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(La Vanguardia, 26-03-2024) | Fiscal

Los Inspectores de Hacienda: la soberanía fiscal catalana es "inconstitucional" y merma la lucha contra el fraude fiscal

La propuesta de soberanía fiscal para Cataluña, presentada por el Gobierno de la Generalitat bajo la dirección de ERC, ha generado preocupación entre los Inspectores de Hacienda. Este colectivo advierte que adoptar un sistema de financiación "singular" para la comunidad catalana, que implica la cesión del 100% de los impuestos a la región y la creación de un régimen similar al cupo vasco para pagar por los servicios estatales, tendría consecuencias negativas. Entre estas se incluirían el desmembramiento de la Agencia Tributaria, un debilitamiento en la lucha contra el fraude fiscal, y un deterioro en los servicios públicos para los ciudadanos de todo el país. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) destacó que esta propuesta de independencia fiscal no está respaldada ni por la Constitución, ni por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Además, sostienen que viola los principios de igualdad y solidaridad establecidos en la Carta Magna. "Es la primera vez que se solicita de manera clara y rotunda una independencia fiscal para Cataluña que es inconstitucional", señaló Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, enfatizando que fragmentar el sistema tributario español perjudicaría las funciones de inspección y la lucha contra el fraude fiscal. El plan de soberanía fiscal propuesto por el Govern catalán implicaría, según advirtió Teresa Benito, vicepresidenta de IHE, un retroceso en la gestión de los impuestos, un deterioro en el sistema de retenciones fiscales, y la fragmentación de las bases de datos y los mecanismos de control tributario, en un contexto donde la tendencia internacional es hacia la globalización. La asociación alerta que este plan pone en riesgo el control de la recaudación, generando incentivos para la deslocalización de contribuyentes y amenazando los ingresos públicos, así como la capacidad de financiar los servicios públicos básicos en todas las comunidades autónomas. Además, los Inspectores critican la falta de una oposición clara desde el Gobierno central ante esta propuesta catalana. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que no aceptará reformas del sistema de financiación autonómica que no garanticen recursos suficientes para todas las comunidades, los Inspectores expresan preocupación por la falta de una negativa formal, lo que podría dejar la puerta abierta a ceder a las demandas de la Generalitat mientras se buscan otras formas de compensación para el resto de las regiones. El plan de financiación "singular" impulsado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, semanas después de convocar elecciones anticipadas en la región para mayo, incluye la cesión del 100% de los impuestos recaudados en la región, así como la capacidad normativa para modificarlos.

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(Cinco Días, 25-03-2024) | Fiscal

El Gobierno persiste en hacer permanente el gravamen a bancos y empresas energética

Durante una intervención pública, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, planteó la posibilidad de utilizar los recursos provenientes del gravamen para fortalecer la solvencia de las entidades financieras. Sugirió que parte de lo que los bancos deberían pagar podría dirigirse hacia el aumento de sus reservas, lo cual los prepararía mejor para enfrentar posibles desafíos futuros. Los supervisores están preocupados por mantener la estabilidad financiera y asegurar que el sector continúe ofreciendo servicios a la sociedad. Consideran que, en general, la prioridad debería ser aumentar la solvencia de los bancos. Hernández de Cos señaló el caso de Italia, donde se decidió reforzar los recursos propios a través de medidas similares. Sin embargo, algunos expertos advierten que existen diversas formas de mejorar la solvencia, como reducir los dividendos en lugar de destinar recursos adicionales al gravamen. En los últimos años, los bancos han incrementado notablemente los dividendos y llevado a cabo programas de recompra de acciones, lo que podría afectar negativamente a su solvencia. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, también se pronunció sobre el gravamen, argumentando que introduce una doble imposición y crea una discriminación negativa para los bancos más grandes que operan en España. Gortázar destacó además las preocupaciones sobre la competencia interna, especialmente en áreas rurales donde CaixaBank es la única entidad con presencia significativa. En resumen, tanto Hernández de Cos como Gortázar han planteado sus preocupaciones sobre el gravamen y sus posibles implicaciones para el sector financiero español, resaltando la necesidad de encontrar un equilibrio entre fortalecer la solvencia de los bancos y mantener la competitividad en el mercado.

