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(El Economista, 21-03-2024) | Laboral

Hay 170.000 fijos discontinuos inactivos cobrando el paro

Si bien la controversia en torno a los trabajadores fijos discontinuos 'inactivos' parece interminable, la razón detrás de esto se vuelve cada vez más evidente: ni siquiera el propio Gobierno tiene claridad sobre su número exacto. Esta semana, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentó resolver el debate ofreciendo una cifra: 55,300 personas, obtenida de la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, este dato contradice directamente uno proporcionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que está bajo su propia cartera ministerial: hay 169,456 trabajadores fijos discontinuos que no están trabajando y están recibiendo prestaciones por desempleo. Esta discrepancia no es nueva. Hace un año, el Gobierno proporcionó una respuesta parlamentaria al Partido Popular, que indicaba que había 443,078 personas con contratos fijos discontinuos 'inactivos' registradas en los servicios públicos de empleo, de las cuales 268,402 estaban recibiendo prestaciones por desempleo. A pesar de que esta respuesta provenía del propio gabinete de la ministra, en ese momento dirigido por Josep Vendrell, el Ministerio de Trabajo se desvinculó de ella, argumentando que eran datos incompletos. Esto generó cierta incomodidad en el organismo autónomo, el SEPE, que ha sido objeto de acusaciones de manipulación de datos. Las estadísticas mensuales del SEPE no especifican cuántos fijos discontinuos están registrados como demandantes de empleo y cuántos de ellos están 'inactivos', pero sí muestran cuántos están recibiendo prestaciones por desempleo, un dato que es de dominio público. En enero, por ejemplo, hubo 32,467 nuevas prestaciones para fijos discontinuos debido al fin de sus contratos temporales, y se reanudaron 53,929 prestaciones. Esto resultó en un total de 169,456 personas recibiendo prestaciones en ese mes. En todo 2023, se produjeron 355,168 nuevas prestaciones y 433,813 reanudaciones, lo que muestra una actividad marcada por la rotación. Sin embargo, en diciembre, solo había 157,441 beneficiarios. El SEPE también proporciona una media anual de beneficiarios mensuales, que fue de 124,204 en 2023, un aumento del 37% respecto a 2022 y del 117% respecto a 2019, antes de la pandemia. Es importante destacar que los fijos discontinuos son trabajadores con contratos indefinidos, por lo que solo pierden su empleo (y tienen derecho al desempleo) si son despedidos. Sin embargo, cuando se produce "el fin de una relación temporal", suelen pasar a la inactividad, lo que los acerca más a los trabajadores temporales cuyos contratos finalizan que a los trabajadores fijos tradicionales. El paso a la inactividad de un fijo discontinuo es la segunda causa más común de baja en la Seguridad Social, después del fin de los empleos eventuales. Aunque los datos del SEPE no proporcionan una imagen completa de la situación, los datos de prestaciones por desempleo son un indicador más confiable y menos cuestionable.

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(El Economista, 21-03-2024) | Laboral

Los trabajadores españoles cobran un 23% menos que la media de trabajadores europeos

Los trabajadores españoles enfrentan una brecha cada vez mayor en comparación con sus colegas europeos. Durante el año pasado, el salario por hora trabajada en España aumentó un 4,2%, llegando a 18,3 euros por hora, superando la tasa de inflación. Sin embargo, los costos laborales, que incluyen impuestos y contribuciones que las empresas pagan, aumentaron un 5,2% en 2023. A pesar de esto, los trabajadores españoles ganan en promedio un 23% menos que sus contrapartes en la Unión Europea, donde el salario por hora trabajada alcanza los 23,8 euros. Esta disparidad estructural se ha duplicado, aumentando en 12 puntos desde la crisis financiera de 2008. En aquel entonces, la diferencia salarial era de menos de dos euros, con los trabajadores españoles ganando un 11,2% menos, pero ahora la brecha se ha ampliado a cinco euros y medio. La crisis de deuda, los altos niveles de desempleo y el bajo rendimiento en productividad han contribuido a este indicador, según revela la Encuesta de Costes Laborales publicada por Eurostat. España también queda rezagada en términos de renta per cápita en comparación con la eurozona y la Unión Europea, situándose más de 15 puntos por debajo del promedio del continente en el último año. La respuesta a la escalada de la inflación ha impulsado ligeramente el crecimiento de los salarios españoles por encima de los salarios europeos. Tanto las asociaciones empresariales como los sindicatos instaron a la negociación colectiva a moderar la recuperación del poder adquisitivo para evitar una posible espiral de precios y salarios. En 2023, se lograron mejoras salariales del 3,5% mediante convenios colectivos para los trabajadores cubiertos. Además, se implementó un histórico aumento del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aun así, el crecimiento salarial en España (4,2%) también superó al observado en la eurozona (3,1%). En el sur de Europa, Italia experimentó una ligera reducción del salario por hora trabajada en un 0,1%, situándose en 21,2 euros, mientras que Portugal registró un aumento del 5,5%, alcanzando los 13,7 euros por hora. Grecia experimentó un aumento del 6,1%. En Europa Central, Francia y Alemania muestran aumentos salariales. Francia registró un incremento del 2,7%, llegando a los 28,5 euros por hora, mientras que Alemania alcanzó los 31 euros por hora después de un aumento del 2,2%. Estos incrementos se deben en parte a las primas de compensación por la inflación que se otorgaron durante el año.

