marco", pero este extremo, añade la justicia europea, ha de ser comprobado por el TSJM.

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(El Economista, 08-03-2024) | Laboral

Las mujeres se llevan los peores empleos creados tras la reforma laboral

La reforma laboral ha generado un cambio significativo en la calidad de los empleos, con una notable reducción de casi 15 puntos en la temporalidad de los trabajadores asalariados. Sin embargo, al analizarlo desde la perspectiva de la brecha de género, la situación no es la misma: aunque las mujeres representan el 52% de todos los empleos generados desde la implementación de la normativa, solo ocupan aproximadamente un tercio de los nuevos empleos indefinidos, mientras que la mayoría de los empleos a tiempo parcial y los fijos discontinuos son para ellas. Sorprendentemente, su participación relativa en la temporalidad del empleo ha aumentado en 7 puntos porcentuales. Los datos de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social, que incluye a la mayoría de los asalariados afectados directamente por el cambio legal, muestran que si bien las tasas de temporalidad y empleo indefinido han mejorado para ambos géneros en estos dos años, no lo han hecho al mismo ritmo, lo que resulta en diferencias que persisten y, en algunos casos, se intensifican. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres asalariadas con empleos temporales ha disminuido en un 14,5%, situándose en el 15,39%. En el caso de los hombres, esta disminución ha sido del 15,9%, pero se sitúa en el 10,17%. Por otro lado, la proporción de empleo indefinido a tiempo completo entre las mujeres ha aumentado en un 5,71%, alcanzando el 46,7%. Sin embargo, en los hombres, esta cifra ha aumentado en un 10,3%, llegando al 69,7% de los asalariados masculinos. Si examinamos cómo se ha distribuido la creación de empleo después de la reforma laboral, podemos observar que, aunque las mujeres representan el 52% de este incremento neto de empleo, su participación en los nuevos empleos indefinidos a tiempo completo es considerablemente menor. Ellas solo contribuyen con el 36% de los nuevos empleos indefinidos a tiempo completo, mientras que reciben el 64,1% de los empleos a tiempo parcial y el 53,4% de los fijos discontinuos. En resumen, las mujeres han ocupado predominantemente los empleos de menor calidad generados después de la reforma laboral. Esto se traduce en que las brechas de género en la distribución de la calidad del empleo siguen prácticamente iguales. A pesar del aumento del empleo indefinido, las mujeres continúan ocupando los empleos de menor calidad. A pesar de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que los efectos de la reforma laboral benefician especialmente a las mujeres, los datos muestran que, aunque la estabilidad en el empleo femenino haya mejorado, la de los hombres ha mejorado en mayor medida. Ellos representan la mayoría de los empleos considerados de calidad creados por la reforma: el 63,3% frente al 36,7% de las mujeres. Es importante señalar que si bien la normativa pactada por el Gobierno, las patronales y los sindicatos no tenía como objetivo específico reducir la brecha de género, sino la tasa de temporalidad, no ha contribuido a disminuir una brecha que persiste en el tiempo. Tampoco otras medidas dirigidas específicamente a este objetivo, como el impulso a los planes de igualdad en las empresas o las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). El mayor peso de las mujeres en el empleo generado desde la reforma laboral no puede considerarse un efecto directo de la misma, sino más bien resultado de la creciente participación femenina en el mercado laboral en las últimas dos décadas, aunque este hecho sigue llevando a las mujeres a ocupar puestos de menor calidad.

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