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(El Economista, 25-03-2024) | Fiscal

España grava las rentas de capital 10 puntos por encima de la media de la UE

La presión fiscal sobre las ganancias del capital en España alcanza el 28%, situándose entre las más altas de la Unión Europea, donde el promedio es del 18,6%. Solo seis países comunitarios tienen un tipo máximo más elevado sobre estos beneficios: Dinamarca (42%), Finlandia y Francia (34%), Países Bajos e Irlanda (33%) y Suecia (30%). Sumar busca aumentar la carga fiscal y aplicar una nueva vuelta de tuerca para incrementar la presión sobre las ganancias obtenidas de valores, bonos o inmuebles en los próximos presupuestos que el Gobierno ha comenzado a preparar con cautela. "Es necesario aumentar los ingresos públicos haciendo que quienes más tienen paguen más", insistió recientemente el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, destacando la consigna política del grupo liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De esta manera, Yolanda Díaz establece una línea roja para estrechar el cerco fiscal sobre directivos y altos cargos de grandes empresas. "El 60 % de los ingresos de los altos directivos provienen de las rentas de capital", afirmó el diputado Carlos Martín Urriza. Desde 2020, el Gobierno ha aumentado dos veces los tramos más altos del impuesto que se paga al vender un activo y obtener una ganancia por la venta de una acción. La última vez fue el año pasado, cuando Hacienda elevó un punto -al 27%- el tipo para rendimientos de entre 200.000 euros y 300.000 euros, y dos puntos -hasta el 28%- para aquellos rendimientos superiores a los 300.000 euros. La intención de Sumar ahora va más allá. El socio de Gobierno busca introducir un nuevo escalón que grave las plusvalías superiores a los 120.000 euros "para alcanzar, al menos, un tipo del 30%", señala el documento de la formación. Solo tres tramos quedarían exentos de la reforma: las ganancias de hasta 6.000 euros continuarían gravándose al 19%, las de entre 6.000 y 50.000 euros al 21%, y las inferiores a los 120.000 euros estarían sujetas a un tipo del 23%. Este sistema difiere significativamente del aplicado en países vecinos como Francia o Alemania, que establecen un tipo fijo al que se añade un porcentaje extraordinario para los ingresos más altos. Otros países, como Eslovaquia, reducen el tipo al 0% para aquellos que mantienen el activo durante más de 15 años. Bélgica, por su parte, solo grava las ganancias de capital si se consideran ingresos profesionales. La propuesta de Díaz podría ser acogida por Ferraz, que necesita medidas para equilibrar las cuentas y cumplir con los objetivos fiscales establecidos por las normas europeas. Sin embargo, el salto propuesto por Sumar parece demasiado ambicioso en un momento en que los ingresos fiscales siguen aumentando. Además, la formación quiere destinar la recaudación de su reforma a "responder a las demandas de la ciudadanía en materia de dependencia, cuidados, vivienda y justicia fiscal", según el portavoz de la formación liderada por Yolanda Díaz, Ernest Urtasun. El Gobierno debe comenzar a desplegar sus planes respecto a la reforma fiscal que España debe afrontar, con algunos cambios que parecen especialmente urgentes, sobre todo en el ámbito del IRPF. Funcas considera necesario eliminar el régimen de estimación objetiva y mantener el esquema de tributación dual, incluyendo los rendimientos de capital inmobiliario en la base de ahorro y una posible aproximación de tipos a los de la base general. Además, sugiere revisar los gastos fiscales para ampliar la base, simplificar el impuesto sobre la renta, actualizarlo periódicamente para corregir los efectos acumulados de la inflación y extender la obligación de declarar la renta. Esta última medida, según afirman, ayudaría a obtener una imagen económica completa de todos los hogares, lo que sería fundamental para implementar acciones redistributivas focalizadas. Además, se propone un rediseño de los impuestos sobre la riqueza, sugiriendo una simplificación y actualización normativa. Actualmente, hay tres figuras que gravan la riqueza general: los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, y las grandes fortunas. Funcas cuestiona los dos primeros, considerando que tienen tipos impositivos excesivamente altos en comparación con otros países y en términos económicos, además de una alta evasión fiscal y problemas de externalidades fiscales negativas. Sin embargo, la influencia de Sumar en el texto final podría ir en sentido contrario. Además, María Jesús Montero enfrenta una presión adicional, ya que Bruselas supervisa el proceso de elaboración de los presupuestos para evitar un desvío excesivo del gasto que ponga en peligro la reducción del déficit y la deuda pública. Pocos organismos confían en el éxito de la senda fiscal acordada más allá de 2024. Aunque la prórroga de los presupuestos allana el camino hacia el éxito este año, no lo hace para los siguientes. El Banco de España es una de las últimas instituciones en cuestionar los planes del Gobierno, al anticipar que el desajuste será cinco décimas mayor del 3%, tanto en 2025 como en 2026. Según el regulador, solo un recorte del gasto a la mitad podría garantizar el cumplimiento del objetivo a tiempo. Estos son años especialmente delicados para los objetivos fiscales, ya que los efectos de la inflación sobre la recaudación comenzarán a disiparse a partir del próximo año. Además, se espera una disminución del impulso que la recuperación post-COVID ha dado al crecimiento del PIB. Por otro lado, los expertos señalan una cierta recuperación del consumo privado y la inversión empresarial, gracias al mayor impacto de los fondos europeos en la economía real.