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(Cinco Días, 20-03-2024) | Laboral

La Mutualidad rechaza dejar de ser la alternativa a la Seguridad Social para los abogados autónomos

La Mutualidad de la Abogacía, una entidad aseguradora que administra activos por valor de 10.400 millones de euros pertenecientes a los ahorros de sus clientes, se muestra en desacuerdo con la decisión anunciada por la Ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de obligar a los nuevos abogados autónomos a cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Hasta ahora, estos profesionales tenían la opción de elegir entre cotizar a través de una mutualidad o hacerlo mediante la Seguridad Social. Existen 10 mutualidades que ofrecen esta alternativa al RETA. En una conferencia de prensa, el presidente del Grupo Mutualidad (que incluye la Mutualidad de la Abogacía y Avanza Previsión), Enrique Sanz Fernández-Lomana, explicó que la medida propuesta por Saiz "significa el fin del régimen de alternatividad", a pesar de que "las mutualidades de previsión social complementaria hemos demostrado siempre ser un sistema muy solvente y beneficioso para los profesionales". La Mutualidad de la Abogacía es la mayor mutualidad profesional de España, con 210.000 mutualistas, de los cuales solo 49.000 cotizan en el régimen alternativo al RETA. Fernández-Lomana señaló que, a pesar de algunos titulares tendenciosos, son una entidad muy sólida y con un gran futuro, desvinculando completamente cualquier posible limitación futura del sistema alternativo con la viabilidad de la mutualidad. El conflicto surge de un grupo de abogados que, tras haber realizado contribuciones basadas en las bases mínimas a la Mutualidad, descubrieron que al jubilarse recibían pensiones vitalicias muy bajas, muy inferiores a las pensiones públicas mínimas. Después de meses de protestas, el Ministerio anunció la semana pasada la creación de una pasarela especial para que los ahorros acumulados en la Mutualidad puedan convertirse en años cotizados a la Seguridad Social. Sin embargo, el acceso a esta pasarela es muy limitado. Solo podrán solicitarla los mutualistas inscritos antes de 1996 y que se encuentren en una situación económicamente vulnerable. Fernández-Lomana explicó que "nunca nos hemos opuesto a la creación de esta pasarela, lo que pedimos es que la salida de esos ahorros no perjudique al resto de los mutualistas". El Gobierno ya está preparando la modificación de las disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena de la Ley General de la Seguridad Social en lo que respecta al encuadramiento de los profesionales colegiados. Desde la Mutualidad destacan que el impacto en el negocio futuro será mínimo. "Los nuevos mutualistas realizan contribuciones muy pequeñas, alrededor de 80 euros al mes, y lo más importante es el colectivo anterior", recalcan. En la Mutualidad, el patrimonio gestionado correspondiente al régimen alternativo al RETA representa dos tercios de los fondos, alrededor de 3.400 millones de euros, mientras que el resto del dinero, más de 7.000 millones, proviene de aportaciones voluntarias. Fernández-Lomana destaca que han demostrado saber gestionar muy bien el dinero, obteniendo un rendimiento anual superior al 4% en la última década para sus mutualistas, con unos costos anuales inferiores al 0,3%, algo que pocas entidades pueden afirmar. Fernández-Lomana también preside la Confederación de Mutualidades de Previsión Social, que reúne a todas las aseguradoras de este tipo. La Mutualidad de la Abogacía cerró el año 2023 con un beneficio de 85 millones de euros, una cifra que duplica el logrado el año anterior y triplica el obtenido en 2022. La entidad registró ingresos por primas de 666 millones de euros, de los cuales el 80% provienen de aportaciones de ahorro voluntario, alcanzando así los 10.209 millones de euros. La aseguradora cuenta con 535 millones de euros en fondos propios no comprometidos.