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(El Economista, 25-03-2024) | Fiscal

Madrid, Murcia y Valencia serán las regiones que menor margen de maniobra tendrán con sus impuestos

El Consejo General de Economistas pronostica que la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana serán las que enfrenten mayores restricciones en cuanto a su capacidad para ajustar sus impuestos en el corto plazo, ya que son las únicas que no tienen un superávit presupuestario previsto para este año. Este análisis se desprende de su informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024', donde se destaca que Murcia y, en particular, Madrid, "poseen dos de los regímenes fiscales menos gravosos de España", mientras que la Comunidad Valenciana "ha iniciado una tendencia a la reducción de impuestos". Los economistas proyectan que la Región de Murcia registrará un déficit del 1,4% este año, mientras que estiman que la Comunidad Valenciana tendrá un déficit del 1,3%. Según el CGE, la Comunidad de Madrid mantendrá un equilibrio presupuestario en el presente ejercicio, lo que significa que no tendrá ni superávit ni déficit. En vista de esta situación, advierten que estas tres comunidades autónomas serán las más limitadas en términos de ajustes fiscales a corto plazo. Además, el informe señala que la Comunidad Valenciana está en la peor situación, dado su "notablemente mayor deuda en comparación con la siguiente, que es Castilla-La Mancha". En cuanto a la inflación, los economistas anticipan una desaceleración más pronunciada en 2024 y destacan el "buen desempeño" de este indicador en la Comunidad de Madrid, que fue la que menos aumentó sus precios en términos porcentuales entre 2022 y 2023 -4,9% y 2,7%, respectivamente-, mientras que Castilla-La Mancha se encuentra en la otra cara de la moneda, con aumentos del 6,8% y el 3,4%. Por último, el estudio revela una "gran disparidad entre las regiones" en cuanto al crecimiento económico. Se destaca la excepción de Canarias y se alerta de que las regiones con cifras más bajas no están experimentando un crecimiento por encima de la media, siendo Murcia y Castilla-La Mancha las dos que menos crecieron en 2022. También se observa que "Madrid lidera la lista al estar algo más de 10.000 euros por encima de la media, seguida con una diferencia de casi 3.000 euros por País Vasco y Navarra, siendo estas tres comunidades las únicas que superan la media europea". En cuanto a la variación anual del PIB per cápita, destacan los dos archipiélagos, siendo los únicos con valores por encima del 10%.

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(Expansión, 22-03-2024) | Fiscal

Hacienda suaviza el golpe fiscal en el regreso o llegada de trabajadores expatriados

Fin al castigo fiscal que afrontaban empleados y directivos expatriados, además de teletrabajadores, que llegaban o regresaban a España para instalarse en el país en la segunda mitad del año, esto es, entre los meses de julio y diciembre. La Dirección General de Tributos (DGT) ha eliminado el obstáculo fiscal al que se enfrentaban estos profesionales, a los que la Agencia Tributaria les podía exigir tributar como no residentes por sus rendimientos del trabajo los meses del año en el que se trasladaban, generando una doble imposición al tener que tributar al mismo tiempo como residentes en el país de origen. La consulta de la DGT avala la tesis sostenida por el Departamento de Fiscalidad Internacional de Montero Aramburu Abogados, cuyos profesionales han elevado la cuestión al órgano directivo de Hacienda. En concreto, Tributos aclara el cálculo del periodo de los menos de 183 días en 12 meses que la norma exige para que estos contribuyentes no tengan que tributar como no residentes en el año de traslado. "Supone un avance en la seguridad jurídica, al aclarar la interpretación que debe hacerse de una cláusula de los Convenios de Doble Imposición (CDI) que afecta de forma directa a los trabajadores con movilidad internacional", apunta Manuel Benítez, especialista en Fiscalidad internacional de Montero Aramburu Abogados. "Además, con dicha respuesta los teletrabajadores que se trasladen a España durante la segunda mitad del año y adquieran la residencia fiscal en el año siguiente pueden beneficiarse de la aplicación de este criterio interpretativo", añade el abogado. Tal y como explica el especialista, los trabajadores que llegan en la segunda mitad del año y adquieren la residencia fiscal española en el ejercicio siguiente al de su traslado se enfrentan a un problema de doble imposición sobre los rendimientos del trabajo percibidos en el año de llegada, pues habrán mantenido su residencia en el país de origen, pero han desarrollado su trabajo de manera presencial en territorio español. España puede gravar los rendimientos del trabajo personal durante este periodo de no residencia de acuerdo con su normativa de no residentes hasta que comience el nuevo ejercicio. A partir de entonces, el contribuyente adquiere el nuevo estatus de residente y pasa a tributar exclusivamente en España. Sin embargo, con carácter general, existe una regla de exención aplicable a los rendimientos percibidos por estos trabajadores, contenida en el artículo 15.2 del modelo de convenio de la OCDE y traspuesta a la mayoría de los CDI suscritos por España. Así, las rentas del trabajo no tributan en el país si se cumple, entre otras condiciones, que el contribuyente permanezca en el país por un periodo inferior a 183 días en un periodo de 12 meses naturales. Lo que resuelve ahora la DGT es si el cómputo de estos 183 días debe integrar únicamente el tiempo durante el que el contribuyente ha sido no residente fiscal en España -el año de su llegada-, o si debe tenerse también en cuenta el periodo en el que el contribuyente ya será residente fiscal en este país -los días del año siguiente en el que ya adquirirá la residencia fiscal-. Según se adopte un criterio u otro, la conclusión será diametralmente opuesta. En el primer caso, el contribuyente estaría exento de tributación en España por el salario cobrado desde su llegada hasta la finalización de ese ejercicio, y en el segundo sus rendimientos del trabajo quedarían sometidos a gravamen en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). La Dirección General de Tributos es clara. "En la medida en la que el consultante no permanezca en España durante un período o períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal 2023, sin que a estos efectos se contabilice los días que permanezca en España durante 2024, siempre que adquiera la residencia fiscal en España en dicho periodo impositivo, se cumplirá con el requisito previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 14 del Convenio", determina. Los trabajadores podrán acogerse a esta doctrina siempre y cuando el pagador de las rentas sea no residente en España y que las remuneraciones no sean soportadas por un establecimiento permanente del empleador en el país donde se ejerce el empleo. Concurriendo dichos presupuestos, los trabajadores no residentes desplazados no quedarían sometidos a gravamen por IRNR en España. Éstas son las otras dos condiciones a las que obliga el modelo de convenio de la OCDE.

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(Expansión, 22-03-2024) | Fiscal