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(Expansión, 20-03-2024) | Laboral

España lidera el alza de los costes laborales no salariales en Europa

Los salarios están experimentando un notable crecimiento en toda Europa, impulsados por las demandas sindicales motivadas por la inflación y la escasez de ciertos perfiles profesionales. Sin embargo, este aumento es aún más pronunciado en España, donde se suma el incremento de las cotizaciones sociales, lo que ha llevado a que las empresas nacionales enfrenten el mayor aumento de costos laborales en el continente europeo, solo superado por Irlanda. Este panorama representa un cuádruple desafío para la economía española, ya que obstaculiza la creación de empleo, genera efectos inflacionarios secundarios, reduce la competitividad empresarial y merma el poder adquisitivo de los trabajadores, impactando en el consumo. En la Unión Europea, los costos laborales aumentaron un 4% anual en el último trimestre del año pasado, según los datos más recientes de Eurostat, mientras que en la eurozona el incremento fue del 3,4%. Sin embargo, este aumento no se debe únicamente a los salarios, sino también a otros costos laborales como las cotizaciones sociales, los gastos de formación, las indemnizaciones por despido y los beneficios adicionales para los trabajadores, como los subsidios alimentarios, de transporte o de seguro de salud. En la mayoría de los países europeos, estos costos no salariales han aumentado más que los salarios, lo que ha generado un incremento del 4,6% en la UE y del 4,2% en la eurozona, en comparación con el 3,1% de los salarios. En España, las diferencias se amplían aún más, siendo el segundo país de Europa con el mayor aumento de costos laborales no salariales, solo por detrás de Irlanda. Mientras que los salarios aumentaron un 4,2% en España entre el último trimestre de 2022 y el mismo período del año pasado, los costos laborales no salariales se dispararon casi el doble, un 8,3%. Este incremento se debe principalmente al aumento de las cotizaciones sociales, resultado del aumento de las bases mínimas y máximas de cotización y la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se complementará con una cuota de solidaridad adicional para salarios que superen la base máxima de cotización a partir del próximo ejercicio. Además, muchas empresas no han podido aumentar los salarios de acuerdo con la inflación, lo que podría haber generado un sobrecoste en ciertos beneficios laborales para compensar a los empleados. Esta situación convierte a España en el país con la mayor diferencia entre los costos salariales y los demás costos laborales, con una brecha de 4,1 puntos porcentuales, solo por detrás de Irlanda. Esta disparidad representa un desafío para la economía nacional, ya que afecta a la creación de empleo, genera inflación secundaria, reduce la competitividad empresarial y afecta al poder adquisitivo de los trabajadores, lo que a su vez impacta en el consumo privado.

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(El País, 20-03-2024) | Laboral

La mitad de los que teletrabajan creen que son más productivos en casa que en la oficina