Montero atará en una ley los tributos a banca y energéticas y la rebaja de IRPF

El Gobierno está preparando un conjunto de leyes relacionadas con impuestos para avanzar en las medidas fiscales planeadas para 2024, después de optar por no impulsar un proyecto presupuestario debido a la agitación política causada por las elecciones anticipadas en Cataluña. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que una única normativa abarcará la reducción del impuesto sobre la renta (IRPF) para ajustarlo al aumento del salario mínimo, la consolidación de nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas, y la introducción de incentivos fiscales para la electrificación en este último impuesto. Estas medidas, que quedaron en el aire con la prórroga presupuestaria, están siendo buscadas por el Gobierno para obtener el respaldo parlamentario y convertirlas en ley. Cuando el Consejo de Ministros aprobó en febrero un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), Hacienda se comprometió a acompañarlo con un cambio legal para eximir del pago del IRPF a quienes ganen por debajo de ese umbral. Sin embargo, al no haber nuevos Presupuestos, quedaba en duda el aumento del mínimo exento, lo que podría revertir la reducción de retenciones en la declaración de la Renta de 2025. Esta rebaja fiscal, estimada entre 1.500 y 1.600 millones de euros, se tramitará también mediante una ley. Además, el Gobierno aprovechará esta normativa para cumplir con el acuerdo con el PNV, introduciendo incentivos fiscales a las inversiones en electrificación y convirtiendo en impuestos permanentes los gravámenes temporales a las empresas energéticas y a la banca. Estas medidas, que han aportado 2.900 millones, son necesarias para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. Montero descartó subidas fiscales adicionales este año, más allá de la transposición de la directiva europea que regula el tipo mínimo global del 15% para multinacionales. La prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos se evaluará en junio según el margen fiscal disponible, con el objetivo de no superar el 3% de déficit permitido para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales. En cuanto a otros aspectos, Montero aseguró que la falta de Presupuestos no afectará al aumento de sueldo de los funcionarios ni a la financiación de autonomías y ayuntamientos, ni tampoco limitará el acceso a los fondos europeos.

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(El Economista, 22-03-2024) | Fiscal

Hacienda rechaza suavizar la tasa a la banca: será permanente en 2025 para financiar servicios públicos

Hacienda descarta la idea de suavizar el impuesto a la banca, tal como lo solicitó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el pasado martes. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este jueves en una rueda de prensa que tanto el impuesto a las entidades financieras como a las empresas energéticas serán permanentes, con el propósito de que "contribuyan a la financiación de los servicios públicos". Hernández de Cos había propuesto diseñar un impuesto bancario similar al italiano para fortalecer la solvencia de las entidades, permitiendo que el importe recaudado se destinara a este fin en lugar de quedarse en manos de Hacienda. Por su parte, Montero anunció que presentará un paquete de medidas fiscales que no pudo incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024. Este paquete incluirá la permanencia del impuesto a la banca y a las empresas energéticas, así como modificaciones en la Ley del IRPF para que se reflejen en la declaración de la Renta de 2024, la cual se presenta en 2025, las reducciones fiscales para los empleados con ingresos más bajos que ya se aplican y que no tendrán que devolverse en la declaración. Sin embargo, el Ministerio no considera urgente la elaboración de la ley para hacer permanente el impuesto a las entidades financieras y energéticas. "Debe ser diseñada para el año 2025", afirmó Montero. El Gobierno ya prorrogó un año más estos impuestos a través de un Decreto-ley emitido el pasado 27 de diciembre. Es decir, en 2025, los ingresos de 2024 estarán gravados por el impuesto a la banca y a las empresas energéticas. Estas tasas fueron establecidas por el Gobierno en diciembre de 2022, inicialmente por dos años. Con esta prórroga, se extienden al menos por otro ejercicio. Por lo tanto, hay tiempo para hacerlos permanentes y gravar los ingresos del año 2025.

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(El Economista, 22-03-2024) | Fiscal

Los autónomos con menos ingresos se quedan sin rebaja en el IRPF este año

Los trabajadores autónomos que perciben ingresos más bajos, es decir, aquellos que ganan menos de 19.742 euros al año, se ven afectados este año por la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024. A pesar de que el Gobierno realizó una modificación en el Reglamento del IRPF el pasado febrero, con efectos desde el 1 de enero, para reducir las retenciones en el IRPF que las empresas aplican a sus empleados en las nóminas, estos trabajadores autónomos aún no experimentan una disminución significativa en este impuesto debido a que el cambio no se ha implementado en la Ley del IRPF. Esto significa que, aunque las empresas les retengan menos, el Gobierno debe modificar la ley para que esta reducción sea efectiva y los autónomos no se vean obligados a devolver a Hacienda lo retenido de menos en la próxima declaración de la Renta. Por otro lado, la reducción en el IRPF para los autónomos que determinan sus ingresos mediante el método de estimación directa simplificada está vinculada a las retenciones de los trabajadores en la misma cuantía. Por lo tanto, si el Gobierno no reduce legalmente las retenciones en el IRPF para las rentas bajas, los autónomos tampoco disfrutarán de una reducción significativa en este impuesto. José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), señala que a los autónomos, al no tener retenciones, se les aplica una normativa equivalente con respecto a la reducción del IRPF por las rentas de actividades económicas. Sin embargo, para que esta medida sea efectiva, es necesario modificar tanto el artículo 20 de la Ley del IRPF (para ajustar las menores retenciones aprobadas por el Reglamento) como el artículo 32 para las reducciones en el IRPF de actividades económicas, garantizando que sean del mismo importe y de la misma naturaleza que las aplicadas a los trabajadores por cuenta ajena. Mollinedo también enfatiza que este cambio debe realizarse a través de un Proyecto de Ley y no mediante un Real Decreto-ley, teniendo en cuenta los reparos mostrados por el Tribunal Constitucional en el pasado. Asimismo, destaca que no existe una urgencia imperiosa para aprobar los cambios mediante decreto-ley, ya que se dispone de todo el año para tramitar un proyecto de ley. De esta manera, los autónomos continuarán aplicando las reducciones en el IRPF anteriores, que se mantienen en 6.498 euros para rendimientos netos de actividades económicas inferiores a 19.747,5 euros, mientras que para los trabajadores asalariados se ha elevado la reducción a 7.303 euros.

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(El País, 22-03-2024) | Fiscal

La recaudación de impuestos marca récord en 2023 tras crecer un 6,4%

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado hoy los datos de ejecución presupuestaria y recaudación correspondientes al cierre del año 2023. Según ha revelado este jueves, la recaudación de impuestos ha alcanzado un nuevo récord en 2023, con un aumento adicional del 6,4%, impulsado por el crecimiento económico, la generación de empleo y el efecto de la inflación. Montero destacó que este aumento de ingresos ha contribuido a mejorar el objetivo de déficit, que se sitúa en el 3,7%. "Los ingresos tributarios aumentaron un 6,4% en 2023, gracias al crecimiento económico y al dinamismo del empleo", explicó Montero, destacando que este logro se ha conseguido mediante una "política fiscal progresista y redistributiva". Además, señaló que la presión fiscal en España ha disminuido del 38,3% del PIB en 2022 al 38% en 2023, refutando así las críticas de la derecha sobre la fiscalidad del país. "Las medidas para mitigar los efectos de la inflación han supuesto un total de 37.000 millones de euros en beneficio de empresas y familias, lo que ha contribuido a reducir el IPC al 2,8% en febrero pasado", agregó. Montero resaltó que el Gobierno ha implementado la mayor rebaja fiscal sobre la energía en la historia del país, al tiempo que ha concentrado la petición de recursos adicionales en sectores con beneficios, como la banca y las energéticas, así como en las grandes fortunas. En cuanto a la recaudación por impuestos, Montero destacó que durante 2023 "los ingresos por IRPF aumentaron un 9,9%, alcanzando los 120.280 millones de euros, gracias al buen desempeño del mercado laboral y a la revalorización de salarios, el salario mínimo y las pensiones". Esto ocurrió a pesar de la rebaja de más de 1.700 millones aplicada por Hacienda a las rentas bajas. Por otro lado, los ingresos por Sociedades aumentaron un 9%, llegando a los 35.060 millones de euros, impulsados por un incremento del 15% en los beneficios empresariales. Los ingresos por IVA aumentaron un 1,6%, una cifra más moderada debido a la rebaja fiscal aplicada en el ámbito energético y alimentario, lo que representó un ahorro de 4.300 millones para las familias. Los Impuestos Especiales crecieron un 2,6%, alcanzando los 20.757 millones de euros, incluyendo 591 millones del nuevo impuesto al plástico, según datos proporcionados por el Gobierno. En cuanto al déficit público, Montero anunció que este se situó en el 3,66% del PIB en 2023, lo que representa una mejora significativa respecto a las previsiones tanto nacionales como internacionales. Destacó que la reducción del déficit se debe en gran medida al esfuerzo de la Administración Central, que ha logrado reducir en 10.348 millones su déficit en el último año, a pesar de enfrentarse a los costos adicionales derivados de la pandemia y la situación en Ucrania. En resumen, Montero subrayó que los datos respaldan la política económica del Gobierno, que ha logrado reducir el déficit público en 6,4 puntos desde el inicio de la pandemia en 2020, siendo esta la mayor reducción en la historia del país. Además, destacó que esta mejora se ha logrado sin recortes en los servicios públicos, sino como resultado de una política económica exitosa y progresista.