Los trabajadores que tienen la opción de realizar sus labores de forma remota muestran una clara preferencia por trabajar desde casa en lugar de hacerlo en la oficina, según revela uno de los principales hallazgos del estudio sobre teletrabajo, una realidad pospandemia, realizado en España por la Escuela de Negocios EADA y publicado este martes. Esta inclinación hacia el teletrabajo se hace patente al analizar detalladamente los resultados de la encuesta: el 51% considera que es más productivo en su hogar, el 57% estaría dispuesto a buscar otro empleo si su empresa no le permitiera trabajar de forma remota, y el 88% califica su experiencia con el teletrabajo como buena o muy buena. La encuesta, basada en 638 entrevistas, representa únicamente las opiniones de profesionales que trabajan de forma permanente, ocasional o que tienen la posibilidad de hacerlo, en su mayoría directivos y empleados de empresas con más de 50 trabajadores. La mayoría de los encuestados (51%) percibe que su productividad es mayor trabajando desde casa en comparación con la oficina, marcando así la proporción más alta registrada en la tercera edición del estudio. En 2020, esta cifra fue del 50%, y en 2021 del 41%. Además, ha disminuido el porcentaje de aquellos que consideran que su productividad es igual en ambos entornos, pasando del 35% inicial al 31% actual. Por otro lado, la proporción de los que no están de acuerdo era del 24% en 2020 y ahora es del 18%. Sin embargo, esta percepción no concuerda del todo con la de los empleadores. Un porcentaje ligeramente menor cree que sus equipos son más productivos trabajando desde casa (39%). La mayoría opina que la productividad es igual tanto en casa como en la oficina (47%), en contraste con el 14% que cree que es mayor trabajando presencialmente. Es destacable que el 90% de los jefes se sienten capaces de liderar equipos que trabajan de forma remota. Esta postura de los directivos ha llevado a flexibilizar los límites del teletrabajo: actualmente, el 53% de los encuestados afirma que no hay impedimentos para trabajar desde casa, mientras que en 2020 este porcentaje era del 24%. Aline Masuda, responsable del estudio, comenta al respecto: "Sin duda, hemos aprendido de esta experiencia, que en principio fue obligatoria debido a las circunstancias. Tanto las empresas como los profesionales han adquirido habilidades que nos permiten aprovechar el teletrabajo de manera efectiva". Añade que "el dilema actual no radica en si debemos utilizarlo o no, sino en qué medida es adecuado para mejorar el desempeño y la calidad de vida de los profesionales". El teletrabajo convence tanto a los encuestados que la mayoría estaría dispuesta a dejar su empresa si se le prohibiera esta modalidad. El 57% manifiesta este sentir, siendo las mujeres las que expresan esta opinión con mayor frecuencia: el 64%, frente al 52% de los hombres. Esta disposición es más común entre los más jóvenes, aunque la edad atenúa esta creencia. El 75% de la Generación Z (hasta 25 años) y el 72% de los Millennials (de 26 a 40 años) dejarían su empleo en estas circunstancias, en comparación con el 53% de la Generación X (de 41 a 55 años) y el 38% de los baby boomers (de 56 a 76 años). Este último grupo, el más experimentado, es el único en el que hay menos personas dispuestas a renunciar a su trabajo. La experiencia trabajando desde casa es valorada como muy buena por el 50% de los encuestados y como buena por el 38% restante. Solo el 10% la califica como neutral, y el 2% la considera pobre o muy pobre. A pesar de estos resultados, persisten las resistencias en algunas empresas. El 27% de los encuestados afirma que su empresa ha reducido significativamente el teletrabajo, y el 7% ha dejado de ofrecerlo. Luciano Strucchi, uno de los investigadores, señala que "algunas empresas no están alineadas con las preferencias de sus empleados". El 47% indica que la situación no ha cambiado, y el 15% menciona que se ha ampliado la posibilidad de trabajar desde casa. Respecto a la frecuencia, el 23% trabaja remotamente una vez por semana, el 29% lo hace dos veces, el 16% tres veces, el 8% cuatro veces, el 18% todos los días, y el 6% nunca. Desde una perspectiva organizativa, el 71% de las empresas no cubre los costos del teletrabajo, lo que implica que no proporcionan recursos como WiFi, equipos, electricidad o mobiliario ergonómico para sus empleados. Es obligatorio que las empresas regulen el teletrabajo a distancia con una bonificación por los gastos asociados durante al menos el 30% de la jornada laboral. Por esta razón, muchas compañías limitan este tipo de trabajo justo por debajo de este umbral. Además, el 83% de los encuestados cree que sus superiores respetan su derecho a no estar disponibles, y la misma proporción afirma que sus directivos confían en el teletrabajo. El 36% considera esta opción como un derecho, mientras que el 64% restante la ve como un beneficio opcional, y el 91% cree que esta modalidad se mantendrá en el futuro. Según una encuesta de 40 dB realizada para EL PAÍS y Cadena SER, publicada en enero, solo el 9% de los empleados trabaja siempre desde casa, mientras que el 24% lo hace ocasionalmente. Este dato es similar a las estadísticas de Eurostat, que indican que en 2022 el 7,6% de la población activa española teletrabajó en general, cifra que se sitúa por debajo de la media europea (10%) y muy lejos de países más avanzados como Irlanda (25%) o Finlandia (23%). En total, alrededor de tres millones de personas en España teletrabajan.