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(Expansión, 21-03-2024) | Fiscal

Madrid capta 15.323 millones de inversión exterior en 2023 frente a 4.644 de Cataluña

Tanto el Banco de España como los empresarios han estado advirtiendo durante algún tiempo que la incertidumbre es altamente perjudicial para la inversión. Para que esta fluya, se necesitan condiciones de estabilidad, confianza y seguridad jurídica. En el caso de España, esta falta de certeza se ve alimentada, por un lado, por las tensiones geopolíticas a nivel internacional, que han frenado muchas decisiones de inversión, y por otro lado, por la fuerte inestabilidad política interna que atraviesa el país, algo sin precedentes en más de cuatro décadas de democracia, lo que ha disuadido la llegada de inversión extranjera. Esto queda reflejado en las cifras publicadas recientemente por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que muestran un desplome del 18,5% en la inversión extranjera directa en España durante 2023, descendiendo a 28.215 millones, la cifra más baja desde 2020, cuando el estallido de la pandemia de Covid redujo la llegada de inversión extranjera a 27.192 millones. A pesar de que el Ministerio apresuradamente resaltó que estas cifras de inversión, centradas principalmente en servicios e industria, están en línea con el promedio de los últimos cinco años, atribuyendo la caída principalmente a "un contexto internacional marcado por una gran incertidumbre", lo cierto es que este factor externo ya estaba presente en 2022 (año en que estalló la guerra en Ucrania y la inflación alcanzó su punto máximo, con un IPC del 10,8%), y sin embargo, la inversión extranjera aumentó hasta los 34.614 millones de euros. En España, a los factores externos se suman los internos, destacando la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez y, sobre todo, sus políticas fiscales que impactan en el tejido empresarial, como el aumento de impuestos a bancos y energéticas o la introducción de un impuesto específico a grandes fortunas, propuestas que el Ejecutivo quiere mantener permanentemente, lo que envía un mensaje negativo y peligroso para la inversión extranjera. A esto se añade el incremento de las cotizaciones sociales para cubrir el creciente costo de las pensiones, lo que ha aumentado los costos laborales para las empresas. En este contexto de incertidumbre regulatoria y fiscal, la Comunidad de Madrid, aunque también ha experimentado un retroceso en la inversión extranjera, ha actuado como un amortiguador. Del total de inversión extranjera que llegó a España el año pasado, 15.323 millones eligieron a Madrid como destino, representando el 54,3% del total. Aunque esto supone una disminución del 12,7% en comparación con 2022, es significativamente menor que el golpe del 18,5% sufrido por el conjunto de España. Además, esta cifra es más de tres veces mayor que la recibida por Cataluña, a pesar de ser la segunda economía regional del país, y aunque en su caso, la inversión extranjera aumentó de 3.937 millones en 2022 a 4.644 el año pasado. Sin embargo, la gran disparidad entre ambas autonomías destaca que la situación política e institucional en Cataluña sigue afectando negativamente la confianza de los inversores, reflejada en la continua fuga de empresas de la región, que incluso ha persistido tras la ley de amnistía. Por otro lado, Madrid proyecta una imagen de estabilidad política e institucional, libertad empresarial, comercial y horaria, reducción gradual de la burocracia y unos impuestos razonables y decrecientes hacia el exterior. A pesar del repunte de la inversión extranjera en Cataluña, la Comunidad Valenciana está pisándole los talones. Esta región, que en mayo pasado experimentó un cambio político con el regreso del PP al gobierno, atrajo 3.375 millones de inversión extranjera directa en 2023, un 63,6% más que en 2022. En cuarto lugar se encuentra el País Vasco, donde la inversión extranjera se desplomó un 71,8%, alcanzando apenas 1.556 millones frente a los 5.517 del año anterior.

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