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(Cinco Días, 19-03-2024) | Laboral

Las mujeres lideran el crecimiento autónomo en España

En un informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), se resalta que el 92,3% de los nuevos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en 2023 fueron mujeres. Este fenómeno indica una tendencia en el aumento del trabajo autónomo en España, donde las mujeres están teniendo un rol cada vez más relevante en el ámbito empresarial. Según los datos proporcionados, el RETA sumó un total de 14.582 mujeres autónomas en contraste con solo 1.231 hombres autónomos durante el año pasado. Esta disparidad muestra que la participación de las mujeres en los nuevos autónomos ha crecido un 92,3% en comparación con el total. Además, el informe indica que durante la última década, el incremento de autónomos en España ha sido liderado principalmente por mujeres, con un aumento del 15,4% en el número de autónomas. Por otro lado, el crecimiento de los hombres ha sido del 6,2%. Esto subraya la importancia de respaldar y promover el emprendimiento femenino para el progreso económico y social del país. En los últimos diez años, las mujeres autónomas han sido las principales impulsoras del incremento del empleo por cuenta propia en España. Según datos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) desde diciembre de 2013 hasta la misma fecha en 2023, se registró un aumento total de 288.050 afiliados, de los cuales 163.867 eran mujeres autónomas, en contraste con los 124.189 hombres. Este aumento representa un impresionante 15,4%, mientras que los hombres experimentaron un crecimiento del 6,2%. Sin embargo, esta situación positiva no se reflejó de manera uniforme en todas las comunidades autónomas del país. Algunas experimentaron descensos en el número de mujeres autónomas. Por ejemplo, Galicia, Asturias, Castilla y León, así como el País Vasco, cerraron la década con números negativos. Por el contrario, las Islas Baleares, Andalucía y la Comunidad de Madrid lideraron el crecimiento con aumentos superiores al 30% en el número de mujeres autónomas. Es importante destacar las diferencias específicas entre algunas comunidades autónomas, como Aragón, La Rioja y Cantabria, donde, a pesar del crecimiento de mujeres autónomas, se observó una disminución en el número de hombres afiliados al RETA. Además, el informe elaborado con motivo del Día Internacional de la Mujer, señala que, al cierre de 2023, las mujeres representan el 36,8% del total de trabajadores autónomos registrados en el RETA. Aunque este porcentaje sigue siendo menor que el de los hombres, muestra una tendencia ascendente año tras año. Por otro lado, las disparidades entre las comunidades autónomas son notables, con Asturias y Galicia liderando en la proporción de mujeres autónomas, superando el 40% del total. Mientras que Castilla-La Mancha se encuentra en el extremo opuesto, con solo el 32,6%. En contraste con la media de la Unión Europea, donde las mujeres autónomas representan el 33,6% del total del colectivo, España muestra cifras más alentadoras, con más de un 35%. Esto sitúa a España por encima de países como Italia (31,8%), Alemania (34,6%), Bélgica (34,3%) e Irlanda (26,5%). Entre los países analizados, aquellos donde las mujeres autónomas tienen una menor representación, sin alcanzar el 30% del total del colectivo, incluyen a Rumanía (23%), Serbia (23,1%), Eslovaquia (25,3%), Irlanda (26,5%), Islandia (27,2%), Suecia (28,5%) y República Checa (29,4%). Por el contrario, en países como Letonia (45,1%), Luxemburgo (43,8%), Chipre (42,2%), Suiza (41,3%) y Portugal (41,2%), las mujeres autónomas superan el 40% del total del colectivo, resaltando su fuerte presencia en el ámbito autónomo.

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(Expansión, 19-03-2024) | Laboral

Los fijos discontinuos a tiempo parcial mejorarán el acceso a la pensión

El Gobierno se comprometió ayer con los representantes de los empleadores y los sindicatos a analizar cómo mejorar el acceso a la pensión y otras prestaciones de la Seguridad Social para los trabajadores fijos discontinuos, que desempeñan empleos a tiempo parcial durante ciertas temporadas. Durante la reunión celebrada ayer entre el Ministerio de la Seguridad Social y los agentes sociales, los sindicatos expresaron al Gobierno que estos trabajadores, que actualmente suman alrededor de ocho mil, enfrentan dificultades al momento de jubilarse. En particular, tienen problemas para demostrar el tiempo de cotización necesario para acceder a la pensión. En la última reforma de las pensiones, se equiparó completamente el día cotizado a la Seguridad Social para las personas que trabajan a tiempo parcial con las que trabajan a tiempo completo. Es decir, desde el 1 de octubre de 2023, un día trabajado por personas con empleo a tiempo parcial equivale a un día cotizado, independientemente de la duración de la jornada laboral, incluso para aquellos trabajadores que tenían este tipo de empleo antes de esa fecha pero que generaron y generan pensión después de la misma. Sin embargo, en la regulación, al realizar la reforma de la cotización a tiempo parcial, se eliminó un coeficiente multiplicador de 1,5 que existía para las jornadas a tiempo parcial. Es decir, antes de la reforma, el número de jornadas realizadas a tiempo parcial se multiplicaba por 1,5. El Gobierno consideró que este coeficiente ya no era necesario al equiparar un día ocupado con un día cotizado para estos trabajadores. No obstante, CCOO y UGT explicaron ayer que quedaron excluidos de este beneficio aquellos que trabajan 6-7-8 meses al año y están desempleados el resto del tiempo, principalmente los trabajadores fijos discontinuos desde la reforma laboral. Por lo tanto, "si no se multiplica el periodo trabajado, estas personas acaban teniendo un período de cotización menor que antes y, como consecuencia, se complica el acceso a la pensión de jubilación". Es decir, a estos trabajadores con contrato fijo discontinuo a tiempo parcial les resulta más difícil acumular el tiempo de cotización necesario para recibir la pensión. Es importante recordar que el acceso a la pensión comienza con quince años de cotización. Sin embargo, con este tiempo, el trabajador solo tiene derecho al 50% de la prestación que le correspondería si hubiera cotizado 38 años o más cuando alcance los 65 años o más. Alternativamente, este año, con menos de 38 años de cotización, para tener acceso a toda la pensión se requiere tener 66 años y 6 meses. Por tanto, los sindicatos y los empresarios también solicitaron al Gobierno que en los próximos días presente una propuesta completa sobre una reforma de la jubilación a tiempo parcial, que incluya a los trabajadores fijos discontinuos que trabajan bajo esta modalidad. En relación con este tema, los empresarios y los sindicatos expresaron su interés al Gobierno en abordar un cambio en la jubilación a tiempo parcial combinada con el contrato de relevo. Esto implica que el empleado próximo a la jubilación cede parte de su tiempo de trabajo a un joven que ingresa en la empresa y aprende del mismo. El veterano combina el salario del tiempo parcial con la pensión, también parcial. La prestación se vuelve total cuando el empleado mayor se retira completamente. Esta es una modalidad que la industria del automóvil demanda mucho para fomentar la formación continua de los jóvenes y rejuvenecer las plantillas. Los sindicatos denominaron a esta modalidad "una salida gradual y flexible de los trabajadores del mercado laboral, con rejuvenecimiento de las plantillas". El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hizo un anuncio "esperado": que en las próximas semanas el sistema "probablemente alcanzará" los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, según indicaron el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, y la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez. En febrero, la cifra de trabajadores afiliados a la Seguridad Social fue de 20.708.382 ocupados. Para acercarse a los 21 millones, se espera que este año la Semana Santa, a finales de marzo, impulse un nuevo récord de ocupación en el sector turístico después de la pandemia de 2020.

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(El Economista, 19-03-2024) | Laboral

Bruselas señala a España como el país que peor aprovecha su fuerza laboral

Las dudas sobre si las cifras 'oficiales' del mercado laboral representan adecuadamente la verdadera situación del desempleo no son nuevas ni exclusivas de nuestro país. Gran parte de estas incertidumbres derivan de la propia definición de 'paro' establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual es utilizada por todos los organismos estadísticos a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de la proliferación de métricas 'alternativas' en España que cuestionan las que presenta el Gobierno. ¿Pero son estas métricas más confiables o simplemente un instrumento político que distorsiona cualquier análisis riguroso de la situación de cerca de cuatro millones de personas en España? Lo más destacado de este debate es que existen estadísticas oficiales, publicadas tanto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como por la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat), que reflejan una cifra que se puede equiparar a ese 'paro oculto'. Nos referimos a aquellas personas que desean trabajar pero no están consideradas como desempleadas según la definición de la OIT. Esto se debe a que no están activamente buscando empleo (lo que comúnmente se describe como el efecto 'desánimo') ni están disponibles para comenzar a trabajar de inmediato. Estas personas se clasifican como "inactivas" y quedan fuera de la población activa, que es la suma de los desempleados y los ocupados. Sin embargo, Eurostat los incluye, junto con los desempleados convencionales y los subempleados, en la 'holgura de la fuerza laboral', una métrica que indica cuántos trabajadores potenciales no están siendo utilizados por el mercado laboral, expresado como un porcentaje de una 'fuerza laboral extendida' (FLE). Según los datos de Eurostat, a finales de 2023, esta holgura alcanzaba los 4,97 millones de personas en España, lo que equivale al 19,7% de esta mano de obra disponible. Este porcentaje es el más alto de la Unión Europea, lo cual es comprensible si consideramos que España es el único país de los Veintisiete con una tasa de desempleo de dos dígitos, con 2,8 millones de personas desempleadas. También influye en este dato el hecho de que España tenga la peor cifra de subempleados, con un 4,3% de la FLE, lo que afecta a 1,1 millones de personas. Los desempleados que no se consideran como tales añaden los restantes 1,05 millones a la holgura. A finales del año pasado, había 257.000 personas buscando empleo pero no podían comenzar de inmediato, y 790.000 personas estaban disponibles para trabajar pero no estaban buscando empleo. Esto representa un 4,1% de la FLE, un porcentaje que supera la media de la UE (3,7% de la FLE), pero queda por debajo de países como Luxemburgo (5,8%), Suecia (6,1%) e Italia (7,8%). Durante la pandemia, estos dos últimos componentes de la holgura laboral adquirieron especial relevancia debido a que los confinamientos impidieron a cientos de miles de personas sin empleo buscar trabajo. Además, la obligación de cuidar de familiares o menores también confinados redujo las posibilidades de estas personas de incorporarse a un empleo. Desde el punto de vista de las estadísticas basadas en la población activa, estas personas pasaron a ser consideradas como inactivas. En un intento de transparencia, el INE publicó una serie específica sobre este grupo de personas, al que denominó "categorías especiales de inactivos". Estas cifras, que solo se remontan a 2017, se basan en los mismos datos que utiliza Eurostat, pero arrojan un resultado ligeramente diferente debido al tratamiento que ambos organismos aplican: el INE identifica 295.000 desempleados que buscan trabajo pero no están disponibles, y 713.000 personas que no buscan empleo pero lo aceptarían si se les ofreciera. En total, suman 1,01 millones de personas, un 10% más que a finales de 2019. Si sumamos estos datos a los 2,8 millones de desempleados (sin contar a los fijos discontinuos), obtenemos un total de 3,8 millones de personas que podrían considerarse como parte de este "desempleo real". Y esta cifra se puede considerar como oficial. Aunque esto no resuelve por completo el debate sobre si estos inactivos 'especiales' deberían ser considerados como desempleados, debería ayudar a abordarlo con mayor objetividad. Sin embargo, estos datos son sistemáticamente ignorados por los actores políticos. El Gobierno rechaza cualquier estadística que aumente en un millón la cifra oficial de desempleados. Sin embargo, también argumenta, con razón, que la forma de medir el desempleo en España es la misma que en la mayoría de las economías del mundo, incluidos países que también publican estadísticas complementarias de manera oficial, como es el caso de Estados Unidos. Además, una vez que el INE publica las cifras, ya no se puede hablar de 'maquillaje'. Estos datos tampoco convencen completamente a la oposición, ya que no respaldan la teoría de una supuesta manipulación: los datos del INE a finales de 2023 son un 10% más altos que los de 2019, en parte debido al aumento de los desempleados no disponibles. Sin embargo, en general, son similares a los datos de los últimos años del gobierno del Partido Popular (PP), y los de Eurostat confirman una disminución significativa desde los niveles alcanzados en los últimos años de la crisis financiera. En resumen, el supuesto 'paro oculto' fue igual o mayor con Mariano Rajoy que con Pedro Sánchez (a excepción de 2020 y 2021, los peores momentos de la pandemia).

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(La Vanguardia, 18-03-2024) | Laboral

La Comunidad de Madrid lidera la esperanza de vida en España

España continúa siendo el país de la Unión Europea con la mayor esperanza de vida al nacer desde 2009, exceptuando el año 2020, coincidiendo con el surgimiento de la pandemia de la covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2. La esperanza de vida al nacer se refiere al promedio de años que se espera que viva un recién nacido, considerando las condiciones actuales de mortalidad para el resto de su vida. Es un indicador que muestra la duración media de la vida en una población sujeta a las tasas de mortalidad durante un período específico. Según los datos de Eurostat, la esperanza de vida al nacer en la UE fue de 80,6 años en 2022 (el último año con información disponible). Esto representa un aumento de 0,5 años en comparación con 2021, pero aún está 0,7 años por debajo de 2019, que continúa siendo el máximo histórico con 81,3 años. La brecha entre mujeres (83,3 años) y hombres (77,9 años) sigue siendo de 5,7 años. En términos de países, España lidera la clasificación en 2022 con 83,2 años, seguida de Suecia (83,1), Italia y Luxemburgo (ambos con 82,7 años). Por otro lado, las cifras más bajas corresponden a Bulgaria (74,2 años), Letonia (74,5 años) y Rumanía (75,1 años). La serie histórica de Eurostat, que incluye datos de todos los países de la UE desde 2002, muestra que Italia lideró en 2002 y entre 2004 y 2008, mientras que Suecia ocupó el primer lugar en 2003. España ha sido el país de la UE con mayor esperanza de vida de manera continua desde 2009 hasta 2019, año en que alcanzó su máximo histórico de 84,0 años. Aunque Irlanda encabezó la clasificación en 2020, España recuperó el primer lugar en 2021 y 2022. A nivel regional, la Comunidad de Madrid lidera en 2022 con una esperanza de vida de 85,8 años, seguida por otras cuatro comunidades autónomas españolas: Navarra (83,9 años), Castilla y León (83,8 años), Cataluña (83,7 años) y País Vasco (83,6 años). Entre las regiones con mayores expectativas de vida también se encuentran las provincias autónomas italianas de Trento (84,4 años) y Bolzano (83,7 años), las regiones francesas de Isla de Francia (84,1 años) y Ródano-Alpes (83,7 años), así como la región sueca de Estocolmo (84,0 años). Por otro lado, cuatro de las cinco regiones de la UE con menor esperanza de vida al nacer se encuentran en Bulgaria, específicamente Noroeste (72,3 años), Centro-Norte (73,2 años), Sudeste (73,7 años) y Noreste (74,1 años), junto con una región en Hungría, Hungría Septentrional (74,1 años). La Comunidad de Madrid mantuvo su liderazgo de manera constante desde 2010 hasta 2019, con una esperanza de vida máxima de 85,8 años al final de ese período. Sin embargo, descendió al puesto 53 en 2020 debido a una reducción en la esperanza de vida media a 82,3 años, siendo una de las regiones más afectadas por la crisis del coronavirus. Recuperó el primer lugar en 2021 y lo mantuvo en 2022.

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(El Periódico, 18-03-2024) | Laboral

El precio de los alimentos subió el triple que los sueldos en 2023

El salario medio en España para una jornada completa aumentó un 4,3% en el año 2023, alcanzando los 2.248,99 euros brutos al mes, según revela la encuesta trimestral de costes laborales publicada recientemente por el INE. Este incremento supera la tasa de inflación general del IPC, que fue del 3,5% en el mismo periodo, aunque es considerablemente inferior al aumento en el costo de la cesta de la compra, que aumentó un 11,7%. A pesar de que los salarios están experimentando uno de los periodos de crecimiento más notables en años recientes, este aumento no está siendo suficiente para compensar el aumento de los precios, especialmente para aquellos hogares con menores recursos, que destinan una parte mayor de sus ingresos a alimentos y otros gastos básicos. Desde la declaración del primer estado de alarma por la pandemia de COVID-19 hace cuatro años, el balance para la mayoría de los trabajadores no es positivo. Durante este período, los salarios aumentaron en promedio un 14,9%, mientras que los precios en general subieron un 15,7% y los alimentos específicamente un 27%. Sin embargo, tanto el aumento de los precios como de los salarios están mostrando signos de desaceleración. En el último trimestre de 2023, los salarios aumentaron un 4,3% interanual, en comparación con el 4,8% del año anterior y el 5,1% de dos años atrás. Esta tendencia a la desaceleración se refleja también en la tasa de inflación general, que actualmente se sitúa en el 2,8%. No todos los sectores han aumentado los salarios con la misma intensidad en el último año o desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, en general, la mayoría de los trabajadores han visto un balance negativo en los últimos cuatro años. Durante 2023, hubo algunas actividades que aumentaron sus salarios por encima del promedio, como las actividades científicas y técnicas, así como la información y comunicación. Estos sectores, que ya tienen salarios relativamente altos, también han experimentado un aumento en el número de contrataciones. Por otro lado, sectores como la sanidad o las actividades inmobiliarias han congelado sus salarios en 2023. Desde 2020, los sectores de suministros energéticos, transporte y hostelería han sido los que menos han aumentado los salarios, hasta tres veces menos que la inflación acumulada, coincidiendo con dificultades para encontrar profesionales dispuestos a aceptar ofertas en estos sectores.

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